Judiciales ⚖️
A la espera del testimonio de Maqueda, la Comisión de Juicio Político de Diputados retoma su trabajo
Fuentes parlamentarias estimaron que Maqueda podría no concurrir y enviar un informe escrito para responder a las acusaciones en su contra mientras estuvo al frente de la administración de la obra social.
La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retomará el próximo jueves el análisis del proceso de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, a la espera del informe del juez Juan Carlos Maqueda, a quien se lo citó por las irregularidades detectadas en torno a la administración de la obra social de los trabajadores judiciales (OSPJN).
El grupo de trabajo que preside la oficialista Carolina Gaillard (Frente de Todos) se reunirá desde las 11 en la sala 1 del edificio anexo, en la que será la decimoséptima reunión de trabajo desde que se inició el proceso, el pasado 26 de enero, y tras dos semanas de interrupción como consecuencia del calendario electoral.
Fuentes parlamentarias estimaron que Maqueda podría no concurrir y enviar un informe escrito para responder a las acusaciones en su contra mientras estuvo al frente de la administración de la obra social.
La citación a Maqueda había sido resuelta semanas atrás por los integrantes de la comisión por 16 votos, luego de la lectura de los cargos contra el magistrado, en la que el oficialismo logró imponer su mayoría ante el rechazo de la oposición a ese planteo, en el marco del proceso abierto en la Cámara de Diputados a los miembros del máximo tribunal por mal desempeño en sus funciones.
En la resolución, los diputados consideraron que los cargos contra Maqueda por el período en que el juez administró la obra social, entre abril de 2008 y octubre de 2021, están fundados a partir de la evidencia testimonial y documental que se fue acumulando desde que se inició el proceso a la Corte Suprema en febrero pasado.
Según esos testimonios, Maqueda está acusado por «consentir, por omisión, en el cumplimiento de funciones bajo su dominio, pérdidas y daños a la integridad física y al derecho a la salud de los afiliados y sus familias, así como perjuicios económicos irreparables a la OSPJN».
Dentro del bloque oficialista, con mayoría de 16 representantes en la comisión, se analizan por estas horas dos posibilidades: continuar con la recolección de pruebas de los expedientes que aún restan tratar o emitir ya dictamen sobre el caso de la obra social, el más contundente en cuanto a la confirmación de las hipótesis planteadas por el FdT.
Algunos de los integrantes del bloque que preside Germán Martínez se inclinan por aguardar y presentar todos los dictámenes juntos al final de la etapa de instrucción; otros quieren demostrar la eficacia de la comisión generando ya el dictamen en lo que tiene que ver con la cuestión del manejo de la OSPJN.
Mientras tanto, ese mismo jueves se iniciará el tratamiento de los expedientes relacionados con el fallo de la Corte Suprema en torno a la coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires, a fines del año pasado, y que motivó que en los primeros días del 2023 el presidente Alberto Fernández anunciara el pedido de juicio político.
Si bien cuando se trazó la hoja de ruta para abordar el tema de la coparticipación se había definido que se convocaría como testigos a Silvio Robles, colaborador del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti; al exministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro, así como a varios gobernadores y funcionarios del Gobierno nacional, entre ellos el ministro del Interior, Eduardo «Wado» De Pedro; aún no se resolvió avanzar con esas citaciones.
La idea es dejar a estos testigos para el final y avanzar primero con algún representante de la procuración del Tesoro Nacional; con los encargados de analizar las cuestiones técnicas económicas preliminares a los fallos de la Corte Suprema y con un par de funcionarios provinciales encargados de las cuentas y del cálculo de la coparticipación en sus jurisdicciones.
Además del tema de la obra social y de la coparticipación, la comisión trabajó sobre el fallo para aplicar el cómputo de «2×1» a un represor de la última dictadura militar y también la resolución que retrotrajo el funcionamiento del Consejo de la Magistratura.
Entre los 14 expedientes también hay acusaciones contra Rosenkrantz por sus intervenciones en causas en las que estaban involucradas empresas para las que había trabajado como abogado defensor.
Como complemento, diputados del FdT presentaron hace un par de meses una ampliación de las causales del juicio político por el fallo que suspendió las elecciones en San Juan y Tucumán, al considerar que en esos casos el máximo tribunal resolvió dos causas «con resultados de extrema gravedad institucional y peligrosa intromisión en en cuestiones de jurisdicción local».
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Los Adorni en la Justicia: imputan al hermano del jefe de Gabinete por duplicar su patrimonio en tiempo récord
La causa se abrió a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano por inconsistencias en su declaración jurada patrimonial. Francisco Adorni duplicó su patrimonio declarado en un año y canceló un crédito hipotecario de $60.000.000 en solo doce cuotas.
La familia Adorni bajo la lupa: imputan al hermano del jefe de Gabinete por enriquecimiento ilícito
★ El fiscal federal Guillermo Marijuán abrió una investigación e imputó a Francisco Adorni, diputado provincial de La Libertad Avanza y hermano del Jefe de Gabinete, por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La causa, radicada en el Juzgado Federal N° 6 por sorteo, se inició a partir de una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano. El apellido Adorni se multiplica en los pasillos de Comodoro Py.
