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Judiciales ⚖️

Integrante de Revolución Federal se despegó de movidas clave de Jonathan Morel

Uno de los imputados en la causa por las amenazas a Cristina tomó distancia del carpintero líder de la agrupación, principalmente en lo relacionado a las consignas que lanzaba en las redes sociales o durante las marchas y también de los movimientos financieros millonarios vinculados a su emprendimiento.

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Leonardo Sosa, uno de los cuatro imputados por incitación a la violencia colectiva desde «Revolución Federal», sostuvo ante la Justicia que los movimientos financieros de su consorte de causa Jonathan Morel eran «totalmente ajenos» a la agrupación, en su declaración indagatoria en la causa.

Además, tomó distancia de Morel en relación a las consignas que éste último lanzaba en vivos de redes sociales o durante las marchas y sostuvo que a muchas de ellas no adhería, informaron fuentes judiciales.

Sosa se había negado a declarar apenas quedó detenido por orden del juez de la causa Marcelo Martínez De Giorgi, pero luego pidió hablar y su ampliación de indagatoria se concretó vía Zoom el martes último, horas antes de un fallo de la Cámara Federal porteña que lo excarceló, al igual que a Morel y otros dos detenidos Sabrina Basile y Gastón Guerra.

«Se intentó vincular el financiamiento con movimientos totalmente ajenos a la agrupación de parte de mi compañero Jonathan Morel pero entiendo que el tendrá que dar explicaciones sobre su trabajo», declaró en relación a transferencias recibidas por Morel y allegados desde la empresa «Caputo Hermanos» por supuestos trabajos de carpintería en emprendimientos inmobiliarios.

Esas transferencias están bajo investigación en la causa y Sosa sostuvo que la carpintería de Morel «no tenía nada que ver» con la agrupación salvo algún armado de «maqueta o las antorchas, pero nada más», según la declaración indagatoria.

«Los pocos artefactos comprados, como el megáfono, fue en cuotas. No nos daba el bolsillo, si Morel habrá tenido plata o no, desconozco, pero a Revolución Federal no llegó ese nivel ostentoso de plata», detalló.

Sosa explicó que a pedido de simpatizantes que se fueron acercando ante las convocatorias realizadas desde mayo último, abrió una cuenta en una aplicación conocida como «cafecito», en la que se recibieron donaciones y que ese fue el dinero que usaba para algunos gastos.

En relación a la parte de la acusación vinculada a la difusión de «mensajes de odio», sostuvo que lo que hizo Revolución Federal fue «agarrar consignas ya existentes» en redes sociales y ya «instaladas en los medios» para usarlas en manifestaciones y protestas. «No se bien a qué se refieren», señaló el imputado durante la indagatoria.

Sosa se refirió a «discordia y peleas» entre integrantes porque «había desorganización del lado de Jonathan, lamentablemente» y puso como ejemplo el uso de los «vivos» en redes sociales, donde Morel «abría una sala y muchas veces yo me encontré con viralizaciones en medios de frases y cosas que él había dicho muy fuertes»

«Me enteraba por medio de los medios de comunicación de lo que había dicho mi compañero en una red que yo administraba en parte, nunca me esperaba que aparecieran estos mensajes o palabras subidas de tono del lado de él», subrayó.

Ante la fiscalía y el juzgado aclaró que «siempre se escucha la voz de él. A nivel personal mío, Leonardo Sosa, creo que no se escucha ninguna. Además de que no adhiero a esos comentarios», enfatizó.

Sosa puso como ejemplo «el tema de la guillotina» usada en una de las protestas. «Costó de mi lado aceptarlo pero él terminó redoblando la apuesta con el cartel ‘todos presos o muertos’. Esas lamentablemente tengo que decir que eran expresiones que surgían de él. No fueron expresiones salidas de mi boca», aseguró.

También agregó que el dinero secuestrado en su casa, 49.100 dólares, son «los ahorros de toda su vida» del padre, que «está esperando que lo citen para justificarlo».

El juez de la causa, Marcelo Martínez De Giorgi, tiene que resolver las situaciones procesales de los cuatro imputados.

Seguridad 🚨

Santa Fe les cobra a los padres de los amenazadores: “Cara la jodita”, la reacción ante la boleta de $6 millones

La boleta detalla el monto de la deuda, los medios de pago disponibles y establece un plazo de cinco días hábiles para abonar. Vencido ese término, el expediente se gira automáticamente a la Fiscalía de Estado para la etapa de cobro compulsivo.

