Soberanía 🇦🇷

No hay Argentina sin defensa del trabajo y la producción nacional

El foro de economía y trabajo alerta sobre las graves consecuencias resultantes de la apertura comercial anunciada por el Gobierno de Javier Milei.

Publicado hace

2 años

01.12.2024

ElArgentino.ar

El Foro Economía y Trabajo alerta sobre las graves consecuencias resultantes de la apertura comercial anunciada por el Gobierno de Javier Milei.

La medida implica una ola de importaciones sin control público elemental (sanitario, seguridad, anti dumping, medidas, etiquetado, marcas etc.), desplazando la producción y el trabajo nacionales.

De esta manera se regala el mercado interno a las corporaciones de las potencias industriales, empujando a los empresarios locales a importar en lugar de fabricar, lo que conlleva despidos masivos y una mayor desarticulación económica y social.

Un informe realizado para la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA), realizado por CEPA*, señala que desde que asumió el Gobierno de Javier Mileihasta agosto de 2024 se perdieron 38.532 puestos de trabajo y se cerraron 879 empresas en la industria manufacturera. En el mismo lapso, si se suman los datos de empleo en minería y construcción la pérdida alcanza los 126.050 puestos laborales y se superan las 2.300 empresas cerradas.

La apertura de las importaciones es un falso símbolo de libertad y de ampliación del acceso de una franja de la población a una mayor oferta de productos. Los recurrentes ciclos de apertura indiscriminada de las importaciones en la Argentina han tenido pésimos resultados. Por ejemplo, cuando fue implementada por José Alfredo Martínez de Hoz -Ministro de Economía durante la dictadura militar- cerraron 20 mil establecimientos fabriles, el PBI industrial cayó un 20% y la participación de la industria manufacturera en el PBI se redujo 6%; cuando Domingo Cavallo, la implementó -también como Ministro de Economía en la Convertibilidad- la industria sufrió una disminución del 10% en el peso relativo de crecimiento del PBI y en la concentración sectorial, lo que llevó al cierre de miles de empresas nacionales, principalmente pymes, y a la destrucción de empleo argentino.

Rechazamos enfáticamente el argumento sobre el propósito de igualar los costos de la industria y la producción nacional con la producción importada para que “exista un nivel más competitivo”, mientras se sostienen privilegios monopólicos (como las tarifas de servicios públicos), sosteniendo altos precios locales sin justificación en sus costos reales. Los precios internos deben ser menores a los internacionales, en función de los recursos con los que cuenta el país (alimentos, acero, hidrocarburos y minerales). Argentina necesita más trabajo y más producción nacional, a la vez que integrar y diversificar su matriz productiva agregando valor y mejorando sus capacidades nacionales. El aperturismo irrestricto profundiza la senda de la desindustrialización del país, la primarización del aparato productivo, la desnacionalización y el vaciamiento del patrimonio nacional.

El actual gobierno, además de mantener un ajuste del dólar oficial inferior a la evolución de la inflación y de reducir los impuestos a la importación (lo que disminuye los costos a los importadores y aumenta sus ganancias) ahora anuncia que se ampliarán los montos de compra por correo al exterior sin pago de aranceles, o como parte del equipaje de regreso de quienes viajen fuera de la Argentina .

El supuesto beneficio de acceder a esos bienes importados suele tener una contrapartida muy costosa en términos sociales. Si se trata de productos que compiten con la industria nacional –como es el caso de prendas de vestir, juguetes o artefactos electrónicos-, la masividad de su ingreso va a provocar la caída de las ventas de los bienes nacionales y la pérdida de fuentes de trabajo para la población argentina.

Las políticas que, en general, aplican los países que cuidan a su propia industria es administrar las facilidades de ingresos de estos productos, diferenciando entre los que claramente desplacen a la producción nacional de aquellos que no alcancen tal impacto y sean, simplemente, una opción de consumo adicional pero no sustitutivo de los productos nacionales.

Estas son políticas de “administración del comercio exterior”, que son despreciadas por el gobierno del Presidente Javier Milei y su Ministro de Economía Luis Caputo. No se trata de “prohibir” las compras en el exterior, sino de exigir “prudencia” en el acceso de productos, que deberían respetar los filtros sanitarios, de seguridad y de identificación de origen, entre otros. Y también el análisis del impacto que tendría su ingreso masivo para la producción y el trabajo nacional.

Estamos presenciando un nuevo ciclo de valorización financiera, apertura comercial, endeudamiento, entrega del patrimonio público y destrucción del Estado. Esos procesos nos conducen en términos económicos a una mayor desindustrialización del país, concentración económica, extranjerización; en términos sociales al aumento del desempleo a dos dígitos y a una mayor fragmentación social, que incrementan la pobreza y la indigencia a niveles alarmantes.

La caída del consumo implica el descenso del PIB, dado que, aún con Milei, aproximadamente el 70% de lo que se produce se vende en el mercado argentino y, cuanto más se reduce el consumo, mayor es el descenso del PIB. El modelo es recesivo siempre, con mayor recesión se controlan los precios, se importa menos y se exporta más, garantizando el pago de la deuda y el modelo extractivista agropecuario y financiero exportador.

