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La VTV del colectivo que protagonizó la tragedia en Mar del Plata fue rechazada y aprobada el mismo día

La investigación por el siniestro que provocó una muerte y varios heridos incorporó nuevos elementos. La querella solicitó medidas de prueba tras detectar que la inspección técnica del vehículo registró un rechazo y una aprobación durante la misma jornada.

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La investigación por el choque del colectivo de la línea 532 en Mar del Plata incorporó un nuevo elemento vinculado con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) de la unidad.

Según NA, en la documentación incorporada a la causa, el vehículo registró un resultado de «rechazado» y otro de «aprobado» el 16 de abril de 2026, ambos durante la misma jornada. Para la querella, esa situación requiere una explicación dentro del expediente.

El pedido presentado por la querella

El abogado Maximiliano Orsini, representante de la mayoría de las querellas, solicitó un informe completo sobre la inspección realizada ese día para determinar por qué la unidad pasó de un rechazo a una aprobación en un corto lapso.

En la presentación sostuvo: “Tal circunstancia reviste especial trascendencia si se considera que el accidente objeto de investigación ocurrió apenas poco más de dos meses después de dicha inspección técnica, razón por la cual resulta indispensable establecer el verdadero estado mecánico de la unidad, las deficiencias detectadas, las reparaciones efectuadas y la eventual incidencia que cualquiera de tales circunstancias pudo haber tenido en la producción del siniestro”.

El historial de inspecciones del vehículo

La documentación incorporada al expediente muestra antecedentes de verificaciones entre 2022 y 2026, con distintos resultados.

Las inspecciones aprobadas corresponden al 25 de febrero y 3 de agosto de 2022; 22 de febrero y 25 de agosto de 2023; 23 de febrero y 28 de agosto de 2024; 26 de abril y 3 de octubre de 2025; y 16 de abril de 2026.

Por otra parte, la unidad recibió resultados «condicional» el 25 de febrero y 3 de agosto de 2022, el 22 de febrero de 2023 y el 22 de febrero de 2024. Los registros con resultado «rechazado» figuran el 25 de febrero de 2022, el 24 de agosto de 2023, el 24 de abril de 2025 y el 16 de abril de 2026.

Qué medidas solicitó la investigación

La querella pidió la declaración del ingeniero responsable que firmó el certificado de la VTV del 16 de abril de 2026.

También requirió identificar a los inspectores que realizaron la revisión física del colectivo y citar al jefe de la Planta de Verificación Técnica Vehicular N.º 111 de Mar del Plata para que explique el procedimiento aplicado durante la inspección y la posterior reinspección.

Además, solicitó la citación del responsable de mantenimiento de Transportes 25 de Mayo S.R.L. y pidió que la empresa identifique el taller y el mecánico que realizaron las reparaciones previas a la aprobación definitiva.

El pedido de información sobre el teléfono del chofer

En otra presentación, la querella solicitó que se libre un oficio dirigido a la empresa Claro para obtener información vinculada con la línea telefónica utilizada por el conductor.

El requerimiento comprende el listado de llamadas entrantes y salientes, mensajes SMS, tráfico de datos y georreferenciación correspondientes al 22 de junio de 2026, entre las 18:00 y las 19:30.

Según el escrito, “La información requerida reviste singular relevancia probatoria para la reconstrucción cronológica de los acontecimientos investigados, la determinación de las comunicaciones mantenidas por el abonado involucrado, su localización mediante georreferenciación y el análisis del tráfico de datos durante la franja horaria crítica en la que ocurrieron los hechos”.

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Terror en La Matanza: encontraron una granada activa y desbarataron una banda narco que usurpaba casas

Cinco procedimientos simultáneos permitieron secuestrar miles de dosis de estupefacientes, un importante arsenal y dinero en efectivo. La investigación apunta a un hombre alojado en una unidad penitenciaria, acusado de coordinar los movimientos de sus colaboradores desde su celda.

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Un importante despliegue policial permitió desarticular una organización dedicada al narcotráfico y a la ocupación violenta de propiedades en el partido bonaerense de La Matanza. Durante los procedimientos, los efectivos encontraron miles de dosis de drogas, armas de fuego, chalecos antibalas y un explosivo que requirió la intervención de especialistas.

La investigación también puso el foco sobre un hombre detenido en la Unidad Penitenciaria N° 2 de Sierra Chica, señalado como el presunto responsable de coordinar las actividades del grupo desde su lugar de alojamiento.

