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Arrestaron a «El Paisa» Aquino, el presunto dueño de la cocaína envenenada

La Policía Bonaerense detuvo a Joaquín Aquino alias «El Paisa» junto a otros siete sospechosos en Puerta 8 y secuestraron 16 mil dosis de droga

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Detuvieron a “El Paisa”, el sospechoso de ser el dueño de la cocaína envenenada en Puerta 8
Joaquín Aquino, vinculado a “Alicho”, otro narco pesado de la zona, fue arrestado en una redada junto a otros siete acusados. Se secuestraron 16 mil dosis de droga similar a la incautada en el asentamiento de Tres de Febrero

En las últimas horas, la Dirección de Investigaciones Contra el Crimen Organizado de la Policía Bonaerense allanó nueve objetivos en busca de los responsables de la droga envenenada que le costó la vida a 20 personas y que según sus testimonios fue vendida en el asentamiento Puerta 8 de Tres de Febrero. Hubo ocho detenidos, según confirmaron fuentes del caso. Se secuestraron armas y 16 mil dosis de cocaína con un envoltorio traslúcido color magenta similar al incautado ayer en la zona donde la droga sospechada fue vendida.

Entre los acusados del caso que fueron hallados hoy, con un operativo bajo las ordenes del magistrado Juan Manuel Culotta y el fiscal Paul Starc de Tres de Febrero, se encuentra un posible capo: Joaquín Aquino, “El Paisa”, ligado a Max Alí Alegre, alias “Alicho”, cuyo nombre surge en la causa por el brutal asesinato sicario de un inspector de la Policía Federal. Los procedimientos, esta vez, se realizaron en Ezeiza, Esteban Echeverría, Villa Loyola y Villa Sarmiento.

En la redada secuestraron 15 mil dosis de droga envenenada

“El Paisa”, nacido en Paraguay en agosto de 1988, fue arrestado en una casa en José C. Paz, donde tenía una Glock 9 milímetros con la numeración limada y tres celulares. También tenía un pedido de captura pendiente, según pudo confirmar este medio: gozaba de una excarcelación concedida bajo caución juratoria en una causa iniciada en 2018, elevada a juicio al Tribunal Federal N°1 de San Martín, estaba libre de palabra. Al no presentarse a la Justicia, fue declarado rebelde a mediados de 2020.

Aquino estaba en el radar de la Justicia federal al menos desde el 9 de noviembre pasado, cuando la PROCUNAR -el ala de la Procuración dedicada a investigar delitos de narcotráfico- presentó una investigación preliminar en la Justicia federal con información provista por Crimen Organizado de la Bonaerense tras un extenso trabajo de campo. Según datos del expediente, Aquino, mencionado explícitamente en las actuaciones elevadas a la Justicia, sería el encargado de la recaudación de la banda, un traficante movedizo que cambiaba de domicilio rápidamente, alojado por la familia de su pareja, principalmente en la Villa Loyola.

Los vínculos de “El Paisa” parecen temibles. La Bonaerense lo conectó con sus tareas de inteligencia a dos capos de la historia reciente de San Martín: “Alicho” Aguirre y Blas Gómez. Sus nombres resuenan en el crimen de Ricardo González, inspector de la Federal, encontrado muerto de ocho tiros dentro de su camioneta en julio del año pasado, en la calle Congreso de Loma Hermosa.

Se encontró un mensaje manuscrito junto al cuerpo, mafia pura a simple vista. La nota decía, en tinta roja: “RENGO PACHECO 10 MILLONES POR MÍ, ACÁ TENÉS TUS 10 MILLONES, ATENTAMENTE, SAN MARTIN”. “El Rengo” es Javier Alejandro Pacheco, uno de los narcos históricos de San Martín, regente de la cocaína de la villa 9 de Julio en el municipio, detenido este año junto con todo su clan. González tenía otra nota escrita, un dato que confirma una alta fuente del caso. Se la encontraron en el bolsillo de su campera. Decía: “BLAS ADRIÁN GÓMEZ M=1 – P 2 GORDO BLAS AVICHO”.

Blas Gómez también tiene su historia: fue buscado por la Federal por el asesinato de Alan Dolz, agente encubierto de la Superintendencia de Drogas Peligrosas que fue baleado en el interior de la Villa Loyola en 2017. Presos, “Alicho” y Blas comandaban la organización desde la cárcel con lugartenientes como Aquino y Ramón Medina, detenido también en la mañana de hoy.

