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Rafael Klejzer: “El 80% de lo que se produce en la Argentina se exporta”

Especial “La Patria no se vende”: entrevista al referente del movimiento popular La Dignidad, impulsor de la Empresa Pública de Alimentos.

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Por Eugenia Rossi Gallo

En el marco de la celebración de la Soberanía Nacional, desde Radio Seta (@radiosetaok) ensayan una serie de apuntes, para pensar desde la compleja coyuntura actual qué entendemos por soberanía hoy.

Realizamos una serie de entrevistas con políticos, militantes, historiadores, periodistas y pensadores del campo nacional y popular.

Consultamos a cada uno de los entrevistados sobre distintos aspectos que hacen a la soberanía, con el fin de encontrar varias respuestas que nos ayudaran a armar un mapa, desde el cual vislumbrar una defensa del país que supimos conseguir y una construcción de la patria libre, justa y por supuesto soberana que queremos habitar.

Rafael Klejzer – Soberanía alimentaria y la creación de una empresa pública de alimentos

Rafa Klejzer es referente del movimiento popular La Dignidad y desarrolló una propuesta para la creación de una empresa pública de alimentos. 

– Ustedes dicen empresa pública de alimentos y a los supermercadistas se les ponen los pelos de punta… ¿De qué se trata la propuesta de esta Empresa Pública de Alimentos?

– Tiene que ver la soberanía, con los apuntes para la soberanía nacional que vienen planteando ustedes. La soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria,tienen que ver con recuperar la capacidad soberana de los estados nacionales para poder intervenir y garantizar los alimentos de un país. Si los alimentos son una mercancía, están ligados al mercado y no al derecho social que implica la alimentación para un país. Entonces, la soberanía nacional tiene que ver con poder recuperar capacidades que garanticen la vida. En este caso, la soberanía y la seguridad alimentaria, dentro de lo que es uno de los campos de la soberanía nacional, es fundamental.

– Teniendo en cuenta que somos un país productor de alimentos, que haya inseguridad alimentaria, primero es algo para despreciar y para combatir, pero además es casi ridículo. 

– Bueno, el 80% de lo que se produce en la Argentina se exporta. Ahí ya tenés un dato, no menor. Desde hace 50 años, a través de Martínez de Hoz y la dictadura, se aplica un programa económico que tiende a la desindustrialización y a la extranjerización de la economía. A partir de allí estamos cautivos de la suerte de las multinacionales. Eso implica estos relatos que dicen que si le va bien a las multinacionales, nos va bien a nosotros.Bueno, todo lo contrario. A eso se le suma el ciclo de crisis de deuda muy importante y si vos tenés una economía concentrada y extranjerizada, perdés capacidad a la hora de poner los precios y de conocer los costos. Por otra parte, tenemos una economía donde el sentido común de sus decisores, más allá de la política, es exportar más. Massa también hablaba de exportar más, Macri habla de exportar más y Milei habla de exportar más.

Hay un estudio de Trevor del Banco Central, que plantea que cuanto más se exporta, la Argentina más pobre es. En el año ´83 la exportación de la Argentina era por ocho mil millones de dólares, se calcula que este año va a estar por arriba de los 85 mil millones de dólares y nunca hubo tantos pobres como en este momento. Es decir que las exportaciones no están ligadas a mejorar las condiciones materiales de la población.

– No, porque además sabemos, y ahora con esto quiero ir a tu propuesta, que las exportaciones sólo enriquecen los bolsillos de sectores muy pequeños ¿De qué se trataría una empresa pública de alimentos? Y dicho sea de paso, qué oportunidad nos perdimos con Vicentín, ¿no? 

