Conectate con El Argentino

Judiciales ⚖️

Integrante de Revolución Federal se despegó de movidas clave de Jonathan Morel

Uno de los imputados en la causa por las amenazas a Cristina tomó distancia del carpintero líder de la agrupación, principalmente en lo relacionado a las consignas que lanzaba en las redes sociales o durante las marchas y también de los movimientos financieros millonarios vinculados a su emprendimiento.

Publicado hace

#

Leonardo Sosa, uno de los cuatro imputados por incitación a la violencia colectiva desde «Revolución Federal», sostuvo ante la Justicia que los movimientos financieros de su consorte de causa Jonathan Morel eran «totalmente ajenos» a la agrupación, en su declaración indagatoria en la causa.

Además, tomó distancia de Morel en relación a las consignas que éste último lanzaba en vivos de redes sociales o durante las marchas y sostuvo que a muchas de ellas no adhería, informaron fuentes judiciales.

Sosa se había negado a declarar apenas quedó detenido por orden del juez de la causa Marcelo Martínez De Giorgi, pero luego pidió hablar y su ampliación de indagatoria se concretó vía Zoom el martes último, horas antes de un fallo de la Cámara Federal porteña que lo excarceló, al igual que a Morel y otros dos detenidos Sabrina Basile y Gastón Guerra.

«Se intentó vincular el financiamiento con movimientos totalmente ajenos a la agrupación de parte de mi compañero Jonathan Morel pero entiendo que el tendrá que dar explicaciones sobre su trabajo», declaró en relación a transferencias recibidas por Morel y allegados desde la empresa «Caputo Hermanos» por supuestos trabajos de carpintería en emprendimientos inmobiliarios.

Esas transferencias están bajo investigación en la causa y Sosa sostuvo que la carpintería de Morel «no tenía nada que ver» con la agrupación salvo algún armado de «maqueta o las antorchas, pero nada más», según la declaración indagatoria.

«Los pocos artefactos comprados, como el megáfono, fue en cuotas. No nos daba el bolsillo, si Morel habrá tenido plata o no, desconozco, pero a Revolución Federal no llegó ese nivel ostentoso de plata», detalló.

Sosa explicó que a pedido de simpatizantes que se fueron acercando ante las convocatorias realizadas desde mayo último, abrió una cuenta en una aplicación conocida como «cafecito», en la que se recibieron donaciones y que ese fue el dinero que usaba para algunos gastos.

En relación a la parte de la acusación vinculada a la difusión de «mensajes de odio», sostuvo que lo que hizo Revolución Federal fue «agarrar consignas ya existentes» en redes sociales y ya «instaladas en los medios» para usarlas en manifestaciones y protestas. «No se bien a qué se refieren», señaló el imputado durante la indagatoria.

Sosa se refirió a «discordia y peleas» entre integrantes porque «había desorganización del lado de Jonathan, lamentablemente» y puso como ejemplo el uso de los «vivos» en redes sociales, donde Morel «abría una sala y muchas veces yo me encontré con viralizaciones en medios de frases y cosas que él había dicho muy fuertes»

«Me enteraba por medio de los medios de comunicación de lo que había dicho mi compañero en una red que yo administraba en parte, nunca me esperaba que aparecieran estos mensajes o palabras subidas de tono del lado de él», subrayó.

Ante la fiscalía y el juzgado aclaró que «siempre se escucha la voz de él. A nivel personal mío, Leonardo Sosa, creo que no se escucha ninguna. Además de que no adhiero a esos comentarios», enfatizó.

Sosa puso como ejemplo «el tema de la guillotina» usada en una de las protestas. «Costó de mi lado aceptarlo pero él terminó redoblando la apuesta con el cartel ‘todos presos o muertos’. Esas lamentablemente tengo que decir que eran expresiones que surgían de él. No fueron expresiones salidas de mi boca», aseguró.

También agregó que el dinero secuestrado en su casa, 49.100 dólares, son «los ahorros de toda su vida» del padre, que «está esperando que lo citen para justificarlo».

El juez de la causa, Marcelo Martínez De Giorgi, tiene que resolver las situaciones procesales de los cuatro imputados.

