El Ministerio de Seguridad de la Nación llevó a cabo este jueves el desalojo de la comunidad mapuche «Lof Paillako», que desde 2020 ocupaba un sector del Parque Nacional Los Alerces, en Chubut. La medida, ordenada por el Juez Federal de Esquel, Guido Otranto, se concretó con el despliegue de fuerzas federales.

Denuncias de violencia institucional

Aunque el operativo fue presentado como «pacífico» por autoridades como el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, organizaciones indígenas y de derechos humanos denunciaron que el desalojo vulneró los derechos de los pueblos originarios y cuestionaron la narrativa oficial que deslegitima su identidad.

«Este desalojo no solo desconoce los derechos colectivos consagrados en la Constitución y en tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT, sino que perpetúa la violencia institucional contra comunidades originarias«, señalaron desde el Movimiento Nacional Indígena.

Narrativa oficial y el rechazo a las reivindicaciones indígenas

El director de Parques Nacionales, Cristian Larsen, celebró la recuperación del predio a través de su cuenta de X:

«Acabamos de recuperar la seccional El Maitenal del Parque Nacional Los Alerces que Cruz Cárdenas y su séquito autoproclamado mapuche usurpaban desde 2020. Dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada».

Larsen destacó que, bajo la gestión actual, no se permitirá que flameen «otras banderas que no sean la argentina» en los Parques Nacionales, en clara alusión a las banderas mapuches que suelen identificarse con las reivindicaciones territoriales del pueblo originario.

Derechos indígenas y el conflicto con el Estado

El conflicto entre comunidades mapuches y el Estado argentino por territorios ancestrales continúa siendo uno de los temas más sensibles en el sur del país. Desde las comunidades mapuches, encabezadas en este caso por Cruz Cárdenas, sostienen que el Parque Nacional Los Alerces se encuentra sobre tierras originarias que nunca fueron restituidas.

Por su parte, el gobernador Torres calificó a los ocupantes como personas que «se autoperciben originarios» y resaltó el perjuicio generado al «derecho de propiedad del Estado Nacional».