Soberanía energética
Preska “no es competente” para embargar acciones de YPF, afirmó ex procurador del Tesoro
Carlos Balbín cuestionó el alcance jurisdiccional de la jueza de Nueva York. “No está habilitada ni siquiera por la ley norteamericana”, aseguró.
El ex procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Balbín, afirmó que la jueza federal de Nueva York Loretta Preska “no tiene competencia” para ordenar el embargo de las acciones de YPF en el marco del litigio con los fondos Burford Capital y Eton Park. En declaraciones a Radio Rivadavia, Balbín sostuvo que la magistrada “no está habilitada ni siquiera por la propia ley norteamericana a embargar bienes de la Argentina”, y advirtió que la medida afecta bienes situados fuera de la jurisdicción estadounidense.
“No está habilitada por la propia ley norteamericana”
Balbín, quien fue jefe de los abogados del Estado durante la presidencia de Mauricio Macri, subrayó que Preska carece de competencia para ejecutar sentencias sobre bienes situados en la Argentina:
“La jueza no tiene competencia ni potestad para ejecutar la decisión, no está habilitada ni siquiera por la propia ley norteamericana a embargar bienes de la Argentina”, sostuvo el ex funcionario.
Según explicó, las acciones de YPF están domiciliadas en el país y no pueden ser alcanzadas por un fallo dictado desde otra jurisdicción. “Se trata de bienes de la República Argentina que no se encuentran en Nueva York sino en el Estado argentino”, puntualizó.
Defensa del accionar del Estado argentino
Balbín consideró “correcta” la decisión del Gobierno nacional de apelar el fallo y no acatar la sentencia dictada por la jueza Preska. También reivindicó la legalidad de la expropiación de YPF realizada en 2012, aunque desligó esa evaluación de la discusión judicial actual.
“La expropiación ha sido correcta, más allá de la decisión política”, afirmó.
En esa línea, recordó que la Constitución y la ley argentina autorizan al Estado a expropiar bienes mediante una ley del Congreso y el pago de una indemnización previa.
“El Estado argentino, a través de la ley que aprobó el Congreso por mayoría, decidió expropiar las acciones de YPF. Eso es correcto”, dijo.
Clave: no hubo prórroga de jurisdicción
Una parte central del planteo de Balbín reside en que el caso YPF no tiene los mismos alcances jurídicos que los juicios por bonos de deuda externa. En este último tipo de litigios, el Estado argentino acepta —explícitamente— someterse a tribunales extranjeros mediante la llamada “prórroga de jurisdicción”. Pero en el caso de YPF, eso no ocurrió.
“En el caso de YPF no existe prórroga de jurisdicción. Es decir, el país no delegó en tribunales extranjeros la potestad de juzgar y resolver este tipo de conflictos”, explicó.
En ese marco, opinó que el núcleo del litigio en Estados Unidos no debería ser la legalidad de la expropiación ni la falta de indemnización, sino “la no competencia de la jueza norteamericana”.
Puntos clave:
- Carlos Balbín afirmó que Loretta Preska “no tiene competencia” para embargar acciones de YPF.
- Dijo que la jueza “no está habilitada ni siquiera por la ley de EE.UU.” para ejecutar el fallo.
- Aclaró que las acciones están en Argentina, fuera del alcance jurisdiccional de Nueva York.
- Respaldó la legalidad de la expropiación realizada por ley del Congreso en 2012.
- Diferenció este caso de los de deuda externa: “No hubo prórroga de jurisdicción”.
Buenos Aires
Kicillof le compró baterías a Huawei antes del escándalo Lamelas y PBA sale a defender la decisión
Mientras el embajador de Estados Unidos amenazaba a cooperativas por usar tecnología china, la provincia de Buenos Aires ya había adjudicado a Huawei un contrato por $31.200 millones para baterías energéticas. El subsecretario bonaerense Gastón Ghioni rechazó cualquier cuestionamiento: «No creemos que ese debate deba interferir en las decisiones de la Provincia».
El escándalo diplomático desatado por las amenazas del embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, contra la cooperativa neuquina CALF por su contrato con Huawei dejó al descubierto una contradicción que el gobierno nacional no puede ignorar: antes de que Lamelas pusiera en jaque a los directivos de la cooperativa con la revocación de sus visas, la provincia de Buenos Aires, conducida por Axel Kicillof, ya había adjudicado formalmente a la tecnológica china la provisión de equipamiento para un sistema de almacenamiento de energía en baterías. El contrato, cuya licitación se aprobó en junio, asciende a $31.200 millones y está en proceso de implementación.
La información, que había pasado desapercibida, adquirió una relevancia política inusitada a partir de las declaraciones del embajador en el foro de AmCham, donde Lamelas sostuvo que la presencia de Huawei en infraestructura energética argentina desalienta la inversión extranjera y que el Partido Comunista Chino exigiría acceso a los datos que transitan por esa tecnología.
La Provincia defiende la adjudicación y rechaza la injerencia
El subsecretario de Energía bonaerense, Gastón Ghioni, salió a respaldar la decisión con argumentos técnicos y políticos. «Huawei presentó la mejor oferta en el proceso de adjudicación y, en función de eso, no tenemos nada que objetar respecto de la decisión adoptada. Se trata de una empresa con una trayectoria reconocida, que viene trabajando desde hace años en Argentina con distintas empresas del sector privado y que tiene, además, una presencia importante a nivel internacional», declaró el funcionario ante una consulta periodística.
