Judiciales ⚖️
Integrante de Revolución Federal se despegó de movidas clave de Jonathan Morel
Uno de los imputados en la causa por las amenazas a Cristina tomó distancia del carpintero líder de la agrupación, principalmente en lo relacionado a las consignas que lanzaba en las redes sociales o durante las marchas y también de los movimientos financieros millonarios vinculados a su emprendimiento.
Leonardo Sosa, uno de los cuatro imputados por incitación a la violencia colectiva desde «Revolución Federal», sostuvo ante la Justicia que los movimientos financieros de su consorte de causa Jonathan Morel eran «totalmente ajenos» a la agrupación, en su declaración indagatoria en la causa.
Además, tomó distancia de Morel en relación a las consignas que éste último lanzaba en vivos de redes sociales o durante las marchas y sostuvo que a muchas de ellas no adhería, informaron fuentes judiciales.
Sosa se había negado a declarar apenas quedó detenido por orden del juez de la causa Marcelo Martínez De Giorgi, pero luego pidió hablar y su ampliación de indagatoria se concretó vía Zoom el martes último, horas antes de un fallo de la Cámara Federal porteña que lo excarceló, al igual que a Morel y otros dos detenidos Sabrina Basile y Gastón Guerra.
«Se intentó vincular el financiamiento con movimientos totalmente ajenos a la agrupación de parte de mi compañero Jonathan Morel pero entiendo que el tendrá que dar explicaciones sobre su trabajo», declaró en relación a transferencias recibidas por Morel y allegados desde la empresa «Caputo Hermanos» por supuestos trabajos de carpintería en emprendimientos inmobiliarios.
Esas transferencias están bajo investigación en la causa y Sosa sostuvo que la carpintería de Morel «no tenía nada que ver» con la agrupación salvo algún armado de «maqueta o las antorchas, pero nada más», según la declaración indagatoria.
«Los pocos artefactos comprados, como el megáfono, fue en cuotas. No nos daba el bolsillo, si Morel habrá tenido plata o no, desconozco, pero a Revolución Federal no llegó ese nivel ostentoso de plata», detalló.
Sosa explicó que a pedido de simpatizantes que se fueron acercando ante las convocatorias realizadas desde mayo último, abrió una cuenta en una aplicación conocida como «cafecito», en la que se recibieron donaciones y que ese fue el dinero que usaba para algunos gastos.
En relación a la parte de la acusación vinculada a la difusión de «mensajes de odio», sostuvo que lo que hizo Revolución Federal fue «agarrar consignas ya existentes» en redes sociales y ya «instaladas en los medios» para usarlas en manifestaciones y protestas. «No se bien a qué se refieren», señaló el imputado durante la indagatoria.
Sosa se refirió a «discordia y peleas» entre integrantes porque «había desorganización del lado de Jonathan, lamentablemente» y puso como ejemplo el uso de los «vivos» en redes sociales, donde Morel «abría una sala y muchas veces yo me encontré con viralizaciones en medios de frases y cosas que él había dicho muy fuertes»
«Me enteraba por medio de los medios de comunicación de lo que había dicho mi compañero en una red que yo administraba en parte, nunca me esperaba que aparecieran estos mensajes o palabras subidas de tono del lado de él», subrayó.
Ante la fiscalía y el juzgado aclaró que «siempre se escucha la voz de él. A nivel personal mío, Leonardo Sosa, creo que no se escucha ninguna. Además de que no adhiero a esos comentarios», enfatizó.
Sosa puso como ejemplo «el tema de la guillotina» usada en una de las protestas. «Costó de mi lado aceptarlo pero él terminó redoblando la apuesta con el cartel ‘todos presos o muertos’. Esas lamentablemente tengo que decir que eran expresiones que surgían de él. No fueron expresiones salidas de mi boca», aseguró.
También agregó que el dinero secuestrado en su casa, 49.100 dólares, son «los ahorros de toda su vida» del padre, que «está esperando que lo citen para justificarlo».
El juez de la causa, Marcelo Martínez De Giorgi, tiene que resolver las situaciones procesales de los cuatro imputados.
Judiciales ⚖️
ARCA sumo nueva denuncia contra la AFA, mientras el titular del organismo es investigado por lavado y evasión
La agencia fiscal presentó una segunda causa penal que recae sobre Tapia, Toviggino y otros dirigentes de la institución. El fiscal Claudio Navas Rial investiga evasión agravada y asociación ilícita fiscal. En simultáneo, el propio titular de ARCA, Andrés Vázquez, enfrenta un pedido de indagatoria por propiedades millonarias no declaradas en Miami.
La ARCA sumó una nueva denuncia contra la AFA mientras el titular del organismo también es investigado por evasión
★ La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una nueva denuncia penal contra la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA): el presidente Claudio «Chiqui» Tapia y el tesorero Pablo Toviggino volvieron a quedar en el centro de una causa por delitos tributarios. Esta vez, el organismo recaudador denunció el uso de facturas apócrifas por un monto superior a los $916 millones correspondientes a servicios que, según el fisco, nunca se prestaron.
