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Espionaje ilegal: para Beraldi, Bertuzzi y Llorens «le toman el pelo a los argentinos»

El abogado de Cristina Fernández de Kirchner consideró que el fallo de los camaristas que sobreseía a Arribas y Majdalani «se basa en un análisis arbitrario»

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Carlos Beraldi, abogado de la vicepresidenta Cristina Kirchner, afirmó hoy que la resolución de los camaristas Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens de dictar la falta de mérito para los exdirectores de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Mjdalani en la causa que se sigue por espionaje ilegal al Instituto Patria durante el Gobierno de Mauricio Macri «es una tomadura de pelo para todos los argentinos», y consideró que ese fallo «se basa en un análisis arbitrario» por parte de los magistrados.

«La decisión de los jueces Bertuzzi y Llorens de dictar la falta de mérito para Arribas y Majdalani al entender que no hubo una asociación ilícita es una tomadura de pelo para todos los argentinos. Nos dicen todo el espionaje ilegal fue obra de un grupo de cuentapropistas sin conexiones con los mandos superiores. Está claro que había una organización delictiva», sostuvo Beraldi en declaraciones a radio 10

En su resolución, los magistrados beneficiaron con la misma medida a Darío Nieto, exsecretario privado durante la Presidencia de Macri. Por este motivo, el abogado de la vicepresidenta presentó ayer un recurso de Casación para que se «revise esta sentencia; se anule y se envié a la justicia federal competente», que a su entender es la Lomas de Zamora, y solicitó además la recusación de Llorens y Bertuzzi.

«Estos señores le dieron un certificado de defunción a la investigación. Realizaron un análisis arbitrario y tergiversaron pruebas. Quebraron la unidad de derecho y la visión que permite afirmar que estamos en presencia de asociación ilícita. Cada vez que se prueba el espionaje ilegal en cada uno de los casos, la actuación se circunscribe solo a quienes actuaron operativamente y a los superiores no le cabe responsabilidad», señaló Beraldi.

La causa denominada «espionaje ilegal» determinó que un grupo de agentes de la AFI espió en su domicilio y, luego, en el Instituto Patria a la vicepresidenta, además de tareas de seguimiento a dirigentes, sindicalistas, jueces y periodistas.

Bertuzzi y Llorens, en su fallo, dijeron no haber encontrado evidencia de «asociación ilícita» y que se trataba de acciones aisladas de espionaje y por ello confirmaron los procesamientos de los agentes de la AFI que utilizaban un grupo de Whatsapp denominado «Súper Mario Bross». El abogado advirtió que :»el espionaje ilegal es algo de lo que se esta hablando en todos los medios de comunicación y los magistrados deben dar directivas claras. Si la Corte Suprema no hace nada, obviamente que los tribunales tampoco van a hacer nada».

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Arroyo Salgado vinculó el caso Nisman con espias activos y funcionarios de Milei

La jueza federal de San Isidro, ex esposa del fiscal asesinado, lanzó una hipótesis explosiva en el Rotary Club porteño: señaló vínculos entre los partícipes del hecho, servicios de inteligencia, Río Turbio y funcionarios del gobierno nacional.

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Arroyo Salgado apuntó al corazón del poder: vinculó el caso Nisman con espias activos, Río Turbio y funcionarios de Milei

★ La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, ex esposa de Alberto Nisman y madre de sus hijas Iara y Kala, volvió a sacudir el escenario judicial y político con declaraciones de alto voltaje sobre la muerte del fiscal. Durante el almuerzo semanal del Rotary Club de Buenos Aires, realizado el miércoles en el Hotel Libertador, la magistrada sostuvo que los partícipes del hecho tendrían vínculos con servicios de inteligencia que operan en empresas ligadas a Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y con funcionarios del actual gobierno nacional.

«Magnicidio» sin responsables intelectuales a la vista

Ante una pregunta sobre las perspectivas de la investigación, Arroyo Salgado fue categórica respecto de sus escasas expectativas de justicia. «Difícilmente se llegue a determinar quiénes son los responsables detrás de este magnicidio», afirmó, utilizando un término que define la muerte como un crimen de Estado de máxima gravedad institucional.

