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Salud

Salud mental: especialistas rechazan que la ley impida internaciones involuntarias

Quiroga destacó las «demandas crecientes para los servicios de salud mental» y la «brecha de atención» existente en la región según la cual «el 80% de las personas que la requieren, no la reciben».

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Por Alicia Alvado

Especialistas en salud mental desmintieron de modo categórico que la Ley Nacional Nº 26.657 impida las internaciones involuntarias de personas que atraviesan padecimientos psiquiátricos severos, y coincidieron en que los problemas que atraviesan algunas familias para acceder a éste u otros tratamientos terapéuticos no tienen su origen en el articulado de esa norma, sino en las dificultades para su plena implementación.

«Si bien es cierto que los padecimientos mentales y los consumos problemáticos (de sustancias psicoactivas), cuando revisten gravedad, son muy difíciles de abordar, la Ley de Salud Mental brinda herramientas suficientes para todo tipo de intervenciones, incluyendo las que se hacen sin el consentimiento de la persona», dijo el exdiputado y autor de la ley, Leonardo Gorbacz.

«En todo caso, el debate no debería enfocarse en la ley, sino en cómo está organizado el sistema de salud mental o cómo hacemos para mejorarlo, tanto para la atención de situaciones de crisis como para los abordajes ambulatorios o cómo se hace para que la internación no se transforme en una institucionalización», agregó quien hoy ejerce como director nacional de Protección de Grupos en Situación de Vulnerabilidad, de la Secretaría de Derechos Humanos.

Los cuestionamientos a la Ley de Salud Mental, sancionada en 2010, se reavivaron en las últimas semanas a partir de la trascendencia mediática de la internación psiquiátrica del hijo de Roberto Pettinatto, Felipe, tras sobrevivir al incendio del departamento donde se encontraba presuntamente transitando una crisis en presencia de su neurólogo, quien resultó muerto en el siniestro. Y el abordaje y las derivaciones clínicas que tuvo una nueva situación de consumo de sustancias psicoactivas por parte del cantante Santiago «Chano» Charpentier.

«Es algo que se podría haber evitado si la Ley de Salud Mental fuera de otra manera», opinó su hermana Tamara Pettinato. Una postura similar asumió desde el Senado Marina Charpentier, la madre de Chano, el cantante que en el año pasado perdió un riñón, el bazo y parte del páncreas por un balazo policial durante un brote psicótico, en el que también intervinieron su familia y personal de salud. «Me dicen que él tiene que tener voluntad de internarse. ¿De verdad hay que ir con una orden de allanamiento para salvarle la vida a un hijo?», interrogó la mujer días pasados en el marco de una jornada parlamentaria centrada en la norma y su posterior reglamentación.

Aprobada el 25 de noviembre de 2010, la Ley Nº 26.657 supuso un cambio de paradigma en materia de salud mental en concordancia con los tratados internacionales y las exigencias de la OMS, en la medida en que implica pasar de un modelo «hospital céntrico», tutelar y de aislamiento a otro basado en la atención en hospitales generales y una red integrada de dispositivos intermedios de base comunitaria (casas de medio camino y de convivencia, centros y hospitales de día, talleres, emprendimientos sociolaborales), la autonomía con apoyos y la inclusión social.

Además, limita las institucionalizaciones, fija un mínimo presupuestario de 10% de los fondos destinados a salud, prohíbe la creación de nuevos centros de encierro (antes llamados «manicomios») y contempla la readecuación de los existentes hacia instituciones polivalentes.

La norma dedica un capítulo -el VII- a reglar las internaciones voluntarias e involuntarias. En relación a estas últimas, el artículo 20 establece que «debe concebirse como recurso terapéutico excepcional» e indica que «sólo podrá realizarse cuando a criterio del equipo de salud mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros».

«Lo primero que hay que decir es que la ley fue sancionada en respuesta a una situación muy grave que nosotros la documentamos a través del informe ‘Vidas Arrasadas’ (2008), el cual mostró que en ese momento en Argentina había 25.000 personas internadas sometidas a gravísimas violaciones a los derechos humanos por hacinamiento, abusos sexuales, abandono generalizado, infecciones y muertes por cuestiones absolutamente evitables», dijo a Télam la coordinadora de Salud Mental en el CELS, Macarena Sabin Paz.

La licenciada en Psicología explicó que la norma «vino a poner fin» a esta situación y, en el caso de las internaciones, «a decir en qué casos se pueden permitir, bajo qué parámetros de legalidad y controles» para que ya no hubiera «personas que ingresaban por una crisis y se quedaban por años» solamente «por pobres, porque no tenían obra social o un tratamiento privado o porque no podía afrontar su propio cuidado».

