DDHH
En campaña: Morales insiste en revocar la prisión domiciliaria de Milagro Sala
La dirigente aseguró que no tuvo nada que ver con la marcha por la reforma y denunció: “Quieren verme morir de a poco”.
La dirigente social Milagro Sala criticó hoy al gobernador jujeño y precandidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio (JxC), Gerardo Morales, como también a una parte de la Justicia provincial, por impulsar la revocación de la prisión domiciliaria en la que se encuentra y buscar su detención en una cárcel común pese a que su estado de salud, según señaló, «está empeorando cada vez más».
«La ilusión de Morales es que vuelva a la cárcel. Quieren verme morir de a poco. No le deseo a nadie este atropello», expresó Sala, que lleva siete años detenida en Jujuy por liderar un acampe, entre otras causas y condenas judiciales.
En declaraciones a la radio AM 750, Sala acusó al gobernador Morales y «a los fiscales Miguel Rivas, Sergio Lello Sánchez y Gustavo Arraya» de impulsar una medida para poner fin con la detención domiciliaria en la que se encuentra tras aducir, expresó, que su estado de salud es bueno.
«Mi condición (sanitaria) está empeorando cada vez más», aseguró Sala, quien padece una trombosis en una de sus piernas y también problemas renales, explicó.
A raíz de su cuadro de salud, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se manifestó en su momento a favor de evitar todo daño irreparable a la vida e integridad de Sala. Por ese motivo, solicitó que se garantizara que no volviera a ser alojada en un centro penitenciario.
Según la dirigente, los fiscales consideraron que el informe médico presentado en su momento ante el Superior Tribunal de Justicia jujeño no mencionó los problemas de sanitarios que padece. «En la última audiencia no dejaron que los médicos peritos que me representan muestren que mi salud está empeorando cada vez más», indicó.
«Tengo trombosis en la pierna, pero no en la lengua. Tengo derecho a opinar sobre lo que pasa en mi querida provincia. No puede ser que me tengan en un frasco encerada, sin que diga nada y llorando. Todo esto me perjudica psicológicamente», resaltó.
Por ese motivo, dijo que hace responsables de su estado de salud «a los fiscales serviles a Morales, quien expresó en varios medios que los va a instruir para que me lleven a la cárcel nuevamente».
«Morales me tiene podrida», afirmó Sala, y pidió al presidente Alberto Fernández «parar con estas locuras» del gobernador jujeño y compañero de fórmula presidencial del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en JxC.
El 29 de junio último la vivienda en la que Sala se encuentra detenida fue allanada en el marco de una causa derivada de las manifestaciones populares llevadas a cabo en Jujuy contra la reforma de la Constitución provincial.
«Yo no tuve nada que ver con la marcha del 20 de junio. Ese día vinieron un juez y un fiscal y comprobaron que estaba a derecho», aseguró.
DDHH
Abuelas de Plaza de Mayo alerta por la suspensión de entregas de kits de ADN en el exterior
El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.
La política de derechos humanos volvió a quedar en discusión tras la denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo: el Gobierno habría suspendido el envío de kits de ADN a consulados argentinos en el exterior, una herramienta clave para avanzar en la identificación de hijos de desaparecidos.
La medida impacta directamente sobre personas que viven fuera del país y que sospechan haber sido apropiadas durante la última dictadura. Sin esos kits, queda interrumpida la posibilidad de realizar pruebas de filiación sin viajar a la Argentina.
Un canal de búsqueda bloqueado
Desde la Red Internacional de Abuelas en Europa señalaron que el sistema funcionaba desde hace años sin inconvenientes. A través de consulados, las muestras se tomaban bajo supervisión oficial y eran enviadas para su análisis.
El argumento oficial, según trascendió, apunta a dificultades en la custodia de las muestras. Pero desde la organización lo rechazan de plano: sostienen que el mecanismo tenía validez y respaldo institucional desde hace casi dos décadas.
Impacto en el derecho a la identidad
La decisión golpea uno de los pilares del trabajo de Abuelas: el derecho a la identidad. Se estima que alrededor de 400 bebés fueron apropiados durante el terrorismo de Estado y aún falta restituir la identidad de muchos de ellos.
Organismos advierten que la suspensión de estos dispositivos ralentiza o directamente paraliza investigaciones que dependen de la voluntad de quienes viven en el exterior para iniciar el proceso.
Denuncias de desarticulación
Referentes del espacio también apuntaron contra la falta de articulación estatal. Señalan que la CONADI y áreas vinculadas a Cancillería quedaron debilitadas, lo que repercute en la continuidad de políticas públicas construidas durante años.
Las críticas no se limitaron a lo operativo: también denunciaron un retroceso en la política de memoria, verdad y justicia, con cuestionamientos a la falta de diálogo con los organismos.
El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.
En ese terreno, la denuncia de Abuelas marca algo más profundo: no sólo un problema de gestión, sino una disputa sobre el lugar que ocupan los derechos humanos en la agenda libertaria..
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