– Bueno, Vicentín era la joya. De lo que se encarga la Empresa Nacional de Alimentos, fundamentalmente es de tres cosas: la primera es recuperar esta capacidad de intervenir por parte del Estado para romper la concentración, acá hay 20 empresas productoras y comercializadoras de alimentos, que fijan el negocio financiero y les ponen el precio; la segunda forma de intervenir es generando relaciones nuevas de producción, con pequeños y medianos productores y en tercer lugar necesitamos conocer los costos. Nosotros discutíamos mucho con el gobierno anterior, con la Secretaría de Comercio, porque no sabíamos los costos, ¿cuál es el costo del arroz en la Argentina?, ¿por qué llega a 2.500 pesos el kilo de arroz en una góndola? Siempre está la idea cierta de que al productor le pagan dos mangos, entonces los que pierden son los extremos de la cadena, el productor y el consumidor y en el medio ¿quién se beneficia? Frente a eso, una intervención del Estado rompe con las intermediaciones, con cuestiones distorsivas, generando esta capacidad de discutir qué tipo de alimentos son necesarios para nuestra población.

– Y también un Estado que intervenga a favor de combatir la posición dominante de las empresas alimenticias, porque hoy encualquier supermercado de los grandes, las primeras, segundas y terceras marcas de un mismo producto pertenecen a la misma empresa…

– Seguro. Por eso necesitamos recuperar capacidades del Estado para romper la concentración, una alianza con pequeños y medianos productores y saber los costos.Una vez que vos sabes los costos, podés de alguna forma incidir, si no estás a oscuras. 

– A Guillermo Moreno le gusta esto. 

– A Guillermo Moreno sí, pero también le gusta la concentración, porque él mismo lo dijo, él prefiere discutir con cuatro en la mesa que con una democratización. Una cosa es discutir con cuatro dominadores del mercado, que es un poco lo que él plantea, un Estado fuerte para discutir con cuatro sectores privilegiados, dominantes del mercado y otra cosa es cuando ya está el Estado con empresas públicas, ya están las provincias y los municipios, cuando hay una dispersión sana del mercado. Para hablar de la empresa pública de alimentos y el tema de los alimentos en Argentina, primero hay que saber de dónde salen. Salen de la tierra, de los productores. Hay un censo de unidades productivas agropecuarias y de vacas. Hubo censos de vacas y de unidades productivas en la Argentina, antes que el Censo Nacional de Personas ¿Por qué? Por este proyecto de factoría que había.

En el 69 había 538.000 unidades productivas agropecuarias, es decir chacras y en 2018 había menos de la mitad, 250.000. Ahora no hay tantas chacras, sino mucho terrateniente. La cantidad de hectáreas cultivadas se mantuvo.

– Es decir, que hay la misma cantidad de hectáreas cultivadas en menos manos.

– Exactamente y también hay monopolios en rubros alimenticios. Concentración de la producción de alimentos por rubro. A mí me gusta llamarle por su nombre al enemigo. En el rubro gaseosas, que es el primero, con el 98% de concentración, hay uno, dos, o tres empresas que tienen una posición dominante. Coca-Cola y Pepsison dos empresas que tienen el 98% de la producción de gaseosas. Siguen la cervezacon 98%, la mayonesa con 98% (Unilever, se lleva casi toda la mayonesa) y en yogures y leche, Mastellone con el 85%. Antes estaban Mastellone y Sancor, pero Sancor no está más. La harina tiene un 82% de concentración de mercado también. Molinos Río de la Plata y Molinos Cañuelas son las dos empresas dominantes en ese rubro. Molinos Cañuelas fue la beneficiaria del fideicomiso de la harina, por parte de la Secretaría de Producción en el gobierno anterior, cuando se pudo sostener el precio. ¿Cuál era el fideicomiso? Se exportaba la harina y con parte de lo que ganaban esas empresas, se sostenía el precio interno.Tuvieron el 85% de ese fideicomiso. Por eso todos consumíamos harina de Cañuelas. Y al otro día de recibir el primer giro por el fideicomiso, presentó quiebra.El Estado subsidiando empresas fue increíble. 