Por su parte, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la cual y desde 2020 lleva adelante la campaña «Argentina sin manicomios» por la efectiva implementación de la Ley de Salud Mental, emitió un comunicado para desmentir «mitos» sobre esta norma tales como que «si se implementa la ley, las personas que están internadas van a quedar en la calle», que «la ley excluye a las y los psiquiatras», que «el sistema de atención que establece la ley es inaplicable» y que «las personas con problemas de salud mental son peligrosas y no deben estar afuera de los neuropsiquiátricos».

«La ley prevé las internaciones involuntarias y los hechos muestran que efectivamente se realizan: solo en la Ciudad de Buenos Aires se produjeron más de 30.000 en los últimos nueve años», dijo el abogado del programa Derechos de las Personas con discapacidad de ACIJ, Eduardo Quiroga.

«Esto no quiere decir que el sistema funcione bien y esto excede la letra de la ley, porque supone implementar lo que ella prevé, como la presencia de equipos interdisciplinarios en todos los centros de atención, que las obras sociales y prepagas adecuen sus prestaciones a las obligaciones que establece, que las fuerzas de seguridad estén capacitadas para asistir a los profesionales de la salud, que existan dispositivos para el acompañamiento tras la externación como hospitales de día o cooperativas de trabajo», dijo.

Gorbacz defendió la necesidad de someter las internaciones involuntarias a control judicial «para que no ocurra ningún tipo de abuso», ya que se trata de «restringir un derecho fundamental, como es la libertad».

En tanto, Sabin Paz recalcó que «en ninguna circunstancia las fuerzas de seguridad pueden determinar la internación de una persona en crisis de salud mental» y su función es sólo de «asistencia al equipo de salud».

«Por otro lado, si todos los esfuerzos están puestos únicamente en la internación, nos quedamos en lo fenomenológico siendo que las personas somos mucho más que la crisis que nos atraviesa en un determinado momento, y por eso es necesario que esa internación incluya una articulación y diálogo constante con la prolongación de ese tratamiento en el afuera, con la posterior gestión de la vida cotidiana», dijo.

Gorbacz desmintió que la salud mental pueda desvincularse del ejercicio de los derechos humanos. «Por un lado -señaló-, los padecimientos mentales no son situaciones que se generan sólo por fallas neurológicas, sino que las condiciones de vida inciden claramente. Por otro, la atención de las personas en instituciones privadas o públicas es una responsabilidad del Estado y cuando se brindan restringiendo la libertad las dejan en una situación de vulnerabilidad que requiere, sí o sí, de controles para evitar todo tipo de abusos como sucede y como ha sucedió históricamente».

Quiroga destacó las «demandas crecientes para los servicios de salud mental» y la «brecha de atención» existente en la región según la cual «el 80% de las personas que la requieren, no la reciben».

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«Implementar la Ley de Salud Mental va a permitir que ese porcentaje se reduzca y que cada vez más personas reciban la atención adecuada, accesible, de calidad y respetuosa de sus derechos», concluyó.

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Mujer

Pañuelazo verde frente a la embajada de EEUU contra el fallo antiaborto

Las manifestantes emitieron una «nueva alerta» en defensa de los derechos fundamentales para las mujeres, lesbianas, travestis, trans y niñas de todo el mundo y extendieron sus «redes de solidaridad feminista» con las activistas de Estados Unidos.

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Militantes y colectivos feministas se manifestaron esta tarde frente a la embajada de Estados Unidos, para repudiar el fallo de la Corte Suprema de ese país que derogó el derecho al aborto, que era legal desde 1973, y declararon el «estado de alerta global».

La manifestación fue convocada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y concentró a las 16.30 en la puerta de La Rural, desde donde marchó a la sede diplomática estadounidense, ubicada en avenida Colombia al 4300 del barrio porteño de Palermo, donde se realizó un «pañuelazo verde».

«Repudiamos la decisión de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de anular el fallo Roe v. Wade, revocando a nivel federal la protección constitucional del derecho al aborto que rigió durante casi 50 años en ese país. La Corte estadounidense atenta con esta resolución contra los principios de libertad y de igualdad, en especial para las personas más vulneradas como las migrantes racializadas, y del colectivo LGTBQ+ «, manifestaron las referentes de la Campaña frente a la embajada, completamente vallada.

«Se trata de una medida regresiva que sienta un grave precedente en materia de Derechos Humanos en ese país y desprotección de los derechos personalísimos frente a los poderes del Estado. De ahora en más, dependerá de la legislación de cada Estado que una persona gestante pueda acceder a un aborto en condiciones seguras o que sea empujada a interrumpir el embarazo en condiciones precarias para su salud, o que sea expuesta a la criminalización», agregaron.

Además emitieron una «nueva alerta» en defensa de los derechos fundamentales para las mujeres, lesbianas, travestis, trans y niñas de todo el mundo y extendieron sus «redes de solidaridad feminista» con las activistas de Estados Unidos.