La defensa del trabajo y la producción nacionales no remite a una posición sectaria y mucho menos asociada a la “casta”. Por el contrario, es defender el modelo de desarrollo económico con justicia social que estas políticas de apertura indiscriminada buscan destruir como alternativa.

En un marco internacional altamente incierto y con creciente proteccionismo de las principales economías, es necesario: a) fortalecer las relaciones del país con el mundo en base a la reciprocidad (Mercosur, ALADI y América Latina) defendiendo el interés nacional; b) cuestionar los tratados de libre comercio con grandes potencias, que sólo profundizan las asimetrías estructurales entre los países y c) limitar la apertura que implica regalar el mercado interno a las metrópolis y sumir al país a la más absoluta dependencia.

Integran el Foro: Ricardo Aronskind, Carlos Baraldini, Gabriel Barceló, Juan Pablo Costa,Norberto Crovetto, Raúl Dellatorre, Marcelo Di Ciano, Marisa Duarte, Eduardo Dvorkin, Roberto Feletti, José María Fumagalli, Américo García, Carlos Gutiérrez, Ricardo Koss,Bernardo Lichinsky, Nicolás Malinovsky, Santiago Mancinelli, Jorge Marchini, Jorge Molinero,Tomás Raffo, Horacio Rovelli, José Sbatella, Nahuel Silva, Coordinación: Eduardo Berrozpe

Más sobre el Foro

Está integrado por economistas y otros especialistas a propuesta de organizaciones sindicales de nuestro país, abierto a todas las instituciones que integran el Movimiento Sindical Argentino, así como a los aportes de organizaciones que agremian a las Pyme, cooperativas y a la economía popular. En el presente documento también hacen sus aportes colegas de diversas disciplinas que lo suscriben pues solidariamente, decidieron aportar a nuestras propuestas para un PLAN NACIONAL ECONOMICO, SOCIAL Y FEDERAL. Los documentos y definiciones corresponden a sus autores, que tienen nuestro agradecimiento, que se extiende a quienes consideran la propuesta de participar en la articulación de un programa económico con eje en el trabajo, la producción, la justicia social, la defensa de los recursos y la soberanía nacionales.

foroeyt@gmail.com

Relacionado

Te puede interesar

Ahora contra los indígenas : Milei derogó el decreto que extendía la emergencia sobre sus tierras

No te Pierdas Esto

Rafael Klejzer: “El 80% de lo que se produce en la Argentina se exporta”

Seguir leyendo

El Argentino

Click para comentar

Deja un comentarioCancelar respuesta

Legislativo

El Senado vota hoy la entrega de tierras: extranjerización sin límites y US$ 171 M para los fondos buitre

La Cámara alta sesiona este jueves para aprobar uno de los proyectos más cuestionados del gobierno de Javier Milei: la eliminación de todos los límites a la compra de tierras rurales por parte de capitales privados extranjeros. En la misma sesión, el oficialismo busca autorizar el pago de 171 millones de dólares a dos fondos buitre y sellar la designación de 50 magistrados con vínculos cuestionados, entre ellos el hijo de Horacio Rosatti.

Publicado hace

3 semanas

04.06.2026

ElArgentino.ar

El Argentino Diario-Senado de la Nación.

Soberanía en venta: el paquete legislativo que combina extranjerización sin límites, fondos buitre y designación de jueces a medida.

El Senado entrega la tierra: extranjerización sin límites, fondos buitre y jueces para el régimen libertario

★ El Senado de la Nación sesiona hoy desde las 11 para votar una agenda legislativa que concentra, en una sola jornada, tres de las operaciones más polémicas del ciclo libertario: la derogación efectiva de la Ley 26.737 de protección territorial, el pago de US$ 171 millones a fondos especulativos conocidos como fondos buitre, y la aprobación masiva de pliegos judiciales cuestionados. El temario fue negociado entre La Libertad Avanza y los bloques llamados dialoguistas.

La Ley 26.737 en la guillotina legislativa

El proyecto estrella de la jornada lleva la firma del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y fue bautizado como Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Su núcleo más polémico es la eliminación del límite del 15% de tierras rurales en manos extranjeras que la Ley 26.737, sancionada en 2011 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, estableció como techo a la extranjerización territorial.

El proyecto deroga además la prohibición de que personas físicas o jurídicas de una misma nacionalidad extranjera superen el 30% del total de hectáreas permitidas, y elimina los topes por zona que impedían la concentración de propiedades contiguas en manos foráneas. La única restricción que se mantiene es la necesidad de autorización previa cuando quien compra es un Estado extranjero o una organización empresarial con participación mayoritaria estatal.

Este medio viene advirtiendo desde diciembre de 2025, cuando el gobierno anunció su intención de enviar el proyecto al Congreso, sobre los riesgos estructurales de esta medida para la soberanía territorial, la seguridad hídrica y el control de recursos estratégicos. En ese entonces, el investigador del CONICET Facundo Martín señaló que la norma vigente no obstaculizaba las inversiones genuinas, sino que operaba como una garantía mínima de soberanía. En enero de 2026, un estudio conjunto del CONICET y la UBA reveló que ya existen 13 millones de hectáreas argentinas en manos extranjeras y que 36 departamentos del país superan el tope legal establecido por la ley que ahora se busca derogar.

