Por Santiago Rojas

“La realización de tareas de inteligencia ilegal por parte de la Policía de la Provincia de Buenos Aires durante la Caravana por la Memoria, la Verdad y la Justicia, constituye una flagrante violación a la Ley Nacional de Inteligencia 25.520 y una grave afrenta a los derechos fundamentales de los ciudadanos”, denunció la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) al presentar una denuncia penal y constituirse como querellante en la causa.

Según la presentación judicial, el 15 de marzo, en inmediaciones del polideportivo Gorki Grana, un agente de la Policía Bonaerense —identificado como el subcomisario Marcos de la Cruz, de la Comisaría 3ª de Castelar Sur— fue registrado filmando a los asistentes desde un vehículo particular sin identificación visible. La CPM subrayó que este tipo de acciones “se inscriben claramente en los supuestos vedados en la normativa de inteligencia nacional” y remiten a prácticas de espionaje prohibidas expresamente por la legislación vigente.

“La inteligencia nacional debe velar por la protección y el cuidado de los argentinos, y no espiarlos”, remarcaron desde el organismo, que recordó que no existe en la provincia de Buenos Aires una ley que regule la inteligencia criminal desarrollada por las fuerzas de seguridad, lo que agrava aún más los hechos denunciados.

Es que la “Caravana por la Memoria, la Verdad y la Justicia” que recorrió las calles de Morón el pasado 15 de marzo cerró con un hecho alarmante: la presencia de un efectivo de la Policía Bonaerense filmando con su celular a los participantes desde un auto particular, sin patente trasera. El vehículo, un Renault Sandero dominio MSZ368, fue identificado por organismos de derechos humanos y fotografiado en las inmediaciones del predio Quinta Seré. El agente en cuestión resultó ser el subcomisario Marcos de la Cruz, de la Comisaría 3ª de Castelar Sur, dependencia que carga con un pasado siniestro: en ella estuvo detenida antes de ser desaparecida la madre de la ex diputada Victoria Donda.

El accionar de De la Cruz representa una práctica de espionaje interno que remite directamente a los años más oscuros de la historia argentina y que vuelve a emerger en tiempos donde la represión parece ganar legitimidad política. Lejos de repudiar o investigar el hecho, las autoridades locales encabezadas por el intendente Lucas Ghi se limitaron a enviar un tímido pedidos de informes al jefe departamental de la Policía Bonaerense para luego llamarse a silencio.

La Asociación Seré pidió explicaciones formales y no obtuvo respuesta.

La Asociación Seré por la Memoria y la Vida, presidida por María Teresa Antón, presentó el 21 de marzo una nota al intendente Lucas Ghi preguntando si “obtuvo alguna respuesta a su pedido de informes al Jefe Departamental de Morón” sobre el operativo de vigilancia ilegal. “Hechos que fueron protagonizados por un efectivo de la policía en su auto particular, al cual le faltaba la patente de atrás MSZ368, que filmaba con su celular a las personas que participaban de la Caravana”, detalló la misiva.

El escrito, ingresado formalmente y recibido por la Dirección de Audiencias, aún no obtuvo contestación. El silencio oficial contrasta con los años de compromiso institucional con las banderas de los derechos humanos que caracterizaron al distrito desde 1999, cuando Martín Sabbatella inauguró un camino de memoria activa que continuó —al menos discursivamente— hasta hace poco tiempo.

Un giro ideológico: de la Memoria a la mano dura

Desde sectores vinculados a organismos sociales y políticos del oeste bonaerense advierten un preocupante giro ideológico en la política de seguridad del municipio. Con la llegada de Javier Milei al gobierno nacional y el alineamiento progresivo de algunos intendentes al nuevo esquema de poder, comenzaron a replicarse políticas de vigilancia, criminalización de la protesta y represión preventiva.

En Morón, este cambio se tradujo en la incorporación de figuras asociadas a una línea dura en materia de seguridad. Entre ellos, el secretario Damián Cardoso —vinculado a sectores del poder judicial local— y Ariel Stella, ex sindicalista de ATE y ex funcionario de Trenes Argentinos, quienes promovieron una agenda centrada en la militarización del espacio público. El intendente Ghi, que supo construir su trayectoria en un paradigma opuesto, optó por fomentar esta reconfiguración sin dar mayores explicaciones, dejando atrás las políticas de cercanía, inclusión y derechos que marcaron a Morón como un municipio pionero en la materia.

Silencio y complicidad

El hecho de que un policía haya realizado tareas de inteligencia sin identificación en una movilización pacífica de organismos de derechos humanos, y que ese accionar no haya sido desmentido ni sancionado por las autoridades municipales o provinciales, genera una fuerte preocupación. En ese contexto, el pedido de la Asociación Seré cobra aún más relevancia: “Le solicitamos una pronta respuesta por escrito”, exigieron.

La omisión de respuestas y la validación implícita de estas prácticas en nombre de una supuesta eficiencia en materia de seguridad abren la puerta a la reinstalación de lógicas que la democracia argentina venía dejando atrás. La participación de las fuerzas de seguridad en acciones de vigilancia sobre la ciudadanía no es un error administrativo: es una decisión política. Y, por ahora, ni Lucas Ghi ni su gabinete parecen dispuestos a dar explicaciones.

Por último, cabe remarcar e insistir en la denuncia de este hecho: un policía de la Bonaerense —identificado como el subcomisario Marcos de la Cruz, de la Comisaría 3ª de Castelar Sur— fue registrado filmando a los asistentes desde un vehículo particular sin identificación visible. La Asociación Seré pidió explicaciones formales y no obtuvo respuesta.