El stock de medidas judiciales cautelares para importación vigente a febrero se redujo a menos del 1% del existente en octubre del año pasado, a partir de cambio del régimen de la actividad, destacó hoy la Dirección General de Aduanas (DGA).

En un informe del organismo se especifican las operaciones comprendidas tanto en las cautelares vigentes como en las desistidas, quedando en evidencia que en muchos casos un solo importador llevó adelante más de una decena de medidas ante la Justicia.

La caída en el stock de cautelares (de US$ 2.521,8 millones en octubre de 2022 a US$ 23,5 millones en febrero de este año) fue atribuido por la DGA al cambio iniciado el 17 de octubre de 2022, cuando se reemplazó el Sistema Integrado de Monitoreo de Importaciones (SIMI) por el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), a los efectos de «obtener de manera anticipada información necesaria para generar previsibilidad y trazabilidad en las operaciones de importación».

El SIRA fue creado mediante la resolución conjunta 5271/2022 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Secretaría de Comercio, que en su artículo 7 determinó que una vez que el importador ingrese los datos al sistema, el organismo recaudador analizará su perfil de riesgo.

Entre los elementos a considerar en ese perfil se destacan «si el importador ha efectuado operaciones de sobrefacturación, subfacturación o ha desvirtuado el régimen con prácticas abusivas en proceso de investigación en la interposición de medidas administrativas o judiciales con relación a las operaciones», precisó la Aduana en su informe.

Superado el control, el importador podrá continuar con el registro de la declaración SIRA y en caso no contar con la aprobación podrá manifestar su disconformidad mediante un trámite en el Sistema Informático de Trámites Aduaneros (SITA) en el plazo de 10 días, mediante presentación fundada.

También se tiene en cuenta la Capacidad Económica Financiera del importador para efectuar la operación que pretende cursar.

Luego de la intervención de la AFIP, la Secretaría de Comercio analizará las presentaciones efectuadas en los sistemas de monitoreo y trazabilidad y las destinaciones de importación registradas por el importador.

En un informe, el organismo dirigido por Guillermo Michel señaló que el cambio se concretó luego de detectarse «numerosas inconsistencias de los importadores, tanto en su capacidad económica, como también en el uso de prácticas abusivas en la interposición de medidas administrativas o judiciales» para eludir el SIMI.

En una evaluación de los resultados del cambio de régimen, la DGA precisó que el mes pasado cerró con un stock de cautelares vigentes respecto de SIMIs en estado de salida ascendió a US$ 23.476.778,06, «sólo un 1% del monto original vigente a octubre de 2022», cuando había alcanzado a US$ 2.521.777.234,27.

Ese monto se compuso de US$ 1.147.599.193,13 correspondientes a 2021 y US$ 1.374.178.041,14 a 2022, productos de 3.146 medidas cautelares.

Por otra parte, la DGA informó que en febrero quedaron sin vigencia SIMIs obtenidas por medidas cautelares por US$ 154.822.648,08.

El 20 de enero, el titular de la AFIP, Carlos Castagneto, había destacado que con el cambio de sistema disminuyeron «sustancialmente las maniobras evasivas y abusivas de algunas empresas».

Por su parte, Michel consideró que «la Aduana debe proteger la industria nacional y el empleo argentino, pero también desarticular maniobras mediante las cuales algunos importadores se quieren hacer de dólares de manera irregular y engañando al Estado».

En el detalle de las medidas cautelares vigentes se destacan empresas importadoras con varias operaciones, entre ellas Barbuy Team, con 19 casos por un monto total de US$ 982.512,18; Harnof (12 operaciones por US$ 955.468,28), Tiaca Tex (7 operaciones por US$ 1.735.877) y EPSA (11 operaciones por US$ 3.692.665,08).