Molinos Río de la Plata, Matarazzo, Don Vicente, en realidad ¿qué hacen? Segmentan el mercado. Fueron comprando de a poco. Entonces, cuando discutíamos la ley de góndolas, nos decían, pero si hay un montón de marcas. No, no las hay, es una sola empresa con marcas diferenciadas. Segmentan el mercado y le ponen una marca para cada precio. Entonces, vos vas teniendo distintos precios, con diferentes marcas, pero de la misma empresa.

– Ahora dejaron sin efecto la ley de góndolas.

– Sí, la ley de góndolas por supuesto. De todos modos, nunca se había planteado la cantidad de metros cuadrados en la superficie.

– Y desde la Secretaría de Comercio no se controlaba efectivamente.

– No solamente no se controlaba, sino que la reglamentación fue a medias, a beneficio de los supermercados.

En alimentos, el aumento o la variación de precios siempre está más arriba de la media inflacionaria. De alguna forma hay un ensañamiento con la mesa de los argentinos y al ser un tema sensible, es la capacidad que tienen las empresas productoras de alimentos, comercializadoras, de chantajear al Estado. ¿Cómo negocian con el Estado? Aumentando las cosas. Es más sensible cuando aumentan los alimentos de consumo popular, ahí aumenta la capacidad y la potencia que tienen estasempresas para negociar. Siempre las empresas monopólicas aumentan sus precios, por arriba de la variación general que tienen las no monopólicas. Las marcas premium aumentan más que las segundas marcas no monopólicas. Por ejemplo, el aceite de girasol aumentó 112% entre noviembre y marzo y las empresas no monopólicas lo aumentaron un 27%. Generalmente son las más ligadas al mercado interno, regionales, marcas de industria nacional, que como objetivo tienen vender, entonces para mantenerse,aumentan por abajo de las empresas monopólicas. 

– Además, en los conglomerados urbanos, muchas veces es difícil acceder a marcas regionales también.

– Claro, exactamente. Estamos otra vez frente a la posición dominante, al abuso de posición dominante.

– Los alimentos portan la característica de ser de lo único de lo que no se puede prescindir. 

– Sí, exactamente. Eso y las tarifas, por este motivo son lo que más aumenta. El gas lo tenés que pagar, la garrafa la tenés que pagar. Estaba 5.000 pesos en diciembre, hoy está 12.000.

– Si vamos a hablar de lo que impactó en el bolsillo, sobre todo de los trabajadores, es fuerte. 

– Si, vos fíjate que bajó un 20% el consumo de pan y el pan es lo último que se deja, sin embargo bajó el consumo. Y no es por una cuestión snob, porque la gente se haya volcado a las galletas de arroz. 

– Claro, que también son carísimas y son casi todas de un par de empresas. ¿Entonces cuáles son los objetivos a trazar?

– Tienen que ver con esto de la recuperación que decíamos, de las capacidades del Estado.

– ¿Vos imaginás una empresa nacional de alimentos que tuviera una conducción centralizada con articulado federal, para poder trabajar con las economías regionales?

– Planteamos el modelo boliviano de empresa pública y por supuesto, estudiamos el modelo ruso, pero queda muy lejos. En un momento va a haber que estudiar también a China. ¿Cuál es el clima de época? Desregular el Estado, porque son más poderosos muchas veces los fondos de inversión, o las empresas que el propio Estado. Son Estados neocoloniales, que en algún lugar están en disputa. Con Evo estaban en disputa por la conducción del Estado y había un chantaje, entonces como no podían ganar en términos de consenso, lo desabastecían de harina. Evo frente a eso, en vez de negociar un precio en función de la avaricia capitalista, generóuna empresa pública, molinos públicos y empresas públicas lácteas. El Estado recuperó la capacidad de producción y con eso compite en el mercado, estudiándolo y estudiando los costos. Por ejemplo,LACTEOSBOL, es una empresa públicaláctea y ellos definieron que con el 11% de la participación en el mercado generaban una competencia determinada y obligaban a las multinacionales a bajar sus precios. Es decir que hackeaban la extorsión. Lo mismo pasó con el arroz, con la harina, inclusive con el comercio exterior. Recuperaron los resortes de la política de comercio exterior, entonces primero se consume en el país y luego el excedente se vende.

