Soberanía energética
Milei remata las represas estratégicas del Comahue por US$700 millones
El Gobierno avanza hacia la privatización de cuatro complejos hidroeléctricos estratégicos en la Patagonia. La operación incluye Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, en un proceso que genera alarma por la entrega de recursos energéticos nacionales.
★ El gobierno de Javier Milei informó este martes que el Estado recibió ofertas por más de US$700 millones para adjudicar la gestión privada de las represas del Comahue, avanzando así en la entrega al sector privado de cuatro complejos hidroeléctricos ubicados en la región patagónica.
La cifra final alcanzó los US$706.885.298,49 para el proceso de privatización de las sociedades operadoras de los complejos hidroeléctricos Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, según confirmó la Secretaría de Energía que conduce María Tettamanti.
Una privatización acelerada de activos estratégicos
«Este monto refleja una valorización significativa de activos estratégicos y confirma la confianza del sector privado en el marco institucional argentino, en un proceso desarrollado con reglas claras, transparencia y seguridad jurídica», señaló la Secretaría de Energía en su comunicado oficial.
La licitación contó con la participación de ocho empresas que formalizaron una competencia durante todas las etapas del proceso. Sin embargo, el caso de Cerros Colorados evidenció irregularidades en el procedimiento: no logró superar el 10% entre las dos principales ofertas iniciales, conforme a lo establecido en el pliego principal, lo que obligó a convocar una instancia de mejora.
Edison Inversiones S.A.U. y BML Inversora S.A.U. fueron citadas para presentar nuevas propuestas. La primera presentó la oferta más alta, permitiendo completar el esquema económico del proceso y avanzar hacia la fase final de adjudicación.
El proceso iniciado en agosto
En agosto de 2024, el Gobierno dispuso la venta de acciones de las represas del Comahue al convocar a licitación y disponer la tasación del paquete accionario por un banco público. Mediante la Resolución 1200/2025 publicada en el Boletín Oficial, el Ejecutivo autorizó el llamado a Concurso Público de alcance Nacional e Internacional para la operación privada de las centrales hidroeléctricas.
La administración de Milei instruyó a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas a coordinar todas las acciones del proceso y a encargar la tasación de las acciones a una entidad bancaria del sector público. La convocatoria fue publicada en el portal del Ministerio de Economía y en la plataforma internacional DGMarket del Banco Mundial.
Soberanía energética en riesgo
La privatización de estos complejos hidroeléctricos representa un nuevo capítulo en la política de desmantelamiento del Estado impulsada por el gobierno libertario. Los cuatro complejos son parte de la infraestructura energética estratégica del país, desarrollada históricamente con inversión pública y recursos nacionales.
«Con esta instancia concluida, el proceso de privatización de las represas del Comahue avanza hacia la definición de adjudicatarios y la transición operativa, prevista para completarse durante el presente año», concluyó el comunicado de la Secretaría de Energía.
La operación implica la transferencia al sector privado de la gestión de recursos hídricos y energéticos que garantizan el suministro eléctrico de amplias zonas del país. La decisión se enmarca en la política económica del gobierno de Milei, que ha priorizado la venta de activos estatales como parte de su programa de ajuste fiscal y reducción del rol del Estado en la economía.
Puntos clave:
• El Gobierno recibió ofertas por US$706.885.298,49 para privatizar cuatro represas del Comahue
• Participaron ocho empresas en la licitación de los complejos Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila
• Cerros Colorados requirió una instancia de mejora de ofertas por no cumplir los requisitos iniciales
• La Resolución 1200/2025 autorizó el proceso de licitación internacional en agosto de 2024
• El Gobierno prevé completar la transición operativa durante 2025
Soberanía energética
Soberanía energética: el mensaje de Cristina por la causa YPF
Reivindicó que la defensa argentina sostuvo que ninguna norma privada puede imponerse sobre la Constitución.
La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó un mensaje en el que destacó el rol del estudio jurídico Sullivan & Cromwell LLP en la defensa del Estado argentino en la causa por la expropiación de YPF tramitada en tribunales de Nueva York. Pero el texto fue más allá del agradecimiento formal: funcionó como una reafirmación política y jurídica de una de las decisiones más emblemáticas de su gobierno.
La Constitución por encima del mercado
En su mensaje, la ex mandataria puso el foco en un punto central: la primacía del orden jurídico nacional frente a normas de carácter privado o estatutario. En términos jurídicos, lo que se discutió (y se sigue discutiendo) es si el estatuto de una sociedad puede condicionar decisiones soberanas de un Estado.
Reivindicó que la defensa argentina sostuvo que ninguna norma privada puede imponerse sobre la Constitución
Subrayó el concepto de soberanía estatal como eje del derecho público
Enmarcó el caso dentro de una disputa más amplia entre intereses corporativos y decisiones democráticas
La afirmación no es menor: coloca el conflicto en un plano estructural, donde lo jurídico y lo político se entrelazan.
Un respaldo que cruza gobiernos
Otro de los puntos destacados fue el apoyo que, según señaló, recibió la posición argentina por parte de EEUU, tanto bajo administraciones demócratas como republicanas. La mención no es casual: busca desarmar la idea de aislamiento internacional y, al mismo tiempo, reforzar la legitimidad del planteo argentino en el exterior.
Expropiación y legalidad
Fernández de Kirchner también fue categórica al sostener que la expropiación de YPF se realizó conforme a derecho y con fines de utilidad pública. En ese sentido, volvió sobre un argumento clásico del kirchnerismo: la recuperación de la empresa no fue un acto arbitrario sino una decisión respaldada por el marco legal vigente.
La expropiación se presentó como una política de Estado Se vinculó con la necesidad de recuperar control sobre recursos estratégicos Se defendió su legalidad frente a cuestionamientos judiciales
Vaca Muerta como símbolo
El cierre del mensaje apuntó a los resultados. La ex presidenta vinculó directamente la recuperación de YPF con el desarrollo de Vaca Muerta y el actual superávit energético.
Se trata de una narrativa que busca consolidar la idea de soberanía energética como política exitosa, en contraste con modelos de gestión orientados a la privatización.
Más que un fallo
El mensaje de Fernández de Kirchner no se limitó a un expediente judicial. Reinstaló una discusión de largo aliento: quién decide sobre los recursos estratégicos de un país y bajo qué reglas.
En tiempos donde la energía vuelve a ser un factor geopolítico central, la causa YPF aparece como algo más que un litigio en Nueva York. Es, otra vez, un campo de batalla donde se cruzan derecho, economía y poder.
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