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Santa Fe entregó la primera multa a padres por amenazas escolares: más de $6 millones

★ El gobierno de Santa Fe concretó la primera notificación de cobro a los responsables de amenazas escolares en la provincia: los padres de un menor identificado como autor de una intimidación recibieron una boleta por $6.024.944. La reacción del adulto notificado no tardó en circular: «Cara la jodita», dijo al recibir el documento, en una frase que el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, se encargó de difundir en su conferencia de prensa.

La primera notificación y sus alcances

El operativo de notificación fue realizado este lunes por la Policía de la Provincia de Santa Fe en la ciudad capital. El ministerio de Justicia y Seguridad provincial notificó a ambos progenitores del menor identificado como autor de una de las amenazas a escuelas, en carácter de responsables solidarios del gasto operativo.

La boleta detalla el monto de la deuda, los medios de pago disponibles y establece un plazo de cinco días hábiles para abonar. Vencido ese término, el expediente se gira automáticamente a la Fiscalía de Estado para la etapa de cobro compulsivo.

La maquinaria ya tiene 58 casos identificados

Cococcioni precisó que a la fecha ya se identificó a los responsables de 58 hechos, lo que implica a más de 70 personas involucradas, dado que varios casos cuentan con más de un autor o más de un adulto responsable.

«A medida que la Fiscalía valida las identidades, sean mayores o menores, punibles o no, se identifica a los responsables y automáticamente se emiten las intimaciones», explicó el ministro.

El mecanismo no distingue entre imputables e inimputables: lo que se cobra es el costo del operativo de seguridad desplegado por la amenaza, no una sanción penal directa sobre el menor. La obligación recae sobre los adultos responsables, independientemente de la situación legal del alumno.

Una medida en medio de una crisis nacional

Como informó este medio en coberturas anteriores, la ola de amenazas escolares sacudió al país en las últimas semanas, extendiéndose a al menos doce provincias con mensajes de formato casi idéntico: «Mañana tiroteo, no vengan».

El fenómeno se disparó tras el crimen de Ian Cabrera, el estudiante asesinado el 30 de marzo de 2026 en San Cristóbal, Santa Fe, en un hecho que conmocionó a la sociedad argentina y reabrió el debate sobre la violencia escolar y la imputabilidad de menores.

La True Crime Community (TCC), una subcultura digital transnacional que exalta las masacres escolares, fue señalada por la justicia santafesina y la Subsecretaría de Asuntos sobre el Terrorismo Internacional (SAIT) como uno de los vectores de propagación del fenómeno.

Frente a la crisis, las respuestas de los distintos gobiernos provinciales fueron dispares: desde reuniones interministeriales sin resultados concretos hasta operativos de allanamiento con adolescentes imputados. Santa Fe optó por una vía que combina la presión económica sobre los adultos responsables con la acción judicial sobre los menores identificados.

El debate de fondo que la boleta no resuelve

El gobierno santafesino presenta la medida como un efecto disuasorio. Sin embargo, el instrumento no apunta a las causas estructurales del fenómeno: la fragilidad de los entornos digitales que amplifican este tipo de conductas, la ausencia de programas de contención en las escuelas o la demora en la implementación efectiva de la Ley 27.801, que modificó el régimen penal juvenil pero cuya entrada en vigor plena aún está sujeta a un período de adecuación institucional de 180 días.

La frase del padre notificado, «cara la jodita», condensa en tres palabras lo que el Estado santafesino quiere transmitir: que las amenazas tienen un costo real y mensurable. Lo que resta ver es si ese costo alcanza para modificar conductas en un fenómeno que excede ampliamente el bolsillo familiar.

Puntos clave:

  • El gobierno de Santa Fe entregó la primera notificación de cobro a padres de un menor responsable de una amenaza escolar, por un monto de $6.024.944.
  • La notificación otorga un plazo de cinco días para abonar; vencido ese término, el caso pasa a la Fiscalía de Estado.
  • El ministerio identificó a responsables en 58 hechos, con más de 70 personas involucradas en total.
  • La medida impone la obligación de pago sobre los adultos como responsables solidarios, independientemente de la situación penal del menor.
  • El fenómeno de amenazas escolares se inscribe en una crisis nacional vinculada al crimen de Ian Cabrera y a la proliferación de la True Crime Community en entornos digitales.
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