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Cocaína tóxica: esperan nuevas pericias para saber el origen de las 24 muertes

Germán Martínez, fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 16 de San Martín, especializada en Estupefacientes, espera los resultados complementarios realizados en las 12 autopsias practicadas hasta el momento de las personas que fallecieron tras consumir cocaína adulterada.

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El-Argentino-cocaína adulterada

El fiscal de San Martín que investiga las 24 muertes y más de 80 intoxicados por consumir cocaína adulterada en la zona noroeste y oeste del conurbano, aguarda para los próximos días los informes de las pericias toxicológicas y los resultados complementarios de las 12 autopsias que se llevan practicadas hasta el momento con el fin de establecer qué sustancia provocó los fallecimientos, informaron este domingo fuentes judiciales.

Germán Martínez, fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 16 de San Martín, especializada en Estupefacientes, espera los resultados complementarios realizados en las 12 autopsias practicadas hasta el momento de las personas que fallecieron tras consumir cocaína adulterada.

Fuentes judiciales confirmaron que también Martínez debe recibir en el transcurso de esta semana los informes toxicológicos para establecer qué sustancia fue mezclada con la cocaína y que les causó la muerte a 24 personas e intoxicó a más de 80 en los partidos bonaerense de Tres de Febrero, Hurlingham y San Martín.

«Los resultados de los informes preliminares de las primeras 12 autopsias ya se realizaron. Los mismos no arrojaron demasiada luz sobre la sustancia, por lo que se esperan los informes complementarios de las pericias de vísceras y de sangre», detalló un investigador con acceso a la causa.

Según el pesquisa, se continúa llevando a cabo el análisis de las muestras secuestradas en el asentamiento «Puerta 8», de la localidad de Loma Hermosa, San Martín, probándolas con diferentes reactivos para establecer la sustancia utilizada.

Fuentes judiciales informaron que a hoy domingo, 24 personas fallecieron -21 de ellas dentro de hospitales y las tres restantes en domicilios o en la vía pública-, y son más de 60 las que continúan internadas por intoxicación en distintos hospitales de la zona noroeste.

El principal sospechoso de comercializar la droga dentro de dicho asentamiento es Joaquín Aquino (33), alías «El Paisa», quien tenía pedido de captura por otra causa y fue detenido en la madrugada del jueves junto a otras seis personas por una investigación iniciada en agosto pasado por la Justicia Federal.

Pero a raíz de diversas coincidencias detectadas en la pesquisa por las muertes con droga adulterada, Aquino es ahora señalado por las autoridades del Ministerio de Seguridad bonaerense como quien pudo haber elaborado y vendido esa cocaína.

Fuentes policiales y judiciales indicaron que hasta el momento no hay previstos nuevos allanamientos vinculados a ambas causas. En tanto, será peritada el arma Glock calibre 9 milímetros con la numeración suprimida secuestrada en la vivienda donde fue detenido «El Paisa» para establecer si estaba apta para el disparo, precisaron dos fuentes consultadas.

Además, se solicitó autorización al Juzgado Federal de Tres de Febrero para abrir el contenido de los teléfonos celulares de los detenidos, medida de la que se espera su aceptación en las próximas horas. También se realizará el peritaje a la droga incautada -unas cinco mil dosis- en la vivienda del principal acusado en la causa, para saber si tiene relación con la cocaína distribuida en martes por la noche en el barrio Puerta 8.

Aquino, señalado como el sucesor del detenido narco Miguel Ángel «Mameluco» Villalba, fue indagado el viernes por el juez federal de Tres de Febrero en el marco de una causa que inició el año pasado la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) por comercialización de drogas en la Villa Loyola, Villa Sarmiento y Villa 18, del partido de San Martín.

«El Paisa», que cuenta con la defensa del abogado Ezequiel Briceño, se negó a declarar durante la indagatoria en la que le imputaron los delitos de «tráfico de estupefacientes, en la modalidad de comercio y tenencia con fines de comercialización agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo y tenencia ilegítima de arma de guerra».

Por esta causa también hay otros seis detenidos, entre ellos, Aldana Benítez, la pareja de Aquino; Alberto Medina y la mujer de este, Mónica Altamirano; quienes afrontan los mismos cargos aunque con distintos grados de responsabilidad, siendo «El Paisa» el presunto «organizador» de la banda, detallaron los voceros.

Las fuentes consultadas aclararon que, más allá de las conexidades entre este expediente y el que tramita en la justicia ordinaria por las muertes e intoxicaciones con la cocaína adulterada, por el momento ambas investigaciones continuarán por separado: una en el Juzgado Federal de Tres de Febrero y el otro la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 16 de San Martín.

En cuanto a la pesquisa en la UFI 16, hay seis detenidos que fueron indagados por el fiscal Martínez, quien les imputó los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, homicidio y tentativa de homicidio.

Por su parte, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) dispuso la expulsión del país con prohibición de reingreso permanente a Aquino, de nacionalidad paraguaya.

«Desde Migraciones se había negado la residencia a Aquino y se lo había expulsado del país con prohibición de reingreso por ocho años, aunque la medida no pudo hacerse efectiva ya que el mismo se encontraba prófugo de la Justicia», explicó la titular de Migraciones, Florencia Carignano.