– Claro, con cupos, como supo ser acá en algún momento.

– Como corresponde, porque vos tenés que garantizar el alimento de tu población y después el excedente venderlo. Lo que nosotros proponemos son pequeñas empresas públicas, federales, asentadas regionalmente. El ejemplo que traíamos de LACTEOSBOL queda en el Chapare, en el medio del desierto en Bolivia, no está en La Paz. Esto es interesante, porque genera empleo en zonas donde generalmente no lo hay. En la Argentina, si tus dólares entran por el sector agropecuario, para generar trabajo tenés que hacer una transferencia al sector industrial, o darle valor a lo que genera la producción rural. En este caso,darle valor a productos rurales, como el caso de empresas públicas lácteas, generaría un círculo virtuoso que permitiría generar laburo y divisas, bajar los precios y encima marcar una línea de consumo, que no tenga que ver con el Serenito, sino con una leche que le sirva a los pibes para crecer. 

– Y ya que estamos, podemos también ir por la distribución de tierras para favorecer a las economías regionales, que trabajen articuladamente con esta Empresa Nacional de Alimentos.

– Hay un índice, que se llama Índice de Gini, que a mí es de los que más me gusta,porque demuestra la injusticia, en este caso, la injusticia de la tenencia de la tierra en la Argentina y en América Latina. 

– Es el índice que muestra la diferencia entre el sector más acaudalado y los sectores que menos tienen, ¿ese índice debería ser igual a cero?

– Exactamente. El cero vendría a ser el socialismo, la igualdad, el cielo en la tierra y el uno es el infierno. La Argentina y América Latina es de las regiones más injustas en el mundo. Queremos parecernos a Estados Unidos, queremos parecernos a Europa, pero tenemos la distribución de la tierra más reaccionaria, más retrógrada de todo el mundo. África reparte más la tierra que nosotros. Se dice mucho, incluso entre compañeros, que no hay sujeto social para poblar y trabajar la tierra. Esto es una falacia. Nosotros debemos desconcentrar, debemos tener políticas públicas orientadas al trabajo rural, la educación secundaria orientada al trabajo rural, darle beneficios a los compañeros y compañeras. Con Alberto hemos discutido la creación de un millón de chacras en la Argentina, inclusive no necesitamos expropiar a los grandes terratenientes, porque hay una tierra ociosa, municipal, provincial y nacional que puede estar al servicio de estedesarrollo. No es solamente la capacidad de que el alimento que se produce sano, en esas chacras, pueda ser vendido sin loscostos adicionales de viajar mil kilómetros. Estas políticas implicarían conseguir vivienda para los compañeros y resolver situaciones de injusticia, o de superpoblación en el conurbano. Determinadas enseñanzas que sacamos después de la pandemia, tienen que ver con que el trabajo rural no solamente sirve para un desarrollo del alimento y para abaratar costos, sino que sirve incluso para georreferenciar otra vida, en un país superpoblado en sus ciudades.

Para ver las entrevistas completas del especial sobre soberanía nacional, “La patria no se vende”, que realizamos junto a Lucas Román y Laura Bitto, visita Radio Seta en Youtube

Legislativo

El Senado vota hoy la entrega de tierras: extranjerización sin límites y US$ 171 M para los fondos buitre

La Cámara alta sesiona este jueves para aprobar uno de los proyectos más cuestionados del gobierno de Javier Milei: la eliminación de todos los límites a la compra de tierras rurales por parte de capitales privados extranjeros. En la misma sesión, el oficialismo busca autorizar el pago de 171 millones de dólares a dos fondos buitre y sellar la designación de 50 magistrados con vínculos cuestionados, entre ellos el hijo de Horacio Rosatti.

