Represión
Otra vez represión a jubilados en el Congreso: gases, golpes y un detenido en la marcha de los miércoles
Una postal repetida de la Argentina en crisis.
Como todos los miércoles desde hace más de dos décadas, un grupo de jubilados se reunió frente al Congreso para reclamar mejoras en sus haberes. Lo que debería haber sido una manifestación pacífica terminó en represión: efectivos de la Policía y la Prefectura rodearon a los manifestantes, los empujaron hacia la vereda y lanzaron gases lacrimógenos a muy corta distancia. El operativo dejó como saldo un hombre detenido y varias personas mayores y de todas las edades afectadas por la represión.
Una postal repetida de la Argentina en crisis
La escena se repite con una regularidad alarmante. Jubilados y jubiladas que sobreviven con haberes por debajo de la línea de pobreza salen a la calle a pedir lo que les corresponde: un ingreso digno y un bono mensual que no se congele en el tiempo. Frente a ese reclamo elemental, la respuesta del Gobierno vuelve a ser la misma: represión y criminalización de la protesta.
Víctor, un jubilado que resultó detenido, relató con crudeza lo sucedido:
“Vinimos como siempre, me agarraron cuatro gendarmes, me patearon la espalda y me pegaron. Cuando tiran gas, no les importa nada”, denunció.
Otra manifestante, visiblemente afectada, resumió la escena en una frase que condensa el absurdo:
“Nos empujaron de la calle a la vereda y nos tiraron gas de frente”.
Reclamos invisibilizados
Los jubilados vienen alertando desde hace meses que el bono mensual que reciben se mantiene congelado desde 2024, sin actualización a pesar de la inflación acumulada. El Gobierno intentó mostrar sensibilidad con la oficialización del bono de octubre y el anuncio de un programa de descuentos en supermercados, pero las medidas resultan insuficientes frente al costo de vida.
Diego, otro de los manifestantes, lo dijo sin rodeos:
“Vinimos y nos encontramos todos los miércoles. Era una manifestación totalmente pacífica. Que prohíban dar una vuelta al Congreso a 50 o 100 jubilados es ridículo y un nivel gigante de represión a los derechos civiles”.
El rol de la Iglesia y la denuncia social
El Padre Paco, histórico acompañante de las marchas de los jubilados, apuntó contra el accionar policial y contra el clima político que se vive en el país:
“Es siempre igual. En vez de buscar a Espert que está en el Congreso, vienen a buscar a los jubilados. Además, empezaron ellos. Nuestro pueblo está mal y hay que terminar con esto lo antes posible”.
Una represión que se naturaliza
El periodista Nicolás Munafó, en el móvil de C5N, describió un operativo inusualmente grande:
“La Prefectura se instaló donde estuvieron los manifestantes, hicieron un cordón sobre la plazoleta”.
Las imágenes de policías con cascos y escudos reprimiendo a adultos mayores en silla de ruedas o con bastones se suman a una serie de episodios que vienen marcando el pulso del actual Gobierno: ajuste económico hacia los sectores más vulnerables y despliegue represivo frente a cualquier intento de resistencia social.
Entre la dignidad y el ajuste
Mientras el Gobierno habla de “orden” y “disciplina fiscal”, los jubilados muestran la otra cara: haberes mínimos que no alcanzan para pagar medicamentos, alquileres que se llevan gran parte de sus ingresos y una canasta básica que crece todos los meses.
La represión de este miércoles no fue un hecho aislado, sino parte de un patrón. En lugar de escuchar el reclamo de quienes trabajaron toda su vida, el Estado les responde con gases, empujones y detenciones.
DDHH
Presunción de inocencia en crisis: 6 de cada 10 detenidos en prisiones federales esperan sentencia tras las rejas
Un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación reveló que en el primer semestre de 2026 casi el 57% de los detenidos en Marcos Paz y el 53% en Ezeiza están procesados sin sentencia. El relevamiento también documentó 18 muertes y 41 medidas de fuerza en los dos penales.
