Conectate con El Argentino

Soberanía 🇦🇷

No hay Argentina sin defensa del trabajo y la producción nacional

El foro de economía y trabajo alerta sobre las graves consecuencias resultantes de la apertura comercial anunciada por el Gobierno de Javier Milei.

Publicado hace

#

El Foro Economía y Trabajo alerta sobre las graves consecuencias resultantes de la apertura comercial anunciada por el Gobierno de Javier Milei.

La medida implica una ola de importaciones sin control público elemental (sanitario, seguridad, anti dumping, medidas, etiquetado, marcas etc.), desplazando la producción y el trabajo nacionales.

De esta manera se regala el mercado interno a las corporaciones de las potencias industriales, empujando a los empresarios locales a importar en lugar de fabricar, lo que conlleva despidos masivos y una mayor desarticulación económica y social. 

Un informe realizado para la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA), realizado por CEPA*, señala que desde que asumió el Gobierno de Javier Mileihasta agosto de 2024 se perdieron 38.532 puestos de trabajo y se cerraron 879 empresas en la industria manufacturera. En el mismo lapso, si se suman los datos de empleo en minería y construcción la pérdida alcanza los 126.050 puestos laborales y se superan las 2.300 empresas cerradas.

La apertura de las importaciones es un falso símbolo de libertad y de ampliación del acceso de una franja de la población a una mayor oferta de productos. Los recurrentes ciclos de apertura indiscriminada de las importaciones en la Argentina han tenido pésimos resultados. Por ejemplo, cuando fue implementada por José Alfredo Martínez de Hoz -Ministro de Economía durante la dictadura militar- cerraron 20 mil establecimientos fabriles, el PBI industrial cayó un 20% y la participación de la industria manufacturera en el PBI se redujo 6%; cuando Domingo Cavallo, la implementó -también  como Ministro de Economía en la Convertibilidad- la industria sufrió una disminución del 10% en el peso relativo de crecimiento del PBI y en la concentración sectorial, lo que llevó al cierre de miles de empresas nacionales, principalmente pymes, y a la destrucción de empleo argentino.

Rechazamos enfáticamente el argumento sobre el propósito de igualar los costos de la industria y la producción nacional con la producción importada para que “exista un nivel más competitivo”, mientras se sostienen privilegios monopólicos (como las tarifas de servicios públicos), sosteniendo altos precios locales sin justificación en sus costos reales. Los precios internos deben ser menores a los internacionales, en función de los recursos con los que cuenta el país (alimentos, acero, hidrocarburos y minerales). Argentina necesita más trabajo y más producción nacional, a la vez que integrar y diversificar su matriz productiva agregando valor y mejorando sus capacidades nacionales. El aperturismo irrestricto profundiza la senda de la desindustrialización del país, la primarización del aparato productivo, la desnacionalización y el vaciamiento del patrimonio nacional.

El actual gobierno, además de mantener un ajuste del dólar oficial inferior a la evolución de la inflación y de reducir los impuestos a la importación (lo que disminuye los costos a los importadores y aumenta sus ganancias) ahora anuncia que se ampliarán los montos de compra por correo al exterior sin pago de aranceles, o como parte del equipaje de regreso de quienes viajen fuera de la Argentina .

El supuesto beneficio de acceder a esos bienes importados suele tener una contrapartida muy costosa en términos sociales. Si se trata de productos que compiten con la industria nacional –como es el caso de prendas de vestir, juguetes o artefactos electrónicos-, la masividad de su ingreso va a provocar la caída de las ventas de los bienes nacionales y la pérdida de fuentes de trabajo para la población argentina. 

Las políticas que, en general, aplican los países que cuidan a su propia industria es administrar las facilidades de ingresos de estos productos, diferenciando entre los que claramente desplacen a la producción nacional de aquellos que no alcancen tal impacto y sean, simplemente, una opción de consumo adicional pero no sustitutivo de los productos nacionales.

Estas son políticas de “administración del comercio exterior”, que son despreciadas por el gobierno del Presidente Javier Milei y su Ministro de Economía Luis Caputo. No se trata de “prohibir” las compras en el exterior, sino de exigir “prudencia” en el acceso de productos, que deberían respetar los filtros sanitarios, de seguridad y de identificación de origen, entre otros. Y también el análisis del impacto que tendría su ingreso masivo para la producción y el trabajo nacional. 

Estamos presenciando un nuevo ciclo de valorización financiera, apertura comercial, endeudamiento, entrega del patrimonio público y destrucción del Estado. Esos procesos nos conducen en términos económicos a una mayor desindustrialización del país, concentración económica, extranjerización; en términos sociales al aumento del desempleo a dos dígitos y a una mayor fragmentación social, que incrementan la pobreza y la indigencia a niveles alarmantes. 

La caída del consumo implica el descenso del PIB, dado que, aún con Milei, aproximadamente el 70% de lo que se produce se vende en el mercado argentino y, cuanto más se reduce el consumo, mayor es el descenso del PIB. El modelo es recesivo siempre, con mayor recesión se controlan los precios, se importa menos y se exporta más, garantizando el pago de la deuda y el modelo extractivista agropecuario y financiero exportador.

La defensa del trabajo y la producción nacionales no remite a una posición sectaria y mucho menos asociada a la “casta”. Por el contrario, es defender el modelo de desarrollo económico con justicia social que estas políticas de apertura indiscriminada buscan destruir como alternativa. 

En un marco internacional altamente incierto y con creciente proteccionismo de las principales economías, es necesario: a) fortalecer las relaciones del país con el mundo en base a la reciprocidad (Mercosur, ALADI y América Latina) defendiendo el interés nacional; b) cuestionar los tratados de libre comercio con grandes potencias, que sólo profundizan las asimetrías estructurales entre los países y c) limitar la apertura que implica regalar el mercado interno a las metrópolis y sumir al país a la más absoluta dependencia.