Judiciales ⚖️

La Justicia retiene el celular de Grabois y avanza con la pericia biométrica

Ramos rechazó un nuevo pedido de devolución y la Cámara Federal declaró inadmisibles los recursos de la defensa contra el procesamiento y contra la pericia biométrica. La investigación por la toma del Instituto Perón sigue abierta.

Publicado hace

#

Causa por la toma del Instituto Peron

El procesamiento no cerró la investigación, y el celular de Juan Grabois es la prueba que falta. El juez federal Sebastián Ramos rechazó un nuevo pedido para devolverle el aparato porque todavía debe extraerse la información que podría mostrar si el diputado dio órdenes a los militantes que ocuparon el edificio.

Grabois, diputado nacional de Unión por la Patria, referente de Patria Grande y dirigente de la UTEP, está procesado sin prisión preventiva por violación de domicilio y resistencia a la autoridad, con un embargo de 5 millones de pesos, por la ocupación del ex Instituto Juan Domingo Perón, en Austria 2593, barrio porteño de Recoleta, el 7 de junio de 2025. El Ministerio de Capital Humano, de cuya órbita depende el inmueble, es querellante en la causa.

Qué dijo el juez

Ramos sostuvo que «el dictado del procesamiento no implicó la culminación de la investigación» y que sigue pendiente la extracción de los datos almacenados en el equipo. También rechazó el planteo subsidiario de la defensa, que pedía conservar el teléfono como depositario judicial mientras se resolvía un pedido de nulidad sobre el peritaje. Según el magistrado, quedan además medidas para identificar a otras personas que intervinieron en la ocupación.

El juez reconoció que la medida supone «una injerencia significativa en la esfera de privacidad e intimidad» y que, llegado el momento, deberá sopesar su alcance y su utilidad concreta.

La Cámara Federal cerró dos puertas

Según trascendió de fuentes judiciales, la Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, declaró inadmisible el recurso con el que la defensa buscaba llevar el procesamiento ante la Casación: entendió que esa resolución no es recurrible por esa vía y que el planteo de arbitrariedad era insuficiente. La misma Sala declaró inadmisible el recurso contra el fallo que había ratificado el rechazo de la nulidad de la pericia biométrica, presentado por el abogado Nicolás Rechanik el 14 de octubre. Consideró insuficientes los argumentos sobre la posible afectación de derechos de «las personas que pudieran ser identificadas».

Ese mismo tribunal había confirmado el 1 de octubre el procesamiento por violación de domicilio y resistencia a la autoridad, y mantuvo los embargos: 5 millones de pesos para Grabois y 1 millón para Valentín Peralta, dirigente de Patria Grande. El teléfono ya había sido motivo de otra batalla: en octubre de 2025 la Casación rechazó un recurso extraordinario de Grabois contra el peritaje y, a fines de junio, seguía pendiente en la Corte Suprema un planteo de la defensa para evitar que se abra el aparato.

Dos lecturas de lo que pasó en el Instituto

La defensa sostiene que Grabois fue al lugar como abogado de la cooperativa que administraba el espacio gastronómico lindero, Un Café con Perón; Rechanik habló de venganza política y Patria Grande denunció persecución. Ramos, en cambio, consideró que Grabois habría alentado la permanencia de los manifestantes dentro del edificio y los habría instado a enfrentar a la policía durante el desalojo. Un día antes, el diputado había convocado por redes sociales a un «café con Perón», y la ocupación ocurrió días antes de la confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad.

En el plano político, Grabois planteó en los últimos días que «si Cristina no es candidata, es obvio que el candidato es Axel», en referencia al gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Lo que tenés que saber

  • El juez federal Sebastián Ramos rechazó devolver el celular a Juan Grabois porque falta extraer los datos del aparato.
  • Grabois está procesado sin prisión preventiva por violación de domicilio y resistencia a la autoridad, con un embargo de 5 millones de pesos.
  • La Sala I de la Cámara Federal declaró inadmisibles los recursos de la defensa contra el procesamiento y contra la pericia biométrica.
  • El procesamiento había sido confirmado por esa Sala el 1 de octubre.
  • Capital Humano es querellante; la defensa denuncia persecución política.
Seguir leyendo
El Argentino

El Argentino
El Argentino

Las más leídas