Soberanía 🇦🇷
No hay Argentina sin defensa del trabajo y la producción nacional
El foro de economía y trabajo alerta sobre las graves consecuencias resultantes de la apertura comercial anunciada por el Gobierno de Javier Milei.
El Foro Economía y Trabajo alerta sobre las graves consecuencias resultantes de la apertura comercial anunciada por el Gobierno de Javier Milei.
La medida implica una ola de importaciones sin control público elemental (sanitario, seguridad, anti dumping, medidas, etiquetado, marcas etc.), desplazando la producción y el trabajo nacionales.
De esta manera se regala el mercado interno a las corporaciones de las potencias industriales, empujando a los empresarios locales a importar en lugar de fabricar, lo que conlleva despidos masivos y una mayor desarticulación económica y social.
Un informe realizado para la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA), realizado por CEPA*, señala que desde que asumió el Gobierno de Javier Mileihasta agosto de 2024 se perdieron 38.532 puestos de trabajo y se cerraron 879 empresas en la industria manufacturera. En el mismo lapso, si se suman los datos de empleo en minería y construcción la pérdida alcanza los 126.050 puestos laborales y se superan las 2.300 empresas cerradas.
La apertura de las importaciones es un falso símbolo de libertad y de ampliación del acceso de una franja de la población a una mayor oferta de productos. Los recurrentes ciclos de apertura indiscriminada de las importaciones en la Argentina han tenido pésimos resultados. Por ejemplo, cuando fue implementada por José Alfredo Martínez de Hoz -Ministro de Economía durante la dictadura militar- cerraron 20 mil establecimientos fabriles, el PBI industrial cayó un 20% y la participación de la industria manufacturera en el PBI se redujo 6%; cuando Domingo Cavallo, la implementó -también como Ministro de Economía en la Convertibilidad- la industria sufrió una disminución del 10% en el peso relativo de crecimiento del PBI y en la concentración sectorial, lo que llevó al cierre de miles de empresas nacionales, principalmente pymes, y a la destrucción de empleo argentino.
Rechazamos enfáticamente el argumento sobre el propósito de igualar los costos de la industria y la producción nacional con la producción importada para que “exista un nivel más competitivo”, mientras se sostienen privilegios monopólicos (como las tarifas de servicios públicos), sosteniendo altos precios locales sin justificación en sus costos reales. Los precios internos deben ser menores a los internacionales, en función de los recursos con los que cuenta el país (alimentos, acero, hidrocarburos y minerales). Argentina necesita más trabajo y más producción nacional, a la vez que integrar y diversificar su matriz productiva agregando valor y mejorando sus capacidades nacionales. El aperturismo irrestricto profundiza la senda de la desindustrialización del país, la primarización del aparato productivo, la desnacionalización y el vaciamiento del patrimonio nacional.
El actual gobierno, además de mantener un ajuste del dólar oficial inferior a la evolución de la inflación y de reducir los impuestos a la importación (lo que disminuye los costos a los importadores y aumenta sus ganancias) ahora anuncia que se ampliarán los montos de compra por correo al exterior sin pago de aranceles, o como parte del equipaje de regreso de quienes viajen fuera de la Argentina .
El supuesto beneficio de acceder a esos bienes importados suele tener una contrapartida muy costosa en términos sociales. Si se trata de productos que compiten con la industria nacional –como es el caso de prendas de vestir, juguetes o artefactos electrónicos-, la masividad de su ingreso va a provocar la caída de las ventas de los bienes nacionales y la pérdida de fuentes de trabajo para la población argentina.
Las políticas que, en general, aplican los países que cuidan a su propia industria es administrar las facilidades de ingresos de estos productos, diferenciando entre los que claramente desplacen a la producción nacional de aquellos que no alcancen tal impacto y sean, simplemente, una opción de consumo adicional pero no sustitutivo de los productos nacionales.
Estas son políticas de “administración del comercio exterior”, que son despreciadas por el gobierno del Presidente Javier Milei y su Ministro de Economía Luis Caputo. No se trata de “prohibir” las compras en el exterior, sino de exigir “prudencia” en el acceso de productos, que deberían respetar los filtros sanitarios, de seguridad y de identificación de origen, entre otros. Y también el análisis del impacto que tendría su ingreso masivo para la producción y el trabajo nacional.
Estamos presenciando un nuevo ciclo de valorización financiera, apertura comercial, endeudamiento, entrega del patrimonio público y destrucción del Estado. Esos procesos nos conducen en términos económicos a una mayor desindustrialización del país, concentración económica, extranjerización; en términos sociales al aumento del desempleo a dos dígitos y a una mayor fragmentación social, que incrementan la pobreza y la indigencia a niveles alarmantes.