El informe, sin embargo, no menciona a Puerta 8 como foco de venta. Aquino fue, originalmente, listado como jefe en la Villa Sarmiento, a la que se dirigía con su Ford Focus. Otro de sus domicilios frecuentes está en la Villa 18 de Billinghurst, territorio histórico de “Mameluco”. Según fuentes en Puerta 8, la droga envenenada proviene de una alianza entre dealers locales y, precisamente, “gente de La 18″. Fuentes policiales aseguran que la banda de Aquino supuestamente controlaba y proveía kioskos dealer en el asentamiento de Tres de Febrero que fue allanado ayer.

Existen rumores en la frecuencia baja del hampa de que la droga envenenada obedecería a una interna mafiosa, una venganza en donde un traficante intenta correr a otro para ganar su territorio. La Justicia de instrucción de San Martín comparte la misma línea. Para un avezado investigador federal involucrado en el caso, la teoría no tiene demasiado sentido.

“Como mínimo, tenés que infiltrarle la organización y ponerle un tipo en el lugar del corte. Eso, de por sí, es difícil. Es más fácil ir y matarlos a tiros a todos. Y también tenés que pensar en los adictos. No se van a ir a comprar a otra villa porque la de Puerta 8 está envenenada. No funciona así”, asegura: “Lo que acá pasó, seguramente, es que un estúpido rebajó con cualquier cosa”. Por lo pronto, la UFI N°16 de San Martín ordenó el inicio de pericias en laboratorios de la Procuración para determinar qué había en ese polvo mortal.

Lo cierto es que el dato y la chance para arrestar a Aquino y sus cómplices estaban ya en poder de la Justicia federal desde noviembre último con varios domicilios investigados, incluida la casa donde “El Paisa” fue encontrado esta mañana.

DDHH

20 años de ESI: Milei desfinancia la Ley que salva vidas

La Ley 26.150 de Educación Sexual Integral fue sancionada el 4 de octubre de 2006 y llega a sus 20 años con un presupuesto de apenas 30 millones de pesos, el 2% de lo ejecutado en 2023.

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Entre 2017 y 2023, se registraron 15.699 casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual en la Argentina, y en 8 de cada 10 casos el agresor pertenecía al círculo familiar o de confianza de la víctima.

Ese dato, relevado por Amnistía Internacional, no es una estadística abstracta: es el argumento más contundente para sostener que la Educación Sexual Integral no es una política optativa, sino una herramienta de protección concreta.

El 4 de octubre de 2026 se cumplen 20 años de la sanción de la Ley 26.150 de ESI, y la fecha llega con una paradoja que define la agenda del gobierno libertario: la ley existe, la demanda social crece, los números prueban su eficacia, y el Estado la desfinancia.

La ley fue sancionada el 4 de octubre de 2006 durante la presidencia de Néstor Kirchner. Dos décadas después, según datos de ELA y ACIJ, el Presupuesto 2026 asigna a la ESI apenas 30 millones de pesos, el 2% de lo ejecutado en 2023, en el marco de una caída del 89% en las principales políticas de género desde que asumió Javier Milei.

La ESI salva vidas: los números que el gobierno ignora

Una encuesta de Amnistía Internacional de 2025 señala que el 71% de los jóvenes de entre 16 y 30 años se manifiesta de acuerdo con la ESI. Según la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 85% de los estudiantes de nivel secundario reconoce la ESI como necesaria e importante. Los estudios sobre el impacto de la ley muestran que la ESI contribuyó a reducir en un 49% la tasa de fecundidad en niñas y adolescentes de 10 a 19 años, y que el 80% de los niños, niñas y adolescentes que denunciaron abusos lo hicieron luego de tener una clase de ESI en la escuela.

A eso se suman los datos sobre violencia digital: según UNICEF (2025), más de 107.900 casos de explotación infantil fueron impulsados por inteligencia artificial, y más del 37% de los jóvenes reporta exposición a imágenes obscenas o pornográficas, mientras que un 24% señaló haber accedido a contenido de violencia extrema. Los territorios digitales son ya espacios donde niñeces y adolescencias se vinculan, exploran y también padecen violencias que la ESI todavía no ha terminado de incorporar.