Cinco allanamientos y un operativo dentro de la cárcel de Sierra Chica

El procedimiento incluyó cinco allanamientos simultáneos. Cuatro se realizaron en diferentes domicilios de La Matanza y el restante tuvo lugar en la unidad penitenciaria donde permanece alojado Claudio Nahuel Ledesma Blanco, conocido como «El Gendarme».

De acuerdo con la investigación, el sospechoso habría mantenido comunicación con sus colaboradores mediante teléfonos celulares y les habría transmitido instrucciones para llevar adelante las actividades de la organización.

Durante la requisa de su celda, los efectivos secuestraron tres teléfonos celulares con líneas activas y conexión de datos.

Como resultado de los operativos, dos personas fueron aprehendidas: un hombre de 39 años y una mujer de 22. Por su parte, el interno quedó notificado en carácter de detenido e imputado en la causa.

Usurpaban viviendas por la fuerza para convertirlas en puntos de venta de droga

Uno de los principales aspectos de la investigación apunta al mecanismo utilizado por la organización para apropiarse de diferentes propiedades.

Según las fuentes policiales, los integrantes del grupo ocupaban viviendas mediante amenazas y el uso de armas de fuego. Los inmuebles eran utilizados posteriormente para almacenar, distribuir y comercializar estupefacientes, además de funcionar como centros operativos.

Uno de los lugares identificados estaba ubicado en Ciudad Evita y era conocido como «La Ventanita».

El nombre respondía a la modalidad de comercialización: los compradores recibían las sustancias a través de una abertura de la vivienda, frente a la cual se formaban largas filas.

Enfrente funcionaba otro inmueble que también habría sido ocupado por la fuerza. Ese domicilio era utilizado como centro operativo y espacio de custodia de la organización.

Más de 3.000 dosis de droga, cinco millones de pesos y un arsenal

Los allanamientos permitieron secuestrar una importante cantidad de estupefacientes, dinero y elementos vinculados con la actividad investigada.

Entre los principales elementos incautados aparecen:

  • 2.526 dosis de pasta base.
  • 515 dosis de cocaína.
  • Cinco millones de pesos en efectivo.
  • Una escopeta calibre 12 cargada.
  • Una pistola ametralladora con numeración suprimida.
  • Tres pistolas marca Bersa: una calibre .22 y dos de 9 milímetros.
  • Municiones de diferentes calibres.
  • Cuatro equipos de comunicación tipo handy.
  • Elementos para el corte y fraccionamiento de drogas.
  • Anotaciones vinculadas con la investigación.

Las dos pistolas 9 milímetros presentaban identificaciones adulteradas o carecían de numeración, mientras que parte del armamento secuestrado quedó incorporado a las actuaciones judiciales.

También encontraron dos chalecos antibalas que registraban pedidos de secuestro vigentes por hurto y robo, respectivamente, además de una pechera con la inscripción «POLICÍA».

El hallazgo de una granada activa obligó a convocar a Explosivos

Uno de los momentos más delicados del operativo ocurrió dentro de la vivienda utilizada como centro operativo de la organización.

Allí, los investigadores encontraron una granada activa junto con el resto del armamento.

Ante el peligro que representaba el artefacto, los efectivos interrumpieron su manipulación y solicitaron la presencia de la Dirección de Explosivos de la Policía bonaerense.

Los especialistas aseguraron el sector y realizaron el procedimiento correspondiente para desactivar el explosivo.

El hallazgo quedó incorporado al conjunto de elementos secuestrados durante los allanamientos.

Quién es el presunto líder que coordinaba las operaciones desde prisión

La investigación identificó como presunto jefe de la organización a Claudio Nahuel Ledesma Blanco, alias «El Gendarme», de aproximadamente 30 años y oriundo del barrio Areco de Virrey del Pino.

Según la información policial, el hombre registraba antecedentes por delitos contra las personas y hechos de violencia con armas.

En 2016 fue detenido en el marco de una causa por homicidio criminis causa en concurso real con homicidio agravado en grado de tentativa. Además, era investigado por su posible vinculación con otros asesinatos.

Entre esos hechos figuraba el crimen de un efectivo de la Comisaría de Virrey del Pino, ocurrido en 2015.

Los investigadores sostienen que, pese a permanecer alojado en Sierra Chica, habría conservado contacto con integrantes de la organización y transmitido instrucciones para desalojar violentamente a ocupantes de distintas propiedades.

En anteriores requisas realizadas en su celda también le habrían secuestrado teléfonos celulares.

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