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El Argentino Diario-Senado de la Nación.
Soberanía en venta: el paquete legislativo que combina extranjerización sin límites, fondos buitre y designación de jueces a medida.

El Senado entrega la tierra: extranjerización sin límites, fondos buitre y jueces para el régimen libertario

★ El Senado de la Nación sesiona hoy desde las 11 para votar una agenda legislativa que concentra, en una sola jornada, tres de las operaciones más polémicas del ciclo libertario: la derogación efectiva de la Ley 26.737 de protección territorial, el pago de US$ 171 millones a fondos especulativos conocidos como fondos buitre, y la aprobación masiva de pliegos judiciales cuestionados. El temario fue negociado entre La Libertad Avanza y los bloques llamados dialoguistas.

La Ley 26.737 en la guillotina legislativa

El proyecto estrella de la jornada lleva la firma del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y fue bautizado como Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Su núcleo más polémico es la eliminación del límite del 15% de tierras rurales en manos extranjeras que la Ley 26.737, sancionada en 2011 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, estableció como techo a la extranjerización territorial.

El proyecto deroga además la prohibición de que personas físicas o jurídicas de una misma nacionalidad extranjera superen el 30% del total de hectáreas permitidas, y elimina los topes por zona que impedían la concentración de propiedades contiguas en manos foráneas. La única restricción que se mantiene es la necesidad de autorización previa cuando quien compra es un Estado extranjero o una organización empresarial con participación mayoritaria estatal.

Este medio viene advirtiendo desde diciembre de 2025, cuando el gobierno anunció su intención de enviar el proyecto al Congreso, sobre los riesgos estructurales de esta medida para la soberanía territorial, la seguridad hídrica y el control de recursos estratégicos. En ese entonces, el investigador del CONICET Facundo Martín señaló que la norma vigente no obstaculizaba las inversiones genuinas, sino que operaba como una garantía mínima de soberanía. En enero de 2026, un estudio conjunto del CONICET y la UBA reveló que ya existen 13 millones de hectáreas argentinas en manos extranjeras y que 36 departamentos del país superan el tope legal establecido por la ley que ahora se busca derogar.

Lo que el proyecto elimina sin decirlo: el incendio como negocio

Hay un componente del texto que pasó casi desapercibido en el debate parlamentario previo y que reviste una gravedad particular. El proyecto modifica la Ley de Manejo del Fuego de 2020, que prohibía durante un plazo de hasta 60 años el cambio de uso de tierras afectadas por incendios en bosques nativos, y de 30 años en zonas agropecuarias y periurbanas. La norma original fue diseñada precisamente para desincentivar la quema intencional con fines especulativos, un patrón documentado en zonas de la Patagonia y el norte argentino donde los incendios anticipan la llegada de capitales concentrados.

El ministro Sturzenegger defendió la modificación ante el Senado calificando de «dislate» extender la protección de bosques nativos a la producción agropecuaria. Lo que no mencionó es que la derogación de esas restricciones, combinada con la liberalización total de la compra de tierras, crea el escenario perfecto para lo que organizaciones ambientalistas denominan «el negocio del fuego»: incendiar, devaluar y adquirir.

El precedente que nadie quiere recordar: Joe Lewis y el modelo que se multiplica

La historia de Joe Lewis es el manual de lo que puede ocurrir a escala industrial si esta ley se aprueba. El magnate británico adquirió en 1996 unas 11.000 hectáreas entre El Bolsón y Bariloche violando la ley de zona de seguridad de fronteras, construyó un aeropuerto privado de casi dos mil metros sin radares, bloqueó sistemáticamente el acceso público al Lago Escondido (patrimonio público según la Constitución Nacional) y recibió durante el gobierno de Mauricio Macri beneficios extraordinarios incluyendo autorización para una central hidroeléctrica con tarifas preferenciales.

