La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retomará el próximo jueves el análisis del proceso de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, a la espera del informe del juez Juan Carlos Maqueda, a quien se lo citó por las irregularidades detectadas en torno a la administración de la obra social de los trabajadores judiciales (OSPJN).

El grupo de trabajo que preside la oficialista Carolina Gaillard (Frente de Todos) se reunirá desde las 11 en la sala 1 del edificio anexo, en la que será la decimoséptima reunión de trabajo desde que se inició el proceso, el pasado 26 de enero, y tras dos semanas de interrupción como consecuencia del calendario electoral.

Fuentes parlamentarias estimaron que Maqueda podría no concurrir y enviar un informe escrito para responder a las acusaciones en su contra mientras estuvo al frente de la administración de la obra social.

La citación a Maqueda había sido resuelta semanas atrás por los integrantes de la comisión por 16 votos, luego de la lectura de los cargos contra el magistrado, en la que el oficialismo logró imponer su mayoría ante el rechazo de la oposición a ese planteo, en el marco del proceso abierto en la Cámara de Diputados a los miembros del máximo tribunal por mal desempeño en sus funciones.

En la resolución, los diputados consideraron que los cargos contra Maqueda por el período en que el juez administró la obra social, entre abril de 2008 y octubre de 2021, están fundados a partir de la evidencia testimonial y documental que se fue acumulando desde que se inició el proceso a la Corte Suprema en febrero pasado.

Según esos testimonios, Maqueda está acusado por «consentir, por omisión, en el cumplimiento de funciones bajo su dominio, pérdidas y daños a la integridad física y al derecho a la salud de los afiliados y sus familias, así como perjuicios económicos irreparables a la OSPJN».

Dentro del bloque oficialista, con mayoría de 16 representantes en la comisión, se analizan por estas horas dos posibilidades: continuar con la recolección de pruebas de los expedientes que aún restan tratar o emitir ya dictamen sobre el caso de la obra social, el más contundente en cuanto a la confirmación de las hipótesis planteadas por el FdT.

Algunos de los integrantes del bloque que preside Germán Martínez se inclinan por aguardar y presentar todos los dictámenes juntos al final de la etapa de instrucción; otros quieren demostrar la eficacia de la comisión generando ya el dictamen en lo que tiene que ver con la cuestión del manejo de la OSPJN.

Mientras tanto, ese mismo jueves se iniciará el tratamiento de los expedientes relacionados con el fallo de la Corte Suprema en torno a la coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires, a fines del año pasado, y que motivó que en los primeros días del 2023 el presidente Alberto Fernández anunciara el pedido de juicio político.

Si bien cuando se trazó la hoja de ruta para abordar el tema de la coparticipación se había definido que se convocaría como testigos a Silvio Robles, colaborador del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti; al exministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro, así como a varios gobernadores y funcionarios del Gobierno nacional, entre ellos el ministro del Interior, Eduardo «Wado» De Pedro; aún no se resolvió avanzar con esas citaciones.

La idea es dejar a estos testigos para el final y avanzar primero con algún representante de la procuración del Tesoro Nacional; con los encargados de analizar las cuestiones técnicas económicas preliminares a los fallos de la Corte Suprema y con un par de funcionarios provinciales encargados de las cuentas y del cálculo de la coparticipación en sus jurisdicciones.

Además del tema de la obra social y de la coparticipación, la comisión trabajó sobre el fallo para aplicar el cómputo de «2×1» a un represor de la última dictadura militar y también la resolución que retrotrajo el funcionamiento del Consejo de la Magistratura.

Entre los 14 expedientes también hay acusaciones contra Rosenkrantz por sus intervenciones en causas en las que estaban involucradas empresas para las que había trabajado como abogado defensor.

Como complemento, diputados del FdT presentaron hace un par de meses una ampliación de las causales del juicio político por el fallo que suspendió las elecciones en San Juan y Tucumán, al considerar que en esos casos el máximo tribunal resolvió dos causas «con resultados de extrema gravedad institucional y peligrosa intromisión en en cuestiones de jurisdicción local».