«La decisión del organismo migratorio se debió a que Aquino tenía condenas por tenencia ilegal de arma de guerra y por tráfico de estupefacientes en su modalidad de tenencia con fines de comercialización», añadió la funcionaria. Según Carignano, la expulsión y prohibición de ingreso dispuesta ahora es «de forma permanente» y «se hará efectiva cuando cese el interés de la Justicia sobre la persona»

CABA

Armado en el baño: allanaron a un chico que posó con un revolver en su escuela de Balvanera

Un menor de 16 años fue imputado por intimidación pública, amenazas con armas y portación de arma de fuego luego de que circularan fotos suyas en el grupo de WhatsApp del curso. El caso suma un nuevo episodio a la ola de violencia escolar que sacude a la Ciudad de Buenos Aires.

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Revólver en el baño: allanaron a un adolescente que posó con un arma en su escuela de Balvanera

★ Un adolescente de 16 años fue allanado e imputado esta semana luego de que se viralizaran fotografías en las que aparecía posando con un revólver en el baño de la Escuela de Comercio N°5 «José de San Martín», ubicada en el barrio porteño de Balvanera. El caso llegó a la Justicia gracias a la denuncia de un padre que detectó las imágenes en el grupo de WhatsApp del curso.

El episodio se inscribe en una serie de situaciones de violencia escolar que desde hace semanas mantienen en alerta a las autoridades educativas y judiciales de la Ciudad de Buenos Aires, y que este medio viene cubriendo desde el crimen de Ian Cabrera en San Cristóbal, Santa Fe, ocurrido el pasado 30 de marzo.

Una foto en el grupo de WhatsApp disparó la causa

El detonante del proceso judicial fue una fotografía enviada por el adolescente al grupo de WhatsApp escolar identificado como «3-1», conformado por estudiantes del mismo establecimiento. La imagen, enviada con la función de visualización única, mostraba al menor junto a otros dos compañeros empuñando el arma en el baño del colegio, con la leyenda «La chispa está en 3ro 1ra».

Un padre que integra el grupo realizó capturas de pantalla de los intercambios y los presentó como prueba ante las autoridades. La denuncia llegó a la Fiscalía Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°4, a cargo del fiscal Mauro Tereszko.

Allanamiento en la madrugada y secuestro de dispositivos

Con la autorización de la jueza Alicia Baridón Gómez, titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°1, el allanamiento al domicilio del adolescente en Balvanera se realizó en la madrugada del miércoles. Intervinieron el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) y la División de Delitos contra la Niñez y Adolescencia de la Policía de la Ciudad.

En el operativo se secuestraron el teléfono celular del menor, una computadora portátil y un disco rígido, entre otros elementos considerados de interés para la investigación.

El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires informó que el adolescente fue imputado por los delitos de intimidación pública, amenazas con armas y portación de arma de fuego, cargos que en conjunto contemplan una pena máxima de siete años de prisión. Además, el joven ya registraba una investigación previa por robo en el fuero de responsabilidad penal juvenil.

El protocolo que no alcanza

El caso se suma a una extensa cadena de episodios de amenazas y violencia en escuelas porteñas. Como informó este medio en reiteradas oportunidades, las amenazas de tiroteos se extendieron durante las últimas semanas a cientos de establecimientos en al menos doce provincias argentinas, con frases casi idénticas circulando por las mismas redes de mensajería.

El Gobierno de la Ciudad aplica desde el año pasado el «Protocolo de Actuación para la protección y el resguardo ante situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes», cuyo alcance real para desactivar estas situaciones sigue siendo objeto de debate.

El fiscal general Martín López Zavaleta explicó en una conferencia de prensa realizada el lunes en la sede del Gobierno de la Ciudad que se implementó «un esquema de coordinación inmediata con el Cuerpo de Investigaciones Judiciales, el área de acceso a la Justicia y de Política Criminal junto con las fiscalías intervinientes». El funcionario agregó que «la identificación y eventual responsabilización de los autores de estos hechos permite avanzar en cada caso concreto y cumple una función preventiva porque desalienta la reiteración de estas conductas».

La respuesta oficial apela así a la disuasión punitiva como principal herramienta ante un fenómeno que las propias autoridades reconocen como extendido y en crecimiento, sin que hasta el momento se haya anunciado ninguna política de fondo orientada a las causas estructurales que alimentan la violencia en las aulas.

Puntos clave

  • Un adolescente de 16 años fue allanado e imputado por posar con un revólver en el baño de la Escuela de Comercio N°5 «José de San Martín», en Balvanera.
  • Las fotos circularon por el grupo de WhatsApp del curso; un padre realizó la denuncia con capturas de pantalla.
  • En el allanamiento se secuestraron un celular, una notebook y un disco rígido.
  • El menor fue imputado por intimidación pública, amenazas con armas y portación de arma de fuego (pena máxima: 7 años), y ya tenía una causa previa por robo.
  • El caso se suma a la ola de violencia escolar que desde semanas afecta a la Ciudad y al país.

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