Sin embargo, fue más precisa respecto de quienes habrían participado materialmente. «Sí los partícipes respecto de los cuales hay trascendidos, acerca de que tienen sus vínculos en los servicios de inteligencia que están operando hoy en empresas vinculadas a todo el desarrollo en Río Turbio y con vínculos con funcionarios públicos del actual gobierno», sostuvo la jueza, según pudo confirmar este medio. La declaración generó aplausos entre los presentes, aunque Arroyo Salgado evitó precisar identidades o detalles adicionales.

La magistrada también calificó el caso como «el acontecimiento de mayor impacto institucional desde el retorno de la democracia», en referencia a que Nisman era un fiscal en funciones que investigaba uno de los atentados más graves de la historia argentina, el de la AMIA, cuando fue hallado muerto el 18 de enero de 2015 con un disparo en la cabeza.

El peso de una figura que ya no es querellante

El rol de Arroyo Salgado en la causa por la muerte de Nisman tiene una historia propia. Tras el fallecimiento de su ex esposo, se presentó como querellante en representación de sus hijas, reclamando desde el primer momento que se trató de un homicidio. No obstante, en diciembre de 2018 desistió de ese rol mediante un escrito presentado ante el juez federal Julián Ercolini, quien conduce la investigación. En esa presentación, Arroyo Salgado alegó la necesidad de proteger a su familia, el desgaste emocional y la existencia de amenazas que no habían podido esclarecerse judicialmente.

Desde entonces, la única querellante activa en la causa es Sara Garfunkel, madre del fiscal. A más de once años del hecho, la Cámara Federal de Casación Penal sostiene el procesamiento por «homicidio agravado» de los únicos dos imputados: el ex asesor Diego Lagomarsino y el ex titular de la AMIA Rodolfo Haykel. Los autores intelectuales, si los hay, permanecen en la oscuridad.

Una Justicia «estructuralmente corrupta»

Las declaraciones sobre Nisman se enmarcaron en un diagnóstico más amplio que la magistrada trazó ante el auditorio rotario. Arroyo Salgado sostuvo que la corrupción en Argentina es «estructural» y que alcanza a los tres poderes del Estado, sin hacer distinciones entre gestiones ni colores políticos.

En ese contexto, definió al Consejo de la Magistratura como un «elefante burocrático» y reclamó que sean sometidos a juicio político y removidos de sus cargos muchos más jueces y fiscales. También advirtió sobre la expansión del crimen organizado y el narcotráfico en zonas de frontera, y sobre la debilidad estructural del Estado para enfrentar esos fenómenos.

Río Turbio, inteligencia y un esquema sin nombres

La referencia a Yacimientos Carboníferos Río Turbio, empresa estatal del sector energético ubicada en Santa Cruz, suma una dimensión estratégica a la hipótesis planteada. La eventual conexión entre servicios de inteligencia activos, estructuras vinculadas a esa empresa y funcionarios del gobierno de Javier Milei constituye una trama grave, aunque por el momento sustentada en «trascendidos», según la propia Arroyo Salgado, y sin identificación pública de los involucrados.

La causa Nisman continúa siendo uno de los expedientes más sensibles y políticamente disputados de la historia judicial argentina. Las nuevas declaraciones de quien fue la ex esposa del fiscal asesinado vuelven a instalar preguntas que el expediente formal todavía no ha podido responder.

Puntos clave

  • Sandra Arroyo Salgado, jueza federal de San Isidro y ex esposa de Nisman, vinculó a los partícipes del caso con servicios de inteligencia y Yacimientos Carboníferos Río Turbio.
  • Señaló presuntos vínculos con funcionarios del actual gobierno sin precisar identidades, citando «trascendidos».
  • Calificó la muerte de Nisman como un «magnicidio» y el «acontecimiento de mayor impacto institucional desde el retorno de la democracia».
  • Fue querellante en la causa en representación de sus hijas hasta diciembre de 2018, cuando desistió del rol ante el juez Julián Ercolini.
  • Definió al Consejo de la Magistratura como un «elefante burocrático» y reclamó más remociones de magistrados.

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