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Denuncia

Defensores y víctimas de torturas en Malvinas: «Hoy es la Corte la que viola los derechos humanos»

La causa sobre sobre los crímenes sufridos por ex conscriptos, que lleva 16 años, está pendiente de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

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Por Silvina Caputo

En un nuevo aniversario del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas, que se conmemora mañana, la causa sobre torturas a los ex conscriptos -que lleva 16 años- está pendiente de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que dictamine si los delitos cometidos fueron de lesa humanidad y son imprescriptibles, pese a que ya existe un fallo del Procurador General que pidió revocar un dictamen anterior que se pronunció en el sentido contrario.

«Hoy es la propia Corte Suprema de Justicia la que viola los derechos humanos de los excombatientes frente a la dilación de continuar investigando las torturas, pero además por incumplir los estándares interamericanos establecidos tras el fallo Bueno Alves en 2007 en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció que la tortura es un delito grave que no prescribe, en particular cuando ese delito fue cometido desde el Estado», dijo a Télam el abogado del Centro de ex Combatientes de Islas Malvinas (Cecim) La Plata, Jerónimo Guerrero Iraola.

Del mismo modo, Ernesto Alonso -excombatiente de Malvinas y uno de los fundadores del centro- afirmó en diálogo con esta agencia que «ante este accionar de la Corte sentimos una falta un acompañamiento de las instituciones y vemos que a 40 años de democracia, Malvinas es una asignatura que sigue pendiente, y nos sigue doliendo la tortura».

«Ya no nos alcanza con la palmadita y la medalla, hace 40 años que necesitamos que se haga justicia y que se reconozca que no fue el Ejército de San Martín el que estuvo en las Islas, fue el ejército de Videla, pero hay un sector del poder judicial que no quiere reconocerlo y mientras eso no suceda, no estaremos en paz», añadió.

Desde lo jurídico, Iraola recordó que el 22 de noviembre del año pasado, el Procurador Eduardo Casal «pidió revocar el fallo de la Cámara Federal de Casación que consideró que las torturas en Malvinas no fueron delitos de lesa humanidad y recomendó a la Corte pronunciarse».

«Sin embargo, la Corte todavía no se expidió y no hay razón jurídica ni argumentativa que le impida hacerlo. Peor aún, porque teniendo de antecedente el fallo Bueno Alves que le indica que cuando hay torturas igualmente se debe seguir el criterio interamericano de violaciones a los derechos humanos, todavía tiene parada la causa», añadió el abogado.

Así, a 41 años del conflicto bélico y con 40 años de democracia ininterrumpida los excombatientes esperan que avance la causa que «tiene más de 176 testimonios y 120 testigos en forma directa o indirecta han visto como torturaban a sus compañeros durante la guerra», añadió el letrado.

El excombatiente Alonso agregó que, entre los métodos utilizados, y que figuran en la causa a la que tuvo acceso Télam, estaban «los estaqueamientos y enterramientos» así como «el hambre atroz» al que eran sometidos, y los abusos sexuales, entre otros.

Hasta el momento, «solo hay tres procesados, en el marco de las cinco indagatorias que se tomaron, y como consecuencia de la inacción de la Corte, las otras más de 20 indagatorias que estaban pendientes quedaron paralizadas», amplió Iraola.

Y agregó que «mientras el Poder Judicial no cumpla, se sigue revictimizando a las personas que han tomado el coraje de denunciar esta situación».

«Por nuestra parte, estamos trabajando en una estrategia procesal y viajaremos al sur a fines de abril para exigirle a la jueza que avance también con el llamado a las indagatorias», añadió.

En este punto, recordó que «se trata de una mega causa donde hay 95 militares denunciados por más de un centenar de hechos de tortura», puntualizó.

El caso que tramita el Juzgado Federal de la ciudad fueguina de Río Grande desde 2007 pasó a un letargo indefinido en mayo del 2021, cuando la jueza Mariel Borruto decidió esperar un pronunciamiento de la Corte Suprema acerca de si los hechos investigados constituyen o no delitos de lesa humanidad, condición esta que les otorga imprescriptibilidad.

Borruto ya se había expresado en distintas ocasiones en el sentido de que los estaqueamientos y enterramientos denunciados representan ilícitos imprescriptibles y había procesado en febrero de 2020 a cuatro de los exmilitares imputados, en un fallo que luego confirmó parcialmente la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, Chubut.