Integran el Foro: Ricardo Aronskind, Carlos Baraldini, Gabriel Barceló, Juan Pablo Costa,Norberto Crovetto, Raúl Dellatorre, Marcelo Di Ciano, Marisa Duarte, Eduardo Dvorkin, Roberto Feletti,  José María Fumagalli, Américo García, Carlos Gutiérrez, Ricardo Koss,Bernardo Lichinsky, Nicolás Malinovsky, Santiago Mancinelli, Jorge Marchini, Jorge Molinero,Tomás Raffo, Horacio Rovelli, José Sbatella, Nahuel Silva, Coordinación: Eduardo Berrozpe

Más sobre el Foro

Está integrado por economistas y otros especialistas a propuesta de organizaciones sindicales de nuestro país, abierto a todas las instituciones que integran el Movimiento Sindical Argentino, así como a los aportes de organizaciones que agremian a las Pyme, cooperativas y a la economía popular. En el presente documento también hacen sus aportes colegas de diversas disciplinas que lo suscriben pues solidariamente, decidieron aportar a nuestras propuestas para un PLAN NACIONAL ECONOMICO, SOCIAL Y FEDERAL. Los documentos y definiciones corresponden a sus autores, que tienen nuestro agradecimiento, que se extiende a quienes consideran la propuesta de participar en la articulación de un programa económico con eje en el trabajo, la producción, la justicia social, la defensa de los recursos y la soberanía nacionales. 

foroeyt@gmail.com 

 

 

 

 

 

Legislativo

Tierras sin límite: avanza el proyecto que pone en jaque nuestra soberanía territorial

El oficialismo impulsa la derogación de los topes a la extranjerización mientras la Patagonia sigue bajo fuego; la iniciativa genera fuertes cruces con los bloques aliados en el Congreso por el control de recursos estratégicos.

Publicado hace

#

Soberanía en remate: el impacto de la reforma que libera el mercado el territorio argentino

★ El bloque de La Libertad Avanza profundizó esta semana su ofensiva legislativa para eliminar las restricciones a la venta de campos a ciudadanos de otros países; una medida que busca derogar la Ley de Tierras Rurales (26.737). La iniciativa; que apunta a borrar el límite del 15 por ciento de titularidad foránea sobre el territorio nacional; provocó una fractura expuesta con sectores de la oposición aliada que advierten sobre el riesgo de entregar el control de reservorios de agua y zonas de seguridad de fronteras.

El fin de la protección territorial

La propuesta oficialista pretende desmantelar el andamiaje legal que desde 2011 regula la concentración de tierras en manos extranjeras. Según confirmaron fuentes legislativas consultadas por este medio; el proyecto elimina no solo los topes provinciales y municipales; sino también la prohibición de que personas físicas o jurídicas de una misma nacionalidad superen el 30 por ciento del total de las hectáreas permitidas. Esta desregulación total se presenta bajo la premisa de atraer inversiones (una retórica que choca con la realidad de los recursos estratégicos en disputa).

Un escenario de cenizas y especulación

El debate parlamentario ocurre en un contexto crítico para el sur argentino. Mientras los legisladores discuten la propiedad privada; la Patagonia atraviesa una emergencia por incendios que ya afectaron más de 3.500 hectáreas en zonas como Puerto Patriada y El Hoyo. Investigaciones previas documentaron que la devaluación de las tierras quemadas facilita su adquisición por capitales concentrados; un patrón que se repite en áreas linderas a los glaciares y nacientes de ríos. La fiscalía a cargo de Carlos Díaz Mayer confirmó en peritajes recientes el hallazgo de combustibles en los focos; lo que ratifica la intencionalidad en el inicio del fuego.

El agua en el centro de la disputa

La preocupación central de las organizaciones sociales y los especialistas en soberanía territorial radica en el control del agua dulce. La derogación de la Ley 26.737 permitiría que enclaves estratégicos (como el ya paradigmático caso de Lago Escondido controlado por el magnate Joe Lewis) se multipliquen sin fiscalización estatal. Al privatizar la tierra en zonas de cordillera; se privatiza de hecho el acceso a los recursos hídricos; vitales para la supervivencia humana y el desarrollo productivo local.

Divisiones en el bloque aliado

No todo es consenso para el Poder Ejecutivo. Algunos sectores del PRO y bloques provinciales manifestaron su resistencia a una apertura irrestricta. El punto de conflicto principal es la Zona de Seguridad de Fronteras; donde la presencia de capitales extranjeros genera suspicacias en términos de seguridad nacional. Según trascendidos de las últimas reuniones de comisión; los aliados exigen mantener salvaguardas mínimas para evitar que áreas sensibles queden bajo control de potencias externas o fondos de inversión opacos.

Puntos clave:

  • El oficialismo busca derogar la ley que limita la venta de tierras a extranjeros.
  • La medida elimina el tope del 15 por ciento de territorio nacional en manos foráneas.
  • El debate coincide con incendios intencionales en zonas estratégicas de la Patagonia.
  • Hay fuertes cruces con aliados por la seguridad en zonas de frontera y recursos hídricos.
  • Organizaciones sociales denuncian un modelo de saqueo y especulación inmobiliaria.
Seguir leyendo
El Argentino

El Argentino
El Argentino
El Argentino

Las más leídas

Descubre más desde El Argentino Diario

Suscríbete ahora para seguir leyendo y obtener acceso al archivo completo.

Seguir leyendo