La nueva causa y el fiscal que la lleva
El fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial resolvió abrir una investigación a partir de la ampliación de denuncia que ARCA presentó ante la Justicia. Según fuentes judiciales, el fiscal ya solicitó al juez Diego Amarante las primeras medidas de prueba. La pesquisa apunta a los delitos de evasión agravada mediante la utilización de facturas ideológica o materialmente falsas, y asociación ilícita fiscal.
En el dictamen que fundamentó la apertura de la causa, Navas Rial señaló que «las actuaciones administrativas darían cuenta de un accionar presuntamente ilícito, en el marco de la actividad habitual de la contribuyente Asociación del Fútbol Argentino, en atención a haberse detectado erogaciones, salidas de dinero cuyo respaldo documental es inconsistente, presumiéndose, de los elementos aportados en el marco de las tareas de fiscalización propias del organismo de control, su apocrificidad». El fiscal también resaltó que se trataría de conductas «considerables en su volumen, y reiteradas y sostenidas por un lapso ininterrumpido de tiempo».
Las cifras bajo la lupa fiscal
Según la denuncia de ARCA, la AFA habría registrado entre enero de 2023 y marzo de 2025 facturación por $916.527.614,05 sin abonar el impuesto a las Ganancias en concepto de salidas no documentadas. La evasión estimada asciende a $320.784.664,61, que con intereses escala a los $341 millones, a lo que se suma una multa de $125.792.579,86. El organismo también advirtió que la AFA emitió facturas a empresas con diversas irregularidades que hacen sospechar que se trata de gastos simulados.
Una segunda causa que se monta sobre la primera
Esta nueva presentación no surge del vacío. Se suma a una causa anterior impulsada también por ARCA, en la que el juez Diego Amarante citó a indagatoria en marzo pasado a Tapia y Toviggino por presunta retención indebida de aportes y tributos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. Según fuentes judiciales, en ese expediente los mismos dirigentes ya están procesados por haber apropiado de manera ilícita unos $19.300 millones.
Además de Tapia y Toviggino, el fiscal Navas Rial extendió la investigación al gerente general Gustavo Lorenzo y a los secretarios generales, actual y ex, Cristian Malaspina y Víctor Blanco, respectivamente. Todos ellos estaban a cargo de la administración de la institución durante el período en que se habrían producido los hechos investigados.
La paradoja: el jefe del fisco también bajo investigación
El escenario adquiere un carácter paradójico que no puede soslayarse. En simultáneo con la ofensiva judicial que ARCA ejerce sobre la AFA, su propio director ejecutivo, Andrés Vázquez, enfrenta un pedido de indagatoria ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y evasión tributaria.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) detectó que Vázquez habría adquirido tres propiedades en Miami por un total de 2,1 millones de dólares a través de sociedades offshore panameñas, sin declarar esos bienes ante el fisco ni ante la Oficina Anticorrupción. Las propiedades identificadas son una unidad en el Icon Brickell (USD 710.000), un departamento en la avenida Brickell 1060 (USD 400.000) y una suite en el Chateau Beach Residences de Sunny Isles (USD 980.000). La inconsistencia resulta llamativa: al momento de realizar esas compras, Vázquez declaraba ante la entonces AFIP activos líquidos de apenas 44.000 dólares.
El fiscal titular de la PIA, Sergio Rodríguez, solicitó su indagatoria ante el juez Martínez de Giorgi, quien habilitó una batería de medidas de prueba. También intervienen en la causa el fiscal federal Guillermo Marijuán y la PROCELAC, a cargo del fiscal Diego Velasco. El Gobierno, en la voz del asesor presidencial Santiago Caputo, intentó cerrar el debate argumentando sobreseimientos previos, pero los nuevos hallazgos de la PIA reabrieron la línea de investigación. El propio presidente Javier Milei defendió a Vázquez señalando que «es la persona que más sabe de la estructura impositiva en la Argentina», justificando así su permanencia en el cargo pese a las causas abiertas.
Doble estándar en la cima del fisco
La combinación de estos elementos configura un cuadro institucional de difícil sostenimiento: el organismo que persigue la evasión de la AFA está conducido por un funcionario al que la Justicia investiga por los mismos tipos de delitos que le imputa a los dirigentes del fútbol. En ese contexto, la credibilidad y la consistencia de la acción fiscal quedan expuestas a una contradicción que el Gobierno no parece dispuesto a resolver.
Puntos clave:
– ARCA presentó una nueva denuncia contra la AFA por facturas apócrifas por más de $916 millones correspondientes a servicios que no habrían existido.
– El fiscal Navas Rial investiga evasión agravada y asociación ilícita fiscal contra Tapia, Toviggino, Lorenzo, Malaspina y Blanco.
– La causa anterior, por retención indebida de $19.300 millones, ya tiene a Tapia y Toviggino con citación a indagatoria.
– El director ejecutivo de ARCA, Andrés Vázquez, enfrenta un pedido de indagatoria por propiedades no declaradas en Miami valuadas en USD 2,1 millones.
– El Gobierno mantiene a Vázquez al frente de ARCA pese a las investigaciones por enriquecimiento ilícito, lavado y evasión.
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