Más de la mitad de las personas alojadas en dos de las principales cárceles federales del país permanece detenida sin condena firme. Así lo estableció un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación sobre el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza y el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, correspondiente al primer semestre de 2026.
El relevamiento del organismo de control, que tiene rango constitucional y actúa como mecanismo de monitoreo de los lugares de detención, releva la evolución de la población alojada, la situación procesal de los detenidos, las demandas recibidas, los casos de malos tratos físicos, los fallecimientos y las medidas de fuerza documentadas entre enero y junio de este año.
Marcos Paz: casi 6 de cada 10 detenidos sin sentencia
El Complejo Penitenciario Federal N°2 (CPF II) de Marcos Paz, que aloja a varones mayores de 18 años, tenía a junio de 2026 un total de 1.875 personas privadas de libertad distribuidas en sus cinco unidades residenciales. La capacidad declarada por el Servicio Penitenciario Federal es de 2.000 plazas, con lo cual restaban 125 disponibles al momento del relevamiento.
El informe determinó que casi el 57% de los detenidos en Marcos Paz se encuentra procesado, es decir que más de 5 de cada 10 no cuentan con una condena firme. En el mismo período se relevaron 1.237 reclamos vinculados a salud, acceso a la justicia, condiciones materiales de detención y traslados o cambios de alojamiento.
El organismo registró además tres fallecimientos en el complejo durante los seis meses relevados, ninguno asociado a un hecho violento sino a causas de enfermedad, y 14 medidas de fuerza: nueve por huelga de hambre, tres por ingesta de elementos no consumibles y dos por autolesiones.
Ezeiza: la misma proporción y un dato más grave
El Complejo Penitenciario Federal N°1 (CPF I) de Ezeiza aloja a varones y personas trans mayores de 18 años. A junio de 2026 tenía 1.905 personas privadas de libertad en sus siete unidades residenciales, sobre una capacidad declarada de 1.947 plazas.
La situación procesal replica el patrón de Marcos Paz: casi el 53% de los detenidos en Ezeiza está procesado, sin condena firme. Entre enero y junio se relevaron 1.472 demandas, con la salud como principal motivo de reclamo, seguida por las condiciones materiales de detención, el acceso a la justicia y los traslados o cambios de alojamiento.
A diferencia de Marcos Paz, Ezeiza registró 15 fallecimientos en el semestre, de los cuales diez fueron por enfermedad y cinco por muertes violentas: cuatro por ahorcamiento y uno por incendio. El complejo también concentró la mayor cantidad de medidas de fuerza, con un total de 27: 21 por huelga de hambre, dos por autolesiones, dos por rechazo de alimentos, una por ingesta de elementos no consumibles y una sin identificar.
Un patrón estructural del sistema penitenciario federal
Los números que arroja el relevamiento de la Procuración Penitenciaria confirman un dato que organismos de derechos humanos vienen señalando desde hace años en distintos informes: la utilización de la prisión preventiva como regla y no como excepción en el sistema penal federal argentino, en contradicción con el principio constitucional de inocencia. Entre las dos cárceles relevadas suman casi 3.800 personas detenidas, y en ambas la mayoría permanece procesada sin una sentencia que determine su culpabilidad o inocencia.
Lo que tenés que saber:
- Un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación relevó las cárceles de Ezeiza y Marcos Paz entre enero y junio de 2026.
- Casi el 57% de los presos en Marcos Paz y el 53% en Ezeiza están procesados, sin condena firme.
- Entre ambos complejos se registraron 18 fallecimientos en el semestre, cinco de ellos por muertes violentas en Ezeiza.
- Se documentaron 41 medidas de fuerza en total, la mayoría huelgas de hambre.
- Entre las dos cárceles suman casi 3.800 personas privadas de libertad.
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