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«Dólar Agro»: todavía no se comercializaron 7 millones de toneladas de soja de la campaña anterior

Sergio Massa adelantó que se implementará un tipo de cambio especial para algunas producciones de las economías regionales por 90 días, aunque todavía no se conocen especificaciones que actividades incluiría, ni tampoco a qué precio se ubicará el dólar.

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Por Juan Manuel Colombo

La futura implementación del «dólar agro», que en su primera etapa comprenderá un tipo de cambio diferencial para el complejo sojero, representará la posibilidad de una mejora en la rentabilidad de los productores de cara a una cosecha golpeada por la sequía y para aquellos que todavía conservan 7 millones de toneladas del ciclo anterior en su poder.

El jueves, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció la pronta puesta en marcha de un «dólar agro», que comprenderá en primera instancia un tipo de cambio diferencial para el complejo sojero por 30 días durante abril.

Asimismo, adelantó que se implementará un tipo de cambio especial para algunas producciones de las economías regionales por 90 días, aunque todavía no se conocen especificaciones que actividades incluiría, ni tampoco a qué precio se ubicará el dólar.

Ese último punto tampoco está claro para lo que podría llamarse un «dólar soja 3», aunque se da por hecho una mejora en el tipo de cambio que invite a los productores a vender sus tenencias y a los agroexportadores a aumentar la liquidación de divisas.

Según la analista comercial de la consultora FyO, Josefina Jolly, de la campaña 2021/22 de soja, que cerró con una producción de 43,3 millones de toneladas, todavía restan comercializarse 7 millones de toneladas.

Para Jolly, la oleaginosa a negociarse provendría de ese remanente y de lo que se podría obtener de la actual campaña, donde la cosecha recién está comenzando.

No obstante, planteó que «hay que ver hasta dónde llega la medida, porque si se extiende por 30 días en abril, en muchos casos, por como se sembró este año, la cosecha estará más sobre mayo y esa soja no entraría. Ese es un tema», dijo la analista.

Según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la actual campaña de soja totalizaría en 25 millones de toneladas, la menor producción en 23 años, debido al fuerte impacto que tuvo la sequía en gran parte del país, pero, en especial, sobre la zona núcleo, el área que mayor volumen aporta a nivel nacional.

Esa importante merma de 17,2 millones de toneladas respecto al anterior ciclo, representará una caída de US$ 7.300 millones en exportaciones, indicó la entidad bursátil. A esto se suma que la comercialización de soja de la presente campaña se ubica en su nivel más bajo de los últimos 20 años.

En este sentido, la BCR informó que «se llevan vendidas 4,8 millones de toneladas, algo menos de la mitad de lo comercializado en la campaña pasada a la misma fecha. En términos de porcentaje de la producción esperada, la comercialización alcanza el 18%, cuando el año pasado totalizaba un 24%, y representa la menor proporción desde la campaña 2016/17».

Es por eso que una mejora en el tipo de cambio puede ser un incentivo para no sólo comercializar el volumen remanente de la cosecha 2021/22, sino también impulsar las ventas de la nueva campaña.

Así, el responsable del área de Análisis de Mercados de la corredora Grassi, Ariel Tejera, consideró que «si bien los productores prefieren reglas claras y certezas, en mercados sin intervenciones, claramente, una mejoría en el tipo de cambio, aunque sea temporal, debería generar estímulos».

«Además, estamos en un ciclo donde los productores van a necesitar hacer caja, y con una producción de maíz de primera muy mermada, la alternativa puede ser comercializar la soja, para pagar costos. De todas formas, las decisiones estarán muy relacionadas al tipo de cambio diferencial que efectivamente se determine», agregó Tejera.

Según estipuló el especialista, «si consideramos que el diferencial entre el dólar soja y el tipo de cambio oficial, en las versiones anteriores, rondó entre 35-39%, podríamos pensar en valores para abril ubicados entre $285 y $300 para el nuevo dólar».

Otro punto central a tener en cuenta es el bajo nivel de liquidación de dólares por parte de la agroexportación, cuestión que busca estimular la futura medida.

La Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC) informó que durante marzo ingresaron 1.228,6 millones de dólares, el segundo mes de marzo más bajo desde 2020, aunque un 90% mayor que en el mes de febrero de 2023.

En febrero ingresaron US$ 645 millones, 30% menor a lo liquidado en enero, producto de la fuerte caída en la producción de trigo y de maíz de primera. En suma, los agroexportadores liquidaron 2.802 millones de dólares en el primer trimestre del año.

Gremiales

La Cámara del Trabajo le devolvió al Gobierno la reforma laboral que la CGT había logrado frenar

La Cámara Nacional del Trabajo revocó la medida cautelar que suspendía 82 artículos de la Ley de Modernización Laboral (N° 27.802) tras la apelación del Gobierno. El fallo de primera instancia del juez Raúl Ojeda, que había paralizado el núcleo de la reforma a pedido de la Confederación General del Trabajo (CGT), quedó sin efecto en este punto; sin embargo, la discusión de fondo sobre la constitucionalidad de la norma continúa abierta en los tribunales.

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La Cámara revocó la cautelar y reactiva los 82 artículos de la reforma laboral

★ La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hizo lugar a la apelación presentada por el Gobierno nacional y revocó la cautelar que mantenía en suspenso 82 artículos de la Ley N° 27.802, la denominada reforma laboral sancionada por el Congreso el pasado 28 de febrero y publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo de 2026. Con la revocación, los artículos vuelven a estar en vigencia plena mientras continúa la tramitación del juicio de fondo sobre su constitucionalidad.