Sin embargo, el 4 de mayo de 2021 un pronunciamiento dictado por mayoría por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal -recurrido por la fiscalía y los querellantes- abonó el criterio de que los supuestos ilícitos están prescriptos y la jueza «cambió el criterio, y envió el tema a la Corte», recordó Iraola. Luego se produjo el fallo del Procurador pero desde noviembre pasado la causa sigue paralizada.

En tanto, Alonso recordó que «en el año 2015 fuimos a la CIDH reclamando por falta de acceso a la justicia a lo que se sumó un decreto de desclasificación total de los archivos de Malvinas firmado por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner gracias al cual aparecieron todos los documentos oficiales de las fuerzas armadas donde están constatadas las torturas. Eso también fue incorporado a la causa».

Allí, aparecen «actas de recepción, planes de inteligencia y contrainteligencia, las órdenes de los comandantes que decían que eso no tenia que trascender a la opinión pública, y lo que decían que tenían que hacer con los familiares, así como también la forma en la que se debía contar la guerra para que pareciera una epopeya».

«No fue una historia épica, fue una historia de torturas, de abusos, de terrorismo llevado a las islas», definió y añadió que «el negacionismo que se escucha hoy también se aplica a Malvinas. Hay una disputa de sentido sobre las fuerzas armadas y para muchos es complejo tener que ver condenados a militares por su accionar en las islas».

«Sin embargo, muchos genocidas que hoy cumplen condena por delitos de lesa en el terrorismo de Estado estuvieron en las islas y todos participaron de las unidades militares», recordó el excombatiente y citó a «(Alfredo) Astiz, el Tigre Acosta, Giachino, Rolón, Pernía, Locito».

«En Malvinas van a encontrar a los pilotos de la muerte, a los ejecutores de los robos de bebés, todos fueron los mismos. Por eso hay que revisar también la historia del servicio militar en nuestro país», analizó y recordó que «en dictadura desaparecieron más de 200 soldados que estaban haciendo la colimba, antes de la guerra».

La investigación por torturas en Malvinas tuvo su origen en una denuncia presentada en 2007 por el entonces subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, Pablo Vassel, quien recolectó los primeros 25 casos denunciados de tormentos a soldados.

Denuncia

Adorni: el fiscal pidió bajar la carátula y la oposición habló de impunidad

El fiscal Gerardo Pollicita sostuvo que no puede probar el enriquecimiento ilícito del exjefe de Gabinete y pidió enviar la causa al fuero Penal Económico para investigar una posible evasión. Varios dirigentes opositores cuestionaron el giro y lo leyeron como una salida a medida, a horas de la llegada del Papa al país.

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El Argentino Diario-Manuel Adorni da la cara en el Congreso.
De “enriquecimiento ilícito” a “tema de impuestos”: el giro en la causa Adorni que indignó a la oposición.

La causa que debía explicar cómo creció el patrimonio de Manuel Adorni podría dejar Comodoro Py para convertirse en una discusión con el fisco, y la oposición salió a decir que esa es la salida a medida.

El viernes 6 de noviembre, el fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un dictamen ante el juez Ariel Lijo en el que concluyó que no hay elementos suficientes para sostener la acusación por enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete, que renunció el 27 de junio y fue reemplazado por Diego Santilli. Pidió que se declare la incompetencia del fuero federal y que el expediente pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico. No es un sobreseimiento: la decisión final es de Lijo.

Lo que dijo el fiscal

Según el dictamen, el fiscal no pudo refutar la versión de la defensa, que sostiene que Adorni tenía más de medio millón de dólares antes de llegar a la función pública y lo atribuye a inversiones en criptomonedas. El delito de enriquecimiento ilícito exige que el incremento injustificado ocurra después de asumir un cargo, y el período analizado fue del 14 de diciembre de 2023 al 27 de junio de 2026.

Pollicita no descartó, sin embargo, que haya habido irregularidades: planteó que persisten indicios de que ingresos, dólares en efectivo y activos virtuales permanecieron fuera de las declaraciones juradas durante años, y señaló que la propia defensa reconoció que parte de la información rectificada era “materia antes no declarada”. Por eso propone que el fuero Penal Económico determine si hubo evasión en Ganancias, Bienes Personales u otros tributos, ejercicio por ejercicio, y pidió revisar la actuación de la escribana que intervino en las escrituras.

