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Avanza la creación de Bicameral para investigar la reforma de la Constitución jujeña

El primer encuentro informativo se llevará a cabo a las 11.30 en la Sala 2 del segundo piso del Anexo «A» de la Cámara de Diputados de la Nación, la cual será presidida por la diputada nacional del FdT, Paula Penacca y asistirán comuneros indígenas, docentes y víctimas de los avances represivos.

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La Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos de la Cámara de Diputados inicia este jueves una serie de reuniones para avanzar en la creación de una Comisión Bicameral, para investigar la reforma de la Constitución de Jujuy y recibirá a comuneros indígenas, docentes y víctimas de los avances represivos.

El primer encuentro informativo se llevará a cabo a las 11.30 en la Sala 2 del segundo piso del Anexo «A» de la Cámara de Diputados de la Nación, la cual será presidida por la diputada nacional del Frente de Todos, Paula Penacca.

«Seguimos avanzando en este proyecto que tiene por objetivo investigar los abusos y violación de los derechos humanos por los hechos de violencia institucional que se dieron a partir de la reforma parcial de la Constitución de Jujuy», recordó la legisladora nacional y precandidata a senadora de Unión por la Patria (UxP), Leila Chaher.

En la oportunidad, se recibirán a referentes que integran el Tercer Malón de la Paz quienes marcharon hasta la ciudad de Buenos Aires para reclamar la inconstitucionalidad del texto normativo.

Asimismo, fueron invitados a exponer su situación las víctimas de la represión policial en Purmamarca, San Salvador de Jujuy y Humahuaca, además de abogados de derechos humanos y personas a las que se le iniciaron causas contravencionales o penales.

«Poner en funcionamiento al Congreso por este tema no es menor y celebro que se empiece a escuchar de manera institucional a las víctimas de la violencia institucional, sobre todo porque en la Legislatura de Jujuy solo se investiga quienes el espacio de Morales cataloga como violentos», aclaró.

En ese sentido sostuvo que, en la provincia de Jujuy, «se violaron derechos fundamentales, tal como se pronunciaron los organismos internacionales como CIDH y la ONU por lo que el Estado argentino tiene que responder y entendemos que a través de la Cámara de Diputados se puede avanzar».

Hoy además serán recibidos varios expositores que aportarán su mirada sobre la creación de una Comisión sobre Pueblos Indígenas con competencia en los temas referidos a la promoción de los derechos de estos, según lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El proyecto que se pondrá a consideración fue presentado por la diputada nacional Leila Chaher (FdT-Jujuy) para investigar los hechos de violencia institucional ocurrido a partir de la reforma de la Carta Magna de Jujuy, medida que fue impulsada por el gobernador y precandidato a vicepresidente, Gerardo Morales, con el apoyo del PJ jujeño lo cual generó controversias e incidentes en la capital jujeña.

En los últimos días una comitiva de diputados oficialistas viajó a Jujuy y se reunieron con víctimas que estuvieron detenidos tras los incidentes por la reforma. Además, recibieron un petitorio de parte del Malón de la Paz, una organización compuesta por pueblos originarios.

Buenos Aires

A 20 años de la desaparición de López, la recompensa sube pero la impunidad sigue intacta

El Gobierno bonaerense duplicó a $10 millones la recompensa por información sobre el paradero de Jorge Julio López, sobreviviente del «circuito Camps» que desapareció el 18 de septiembre de 2006, el mismo día en que se condenó a prisión perpetua a su torturador, Miguel Etchecolatz. Dos décadas después, la causa permanece sin resolución y sin responsables identificados.

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El Argentino Diario-Jorge Julio López.
El Ministerio de Seguridad bonaerense duplicó la recompensa por información sobre el paradero de López: pasó de $5 millones a $10 millones.

Dos décadas sin respuestas, sin culpables y sin el cuerpo de un sobreviviente que se atrevió a dar testimonio. A 20 años exactos de su segunda desaparición, Jorge Julio López sigue siendo la herida abierta más incómoda de la democracia argentina: un hombre que sobrevivió la dictadura para ser borrado en plena institucionalidad, el mismo día en que la Justicia condenaba a su torturador.