La marcha fue encabezada por referentes históricas de la campaña como Nina Brugo y Nelly «Pila» Minyersky, quienes, junto a otras mujeres referentes de la organización, sostuvieron la extensa bandera verde de la campaña con el pañuelo alrededor del cuello.Juntas, marcharon por Av. Sarmiento y cortaron parcialmente la calle, levantaron carteles y pañuelos, y gritaron los lemas del reclamo, como también canciones de lucha.

Mercedes Trimarchi, integrante de la Campaña, dijo: «Que tengamos que estar en permanente cuidado de los derechos conquistados y de las leyes es parte también del aprendizaje que estamos teniendo acá en la Argentina con la marea verde, e incluso también es importante resaltar que, aunque tengamos una ley, hay dificultades en el acceso».

Durante la marcha desde la Rural hacia la embajada, gritaron «My body, my choice» («mi cuerpo, mi decisión»), y cantaron: «Alerta, alerta al que camina la lucha feminista por América Latina, se cuidan, se cuidan los machistas, América Latina va a ser toda feminista», entre otras canciones.Durante el pañuelazo, Nina Brugo dijo : «Acá hay una cuestión fundamental, así como nuestro proyecto de ley fue respondiendo a la necesidad y a la salud, también lo hizo a los derechos humanos de las mujeres, y Estados Unidos también fue quien suscribió el tratado internacional de la defensa de los derechos humanos de las mujeres para decidir. Eso se está violando y es lo que nosotras queremos manifestar, no solo aquí sino a nivel mundial, porque eso es volver atrás. Como dice una filósofa francesa, parece que los derechos de las mujeres son reversibles y no lo vamos a permitir».En la embajada escribieron en el pavimento con aerosol «Aborto global» y encendieron bengalas verdes al levantar los pañuelos.

En tanto, otra referente de la Campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, Yamila Picasso, contó que tienen contacto con manifestantes de Estados Unidos, y aseguró que «Argentina es una referencia regional y mundial» con respecto a la lucha por el derecho al aborto.

«El pañuelo verde es un símbolo de cómo es la red del movimiento feminista, incluso en Estados Unidos hemos visto cómo tomaron el pañuelo verde para sus manifestaciones», destacó, al contar que este emblema surgió en Argentina en un Encuentro Nacional de Mujeres hasta que se organizó la Campaña y se aprobó como símbolo de lucha con el logo en 2005; a partir de ahí, lo empezaron a utilizar y repartir. Y después del 2017, cuando se realizó el «primer grito global por el aborto legal» un 28 de septiembre, el pañuelo «empezó a viajar por todos lados».

Nos llena de orgullo ver cómo las compañeras de diferentes países salen a luchar por ese derecho con este símbolo que es nuestro», añadió.

Además, utilizar el pañuelo hace referencia a las luchas de las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo por los derechos humanos: «decidimos continuar con esa tradición de utilizar un pañuelo, nosotras no lo atamos a la cabeza sino al cuello, pero es en respeto por el ejemplo de lucha de ellas», concluyó la referente.

Entre las manifestantes estuvieron la diputada del Frente de Todos Cecilia Moreau, la diputada del Frente de Izquierda, Romina del Pla; la dirigente nacional del MST, Celeste Fierro, y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, entre otras.

También participaron del reclamo la reconocida escritora Claudia Piñeiro y estudiantes norteamericanos.

«Nos movilizamos porque estamos preocupadas. Lo que está pasando hoy en Estados Unidos es una Corte de derecha, y en Argentina tenemos la misma situación», dijo Moreau a Télam.

«Siempre peligran los derechos de la mujer, nunca los tenemos que dar por conquistados ni por garantizados, en eso es bueno que nos hermanemos todos los que creemos en estas luchas», consideró la diputada.

Por su parte Fierro señaló que la lucha por los derechos de género es «transversal» y es también «una cuestión de clase». En ese aspecto, señaló que «quienes tienen recursos en Estados Unidos van a poder viajar a los estados donde todavía no está prohibido. Siempre las mujeres con menores recursos, las trabajadoras y las pobres son las presionadas a no poder decidir sobre su sexualidad y su reproducción y muchas veces condenadas a la clandestinidad y a la muerte».

Entre las manifestantes, un grupo de estudiantes oriundas de Estados Unidos, de entre 18 y 21 años, se sintieron interpeladas por la convocatoria y decidieron participar. «Este tópico es muy importante para nosotras porque, si bien yo soy de California hay estudiantes que son de Texas y estados más conservadores que nos ponen en peligro», dijo Sophie.

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En tanto la escritora Claudia Piñeiro dijo a Télam en la movilización: «es importante manifestarse hoy porque el feminismo es transversal y no tiene fronteras.

Evidentemente Estados Unidos es un país que tiene mucho peso político, entonces no podemos dejar que estén hablando en todas partes sobre lo que opinan del fallo, como lo hacen el Vaticano o Vox en España, y nosotras no digamos lo que opinamos.

En la Argentina no creo que peligre para nada -el derecho al aborto-, porque hay una ley y mucha gente joven para defenderla».

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