La Guía Ema: cuando una adolescente nos puso de cara a la violencia digital

En ese contexto nació la Guía Ema. La herramienta lleva el nombre de Ema Bondaruk, una adolescente de 15 años que se suicidó luego de que un compañero viralizara imágenes íntimas sin su consentimiento, un caso que sacudió a la comunidad educativa y que impulsó a su familia y a organizaciones sociales a construir una respuesta colectiva. La Guía, elaborada junto a la diputada Mónica Macha, impulsora histórica de la ESI, aporta herramientas para abordar las violencias digitales de género en el ámbito educativo, promoviendo información, consentimiento y vínculos cuidados.

Macha lo sintetizó: «Se cumplen 20 años de la Ley de Educación Sexual Integral. Una ley que vino a transformar y reparar.» Y sumó: «La Guía Ema viene a sumar herramientas a la ESI porque nos permite pensar el consentimiento en los entornos digitales, territorios que también habitan las niñeces y adolescencias. Hoy, y siempre, más escucha y más protección. Y, sobre todo, más ESI para crear otros mundos.»

La herramienta parte de un principio rector: «Una imagen o un video puede haber sido creado con consentimiento, pero su difusión o viralización sin autorización es una forma de violencia.« En ese punto, la Guía Ema articula la Ley Olimpia, que incorporó la violencia digital como modalidad de violencia de género, con la pedagogía de la ESI.

El gobierno que desfinancia y deroga

El contraste entre la demanda social y la decisión política del gobierno de Milei no admite matices. El Presupuesto 2026 no proyecta capacitar a ningún docente en ESI ni brindar asistencia técnica en ninguna provincia. Las metas directamente desaparecieron del texto presupuestario.

En 2025, el gobierno también derogó por decreto el artículo 3° de la Ley 27.234, que establecía la obligatoriedad de realizar al menos una jornada anual de prevención de la violencia de género en los establecimientos educativos. La Línea 144, principal canal de atención a víctimas de violencia, redujo un 45% su planta de trabajadoras luego de perder dos tercios de su presupuesto en 2024.

El propio Milei había anticipado su postura en 2023, cuando definió la ESI como parte de la ideología de género. Sus aliados en el Congreso fueron más lejos: hubo legisladores de La Libertad Avanza que propusieron reemplazarla por pornografía. El resultado político de esa agenda se tradujo en números: las principales políticas destinadas a prevenir y atender la violencia de género cayeron un 89% desde 2023, según el análisis de ELA y ACIJ sobre el Presupuesto 2026.

La ESI es revolucionaria: habilita voces y pone nombre a violencias

Frente al vaciamiento, la demanda crece y la sociedad responde. Los datos de Amnistía (2025) que muestran que el 71% de los jóvenes apoyan la ESI son también una lectura política: el discurso anti-ESI del gobierno no encontró anclaje en quienes más la necesitan. Las organizaciones de derechos humanos, los movimientos feministas y las comunidades educativas celebraron el 20° aniversario con la misma consigna que atraviesa dos décadas de lucha: más ESI, no menos. La ESI es revolucionaria porque habilita voces y pone nombre a violencias invisibilizadas y naturalizadas. Eso, exactamente, es lo que el gobierno de Milei decidió desfinanciar en el año en que la ley cumple su mayoría de edad.

Lo que tenés que saber de la sanción de la ESI

  • La Ley 26.150 de ESI cumple 20 años. El Presupuesto 2026 le asigna apenas 30 millones de pesos, el 2% de lo ejecutado en 2023.
  • Entre 2017 y 2023 se registraron 15.699 casos de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual; en 8 de cada 10, el agresor era del entorno familiar o de confianza.
  • La diputada Mónica Macha presentó la Guía Ema, herramienta educativa para abordar la violencia digital de género, en memoria de Ema Bondaruk.
  • El gobierno de Milei derogó la obligatoriedad de jornadas de prevención de violencia de género en escuelas y las políticas de género cayeron un 89% en el Presupuesto 2026.
  • El 85% de los estudiantes secundarios reconoce la ESI como necesaria e importante, y el 80% de quienes denunciaron abusos lo hicieron tras tener una clase de ESI.

Foto: Redes @LLUVIADIBUJA

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