La caída del consumo implica el descenso del PIB, dado que, aún con Milei, aproximadamente el 70% de lo que se produce se vende en el mercado argentino y, cuanto más se reduce el consumo, mayor es el descenso del PIB. El modelo es recesivo siempre, con mayor recesión se controlan los precios, se importa menos y se exporta más, garantizando el pago de la deuda y el modelo extractivista agropecuario y financiero exportador.
La defensa del trabajo y la producción nacionales no remite a una posición sectaria y mucho menos asociada a la “casta”. Por el contrario, es defender el modelo de desarrollo económico con justicia social que estas políticas de apertura indiscriminada buscan destruir como alternativa.
En un marco internacional altamente incierto y con creciente proteccionismo de las principales economías, es necesario: a) fortalecer las relaciones del país con el mundo en base a la reciprocidad (Mercosur, ALADI y América Latina) defendiendo el interés nacional; b) cuestionar los tratados de libre comercio con grandes potencias, que sólo profundizan las asimetrías estructurales entre los países y c) limitar la apertura que implica regalar el mercado interno a las metrópolis y sumir al país a la más absoluta dependencia.
Integran el Foro: Ricardo Aronskind, Carlos Baraldini, Gabriel Barceló, Juan Pablo Costa,Norberto Crovetto, Raúl Dellatorre, Marcelo Di Ciano, Marisa Duarte, Eduardo Dvorkin, Roberto Feletti, José María Fumagalli, Américo García, Carlos Gutiérrez, Ricardo Koss,Bernardo Lichinsky, Nicolás Malinovsky, Santiago Mancinelli, Jorge Marchini, Jorge Molinero,Tomás Raffo, Horacio Rovelli, José Sbatella, Nahuel Silva, Coordinación: Eduardo Berrozpe
Más sobre el Foro
Está integrado por economistas y otros especialistas a propuesta de organizaciones sindicales de nuestro país, abierto a todas las instituciones que integran el Movimiento Sindical Argentino, así como a los aportes de organizaciones que agremian a las Pyme, cooperativas y a la economía popular. En el presente documento también hacen sus aportes colegas de diversas disciplinas que lo suscriben pues solidariamente, decidieron aportar a nuestras propuestas para un PLAN NACIONAL ECONOMICO, SOCIAL Y FEDERAL. Los documentos y definiciones corresponden a sus autores, que tienen nuestro agradecimiento, que se extiende a quienes consideran la propuesta de participar en la articulación de un programa económico con eje en el trabajo, la producción, la justicia social, la defensa de los recursos y la soberanía nacionales.
Geopolítica 🌎
Burnham reafirma la postura de Londres sobre Malvinas mientras Milei suma 15 nuevos sancionados
El primer ministro británico Andy Burnham prometió ser «implacable» en la defensa de la soberanía sobre las Islas ante la Cámara de los Comunes, mientras el Gobierno argentino amplió a 60 el universo de personas y empresas investigadas por violar la Ley 26.659. Entre los nuevos sumariados figuran fondos de inversión del Reino Unido, un banco israelí y proveedores estratégicos del proyecto petrolero Sea Lion.
Sesenta personas y empresas quedan ahora bajo el radar sancionatorio del Estado argentino por la explotación ilegítima de recursos hidrocarburíferos en Malvinas. El Gobierno anunció este miércoles la apertura de procedimientos contra 15 sujetos adicionales, accionistas, directivos y proveedores de las petroleras que operan en las Islas con licencias británicas, en lo que representa la expansión más significativa del universo investigado desde que comenzaron los sumarios administrativos amparados en la Ley 26.659.
La ampliación se produjo en la misma jornada en que el primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, respondió ante la Cámara de los Comunes a una interpelación de la líder conservadora Kemi Badenoch y ratificó la posición histórica de todos los gobiernos británicos sobre la soberanía de las Islas, sin concesiones ni matices.
La respuesta de Burnham: «nunca cambiará con este gobierno»
En su primera alusión pública a la cuestión Malvinas desde que asumió el gobierno laborista, Burnham fue terminante. «Siempre respetaremos los derechos de los habitantes de las Malvinas que decidieron ser británicos», afirmó, en referencia al referéndum celebrado en las Islas en 2013. «Esto nunca cambiará con este Gobierno», agregó, y lanzó la frase que resonó en Buenos Aires: «Vamos a ser implacables a la hora de defenderlo».
