Judiciales ⚖️
Caso Belsunce: Los fiscales exhibieron las mentiras de Pachelo
El fiscal Andrés Quintana tomó la palabra en el inicio de la 24a.jornada del debate por el el crimen de García Belsunce, cometido el 27 de octubre de 2002 en el country Carmel de Pilar, y por una serie de nueve robos llevados a cabo en barrios privados de Tortugas, de Pilar; El Carmen y Abril, de Hudson; y en Nordelta, de Tigre.
Los fiscales del juicio por el crimen de María Marta García Belsunce y de una serie de robos en distintos countries del Gran Buenos Aires, por los cuales está siendo juzgado Nicolás Pachelo, aseguraron que el principal imputado «mintió» en su última declaración, y refutaron sus argumentos con los que negó haber utilizado una barreta para concretar los robos y que las personas que lo acompañaban no tenían conocimiento de que iba a cometer ilícitos.
El fiscal Andrés Quintana tomó la palabra en el inicio de la 24a.jornada del debate por el el crimen de García Belsunce, cometido el 27 de octubre de 2002 en el country Carmel de Pilar, y por una serie de nueve robos llevados a cabo en barrios privados de Tortugas, de Pilar; El Carmen y Abril, de Hudson; y en Nordelta, de Tigre.
“Cuando Nicolás Pachelo se sentó frente a ustedes mirándolos a los ojos, nuevamente les mintió”, afirmó Quintana al pronunciarse ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de San Isidro, Federico Ecke, Osvaldo Rossi y Esteban Andrejin.
El representante del Ministerio Público enumeró una serie de referencias que realizó el imputado la audiencia pasada y que fueron rebatidas por el fiscal, respecto a cinco robos en el Tortugas Country Club de Pilar en el 29 de marzo de 2018, que coincidió con la Semana Santa ese año.
Como primer punto, Pachelo sostuvo que ingresó sin presentar un documento de identidad al country Tortugas junto al golfista Matías Osvaldo Marasco (43) –también juzgado por los robos- a bordo de una camioneta Dodge RAM entre las 14.30 y las 20.53, cuando se los ve retirarse en el mismo vehículo también junto a Iván Martínez (33), empleado de Marasco y también imputado en la causa.
Para refutarlo, el fiscal Quintana tuvo en cuenta el testimonio de Roberto Aranda, gerente general del country Tortugas, quien expresó hoy que era “obligatorio exigir el DNI” para el ingreso y que Pachelo presentó una identificación apócrifa bajo el nombre “Nicolás Giménez Zapiola”, que como era falsa, el sistema no leyó, por lo que el ingreso fue manual.
“Nicolás Pachelo tenía una restricción para ingresar al barrio. Fue a pedido de Jacqueline Barbará (viuda del padre de Pachelo). No podía acceder a las instalaciones deportivas ni lugares sociales del club, pero si podía ingresar a las casas de los propietarios, que debían ir a buscarlo y llevarlo de regreso a la puerta del club. Solo no podía ingresar al auto, ni jugar al golf, ni como espectador”, relató Aranda.
En una filmación exhibida con audio, se escuchó el momento que llega la camioneta Dodge RAM conducida por Marasco, y Pachelo da el número de DNI falso –tal como reconoció el otro día que había presentado, pero de manera textual y no física-, y además se oyó cuando la persona de la seguridad privada le pidió a Martínez que descienda del rodado, ya que no contaba con una identificación personal.
En sus argumentos, el fiscal Quintana señaló que Marasco y Martínez estaban al tanto de que Pachelo iba a cometer robos en el lugar porque, como se ve en un video, “se llevó una caja fuerte con la dimensión de un televisor 20 pulgadas”.
Es que de las filmaciones de la casa del empresario Osvaldo Brucco, una de las víctimas de uno de los robos que Pachelo reconoció haber cometido, se ve cómo el imputado sale por el jardín cargando un elemento de gran tamaño.
“Cuando me entero del robo veo que había entrado alguien y sustraído una caja de seguridad que se encontraba en el vestidor, amurada al piso. Por las cámaras vimos que la sacaron con una barreta”, expresó Brucco.
La víctima del robo dijo que dentro de la caja fuerte tenía joyas, euros, pasaportes, acciones de sus empresas y una pistola Glock calibre .40 con cargadores.
“En los videos se ve que (el asaltante) ingresa dos veces, se ve que no tenía elementos para sacar la caja, por lo que fue a buscar la barreta. La caja debe pesar 20 kilos”, afirmó el testigo, mientras reprodujeron las imágenes de la cámara de seguridad de su vivienda.
En tanto, Pachelo en su declaración pasada también indicó que, en la vivienda de Christian Guerrien (63), no había ingresado forzando la puerta con una barreta.
