El Gobierno nacional dejó por escrito una advertencia sobre la fragilidad de su propio sistema eléctrico. A partir de ahora, cualquier megaproyecto que pretenda conectarse y consumir más de 80 MW deberá llegar con su propia energía bajo el brazo; y si en algún momento falta oferta, la norma establece que se priorizará el suministro de los usuarios por sobre el de las grandes demandas que no cuenten con respaldo suficiente.

La decisión quedó plasmada en la Resolución 264/2026 de la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, que crea el Régimen de Demandas Extratendenciales (XDEM) dentro del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). La norma modifica el artículo 13 de la Resolución 400/2025 y alcanza a los proyectos nuevos o ampliaciones que representen «al menos el 0,5% de la demanda media del MEM, equivalente hoy a unos 80 MW».

Qué exige el nuevo régimen

Cada emprendimiento alcanzado «podrá elegir libremente la tecnología y el proveedor con los que se abastece», incluida la generación propia instalada en el mismo punto de conexión. Pero la resolución fija condiciones precisas: deberá «cubrir al menos el 80% de su consumo mensual con contratos de generación nueva y contar con potencia firme por el 100% de su demanda máxima».

Para los centros de datos la vara es más alta. La obligación «se eleva al 115% en el caso de los centros de datos, por su consumo continuo y de alta sensibilidad», según el texto oficial. Es la primera vez que la regulación eléctrica argentina reserva un tratamiento específico y más exigente para la infraestructura de la inteligencia artificial.

El régimen amplía el alcance de la Resolución 400/2025, que ya exigía respaldo físico propio para las nuevas grandes demandas conectadas al sistema de transporte. Ahora la obligación se extiende a las ampliaciones de consumos existentes y a los proyectos que se vinculen al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) a través de distribuidoras. En sus fundamentos, la resolución también advierte que, cuando varias solicitudes compitan por una capacidad de transporte limitada, «resulta necesario evitar la inmovilización especulativa de capacidad», y por eso crea un cargo de reserva que busca castigar a quienes acaparen lugar en la red sin cumplir sus cronogramas.

La preocupación por las facturas llega tarde

La Secretaría de Energía justificó la medida en nombre de los usuarios. Según la resolución, el objetivo es que el ingreso de las grandes demandas «no consuma la reserva que hoy garantiza el abastecimiento ni su costo sea cubierto por el resto de los usuarios a través de sus facturas». El organismo sostuvo además que busca que «cada gran proyecto se abastezca a su propio riesgo, sin trasladar costos al resto de los usuarios», poniendo en «primer lugar a los hogares, comercios, pymes e industrias que ya forman parte del sistema».

El argumento choca con la experiencia concreta de esos mismos hogares. Según relevamientos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP, UBA CONICET), desde el inicio de la gestión de Javier Milei en diciembre de 2023 la electricidad acumuló una suba superior al 339%, dentro de una canasta de servicios públicos y transporte que se encareció más del 525%. El Gobierno que hoy dice cuidar las facturas es el mismo que eliminó subsidios y trasladó el costo pleno de la energía a las familias.

Una red sin margen y un Estado que no planifica

La cláusula que prioriza a los usuarios ante un escenario de escasez tiene una lectura inevitable: la propia autoridad energética contempla la posibilidad de que la oferta no alcance. Si la reserva del sistema pudiera absorber sin sobresaltos a los nuevos gigantes del consumo, no haría falta blindarla por resolución.

El esquema también confirma la lógica de fondo del modelo libertario en materia energética: en lugar de una planificación estatal de la expansión de la generación y el transporte, cada gran jugador contrata su propia energía con el proveedor que elija. La expansión del sistema queda así subordinada a acuerdos entre privados, con un Estado que se limita a fijar condiciones de acceso. La discusión sobre quién controla la nueva generación, y al servicio de qué proyecto de país, queda fuera de la agenda oficial.

Los centros de datos, en el centro de la escena

La exigencia reforzada para los centros de datos no surge en el vacío. En octubre de 2025, OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, y la firma argentina Sur Energy anunciaron ante el presidente Milei una carta de intención para construir en la Patagonia el proyecto Stargate Argentina, un centro de datos de 500 MW con una inversión estimada de hasta 25.000 millones de dólares. Esa sola instalación superaría más de seis veces el umbral de 80 MW que fija la nueva resolución.

Desde aquel anuncio no hubo novedades públicas sobre avances concretos, según consignó en agosto un medio uruguayo que relevó la carrera regional por atraer estas inversiones. Especialistas del sector coinciden en que la infraestructura eléctrica es el principal cuello de botella para este tipo de desarrollos, porque la red argentina no está preparada para absorber semejante crecimiento de la demanda sin inversiones previas de gran escala.

A la ecuación se suma el costo fiscal. El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advirtió que el llamado «Súper RIGI» profundiza la política de beneficios fiscales extraordinarios para los grandes proyectos de inversión y amplía el costo tributario que deberá afrontar el Estado en los próximos años. El resultado es un modelo que resigna recaudación para atraer a los grandes capitales mientras deja la expansión eléctrica librada a contratos privados.

Lo que tenés que saber:

• La Resolución 264/2026 de la Secretaría de Energía creó el Régimen de Demandas Extratendenciales (XDEM) para proyectos que representen al menos el 0,5% de la demanda media del MEM, unos 80 MW.
• Los proyectos alcanzados deberán cubrir al menos el 80% de su consumo mensual con generación nueva y contar con potencia firme por el 100% de su demanda máxima; en los centros de datos, el respaldo exigido sube al 115%.
• Ante un escenario de escasez, la norma prioriza el suministro de los usuarios por sobre las grandes demandas sin respaldo suficiente.
• El régimen se extiende a ampliaciones de consumos existentes y a proyectos conectados por distribuidoras, y crea un cargo para evitar el acaparamiento especulativo de capacidad de transporte.
• Según el IIEP (UBA CONICET), la electricidad subió más del 339% desde diciembre de 2023.