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Judiciales

Integrante de Revolución Federal se despegó de movidas clave de Jonathan Morel

Uno de los imputados en la causa por las amenazas a Cristina tomó distancia del carpintero líder de la agrupación, principalmente en lo relacionado a las consignas que lanzaba en las redes sociales o durante las marchas y también de los movimientos financieros millonarios vinculados a su emprendimiento.

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Leonardo Sosa, uno de los cuatro imputados por incitación a la violencia colectiva desde «Revolución Federal», sostuvo ante la Justicia que los movimientos financieros de su consorte de causa Jonathan Morel eran «totalmente ajenos» a la agrupación, en su declaración indagatoria en la causa.

Además, tomó distancia de Morel en relación a las consignas que éste último lanzaba en vivos de redes sociales o durante las marchas y sostuvo que a muchas de ellas no adhería, informaron fuentes judiciales.

Sosa se había negado a declarar apenas quedó detenido por orden del juez de la causa Marcelo Martínez De Giorgi, pero luego pidió hablar y su ampliación de indagatoria se concretó vía Zoom el martes último, horas antes de un fallo de la Cámara Federal porteña que lo excarceló, al igual que a Morel y otros dos detenidos Sabrina Basile y Gastón Guerra.

«Se intentó vincular el financiamiento con movimientos totalmente ajenos a la agrupación de parte de mi compañero Jonathan Morel pero entiendo que el tendrá que dar explicaciones sobre su trabajo», declaró en relación a transferencias recibidas por Morel y allegados desde la empresa «Caputo Hermanos» por supuestos trabajos de carpintería en emprendimientos inmobiliarios.

Esas transferencias están bajo investigación en la causa y Sosa sostuvo que la carpintería de Morel «no tenía nada que ver» con la agrupación salvo algún armado de «maqueta o las antorchas, pero nada más», según la declaración indagatoria.

«Los pocos artefactos comprados, como el megáfono, fue en cuotas. No nos daba el bolsillo, si Morel habrá tenido plata o no, desconozco, pero a Revolución Federal no llegó ese nivel ostentoso de plata», detalló.

Sosa explicó que a pedido de simpatizantes que se fueron acercando ante las convocatorias realizadas desde mayo último, abrió una cuenta en una aplicación conocida como «cafecito», en la que se recibieron donaciones y que ese fue el dinero que usaba para algunos gastos.

En relación a la parte de la acusación vinculada a la difusión de «mensajes de odio», sostuvo que lo que hizo Revolución Federal fue «agarrar consignas ya existentes» en redes sociales y ya «instaladas en los medios» para usarlas en manifestaciones y protestas. «No se bien a qué se refieren», señaló el imputado durante la indagatoria.

Sosa se refirió a «discordia y peleas» entre integrantes porque «había desorganización del lado de Jonathan, lamentablemente» y puso como ejemplo el uso de los «vivos» en redes sociales, donde Morel «abría una sala y muchas veces yo me encontré con viralizaciones en medios de frases y cosas que él había dicho muy fuertes»

«Me enteraba por medio de los medios de comunicación de lo que había dicho mi compañero en una red que yo administraba en parte, nunca me esperaba que aparecieran estos mensajes o palabras subidas de tono del lado de él», subrayó.

Ante la fiscalía y el juzgado aclaró que «siempre se escucha la voz de él. A nivel personal mío, Leonardo Sosa, creo que no se escucha ninguna. Además de que no adhiero a esos comentarios», enfatizó.

Sosa puso como ejemplo «el tema de la guillotina» usada en una de las protestas. «Costó de mi lado aceptarlo pero él terminó redoblando la apuesta con el cartel ‘todos presos o muertos’. Esas lamentablemente tengo que decir que eran expresiones que surgían de él. No fueron expresiones salidas de mi boca», aseguró.

También agregó que el dinero secuestrado en su casa, 49.100 dólares, son «los ahorros de toda su vida» del padre, que «está esperando que lo citen para justificarlo».

El juez de la causa, Marcelo Martínez De Giorgi, tiene que resolver las situaciones procesales de los cuatro imputados.

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Un banco demoró más de tres horas en atender a sus clientes en Salta y fue sancionado

La Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Salta no hizo lugar al recurso de apelación de la entidad bancaria y confirmó la multa impuesta por la Secretaría por infracción al artículo 8 bis de la ley 24.240.

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El Banco Santiago del Estero deberá pagar una multa de $900 mil impuesta por la Secretaría de Defensa del Consumidor de Salta y ratificada por la justicia provincial, por una demora de más de tres horas en la atención de sus clientes, informaron hoy fuentes judiciales.

La Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Salta no hizo lugar al recurso de apelación de la entidad bancaria y confirmó la multa impuesta por la Secretaría por infracción al artículo 8 bis de la ley 24.240.

En su recurso, el banco alegaba que el día de la verificación que dio lugar a la multa había una «demora en la atención al público por una falla en el sistema operativo del banco, que fue debidamente informada a los asistentes y certificada por la auditoría interna».

Además, dijo que garantizaba «la atención preferente de las personas con capacidades diferentes, movilidad reducida, embarazadas y mayores de 70 años, para los cuales tiene una caja especial», y que el edificio es confortable, tiene aire y cuenta con sanitarios para los clientes.

La norma establece que los proveedores deberán garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los consumidores y usuarios, y deberán abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorios.

Asimismo, determina que tales conductas, además de las sanciones previstas en la ley mencionada, podrán ser pasibles de la multa civil establecida en el artículo 52 bis, sin perjuicio de otros resarcimientos que correspondieren al consumidor, siendo ambas penalidades extensivas solidariamente a quien actuare en nombre del proveedor.

El juez Alejandro Lávaque y la jueza Verónica Gómez Naar citaron el capítulo II de la ley provincial 7800, que establece que «todas las dependencias públicas y los establecimientos privados que brinden atención al público deben garantizar que el tiempo de espera de los mismos no supere el término de 30 minutos».

En tanto, la ley 24.240 prescribe que se debe considerar como «práctica abusiva» y contraria al «trato digno» de usuarios y consumidores al tiempo de espera superior a los 60 minutos para ser atendidos, aún cuando se provea de asientos, existan instalaciones sanitarias y un orden de atención sea según talón numerado.

En este caso, el acta de verificación respectiva corroboró que la demora en la atención del banco «era excesiva y que el hecho encuadraba en las previsiones del artículo 5 de la ley 7800».

La falla aludida por el banco «no es justificativo» pues «además de que se ha producido durante la primera hora de atención ha tenido una duración de entre veinte y cuarenta y tres minutos, lo que no guarda relación con las tres horas que tuvieron que esperar los usuarios para ser atendidos.»

Los jueces citaron precedentes según el cual «el banco no puede eximirse de su responsabilidad aduciendo inconvenientes causados porque algunos días del mes tiene mayor afluencia de clientes, ya que es esperable de su parte una conducta y procedimientos internos acordes a los estándares esperados».

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