Ghioni fue más lejos al cuestionar el trasfondo del veto estadounidense: «Los cuestionamientos planteados por la Embajada de Estados Unidos dan cuenta de una intromisión que expresa, por un lado, la obediencia del gobierno nacional para con Estados Unidos; y por otro, la disputa comercial y tecnológica de este país con China». El funcionario concluyó que ese debate «no debe interferir en las decisiones que toma la Provincia de Buenos Aires en función de sus propias necesidades y prioridades».
Al mismo tiempo, Ghioni procuró separar la decisión de cualquier lectura de alineamiento geopolítico automático: «Nuestra posición no responde a una alineación automática con una potencia u otra. Lo que hacemos es evaluar, en cada caso, qué alternativa resulta más conveniente para la Provincia, con criterios técnicos, económicos y de eficiencia. En este caso, Huawei presentó la mejor oferta y fue adjudicataria conforme al procedimiento correspondiente».
Qué compraron y para qué sirve
El programa bonaerense contempla una potencia de 25 megawatts (MW) y una capacidad de almacenamiento de 125 MWh, distribuidos en cuatro nodos: Mar del Tuyú, Carmen de Areco, Arrecifes y Capitán Sarmiento. La inversión se financia con recursos del Adicional de Costo de Generación Distribuida. El equipamiento, una vez instalado, quedará en manos de la Provincia durante entre 15 y 20 años. La operación estará a cargo de Buenos Aires Energía S.A. (BAESA), la empresa estatal provincial del sector.
El sistema reemplaza el esquema utilizado en veranos anteriores, basado en generación móvil a gasoil, que resultaba más costoso e ineficiente. Según Ghioni, las baterías se activarán cuando TRANSBA, concesionaria del transporte de energía bonaerense, detecte saturación en las líneas de media tensión o en las subestaciones de 132 kV. La licitación se dividió en dos tramos: el de equipamiento, ya adjudicado a Huawei, y el de la obra civil, aún en proceso. La puesta en operación formal está prevista para enero de 2027.
Un esquema provincial que se inscribe en el plan nacional
El programa bonaerense no es un hecho aislado. Se inscribe en el marco de la convocatoria nacional AlmaSADI y de las estimaciones de CAMMESA sobre nodos con riesgo de saturación en el sistema eléctrico argentino. AlmaSADI es la continuación del plan AlmaGBA, la primera experiencia de almacenamiento a escala del país, que en 2025 adjudicó 713 MW en nodos críticos del AMBA con una inversión cercana a los USD 540 millones, hoy en obra. En julio de 2026, la Secretaría de Energía de la Nación formalizó además la adjudicación de otros 700,5 MW distribuidos en 20 proyectos de cinco empresas para el resto del país.
La lógica en ambos casos es la misma: reemplazar generadores a combustible por baterías de almacenamiento, más eficientes y de menor costo operativo a mediano plazo. La decisión bonaerense de adjudicar ese equipamiento a Huawei, en ese contexto, no fue una excepción sino el resultado de un proceso licitatorio en el que la empresa china compitió y ganó.
La contradicción que Milei no puede tapar
El caso pone en evidencia la doble vara con la que opera la política energética argentina en tiempos de disputa geopolítica entre potencias. Mientras el gobierno nacional de Javier Milei guarda silencio ante las amenazas de Lamelas, o incluso las convalida con su postura de alineamiento con Washington, la provincia de Buenos Aires ejecuta contratos con la misma empresa cuestionada por la embajada estadounidense, sin que eso haya generado hasta ahora ningún conflicto diplomático formal.
La pregunta que queda en el aire es inevitable: si la tecnología de Huawei representa un riesgo para la «seguridad de datos» en Vaca Muerta, como sostiene Lamelas, ¿qué explicación da la embajada sobre los nodos bonaerenses de Mar del Tuyú, Carmen de Areco, Arrecifes y Capitán Sarmiento, donde esa misma tecnología estará operativa desde 2027? La respuesta de la Embajada de los Estados Unidos, hasta el momento, es el silencio.
Puntos clave
- La provincia de Buenos Aires adjudicó a Huawei la provisión de baterías de almacenamiento energético por $31.200 millones antes de que estallara el escándalo Lamelas-CALF.
- El subsecretario de Energía bonaerense, Gastón Ghioni, defendió la decisión y calificó las presiones de la embajada de EE.UU. como una «intromisión» que expresa la «obediencia del gobierno nacional» a Washington.
- El sistema contempla 25 MW y 125 MWh distribuidos en cuatro nodos de la provincia; estará operativo en enero de 2027 y será administrado por BAESA.
- La adjudicación a Huawei fue el resultado de un proceso licitatorio en el que la empresa china presentó la mejor oferta técnica y económica.
- El gobierno nacional de Milei no cuestionó la compra bonaerense, lo que expone la inconsistencia de su posición frente a las presiones de Lamelas contra la cooperativa neuquina CALF.
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