Sociedad
Pelea y botellazo fatal en Jesús María
Un adolescente de 16 años murió al recibir un golpe en la cabeza, en momentos en que se produjo una pelea en la calle, en inmediaciones de un boliche de la ciudad cordobesa de Jesús María y cerca de donde se desarrollaba una nueva jornada del Festival Nacional de Doma y Folclore
Agustín Avila, de 16 años, había llegado desde el pueblo de Juárez Celman con sus amigos hasta Jesús María para pasar una noche de diversión en un boliche y todo terminó en tragedia. Una pelea entre varios grupos de jóvenes derivó en corridas, agresiones a las trompadas y patadas, hasta que el chico recibió un botellazo en la cabeza que resultó mortal.
Luego de la intervención policial y en medio de la conmoción de la multitud que salía de una nueva velada del Festival Nacional de Doma y Folclore, en el cercano anfiteatro José Hernández, se detuvo a una veintena de sospechosos de haber participado en la gresca.
De acuerdo a lo indicado, todo se inició cuando tras originarse una pelea dentro de un boliche por “cuestiones de rivalidad” entre grupos, ya en la calle comenzaron las corridas, pedradas y lucha cuerpo a cuerpo. En ese contexto de violencia, el chico Agustín Avila habría recibido un botellazo en la cabeza que le provocó un severo traumatismo de cráneo y fue encontrado ya sin vida, cuando la Policía se desplazó al lugar y los que produjeron los incidentes se habían dispersado.
No obstante, se desplegó un operativo en la terminal de ómnibus de Jesús María, en la que se demoró a 20 jóvenes. Ese dato surgió ante la referencia que varios de los involucrados no serían de la ciudad, sino residentes en localidades cercanas. Tal como la víctima fatal que había llegado junto a sus amigos desde Juárez Celman, recorriendo 35 kilómetros para concurrir al boliche, cercano al reducto donde se viene desarrollando el tradicional festival de Doma y Folclore, que en la noche del último sábado tuvo la presencia estelar de Soledad Pastorutti.
Las fiscales Carolina Elías y Gisela Nesutta quedaron a cargo de la investigación, en la causa caratulada en principio como “homicidio”. En principio, se conoce que la pelea se habría iniciado dentro de un boliche y al ser retirados por personal de seguridad privada, el enfrentamiento continúo afuera, sobre la calle Figueroa Alcorta, allí donde se encontró muerto a Agustín Avila.
Mediante imágenes de cámaras de seguridad y filmaciones que comenzaron a circular en redes sociales, los investigadores buscan identificar a él o los autores del ataque mortal, además de haber secuestrado ciertos objetos y prendas de vestir manchadas con sangre a varios de los detenidos.
Seguridad 🚨
Santa Fe les cobra a los padres de los amenazadores: “Cara la jodita”, la reacción ante la boleta de $6 millones
La boleta detalla el monto de la deuda, los medios de pago disponibles y establece un plazo de cinco días hábiles para abonar. Vencido ese término, el expediente se gira automáticamente a la Fiscalía de Estado para la etapa de cobro compulsivo.
Santa Fe entregó la primera multa a padres por amenazas escolares: más de $6 millones
★ El gobierno de Santa Fe concretó la primera notificación de cobro a los responsables de amenazas escolares en la provincia: los padres de un menor identificado como autor de una intimidación recibieron una boleta por $6.024.944. La reacción del adulto notificado no tardó en circular: «Cara la jodita», dijo al recibir el documento, en una frase que el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, se encargó de difundir en su conferencia de prensa.
La primera notificación y sus alcances
El operativo de notificación fue realizado este lunes por la Policía de la Provincia de Santa Fe en la ciudad capital. El ministerio de Justicia y Seguridad provincial notificó a ambos progenitores del menor identificado como autor de una de las amenazas a escuelas, en carácter de responsables solidarios del gasto operativo.
La boleta detalla el monto de la deuda, los medios de pago disponibles y establece un plazo de cinco días hábiles para abonar. Vencido ese término, el expediente se gira automáticamente a la Fiscalía de Estado para la etapa de cobro compulsivo.
La maquinaria ya tiene 58 casos identificados
Cococcioni precisó que a la fecha ya se identificó a los responsables de 58 hechos, lo que implica a más de 70 personas involucradas, dado que varios casos cuentan con más de un autor o más de un adulto responsable.
«A medida que la Fiscalía valida las identidades, sean mayores o menores, punibles o no, se identifica a los responsables y automáticamente se emiten las intimaciones», explicó el ministro.
El mecanismo no distingue entre imputables e inimputables: lo que se cobra es el costo del operativo de seguridad desplegado por la amenaza, no una sanción penal directa sobre el menor. La obligación recae sobre los adultos responsables, independientemente de la situación legal del alumno.
Una medida en medio de una crisis nacional
Como informó este medio en coberturas anteriores, la ola de amenazas escolares sacudió al país en las últimas semanas, extendiéndose a al menos doce provincias con mensajes de formato casi idéntico: «Mañana tiroteo, no vengan».
El fenómeno se disparó tras el crimen de Ian Cabrera, el estudiante asesinado el 30 de marzo de 2026 en San Cristóbal, Santa Fe, en un hecho que conmocionó a la sociedad argentina y reabrió el debate sobre la violencia escolar y la imputabilidad de menores.
La True Crime Community (TCC), una subcultura digital transnacional que exalta las masacres escolares, fue señalada por la justicia santafesina y la Subsecretaría de Asuntos sobre el Terrorismo Internacional (SAIT) como uno de los vectores de propagación del fenómeno.
Frente a la crisis, las respuestas de los distintos gobiernos provinciales fueron dispares: desde reuniones interministeriales sin resultados concretos hasta operativos de allanamiento con adolescentes imputados. Santa Fe optó por una vía que combina la presión económica sobre los adultos responsables con la acción judicial sobre los menores identificados.
El debate de fondo que la boleta no resuelve
El gobierno santafesino presenta la medida como un efecto disuasorio. Sin embargo, el instrumento no apunta a las causas estructurales del fenómeno: la fragilidad de los entornos digitales que amplifican este tipo de conductas, la ausencia de programas de contención en las escuelas o la demora en la implementación efectiva de la Ley 27.801, que modificó el régimen penal juvenil pero cuya entrada en vigor plena aún está sujeta a un período de adecuación institucional de 180 días.
La frase del padre notificado, «cara la jodita», condensa en tres palabras lo que el Estado santafesino quiere transmitir: que las amenazas tienen un costo real y mensurable. Lo que resta ver es si ese costo alcanza para modificar conductas en un fenómeno que excede ampliamente el bolsillo familiar.
Puntos clave:
- El gobierno de Santa Fe entregó la primera notificación de cobro a padres de un menor responsable de una amenaza escolar, por un monto de $6.024.944.
- La notificación otorga un plazo de cinco días para abonar; vencido ese término, el caso pasa a la Fiscalía de Estado.
- El ministerio identificó a responsables en 58 hechos, con más de 70 personas involucradas en total.
- La medida impone la obligación de pago sobre los adultos como responsables solidarios, independientemente de la situación penal del menor.
- El fenómeno de amenazas escolares se inscribe en una crisis nacional vinculada al crimen de Ian Cabrera y a la proliferación de la True Crime Community en entornos digitales.
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