El expediente quedó a cargo del juez Daniel Rafecas, quien subrogó el Juzgado Federal N° 6 y delegó la investigación en el fiscal Marijuán. La denuncia de Pagano apuntó a presuntas inconsistencias patrimoniales en las declaraciones juradas de Francisco Adorni, quien llegó al Estado nacional directamente de la mano de su hermano Manuel, primero como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y luego promovido, en junio de 2025, al frente del Instituto de Ayuda Financiera para el pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF).
La Jeep Renegade y el crédito hipotecario: los números que no cierran
Al momento de asumir funciones públicas, Francisco Adorni declaró ante la Oficina Anticorrupción un patrimonio que incluía el 50% de una vivienda en City Bell valuada en $38.790.000, el 50% de un vehículo Chery Tiggo modelo 2017 tasado en $5.000.000 y ninguna deuda. Sin embargo, en su declaración jurada correspondiente a 2025 informó un patrimonio neto de $80.500.000, más del doble respecto al período anterior.
Según consta en la causa, ese crecimiento patrimonial se explicaría, en lo fundamental, por dos operaciones: la incorporación del 50% de una camioneta Jeep Renegade 2020 valuada en $8.000.000 y, sobre todo, la cancelación en apenas doce meses de un crédito hipotecario otorgado por el Banco de la Provincia de Buenos Aires por aproximadamente $60.000.000. Pagano sostuvo en su denuncia que, si bien la adquisición del vehículo podría justificarse con los haberes percibidos como funcionario, el sueldo de Francisco Adorni resultaría claramente insuficiente para afrontar el pago total de las doce cuotas del préstamo en ese plazo.
El IAF: el segundo eje de la denuncia
Además del crecimiento patrimonial, la denuncia de Pagano abre un segundo frente de mayor gravedad institucional: el presunto vaciamiento del IAF, organismo que estuvo bajo la órbita directa de Francisco Adorni y que administra recursos del sistema de retiros y pensiones militares. Ese tramo de la causa vincula el enriquecimiento del legislador con su paso por una estructura estatal que maneja fondos de sectores sensibles de las Fuerzas Armadas.
La batería de medidas judiciales: más de 30 organismos notificados
En un dictamen de 19 páginas, el fiscal Marijuán ordenó una serie extensa de medidas de investigación. Dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Francisco Adorni y cursó requerimientos de información a más de 30 organismos públicos y privados, entre ellos: la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Inmueble (DNRPI), la Inspección General de Justicia (IGJ), la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Dirección Nacional de Migraciones.
A Migraciones se le solicitó informar cuántas veces salió del país el imputado, con qué destinos y, en caso de cruces terrestres, la identidad de sus acompañantes. El fiscal también pidió al Banco Provincia que remita el detalle pormenorizado de los pagos realizados para cancelar el crédito hipotecario durante los ejercicios 2024, 2025 y 2026. Asimismo, Marijuán solicitó al fiscal Gerardo Pollicita, a cargo de la causa contra Manuel Adorni, una certificación para determinar si Francisco está mencionado en ese expediente paralelo y en qué carácter.
El contexto: Manuel Adorni ya tiene su propio proceso judicial
La imputación de Francisco no es un episodio aislado. Su hermano, el Jefe de Gabinete Manuel Adorni, enfrenta desde hace meses una causa por presunto enriquecimiento ilícito que tramita ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. En esa investigación, según informes periodísticos previos, se reconstruye un esquema de gastos mensuales de entre 18.000 y 20.000 dólares que no guardarían relación con los ingresos declarados por el funcionario.
El patrimonio investigado en ese expediente ya supera los 840.000 dólares e incluye refacciones de lujo en una propiedad en el country Indio Cuá por 245.000 dólares abonados en efectivo y sin factura, una compra inmobiliaria en el barrio de Caballito escriturada por 230.000 dólares con modalidad de pago que generó sospechas y el uso del avión presidencial para traslados privados de su esposa.
En ese marco, la diputada Pagano también solicitó la detención de Manuel Adorni por presunto entorpecimiento de la justicia, al alegar que el funcionario intentó condicionar a testigos antes de sus declaraciones. El fiscal Marijuán aclaró en su dictamen que las menciones a Manuel Adorni contenidas en la nueva denuncia no formarán parte de este expediente, dado que el Jefe de Gabinete ya está sometido a proceso en una causa separada.
El Gobierno de Javier Milei, que llegó al poder enarbolando la bandera de la lucha contra la corrupción y la «casta», deberá dar respuestas sobre cómo su funcionario más mediático y su hermano acumulan frentes judiciales por presunto enriquecimiento ilícito mientras administran recursos del Estado.
Puntos clave
- El fiscal federal Guillermo Marijuán imputó a Francisco Adorni, hermano del Jefe de Gabinete, por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
- La causa se abrió a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano por inconsistencias en su declaración jurada patrimonial.
- Francisco Adorni duplicó su patrimonio declarado en un año y canceló un crédito hipotecario de $60.000.000 en solo doce cuotas.
- La denuncia también apunta al presunto vaciamiento del IAF, organismo que estuvo bajo su conducción.
- El Jefe de Gabinete Manuel Adorni enfrenta una causa paralela por enriquecimiento ilícito ante el juez Ariel Lijo.
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