Lo que el proyecto elimina sin decirlo: el incendio como negocio

Hay un componente del texto que pasó casi desapercibido en el debate parlamentario previo y que reviste una gravedad particular. El proyecto modifica la Ley de Manejo del Fuego de 2020, que prohibía durante un plazo de hasta 60 años el cambio de uso de tierras afectadas por incendios en bosques nativos, y de 30 años en zonas agropecuarias y periurbanas. La norma original fue diseñada precisamente para desincentivar la quema intencional con fines especulativos, un patrón documentado en zonas de la Patagonia y el norte argentino donde los incendios anticipan la llegada de capitales concentrados.

El ministro Sturzenegger defendió la modificación ante el Senado calificando de «dislate» extender la protección de bosques nativos a la producción agropecuaria. Lo que no mencionó es que la derogación de esas restricciones, combinada con la liberalización total de la compra de tierras, crea el escenario perfecto para lo que organizaciones ambientalistas denominan «el negocio del fuego»: incendiar, devaluar y adquirir.

El precedente que nadie quiere recordar: Joe Lewis y el modelo que se multiplica

La historia de Joe Lewis es el manual de lo que puede ocurrir a escala industrial si esta ley se aprueba. El magnate británico adquirió en 1996 unas 11.000 hectáreas entre El Bolsón y Bariloche violando la ley de zona de seguridad de fronteras, construyó un aeropuerto privado de casi dos mil metros sin radares, bloqueó sistemáticamente el acceso público al Lago Escondido (patrimonio público según la Constitución Nacional) y recibió durante el gobierno de Mauricio Macri beneficios extraordinarios incluyendo autorización para una central hidroeléctrica con tarifas preferenciales.

La cifra de 13 millones de hectáreas ya en manos extranjeras que reveló el estudio del CONICET y la UBA muestra que el modelo Lewis no fue una excepción sino una tendencia, y que las restricciones de la Ley 26.737 no alcanzaron para revertirla. Eliminar esas restricciones implica abrir la puerta a la multiplicación ilimitada de ese modelo: enclaves privados sobre recursos hídricos estratégicos, acceso blindado a zonas de frontera y control corporativo sobre los principales acuíferos del país.

El Grupo Benetton, mayor terrateniente extranjero en Argentina con cerca de un millón de hectáreas en la Patagonia, y los fondos de inversión que buscan posicionarse en el litio del norte o en las nacientes de ríos patagónicos, son los destinatarios reales de este proyecto presentado como una medida de «desregulación». Mientras tanto, las comunidades mapuche y campesinas que reclaman derechos ancestrales sobre esas tierras quedarán aún más expuestas.

Fondos buitre: pagar antes del 30 de junio o enfrentar el juicio

En la misma sesión, el Senado vota el proyecto impulsado por el ministro de Economía, Luis Caputo, que autoriza al Estado nacional a pagar US$ 67 millones al fondo Bainbridge Ltd. y US$ 104 millones al grupo encabezado por Attestor Value Master Fund LP, totalizando US$ 171 millones en pagos a dos grupos de tenedores de bonos soberanos impagos emitidos antes del 1 de enero de 2002.

El Gobierno tiene plazo hasta el 30 de junio para efectivizar esos pagos, motivo por el cual requiere aprobación parlamentaria con urgencia. Un primer intento de votación fracasó cuando el fondo Attestor informó a último momento que los bonos listados en el anexo del proyecto no correspondían a los efectivamente involucrados en el litigio, lo que obligó a una segunda prórroga. La modalidad acordada es entrega contra pago: los acreedores entregarán los títulos a la Argentina libre de gravámenes, y el Estado se comprometió a presentar documentación ante los organismos judiciales para lograr el archivo con efecto de cosa juzgada.

Si bien el pago cierra un riesgo específico de litigios sobre activos argentinos en el exterior, como las acciones de YPF, la decisión profundiza la lógica de priorizar los compromisos con acreedores especulativos mientras el ajuste sobre salarios, jubilaciones y gasto social se sostiene mes a mes.

50 jueces y el hijo de Rosatti: el Poder Judicial también se negocia

El temario de la sesión contempla además la aprobación de 50 pliegos de los 73 dictaminados para cubrir vacantes judiciales, incluyendo jueces, fiscales y defensores. El listado definitivo no fue difundido previamente y se conocerá antes del inicio de la sesión, según informó el presidente de la Comisión de Acuerdos, senador Juan Carlos Pagotto.

Entre los pliegos que sí entrarán figura el del hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti. No ingresa, en cambio, el pliego de María Verónica Michelli, cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, cuya postulación generó tensiones internas y con aliados legislativos del oficialismo.

La postergación del pliego de Michelli no cambia el panorama de fondo: el oficialismo avanza en la colonización del Poder Judicial con magistrados de su confianza, al mismo tiempo que la vicepresidenta Victoria Villarruel preside la sesión con un temario que, según la oposición, tiene marca oficialista de principio a fin.