El fiscal de San Isidro Caludio Scapolán, quien había sido procesado en octubre del año pasado acusado de ser jefe de una asociación ilícita integrada también por policías que entre 2013 y 2015 robaba cargamentos de droga y extorsionaba a narcotraficantes, fue apartado preventivamente hoy de sus funciones por el Tribunal de Enjuiciamiento bonaerense, informaron fuentes judiciales.

Scapolán, quien ya había sido licenciado por la Suprema Corte de Justicia bonaerense ante la gravedad institucional de los delitos que se le atribuían, fue apartado luego de una votación en el Tribunal de Enjuiciamiento de la provincia, que tuvo 9 votos a favor del apartamiento y 2 en contra de esa sanción, con lo que ahora el fiscal quedó más cerca de una eventual detención.

La primera denuncia contra el fiscal fue realizada en el 2016 por la exdiputada Elisa Carrio y, posteriormente, por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, quien tenía a su cargo la investigación en la que fue procesado Scapolán.

En 2019 se abrió competencia en el Tribunal de Enjuiciamiento bonaerense y el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Julio Conte Grand efectuó la acusación pero la pandemia evitó que se avanzara en el proceso.

Finalmente hoy, el Tribunal debatió sobre el apartamiento preventivo del fiscal, y finalmente resolvió hacer lugar a esa sanción. «Se dará ahora traslado a la Comisión Bicameral para que se expida si acusará o no, se tratará luego la adminisibilidad de la acusación y se dará lugar al descargo del fiscal y, de resolverse que es admisible la acusación, se dispondrá su suspensión», explicó la fuente.

El fiscal apartado está acusado de presunta asociación ilícita y mal desempeño por la sospecha de liderar una banda de policías que se quedaban con droga secuestrada a los narcos en operativos, para su posterior comercialización.

Al momento de ser procesado, el 1 de octubre del año pasado, la jueza Arroyo Salgado, además, trabó sobre los bienes del fiscal un embargo por dos mil millones de pesos.

En esa resolución, la jueza procesó a Scapolán por un total de diez delitos: jefe de una asociación ilícita, instigador de falso testimonio agravado, uso de documento público falso, falsedad ideológica de documento público reiterada, sustracción de medio de prueba, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización doblemente agravada, cohecho pasivo agravado por su condición de agente fiscal, extorsión, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Dada la imposibilidad de detener por el momento al funcionario judicial, la magistrada dispuso diferir su eventual arresto “hasta tanto se resuelva el desafuero” del imputado.

“Esta pesquisa logró desenmascarar que las herramientas y potestades que muchos de los funcionarios ostentaban fueron utilizadas ilícitamente para infundir temor en sus víctimas, actuar con aparente impunidad en el marco de los procesos penales y distorsionar la realidad de los hechos”, señala uno de los párrafos de la resolución de la jueza federal.

Arroyo Salgado sostuvo que la banda presuntamente liderada por el fiscal e integrada por varios policías de la bonaerense actuaba “con el objetivo de sustraer material estupefaciente, coaccionar personas para obtener un provecho económico, permitir la sustracción de pertenencias de personas allanadas, e inventar y/o plantar pruebas de cargo”.

Según la investigación, a la organización se le atribuye el robo de al menos 555 kilos de cocaína, 33.000 dólares y 386.000 pesos mediante extorsiones a narcos.

Los hechos que le imputan a Scapolán están vinculados al presunto armado de causas entre 2013 y 2015 cuando estaba al frente de la ex Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Investigaciones Complejas de ese departamento judicial, disuelta en 2016.

El más resonante de esos procedimientos fraguados fue el conocido como “Leones Blancos”, ocurrido en 2013 en Moreno, donde se incautó un cargamento de alrededor de una tonelada de cocaína, aunque oficialmente sólo se consignó la mitad.

El fiscal federal que tuvo a cargo la investigación, Fernando Domínguez, imputó a 41 efectivos de la policía bonaerense y a tres abogados como integrantes de esa organización delictiva presuntamente liderada por Scapolán.

Actualmente, la causa tiene más de 30 procesados, 15 de ellos con prisión preventiva, y dos secretarios judiciales de Scapolán que inicialmente habían sido detenidos y procesados, fueron liberados por falta de mérito en diciembre pasado, a raíz de un fallo de la Cámara Federal de San Martín.