La declaración se inscribe en la posición que todos los gobiernos del Reino Unido, laboristas y conservadores, han mantenido sin variaciones desde la gestión de Margaret Thatcher en 1982. Sin embargo, su oportunidad no es casual: Burnham habló días después de que el presidente Donald Trump amenazara con retirar el respaldo estadounidense a la posición británica, y en medio de la ofensiva sancionatoria que el Gobierno de Javier Milei viene desplegando contra las empresas que operan en las Islas sin autorización argentina.
De 45 a 60: quiénes integran la nueva nómina sancionada
El listado ampliado incorpora ocho empresas y siete personas físicas. Entre las compañías figura Shlomo Eliahu Holdings Ltd., del Estado de Israel, señalada como accionista de Navitas Petroleum LP, una de las operadoras del proyecto Sea Lion. También se sumaron cuatro accionistas de Rockhopper Exploration PLC: los fondos británicos Aberdeen Group PLC y HBOS Investment Fund Managers Ltd., la sociedad SMR Advisors (Monaco) SAM radicada en Mónaco, y el Mizrahi Tefahot Bank Ltd. de Israel.
En el caso de la firma Borders & Southern, el sumario alcanza a David Williamson Dobson, identificado como accionista y presidente no ejecutivo. Y en relación con Eco (Atlantic) Oil & Gas, la nómina incluye a seis personas vinculadas a la empresa: Gil Holzman (accionista y director ejecutivo), Keith Hill, Peter Nicol, Alan Friedman (directores), Alice Carroll (miembro) y Gadi Levin (director financiero).
La nómina se completa con tres empresas ligadas a la infraestructura del proyecto: Bluewater Energy Services BV (Países Bajos), Bluewater Sea Lion Production Company Limited (Reino Unido) y Noble Corporation UK Ltd., también británica, señalada como casa matriz de un proveedor estratégico de las operaciones en las Islas.
Las consecuencias: sin RIGI, sin contratos, sin beneficios fiscales
El vocero presidencial Adrián Ravier precisó en su conferencia semanal el alcance efectivo de las sanciones previstas por la Ley 26.659. «Cualquier empresa o proveedor que esté asociado a la exploración o explotación en la zona de Malvinas no va a poder hacer ningún tipo de acuerdo con el Gobierno argentino», afirmó. Según explicó, las firmas sumariadas tampoco podrán adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), acceder a beneficios fiscales ni participar en proyectos energéticos como Vaca Muerta.
La Oficina del Presidente anticipó que continuará identificando actores involucrados en la explotación de recursos sin autorización argentina y que avanzará con los correspondientes sumarios administrativos. «La República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía», sostuvo el Ejecutivo al anunciar la ampliación del listado.
El canciller Pablo Quirno fue más explícito en la dimensión política del proceso: desde el anuncio inicial de las sanciones, afirmó que no paró de «atender llamados de empresas», una señal de que la presión económica produce efectos más inmediatos que la vía diplomática tradicional.
El contexto: Trump, la campaña y la Ley 26.659
La ofensiva soberanista del Gobierno nacional se despliega en un marco particular. La Ley 26.659, que prohíbe toda actividad de exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización del Estado nacional, lleva más de quince años vigente y fue utilizada con escasa consistencia durante buena parte de ese período. La decisión de activarla con esta intensidad coincide con el acercamiento de las elecciones de 2027 y con la presión de Donald Trump sobre el gobierno laborista de Burnham, una ventana de oportunidad que el Ejecutivo argentino eligió no desaprovechar.
La Asamblea Legislativa de las Islas, por su parte, salió a marcar su posición. «Nuestro futuro es un asunto que deben decidir las personas que vivimos aquí», declaró, reforzando el argumento de la autodeterminación que Burnham también invocó ante el Parlamento. Es el mismo argumento con el que Londres viene bloqueando cualquier apertura de negociaciones de soberanía desde 1982.
Puntos clave
- El primer ministro Andy Burnham ratificó ante la Cámara de los Comunes que el gobierno laborista será «implacable» en la defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas.
- Argentina amplió a 60 el universo de sancionados bajo la Ley 26.659, sumando 15 nuevos sujetos: fondos de inversión británicos, un banco israelí, accionistas y proveedores del proyecto Sea Lion.
- Las empresas sumariadas quedan excluidas del RIGI, los contratos con el Estado y los beneficios fiscales, según confirmó el vocero presidencial Adrián Ravier.
- La Ley 26.659, vigente hace más de quince años, se activa con esta intensidad por primera vez en el período preelectoral de 2027.
- La cancillería señaló que desde el inicio de las sanciones el Ministerio no dejó de recibir llamados de empresas afectadas.
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