La cifra de 13 millones de hectáreas ya en manos extranjeras que reveló el estudio del CONICET y la UBA muestra que el modelo Lewis no fue una excepción sino una tendencia, y que las restricciones de la Ley 26.737 no alcanzaron para revertirla. Eliminar esas restricciones implica abrir la puerta a la multiplicación ilimitada de ese modelo: enclaves privados sobre recursos hídricos estratégicos, acceso blindado a zonas de frontera y control corporativo sobre los principales acuíferos del país.

El Grupo Benetton, mayor terrateniente extranjero en Argentina con cerca de un millón de hectáreas en la Patagonia, y los fondos de inversión que buscan posicionarse en el litio del norte o en las nacientes de ríos patagónicos, son los destinatarios reales de este proyecto presentado como una medida de «desregulación». Mientras tanto, las comunidades mapuche y campesinas que reclaman derechos ancestrales sobre esas tierras quedarán aún más expuestas.

Fondos buitre: pagar antes del 30 de junio o enfrentar el juicio

En la misma sesión, el Senado vota el proyecto impulsado por el ministro de Economía, Luis Caputo, que autoriza al Estado nacional a pagar US$ 67 millones al fondo Bainbridge Ltd. y US$ 104 millones al grupo encabezado por Attestor Value Master Fund LP, totalizando US$ 171 millones en pagos a dos grupos de tenedores de bonos soberanos impagos emitidos antes del 1 de enero de 2002.

El Gobierno tiene plazo hasta el 30 de junio para efectivizar esos pagos, motivo por el cual requiere aprobación parlamentaria con urgencia. Un primer intento de votación fracasó cuando el fondo Attestor informó a último momento que los bonos listados en el anexo del proyecto no correspondían a los efectivamente involucrados en el litigio, lo que obligó a una segunda prórroga. La modalidad acordada es entrega contra pago: los acreedores entregarán los títulos a la Argentina libre de gravámenes, y el Estado se comprometió a presentar documentación ante los organismos judiciales para lograr el archivo con efecto de cosa juzgada.

Si bien el pago cierra un riesgo específico de litigios sobre activos argentinos en el exterior, como las acciones de YPF, la decisión profundiza la lógica de priorizar los compromisos con acreedores especulativos mientras el ajuste sobre salarios, jubilaciones y gasto social se sostiene mes a mes.

50 jueces y el hijo de Rosatti: el Poder Judicial también se negocia

El temario de la sesión contempla además la aprobación de 50 pliegos de los 73 dictaminados para cubrir vacantes judiciales, incluyendo jueces, fiscales y defensores. El listado definitivo no fue difundido previamente y se conocerá antes del inicio de la sesión, según informó el presidente de la Comisión de Acuerdos, senador Juan Carlos Pagotto.

Entre los pliegos que sí entrarán figura el del hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti. No ingresa, en cambio, el pliego de María Verónica Michelli, cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, cuya postulación generó tensiones internas y con aliados legislativos del oficialismo.

La postergación del pliego de Michelli no cambia el panorama de fondo: el oficialismo avanza en la colonización del Poder Judicial con magistrados de su confianza, al mismo tiempo que la vicepresidenta Victoria Villarruel preside la sesión con un temario que, según la oposición, tiene marca oficialista de principio a fin.

Puntos clave

  • El Senado vota la eliminación del límite del 15% a la posesión de tierras rurales por extranjeros, derogando en los hechos la Ley 26.737 de protección territorial sancionada en 2011.
  • El proyecto también deroga las restricciones de la Ley de Manejo del Fuego para zonas afectadas por incendios, eliminando el desincentivo legal a la quema especulativa con fines inmobiliarios.
  • Un estudio del CONICET y la UBA de enero de 2026 ya reveló 13 millones de hectáreas argentinas en manos extranjeras y 36 departamentos que superaban el tope legal hoy en riesgo.
  • En la misma sesión se autoriza el pago de US$ 171 millones a los fondos buitre Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP, con plazo límite el 30 de junio.
  • El temario incluye también la aprobación de 50 pliegos judiciales, entre ellos el hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.
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