La familia de Lucas González, el adolescente de 17 años asesinado de un balazo policial en el barrio porteño de Barracas en noviembre pasado, anunció que denunciará al juez de la causa, Martín Del Viso, ante el Consejo de la Magistratura, por prevaricato y mal desempeño de sus funciones, informaron hoy los padres de la víctima y su abogado Gregorio Dalbón.

«Vamos a iniciarle una denuncia (al juez Del Viso) por prevaricato porque consideramos todo estaba yendo a buen puerto y de repente hay cosas que no podemos dejar pasar o mirar hacia otro lado con las decisiones erróneas que está tomando», aseguró Héctor «Peca» González, padre de Lucas.

La decisión de la familia de Lucas se tomó luego de que la semana pasada el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 7 no diera lugar al pedido del fiscal Leonel Gómez Barbella, quien había requerido la detención de otras cinco personas por el encubrimiento del hecho.

Se trata del comisario mayor Fabián Lencina, a cargo de tres comunas de la Ciudad de Buenos Aires; las abogadas Verónica Gabriela Andraca y su jefa, Silvia Alejandra Ozón, a cargo de la División Legales de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, y los oficiales Pablo Daniel Granara y Lucas Damián Evaristo Varas.

Además, el fiscal solicitó nuevamente las detenciones de las oficiales Lorena Miño y Micaela Fariña, quienes fueron liberadas por falta de mérito por la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.

Fuentes judiciales indicaron a Télam que la semana pasada fue presentada la apelación de las denegatorias de las cinco detenciones e indagatorias rechazadas por el juez.

En tanto, también el fiscal solicitó nuevamente los procesamientos de Miño y Fariño al presentar el informe final del peritaje odorífico, el cual indicó que habían manipulado la réplica del arma hallada en el auto de los adolescentes.

La acusación de la familia es llevada adelante por su abogado, Gregorio Dalbón, quien manifestó a Télam que las policías «deben ir presas porque entorpecieron la labor judicial» al manipular la réplica del arma incautada en el vehículo en el que se trasladaban los cuatro jóvenes y la cual se estableció que fue «plantada».

«Me resulta muy sospechoso el juez Del Viso. Vamos a denunciarlo por prevaricato ante un Juzgado Federal y ante el Consejo de la Magistratura para que sea destituido. Al menos eso me pidieron Cintia y Héctor, los papás de Lucas», indicó el letrado, quien agregó que la presentación la hará esta semana.

En su solicitud, el fiscal Gómez Barbella detalló el rol de cada uno de los acusados durante la jornada del 17 de noviembre del año pasado, en el hecho donde Lucas González (17) recibió un disparo policial en la cabeza y tres compañeros fueron detenidos señalados como delincuentes mientras transitaban por el barrio porteño de Barracas.

El pedido de detención que recae sobre el comisario mayor Lencina se basó en las comunicaciones con el comisario inspector Daniel Santana, a cargo de las cuatro comisarías de la Comuna 4 porteña.

En ellas se puso en manifiesto que Lencina estuvo al tanto de todo lo acontecido ya que «las pruebas que indican la manipulación del operativo no pudieron ser, no solo sin su conocimiento, sino sin su orden».

Además, entre ellos hubo al menos ocho mensajes de texto eliminados, algo que para el fiscal resultó «alarmante».

En tanto, con relación a Ozón y Andraca, abogadas del Ministerio de Justicia porteño, el fiscal Gómez Barbella situó a la segunda mencionada en la escena del hecho, según dichos de testigos.

Según el dictamen fiscal, Andraca «llegó alrededor del mediodía», permaneció en el lugar, donde permanentemente «iba y venía», «miraba hacia dentro del automóvil todo el tiempo» -en referencia al auto donde se trasladaban los menores-, que «se acercaba continuamente entre 20 y 30 centímetros» del mismo.

En relación a ello, Gómez Barbella señaló que «se puede inferir que claramente la presencia de réplica de arma de fuego introducida ilícitamente dentro del automóvil (…) era conocida por Andraca y por tales motivos su preocupación de observar permanentemente el interior de dicho vehículo».

Con respecto a Ozón, el fiscal indicó que «formó activa parte» de los hechos ocurridos durante esa jornada.

«Llamaría poderosamente la atención que siendo profesora (…) para el dictado de la materia ‘Policía Orientada a Problemas: Legítima Defensa’ (…) pudiese desconocer el modo en que se cometieron las irregularidades e ilícitos por parte de tantos efectivos policiales en los hechos ventilados en esta causa y que haya procedido como lo hizo enviando personal de su confianza para contribuir a consumarlos», expresó.

En conclusión, para Gómez Barbella, Ozón y Andraca mantuvieron «activas participaciones y en roles que permiten identificarlas como las personas que monitorearon y aseguraron desde un aspecto jurídico y legal que los sucesos lamentables llevados a cabos por los coimputados de esta investigación, pudiesen efectivamente concretarse y brindar sus frutos».

En tanto, sobre los oficiales Varas y Granara, el representante del Ministerio Público expuso una serie de mensajes con su superior, el inspector Héctor Cuevas, en los que indicaron que comentaron lo sucedido.

En un intercambio de mensajes entre Cuevas y Varas -a quien tenía agendado como «La Grano»-, el inspector le aseguró que Andraca le dijo que «esto se da vuelta» porque «es insostenible», y le confesó, ante la consulta de que si tenían los adolescentes un arma de fuego, que ésta «se la pusieron».

Para el instructor de la causa, ambos policías deben atribuirse el haber «omitido denunciar los graves actos de manipulación, ocultamiento y alteración de la prueba (…) cuando tenían el deber legal de exponerlos inmediatamente ante las autoridades judiciales competentes por tratarse de funcionarios públicos policiales».

Por el homicidio están procesados con prisión preventiva los policías Gabriel Isassi, Juan Nieva y Fabián López; mientras que por el encubrimiento hay procesados otros ocho policías.