Si bien el imputado reconoció el robo, la calificación del mismo para los fiscales es “robo por efracción”, es decir, que ingresó a la propiedad violentándola, mientras que la defensa esgrimió que fue un “robo simple” ya que la puerta se encontraba sin llave, por lo que el ingreso fue realizado sin fuerza.
Guerrien dijo que ese fin de semana de Pascuas le prestó su casa a una amiga, quien el Viernes Santo notó el desorden de la casa, por lo que rápidamente le avisó a su dueño, que se encontraba de viaje.
“Llegó el viernes y se encontró con la puerta violentada. Habían hecho palanca con una barreta en la puerta de servicio. Mi amiga vio todo tirado en el piso, como que buscaron plata, joyas o eventualmente una caja de seguridad. Fue bastante impresionante llegar esa noche de viaje y encontrar todo tirado, de una manera invasiva y abusiva”, recordó la víctima.
Para el testigo, “la violencia en el dormitorio fue más marcada, porque la puerta era de madera y quedó más marcada con la barreta”, a lo que agregó que para él “lo incentivó que la puerta estaba con llave”.
Finalmente, la jornada finalizó con la declaración del encargado de las cámaras de seguridad de Tortugas que mostró al tribunal un seguimiento realizado a Pachelo desde la entrada hasta su salida del barrio privado.
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Urribarri irá a prisión tras quedar firme su condena por corrupción
La Corte Suprema rechazó el último recurso y habilitó el cumplimiento efectivo de la pena. También quedaron detenidos Juan Pablo Aguilera y Pedro Báez, mientras la Justicia rechazó el pedido de arresto domiciliario.
La Justicia de Entre Ríos ordenó la detención inmediata de Sergio Urribarri, quien fue trasladado desde su domicilio en Concordia hacia la Unidad Penal N°1 de Paraná para comenzar a cumplir una pena de ocho años por delitos de corrupción. La medida también alcanzó a Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador, y a Pedro Báez, exministro de Comunicación, según informaron fuentes judiciales.
El traslado de Urribarri se realizó durante la noche. Entre Concordia y Paraná hay unos 280 kilómetros, un recorrido de cerca de cuatro horas, por lo que el ingreso a la unidad penitenciaria se concretó durante la madrugada. La orden fue emitida después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara el último recurso pendiente y dejara firme la sentencia.
La condena que llegó hasta la Corte Suprema
El Tribunal de Juicio dispuso que los tres condenados comenzaran a cumplir sus penas en la cárcel de Paraná. La resolución se apoyó en la firmeza de la condena por negociaciones incompatibles con la función pública y peculado, luego de que el máximo tribunal rechazara la vía recursiva que todavía mantenía suspendida la ejecución efectiva.
Urribarri, de 67 años, fue condenado en 2022 por un esquema de desvío de fondos públicos hacia empresas vinculadas a su cuñado. La maniobra se instrumentó mediante contratos de publicidad oficial simulados entre 2010 y 2015. La causa acreditó 143 operaciones irregulares y un perjuicio económico superior a 12 millones de pesos para la provincia.
El pedido de prisión domiciliaria fue rechazado
La defensa del exgobernador intentó frenar el ingreso a prisión con un pedido de arresto domiciliario. Para sostenerlo, alegó un cuadro de salud mental y físico que incluía trastorno de estrés postraumático, hipertensión y problemas cardíacos.
El tribunal rechazó el planteo porque consideró que no se acreditaron razones suficientes para suspender la ejecución de la pena ni para conceder el beneficio. Con esa decisión, la Justicia descartó la salida domiciliaria y ordenó que la condena se cumpliera en una unidad penitenciaria.
Una causa de corrupción pública con sentencia efectiva
La detención marcó el cierre de un recorrido procesal que comenzó con la investigación sobre el uso de recursos estatales para contratos de publicidad oficial que, según la sentencia, fueron simulados. La firmeza del fallo convirtió la condena en una pena de cumplimiento efectivo y dejó sin margen la estrategia defensiva basada en la espera de nuevas revisiones judiciales.
El caso expuso el costo de utilizar la estructura del Estado para beneficiar intereses vinculados al poder político. La llegada de Urribarri a una cárcel provincial, junto con Aguilera y Báez, representó una definición contundente: una condena por corrupción pública no quedó reducida a un expediente ni a una disputa de recursos, sino que comenzó a ejecutarse.
Puntos clave
- La Justicia de Entre Ríos ordenó la detención inmediata de Sergio Urribarri.
- La Corte Suprema rechazó el último recurso y dejó firme la condena de ocho años.
- También fueron detenidos Juan Pablo Aguilera y Pedro Báez.
- La sentencia acreditó 143 operaciones irregulares entre 2010 y 2015.
- El tribunal rechazó el pedido de arresto domiciliario por motivos de salud.
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