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Día de la Lealtad: preparan múltiples actos y homenajes
No hubo confirmaciones sobre la participación de Alberto Fernández en alguna de las actividades.
Los sectores peronistas del Frente de Todos planifican la realización de diferentes actos por el 17 de octubre, cada uno con su propia impronta y perspectiva sobre el Día de la Lealtad, en una jornada que marcará los posicionamientos de cada corriente de la coalición respecto a las elecciones presidenciales del año próximo.
En la agenda aparecen, por ahora, tres actos confirmados: la mayor parte de los sindicatos de la CGT se congregará en Obras; el Fresimona (Frente Sindical por el Modelo Nacional), la Corriente Federal de los Trabajadores y la CTA confluirán sobre Plaza de Mayo junto al PJ bonaerense; y el Movimiento Evita con otras organizaciones sociales realizará un cabildo abierto en La Matanza.
En cuanto a la participación del jefe de Estado, Alberto Fernández, en alguna de las actividades, la portavoz Gabriela Cerruti se limitó esta semana a decir que «los actos se van organizando desde el Partido Justicialista y la CGT» y que «cuando el panorama esté más organizado, ahí sabremos si el Presidente concurrirá a alguno de esos actos».
El jueves pasado, en su habitual rueda de prensa, Cerruti subrayó que el lunes 17 de octubre «el PJ va tener diferentes actos en diferentes lugares del país» y que «el Presidente va a estar atento a todos ellos», al tratarse de «una fecha importantísima para el peronismo».
En la historia del movimiento nacional justicialista, al 17 de octubre se lo conmemora como una fecha clave del calendario -remite a la jornada del año 1945 en la que el peronismo nació como movimiento político de masas- pero sus implicancias y significaciones fueron variando según los distintos períodos.
La conmemoración del Día de la Lealtad tampoco estuvo exenta de controversias internas entre distintos polos y corrientes diversas del justicialismo: esta oportunidad, a pocos meses del inicio de la campaña electoral, no parece ser la excepción.
De todas formas, el FdT intenta mantener la buena sintonía, el diálogo y la unidad responsable sin fecha de vencimiento.
A fines de septiembre, en el oficialismo circulaba la idea de convocar a un gran acto con una consigna única que expresara un respaldo contundente al Gobierno y elevara un mensaje de apoyo irrestricto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tras el intento de asesinato en la noche del jueves 1° de septiembre.
La intención era hacer una «gran marcha» que reuniera a todas las vertientes del FdT con un millón de personas en Plaza de Mayo y una consigna focalizada en la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner: era una forma de emular aquel 17 de octubre del ’45, una síntesis soñada por todos los dirigentes.
En ese sentido, varios dirigentes se pronunciaron para fortalecer y darle cuerpo a la iniciativa, como el cosecretario general de la CGT, Pablo Moyano.
Sin embargo, a medida que fueron trascurriendo los días desde el intento de magnicidio, y mucho más cuando llegó octubre, la relación entre las partes se fue enfriando y quien apostó a esa ‘gran marcha’, perdió.
En paralelo, la mesa chica del FdT que conforman el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Economía, Sergio Massa, que supo tener su máxima coordinación en los tiempos con la renuncia del extitular de Hacienda Martín Guzmán, pasó a tener otro rol.
Esa coordinación, aunque se mantuvo, tuvo menos despliegue y presencia a pesar de que el FdT se había mostrado abroquelado tras los alegatos de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola y el pedido de 12 años de cárcel para la Vicepresidenta, con inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
En este escenario, los festejos del próximo 17 de octubre aparecían en el horizonte como una fecha para mostrar unidad dentro del FdT, incluso a pesar de los matices.
Pero eso no ocurrió, y además llegó la convocatoria para que varios dirigentes de la CGT compartieran con el presidente un asado en Olivos, comida a la que no fue invitado el cotitular de la CGT y secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano.
Entretanto, surgía la posibilidad de hacer un acto masivo en la provincia de Tucumán, pero la propuesta no terminó de agradar al sector más cercano a la vicepresidenta que lo interpretó como un intento de desmovilización y de buscar correr de escena a algunos sectores internos.
En el consejo directivo de la CGT el clima no era el mejor: Moyano pensó en alejarse por no haber sido invitado a Olivos, aunque al final no concretó su renuncia, mientras que la mesa ampliada se descartó la propuesta de organizar un acto amplio y para todos: prevaleció la idea de armar un evento propio en el estadio de Obras Sanitarias.
Así, el 17 de octubre, en el club de la avenida Libertador dirán presente aquellos que participaron del asado en Olivos, los cosecretarios generales de la CGT, Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (Estacioneros) junto a la mesa chica integrada por los gremialistas Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (Uocra), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Armando Cavalieri (Comercio), Roberto Fernández (UTA) y Luis Barrionuevo (Gastronómicos), entre otros.
El estadio cubierto de la avenida Libertador contará con la tradicional liturgia justicialista y también será el escenario para lanzar la Corriente Político Sindical Peronista, con miras a las elecciones del próximo año y las aspiraciones de contar con más candidatos de la rama gremial en las listas del FdT.
Pero el acto en Obras no logró contener a todos: el frente sindical que lideran Hugo y Pablo Moyano junto a la Corriente Federal de los Trabajadores que encabeza el bancario Sergio Palazzo no irán al estadio de avenida Libertador; se movilizarán a Plaza de Mayo junto a la CTA, donde se leerá un documento con propuestas al Gobierno.
A diferencia de la mayoría de los sindicatos de la mesa chica ampliada de la CGT, la marcha a Plaza de Mayo contará con agrupaciones como La Cámpora y organizaciones como el Frente Popular Darío Santillán y Somos Barrios de Pie, además tendrá una consigna: «Unidad nacional por la soberanía con justicia social».