La medida cautelar original había sido dictada el 30 de marzo por el titular del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, el juez Raúl Horacio Ojeda, quien hizo lugar al planteo de la CGT y suspendió provisoriamente las disposiciones más sensibles de la norma: cambios en el cálculo indemnizatorio, la derogación de la ley de teletrabajo, la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), las modificaciones al derecho de huelga, el banco de horas, las limitaciones a la negociación colectiva y el esquema de responsabilidad solidaria en tercerización, entre otros.

Una batalla judicial que el Gobierno peleó por varias vías

El fallo de la Cámara no llegó de manera lineal. El Gobierno recurrió a múltiples estrategias paralelas para levantar la suspensión. Luego de que el propio juez Ojeda concediera el recurso de apelación con efecto devolutivo (lo que mantenía la cautelar vigente mientras tramitaba la apelación), la Procuración del Tesoro de la Nación presentó además un recurso extraordinario de per saltum ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 16 de abril, buscando saltear instancias y obtener una resolución urgente del máximo tribunal. El Ejecutivo argumentó incompetencia del juez laboral, ausencia de caso judicial concreto y gravedad institucional al haberse suspendido una ley emanada del Congreso.

En simultáneo, la jueza federal Macarena Marra González, del fuero Contencioso Administrativo Federal, intervino para reclamar que el expediente principal fuera resuelto por esa cámara y no por el fuero laboral, lo que abrió un conflicto de competencias que también complejizó el trámite. Finalmente, fue la Cámara del Trabajo la que se pronunció primero y revocó la medida cautelar.

Qué artículos recuperan vigencia

Con la revocación, recobran aplicación inmediata los artículos suspendidos más cuestionados por el sindicalismo. Entre ellos: el nuevo esquema de cálculo de indemnizaciones que excluye conceptos como el aguinaldo de la base liquidatoria; el FAL, el fondo de capitalización que reemplaza parcialmente el esquema tradicional de indemnización por despido; las modificaciones al régimen de negociación colectiva que habilitan la primacía de los convenios de empresa por sobre los de actividad, uno de los puntos más resistidos por los gremios; las nuevas reglas sobre teletrabajo, banco de horas y fraccionamiento de vacaciones; las disposiciones que limitan la huelga en servicios esenciales; y los cambios que reducen la responsabilidad solidaria de las empresas en casos de tercerización.

El fallo no resuelve, sin embargo, la cuestión de fondo: la inconstitucionalidad de la norma que la CGT reclama en el expediente principal seguirá su trámite ante la Justicia. Tampoco cancela los efectos de las cautelares dictadas en otros casos, como la que protege el empleo de unos 1.500 agentes judiciales del Juzgado N° 30, ni los fallos que declararon inconstitucional el artículo 55 en Córdoba y La Plata.

Una saga que comenzó antes de la sanción

Como informó este medio desde noviembre de 2025, el conflicto en torno a la reforma laboral no comenzó con la sanción de la ley. La CGT advirtió desde el primer momento que la iniciativa reproducía los contenidos del capítulo laboral del DNU 70/2023, que ya había sido suspendido por la propia Cámara del Trabajo en enero de 2024 y luego declarado inconstitucional por la Sala de feria del mismo tribunal. La central obrera realizó un paro nacional de 24 horas el mismo día del debate en Diputados y presentó amparos ante dos fueros distintos el mismo día en que la ley se publicó en el Boletín Oficial.

La judicialización avanzó con celeridad. En apenas tres semanas desde la promulgación, el juez cordobés Ricardo Gileta declaró inconstitucional el artículo 55, el Tribunal del Trabajo N° 3 de La Plata replicó ese criterio, y el juez Herman Mendel suspendió el traspaso del Fuero Laboral a la Ciudad de Buenos Aires. El 30 de marzo llegó la cautelar más amplia, la del juez Ojeda, que paralizó el grueso de la norma. Ahora, la Cámara revierte esa decisión, aunque la guerra judicial continúa.

El fondo sigue irresuelto y el camino puede llegar a la Corte

La revocación de la cautelar representa un triunfo político importante para el Gobierno de Javier Milei, que necesitaba mostrar resultados concretos de su agenda de desregulación laboral. Pero la pelea dista de estar terminada. Si la Cámara hubiera confirmado la cautelar, el expediente habría escalado directamente a la Corte Suprema. Con la revocación, el escenario es inverso: ahora la CGT y los gremios impugnantes son quienes tienen incentivos para acelerar la tramitación del juicio de fondo o recurrir al máximo tribunal.

Según especialistas en derecho laboral, el recorrido judicial podría extenderse por meses o incluso más de un año. En ese plazo, trabajadores con juicios individuales en curso podrán igualmente plantear la inconstitucionalidad de artículos específicos en cada causa, lo que mantiene la disputa viva juzgado por juzgado. Empleados del Comercio y otros gremios habían presentado también sus propias cautelares con alcances distintos, lo que fragmenta el mapa judicial y dificulta cualquier lectura definitiva.

Puntos clave:

  • La Cámara Nacional del Trabajo revocó la cautelar que suspendía 82 artículos de la Ley N° 27.802, a pedido del Gobierno.
  • Los artículos más sensibles de la reforma laboral, que estaban suspendidos desde el 30 de marzo por el juez Raúl Ojeda, recuperan vigencia plena.
  • El juicio de fondo sobre la inconstitucionalidad de la ley, promovido por la CGT, continúa abierto.
  • El Gobierno había apelado por dos vías paralelas: ante la Cámara del Trabajo y mediante un per saltum ante la Corte Suprema presentado el 16 de abril.
  • La disputa judicial puede extenderse por meses; los trabajadores con causas individuales conservan el derecho a impugnar artículos específicos en cada juzgado.
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