Seguridad 🚨
Cocaína tóxica: esperan nuevas pericias para saber el origen de las 24 muertes
Germán Martínez, fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 16 de San Martín, especializada en Estupefacientes, espera los resultados complementarios realizados en las 12 autopsias practicadas hasta el momento de las personas que fallecieron tras consumir cocaína adulterada.
El fiscal de San Martín que investiga las 24 muertes y más de 80 intoxicados por consumir cocaína adulterada en la zona noroeste y oeste del conurbano, aguarda para los próximos días los informes de las pericias toxicológicas y los resultados complementarios de las 12 autopsias que se llevan practicadas hasta el momento con el fin de establecer qué sustancia provocó los fallecimientos, informaron este domingo fuentes judiciales.
Germán Martínez, fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 16 de San Martín, especializada en Estupefacientes, espera los resultados complementarios realizados en las 12 autopsias practicadas hasta el momento de las personas que fallecieron tras consumir cocaína adulterada.
Fuentes judiciales confirmaron que también Martínez debe recibir en el transcurso de esta semana los informes toxicológicos para establecer qué sustancia fue mezclada con la cocaína y que les causó la muerte a 24 personas e intoxicó a más de 80 en los partidos bonaerense de Tres de Febrero, Hurlingham y San Martín.
«Los resultados de los informes preliminares de las primeras 12 autopsias ya se realizaron. Los mismos no arrojaron demasiada luz sobre la sustancia, por lo que se esperan los informes complementarios de las pericias de vísceras y de sangre», detalló un investigador con acceso a la causa.
Según el pesquisa, se continúa llevando a cabo el análisis de las muestras secuestradas en el asentamiento «Puerta 8», de la localidad de Loma Hermosa, San Martín, probándolas con diferentes reactivos para establecer la sustancia utilizada.
Fuentes judiciales informaron que a hoy domingo, 24 personas fallecieron -21 de ellas dentro de hospitales y las tres restantes en domicilios o en la vía pública-, y son más de 60 las que continúan internadas por intoxicación en distintos hospitales de la zona noroeste.
El principal sospechoso de comercializar la droga dentro de dicho asentamiento es Joaquín Aquino (33), alías «El Paisa», quien tenía pedido de captura por otra causa y fue detenido en la madrugada del jueves junto a otras seis personas por una investigación iniciada en agosto pasado por la Justicia Federal.
Pero a raíz de diversas coincidencias detectadas en la pesquisa por las muertes con droga adulterada, Aquino es ahora señalado por las autoridades del Ministerio de Seguridad bonaerense como quien pudo haber elaborado y vendido esa cocaína.
Fuentes policiales y judiciales indicaron que hasta el momento no hay previstos nuevos allanamientos vinculados a ambas causas. En tanto, será peritada el arma Glock calibre 9 milímetros con la numeración suprimida secuestrada en la vivienda donde fue detenido «El Paisa» para establecer si estaba apta para el disparo, precisaron dos fuentes consultadas.
Además, se solicitó autorización al Juzgado Federal de Tres de Febrero para abrir el contenido de los teléfonos celulares de los detenidos, medida de la que se espera su aceptación en las próximas horas. También se realizará el peritaje a la droga incautada -unas cinco mil dosis- en la vivienda del principal acusado en la causa, para saber si tiene relación con la cocaína distribuida en martes por la noche en el barrio Puerta 8.
Aquino, señalado como el sucesor del detenido narco Miguel Ángel «Mameluco» Villalba, fue indagado el viernes por el juez federal de Tres de Febrero en el marco de una causa que inició el año pasado la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) por comercialización de drogas en la Villa Loyola, Villa Sarmiento y Villa 18, del partido de San Martín.
«El Paisa», que cuenta con la defensa del abogado Ezequiel Briceño, se negó a declarar durante la indagatoria en la que le imputaron los delitos de «tráfico de estupefacientes, en la modalidad de comercio y tenencia con fines de comercialización agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo y tenencia ilegítima de arma de guerra».