La oposición: “ES JODA”

El presidente de la Coalición Cívica y diputado por la Ciudad, Maximiliano Ferraro, escribió en X que “ES JODA” y ironizó con que el cambio de vida del exfuncionario se explique con un pendrive con criptomonedas. “Adorni no tenía dónde caerse muerto antes de llegar al Gobierno”, afirmó. Enumeró más de US$ 400.000 en efectivo para comprar propiedades y pagar obras, viajes por el mundo, vuelos privados con toda su familia, refacciones en su casa y hasta el uso de tarjetas de crédito de sus empleados, y habló de un nivel de connivencia entre operadores judiciales y poder político que calificó de escandaloso.

La exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) y exfuncionaria del gobierno de Mauricio Macri, María Eugenia Talerico, fue la más categórica: “USAN AL SANTO PADRE PARA TAPAR LA CORRUPCIÓN DE ADORNI”. Sostuvo que, con la atención del país puesta en la llegada del Papa, el fiscal pidió que la causa pase a ser “un tema de impuestos, de esos que se arreglan pagando”, y calificó de despreciable aprovechar la visita de León XIV con ese fin. Agregó que el expediente queda ahora en manos de Lijo, “el mismo que con $LIBRA mandó a pasear el expediente”.

En rigor, el sobreseimiento de Javier y Karina Milei y de otros nueve imputados en la causa $LIBRA lo dictó el juez Marcelo Martínez de Giorgi el 23 de octubre, a pedido del fiscal Eduardo Taiano.

El titular del Partido Obrero, Gabriel Solano, habló de “Justicia de clase” y recordó que Pollicita, según dijo, persiguió a dirigentes del movimiento piquetero. Afirmó que el fiscal “acaba de sobreseer” a Adorni, aunque técnicamente no hubo sobreseimiento sino un pedido de cambio de fuero. La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade sostuvo que “el fiscal no tenía que acreditar nada”, porque el enriquecimiento ilícito invierte la carga de la prueba y es el acusado quien debe justificar su patrimonio, e ironizó con que había que felicitar al contador por lo que “dibujó” en tantas prórrogas.

El abogado de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón, unió esta causa con $LIBRA. Escribió que mientras Taiano pidió cerrar esa investigación sin peritar el celular del Presidente, Pollicita se encamina a cerrar la de Adorni sin que el exjefe de Gabinete explique cómo gasta más de lo que gana: “Misma semana. Mismo Gobierno. Mismo final feliz”. Y agregó: “Nunca vi fiscales que se equivocan siempre para el mismo lado”. También reclamó que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que ya fue por $LIBRA, intervenga en este caso.

Pagano pidió que Lijo rechace el cambio de fuero

La diputada Marcela Pagano, autora de la denuncia original, amplió su presentación ante Lijo con datos de la Central de Deudores del Banco Central. Según su escrito, la cuenta de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, en el Banco Galicia registró gastos de entre 13 y 18 millones de pesos por mes entre junio y septiembre, cuando su marido ya había dejado el cargo y el salario estatal. Pidió que el juez rechace la incompetencia, oficie a bancos y a ARCA, cite a Adorni a indagatoria y habilite la intervención de la PIA.

Pagano recordó además que el enriquecimiento ilícito puede investigarse hasta dos años después de concluida la función pública, un período que, según sostiene, la fiscalía no analizó.

Qué viene

Lijo deberá resolver si acepta la incompetencia y envía el expediente al fuero Penal Económico, o si mantiene la causa en Comodoro Py, como pidió Pagano. La Justicia ya había ordenado peritar las billeteras de criptomonedas del exjefe de Gabinete. El dictamen no cierra la causa, pero cambia su naturaleza: de explicar un patrimonio construido durante la función pública a discutir cuentas con el fisco.

Lo que tenés que saber:

  • El 6 de noviembre, Pollicita dictaminó que no hay elementos para sostener el enriquecimiento ilícito de Adorni y pidió pasar la causa al fuero Penal Económico.
  • No es un sobreseimiento: el juez Ariel Lijo debe decidir si acepta la incompetencia.
  • El fiscal no pudo refutar que Adorni tuviera más de medio millón de dólares antes de asumir, pero planteó que ingresos, dólares y criptoactivos quedaron fuera de sus declaraciones durante años.
  • Ferraro, Talerico, Solano, Frade y Dalbón cuestionaron el dictamen y hablaron de impunidad.
  • Pagano amplió la denuncia con datos del Banco Central y pidió que Lijo rechace el cambio de fuero.
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