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires dispuso este viernes elevar de $5 millones a $10 millones la recompensa destinada a quien aporte datos fehacientes que contribuyan a determinar el paradero de López. El hombre, albañil y militante platense, fue visto por última vez el 18 de septiembre de 2006 cuando salía de su vivienda en Los Hornos, en las afueras de La Plata. Hoy tendría 96 años. La causa tramita en la Unidad Fiscal Federal de La Plata bajo el expediente FLP N° 509/2008, caratulado como «López, Jorge Julio s/ desaparición forzada de personas».

El testigo que incomodaba al poder

La historia de López es la de una doble persecución. El 27 de octubre de 1976, en plena dictadura cívico-militar, fue secuestrado y sometido a un periplo de terror por varios centros clandestinos de detención del denominado «circuito Camps», el entramado represivo montado en la provincia de Buenos Aires bajo el mando del general Ramón Camps. Permaneció detenido y fue sometido a torturas sistemáticas hasta su liberación en 1979, sin que mediara explicación alguna ni proceso judicial.

Décadas después, cuando la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad puso en el banquillo a los represores, López se convirtió en un testigo clave. Su testimonio fue determinante para que el ex comisario Miguel Etchecolatz fuera identificado como uno de sus torturadores y condenado como responsable de delitos de lesa humanidad. Etchecolatz fue jefe de la Dirección General de Investigaciones de la Policía Bonaerense durante la dictadura y una de las figuras más siniestras del aparato represivo de la provincia.

La desaparición en democracia

El 18 de septiembre de 2006 es una fecha que resume toda la brutalidad del caso. Ese mismo día, el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata leía los alegatos y el veredicto que condenaba a Etchecolatz a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio. López había prestado declaración en ese juicio. Pero no llegó a escuchar la condena: desapareció antes de que terminara la jornada.

Lo que ocurrió ese día no fue solo una desaparición: fue una señal de advertencia dirigida a quienes se atrevieran a testimoniar contra los perpetradores del terrorismo de Estado. La democracia argentina no pudo, o no quiso, proteger al hombre que más la había necesitado. Desde entonces, ningún gobierno logró esclarecer qué pasó con López ni identificar a los responsables de su segunda desaparición.

Veinte años, cero respuestas

La causa acumula dos décadas de investigación sin resultados concretos. El incremento de la recompensa anunciado este viernes por el Gobierno provincial es un gesto simbólico que, al mismo tiempo, deja en evidencia la magnitud del fracaso institucional: si después de 20 años el único recurso disponible es duplicar el monto de una recompensa, el Estado reconoce implícitamente que no tiene respuestas propias.

Las organizaciones de derechos humanos llevan dos décadas sosteniendo que la desaparición de López en democracia no fue un hecho aislado sino parte de una lógica de amedrentamiento a testigos que nunca fue desarticulada del todo. La impunidad en este caso es, también, un mensaje: los engranajes que hicieron posible la represión durante la dictadura no fueron completamente desmantelados.

Lo que tenés que saber

  • El Ministerio de Seguridad bonaerense duplicó la recompensa por información sobre el paradero de López: pasó de $5 millones a $10 millones.
  • Jorge Julio López desapareció el 18 de septiembre de 2006, el mismo día en que se condenó a prisión perpetua al ex comisario Miguel Etchecolatz, a quien López había señalado como su torturador.
  • Sobreviviente del «circuito Camps», López fue secuestrado el 27 de octubre de 1976 y estuvo detenido en centros clandestinos de La Plata hasta 1979.
  • La causa tramita como «desaparición forzada de personas» en la Unidad Fiscal Federal de La Plata (FLP N° 509/2008).
  • A 20 años de su desaparición en democracia, la causa no tiene responsables identificados ni se logró determinar su paradero.
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