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Judiciales ⚖️

Integrante de Revolución Federal se despegó de movidas clave de Jonathan Morel

Uno de los imputados en la causa por las amenazas a Cristina tomó distancia del carpintero líder de la agrupación, principalmente en lo relacionado a las consignas que lanzaba en las redes sociales o durante las marchas y también de los movimientos financieros millonarios vinculados a su emprendimiento.

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Leonardo Sosa, uno de los cuatro imputados por incitación a la violencia colectiva desde «Revolución Federal», sostuvo ante la Justicia que los movimientos financieros de su consorte de causa Jonathan Morel eran «totalmente ajenos» a la agrupación, en su declaración indagatoria en la causa.

Además, tomó distancia de Morel en relación a las consignas que éste último lanzaba en vivos de redes sociales o durante las marchas y sostuvo que a muchas de ellas no adhería, informaron fuentes judiciales.

Sosa se había negado a declarar apenas quedó detenido por orden del juez de la causa Marcelo Martínez De Giorgi, pero luego pidió hablar y su ampliación de indagatoria se concretó vía Zoom el martes último, horas antes de un fallo de la Cámara Federal porteña que lo excarceló, al igual que a Morel y otros dos detenidos Sabrina Basile y Gastón Guerra.

«Se intentó vincular el financiamiento con movimientos totalmente ajenos a la agrupación de parte de mi compañero Jonathan Morel pero entiendo que el tendrá que dar explicaciones sobre su trabajo», declaró en relación a transferencias recibidas por Morel y allegados desde la empresa «Caputo Hermanos» por supuestos trabajos de carpintería en emprendimientos inmobiliarios.

Esas transferencias están bajo investigación en la causa y Sosa sostuvo que la carpintería de Morel «no tenía nada que ver» con la agrupación salvo algún armado de «maqueta o las antorchas, pero nada más», según la declaración indagatoria.

«Los pocos artefactos comprados, como el megáfono, fue en cuotas. No nos daba el bolsillo, si Morel habrá tenido plata o no, desconozco, pero a Revolución Federal no llegó ese nivel ostentoso de plata», detalló.

Sosa explicó que a pedido de simpatizantes que se fueron acercando ante las convocatorias realizadas desde mayo último, abrió una cuenta en una aplicación conocida como «cafecito», en la que se recibieron donaciones y que ese fue el dinero que usaba para algunos gastos.

En relación a la parte de la acusación vinculada a la difusión de «mensajes de odio», sostuvo que lo que hizo Revolución Federal fue «agarrar consignas ya existentes» en redes sociales y ya «instaladas en los medios» para usarlas en manifestaciones y protestas. «No se bien a qué se refieren», señaló el imputado durante la indagatoria.

Sosa se refirió a «discordia y peleas» entre integrantes porque «había desorganización del lado de Jonathan, lamentablemente» y puso como ejemplo el uso de los «vivos» en redes sociales, donde Morel «abría una sala y muchas veces yo me encontré con viralizaciones en medios de frases y cosas que él había dicho muy fuertes»

«Me enteraba por medio de los medios de comunicación de lo que había dicho mi compañero en una red que yo administraba en parte, nunca me esperaba que aparecieran estos mensajes o palabras subidas de tono del lado de él», subrayó.

Ante la fiscalía y el juzgado aclaró que «siempre se escucha la voz de él. A nivel personal mío, Leonardo Sosa, creo que no se escucha ninguna. Además de que no adhiero a esos comentarios», enfatizó.

Sosa puso como ejemplo «el tema de la guillotina» usada en una de las protestas. «Costó de mi lado aceptarlo pero él terminó redoblando la apuesta con el cartel ‘todos presos o muertos’. Esas lamentablemente tengo que decir que eran expresiones que surgían de él. No fueron expresiones salidas de mi boca», aseguró.

También agregó que el dinero secuestrado en su casa, 49.100 dólares, son «los ahorros de toda su vida» del padre, que «está esperando que lo citen para justificarlo».

El juez de la causa, Marcelo Martínez De Giorgi, tiene que resolver las situaciones procesales de los cuatro imputados.

Judiciales ⚖️

Pity Álvarez intentó irse encapuchado del Tornú y el juicio volvió a frenarse

La undécima audiencia por el crimen de Cristian Díaz se detuvo luego de que el músico, internado desde el miércoles, intentara salir del hospital. Su defensa había pedido que siguiera el debate a distancia. Ocho años después del homicidio, la familia de la víctima sigue esperando un veredicto.

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Encapuchado y en plena internación, Cristian «Pity» Álvarez intentó irse del Hospital Tornú mientras el tribunal que lo juzga por homicidio buscaba conectarlo de manera remota a la audiencia. Según informó el canal de noticias C5N, el episodio provocó que el debate de este lunes se detuviera. Una vez más, el juicio por el crimen de Cristian Díaz quedó atrapado en el caos que rodea al acusado.

El juicio contra Cristian “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Díaz continúa este lunes con una nueva audiencia ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29. Mientras el músico permanece internado en el Hospital Tornú, está prevista la declaración de siete testigos.

La audiencia comenzó a las 10:30 y contempla el testimonio de una perito, un cura y otra persona que había sido convocada para declarar la semana pasada. Los cuatro testigos restantes tienen identidad reservada.

La acusación contra Álvarez es por el homicidio agravado por el uso de un arma de fuego de Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el barrio Samoré, en Villa Lugano.

El pedido de la defensa para suspender el juicio

La audiencia de este lunes es la primera después de que el tribunal rechazara un nuevo pedido de los abogados defensores Sebastián Queijeiro y Javier Baños para suspender el debate debido a la internación del músico.

Álvarez ingresó al Hospital Tornú el miércoles pasado, luego de sufrir una crisis hipertensiva horas después de protagonizar un choque en una estación de servicio. La defensa sostuvo que la continuidad del proceso podía afectar sus derechos y garantías, y señaló además que el músico permanecía internado en terapia intermedia.

Los abogados también hicieron referencia a una serie de estudios ordenados por la Justicia civil en el marco de un expediente iniciado a partir de un pedido de curatela.

El planteo fue rechazado por el tribunal, que consideró que no existía una situación novedosa que justificara la interrupción del debate. El juez Gustavo Goerner recordó además que Álvarez no está obligado a asistir a las audiencias durante esta etapa del juicio, ya que se encuentra representado por sus abogados.

Su presencia sí será necesaria durante los alegatos y al momento de la lectura del veredicto.

Por su parte, el fiscal Sandro Abraldes se opuso al pedido de la defensa y sostuvo que una presentación realizada ante la Justicia civil no justificaba la interrupción del proceso. También cuestionó los reiterados pedidos de suspensión formulados durante el desarrollo del debate.

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