Por esta causa también hay otros seis detenidos, entre ellos, Aldana Benítez, la pareja de Aquino; Alberto Medina y la mujer de este, Mónica Altamirano; quienes afrontan los mismos cargos aunque con distintos grados de responsabilidad, siendo «El Paisa» el presunto «organizador» de la banda, detallaron los voceros.
Las fuentes consultadas aclararon que, más allá de las conexidades entre este expediente y el que tramita en la justicia ordinaria por las muertes e intoxicaciones con la cocaína adulterada, por el momento ambas investigaciones continuarán por separado: una en el Juzgado Federal de Tres de Febrero y el otro la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 16 de San Martín.
En cuanto a la pesquisa en la UFI 16, hay seis detenidos que fueron indagados por el fiscal Martínez, quien les imputó los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, homicidio y tentativa de homicidio.
Por su parte, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) dispuso la expulsión del país con prohibición de reingreso permanente a Aquino, de nacionalidad paraguaya.
«Desde Migraciones se había negado la residencia a Aquino y se lo había expulsado del país con prohibición de reingreso por ocho años, aunque la medida no pudo hacerse efectiva ya que el mismo se encontraba prófugo de la Justicia», explicó la titular de Migraciones, Florencia Carignano.
«La decisión del organismo migratorio se debió a que Aquino tenía condenas por tenencia ilegal de arma de guerra y por tráfico de estupefacientes en su modalidad de tenencia con fines de comercialización», añadió la funcionaria. Según Carignano, la expulsión y prohibición de ingreso dispuesta ahora es «de forma permanente» y «se hará efectiva cuando cese el interés de la Justicia sobre la persona»
Policiales 🚨
Caso Thiago Correa: rechazaron el sobreseimiento del policía y la causa va a juicio
La Cámara de Apelaciones de La Matanza rechazó el sobreseimiento del policía federal acusado por la muerte de Thiago Correa. La causa avanzará a juicio por distintos cargos vinculados al uso del arma en el hecho.
Lo que tenés que saber
- La Justicia rechazó el pedido de sobreseimiento del policía acusado por la muerte de Thiago Correa.
- La causa fue elevada a juicio por distintos delitos vinculados al uso del arma de fuego.
- El hecho ocurrió en un contexto de persecución a presuntos delincuentes en fuga.
- La querella sostiene que no existía un peligro actual al momento de los disparos.
- El caso será debatido en un juicio por jurados populares en la provincia de Buenos Aires.
La Justicia confirmó el avance a juicio en el caso Thiago Correa
La Sala N°1 de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de La Matanza rechazó el pedido de sobreseimiento del policía federal Facundo Aguilar Fajardo, acusado por la muerte de Thiago Correa, y confirmó la elevación de la causa a juicio.
El caso se encuadra en una investigación por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, con exceso en la legítima defensa, además de otros cargos por lesiones graves en concurso ideal.
Con esta decisión judicial, el expediente avanzará hacia un juicio por jurados populares.
El hecho investigado y la reconstrucción del episodio
Según la investigación, el hecho ocurrió cuando el efectivo intentó repeler a un grupo de cuatro delincuentes. En ese contexto, efectuó múltiples disparos durante la persecución.
De acuerdo con el material incorporado a la causa, uno de los proyectiles impactó en Thiago Correa, quien resultó gravemente herido y falleció días después.
La defensa del imputado sostiene que actuó en un contexto de legítima defensa, mientras que la querella cuestiona esa versión y afirma que no existía un ataque en curso.
La posición de la querella y el avance del juicio
El abogado querellante Mariano Costa manifestó su disconformidad con la calificación legal del caso y aseguró que los presuntos agresores ya se encontraban en fuga al momento de los disparos.
En ese sentido, anticipó que en el juicio buscarán una condena contra el imputado y cuestionarán la interpretación de la legítima defensa.
El expediente se encamina a juicio por jurados
Con la confirmación de la Cámara de Apelaciones, la causa queda habilitada para ser debatida en un juicio por jurados populares, donde se analizarán las responsabilidades penales del efectivo.
El proceso judicial deberá determinar si existió exceso en la legítima defensa o si corresponde otra calificación del hecho.
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