De este escenario resulta que el 77° aniversario del nacimiento del peronismo tendrá varios actos y no confluirá en una foto de unidad.
El 17 de octubre de 1945, conocido como el día de la Lealtad, se produjo una movilización popular multitudinaria en rescate del entonces coronel del Ejército y secretario de Trabajo y Previsión, protagonizada por cientos de miles de obreros de los barrios fabriles del sur de ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense que colmaron la Plaza de Mayo con un solo pedido: «queremos a Perón».
Buenos Aires
San Isidro: el aborto es legal, pero lo convierten en carrera de obstáculos
Cuando el sistema de salud deja de garantizar y empieza a condicionar, el derecho se vuelve negociable.
Ana llegó en ayunas, con turno y con una decisión tomada. No buscaba asesoramiento ni contención extra: ya había pasado por todo eso. Quería acceder a una práctica garantizada por la ley. Sin embargo, en el Hospital Materno Infantil de San Isidro, el recorrido no fue médico sino político, ideológico y, según su relato, también religioso.
La escena no es aislada. Según denuncias relevadas por Amnistía Internacional Argentina, en ese municipio del norte bonaerense se repiten mecanismos de dilación, desinformación y presión emocional que operan como barreras de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).
Un derecho que no puede ser vulnerado
Desde la sanción de la Ley 27.610 en 2020, cualquier persona gestante tiene derecho a acceder a un aborto hasta la semana 14, en un plazo máximo de diez días y sin necesidad de justificar su decisión. El sistema de salud debe garantizarlo.
Pero en San Isidro (como en muchos otros lugares de nuestro país), ese derecho aparece condicionado.
- Pacientes denuncian derivaciones a consultorios sin identificación.
- Relatan haber sido atendidas por personas ajenas al sistema de salud.
- Describen intentos de disuasión, con argumentos morales y sin sustento científico.
- Señalan demoras que pueden extenderse hasta un mes.
La práctica existe y es LEGAL. El acceso, no siempre.
“Consejerías” que operan como filtro
Ana fue derivada a una “consejería” antes de ingresar al quirófano. Allí, según contó, la atendieron dos mujeres sin identificación profesional. Le hicieron preguntas personales, pusieron en duda su decisión y le sugirieron continuar el embarazo.
El patrón se repite en otros testimonios:
- Ofrecimiento de ropa de bebé o asistencia material.
- Discursos sobre supuestos riesgos psicológicos del aborto.
- Intervenciones religiosas, como la entrega de imágenes.
- Ingreso de terceros durante la consulta.
“Son prácticas coercitivas que vulneran la autonomía”, explicó Lucila Galkin, directora de Género de Amnistía.
El protocolo que contradice la ley
Profesionales de la salud del propio municipio revelaron la existencia de un protocolo interno que ordena el circuito de atención. El documento establece:
- Derivación obligatoria al Hospital Materno Infantil.
- Centralización de la entrega de medicación.
- Múltiples instancias de consejería previas y posteriores.
El problema no es la existencia de acompañamiento, sino su carácter obligatorio.
La ley nacional es clara:
- La consejería es opcional.
- El consentimiento informado es suficiente.
- No puede haber interferencias ni juicios de valor.
“El protocolo transforma derechos en requisitos”, advirtió el abogado Agustín Nacarato. “Cada paso suma una instancia de presión o demora”.
Política, ideología y gestión
Las denuncias se intensificaron tras cambios en la conducción política del área de Salud. El actual secretario, Pablo de la Torre, tiene una trayectoria pública de militancia contra el aborto legal.
En 2018, durante el debate en el Congreso, habló de un supuesto “síndrome posaborto”, una afirmación desmentida por organismos internacionales como la OMS.
Hoy, desde la gestión, impulsa dispositivos como las “maternidades vulnerables”, cuestionadas por organizaciones de derechos humanos por su rol disuasivo.
El municipio sostiene que cumple con la ley y que brinda “acompañamiento integral”. No respondió en detalle sobre el protocolo denunciado.
Ajuste nacional y discurso antiderechos
El contexto también pesa. Según informes de Amnistía:
- En 2025 se triplicaron las denuncias por obstáculos.
- Se redujo la distribución de misoprostol en un 40%.
- Se registró una caída del 10% en las prácticas realizadas.
El Gobierno nacional delega la responsabilidad en provincias y prestadores. En la práctica, eso abre la puerta a interpretaciones restrictivas.
Más violencia contra las mujeres y disidencias
Ana finalmente accedió a la intervención. Pero lo que recuerda no es el procedimiento médico, sino la escena previa: una hora de presión, una virgen sobre la mesa, una decisión puesta en duda.
“Era evidente que querían cambiar mi decisión”, dijo.
La violencia no fue física. No hubo gritos. Pero operó igual: sobre el tiempo, la culpa, la intimidad.
Antes de irse, aceptó un turno psicológico para poder salir de ahí. Después, buscó a su médica y pidió avanzar.
Días más tarde, se tatuó una virgen. No como símbolo de fe, sino como marca de lo que vivió.
Lo que está en juego
El caso de San Isidro no discute la legalidad del aborto. Discute algo más profundo: quién controla el acceso a un derecho y bajo qué condiciones.
Cuando el sistema de salud deja de garantizar y empieza a condicionar, el derecho se vuelve negociable. Y en esa negociación, siempre pierden las mismas.
Desde el Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires brindan información de acceso: https://www2.ministeriodelasmujeres.gba.gob.ar/IVE/

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