Por Silvina Caputo

En un nuevo aniversario del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas, que se conmemora mañana, la causa sobre torturas a los ex conscriptos -que lleva 16 años- está pendiente de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que dictamine si los delitos cometidos fueron de lesa humanidad y son imprescriptibles, pese a que ya existe un fallo del Procurador General que pidió revocar un dictamen anterior que se pronunció en el sentido contrario.

«Hoy es la propia Corte Suprema de Justicia la que viola los derechos humanos de los excombatientes frente a la dilación de continuar investigando las torturas, pero además por incumplir los estándares interamericanos establecidos tras el fallo Bueno Alves en 2007 en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció que la tortura es un delito grave que no prescribe, en particular cuando ese delito fue cometido desde el Estado», dijo a Télam el abogado del Centro de ex Combatientes de Islas Malvinas (Cecim) La Plata, Jerónimo Guerrero Iraola.

Del mismo modo, Ernesto Alonso -excombatiente de Malvinas y uno de los fundadores del centro- afirmó en diálogo con esta agencia que «ante este accionar de la Corte sentimos una falta un acompañamiento de las instituciones y vemos que a 40 años de democracia, Malvinas es una asignatura que sigue pendiente, y nos sigue doliendo la tortura».

«Ya no nos alcanza con la palmadita y la medalla, hace 40 años que necesitamos que se haga justicia y que se reconozca que no fue el Ejército de San Martín el que estuvo en las Islas, fue el ejército de Videla, pero hay un sector del poder judicial que no quiere reconocerlo y mientras eso no suceda, no estaremos en paz», añadió.

Desde lo jurídico, Iraola recordó que el 22 de noviembre del año pasado, el Procurador Eduardo Casal «pidió revocar el fallo de la Cámara Federal de Casación que consideró que las torturas en Malvinas no fueron delitos de lesa humanidad y recomendó a la Corte pronunciarse».

«Sin embargo, la Corte todavía no se expidió y no hay razón jurídica ni argumentativa que le impida hacerlo. Peor aún, porque teniendo de antecedente el fallo Bueno Alves que le indica que cuando hay torturas igualmente se debe seguir el criterio interamericano de violaciones a los derechos humanos, todavía tiene parada la causa», añadió el abogado.

Así, a 41 años del conflicto bélico y con 40 años de democracia ininterrumpida los excombatientes esperan que avance la causa que «tiene más de 176 testimonios y 120 testigos en forma directa o indirecta han visto como torturaban a sus compañeros durante la guerra», añadió el letrado.

El excombatiente Alonso agregó que, entre los métodos utilizados, y que figuran en la causa a la que tuvo acceso Télam, estaban «los estaqueamientos y enterramientos» así como «el hambre atroz» al que eran sometidos, y los abusos sexuales, entre otros.

Hasta el momento, «solo hay tres procesados, en el marco de las cinco indagatorias que se tomaron, y como consecuencia de la inacción de la Corte, las otras más de 20 indagatorias que estaban pendientes quedaron paralizadas», amplió Iraola.

Y agregó que «mientras el Poder Judicial no cumpla, se sigue revictimizando a las personas que han tomado el coraje de denunciar esta situación».

«Por nuestra parte, estamos trabajando en una estrategia procesal y viajaremos al sur a fines de abril para exigirle a la jueza que avance también con el llamado a las indagatorias», añadió.

En este punto, recordó que «se trata de una mega causa donde hay 95 militares denunciados por más de un centenar de hechos de tortura», puntualizó.

El caso que tramita el Juzgado Federal de la ciudad fueguina de Río Grande desde 2007 pasó a un letargo indefinido en mayo del 2021, cuando la jueza Mariel Borruto decidió esperar un pronunciamiento de la Corte Suprema acerca de si los hechos investigados constituyen o no delitos de lesa humanidad, condición esta que les otorga imprescriptibilidad.

Borruto ya se había expresado en distintas ocasiones en el sentido de que los estaqueamientos y enterramientos denunciados representan ilícitos imprescriptibles y había procesado en febrero de 2020 a cuatro de los exmilitares imputados, en un fallo que luego confirmó parcialmente la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, Chubut.

Sin embargo, el 4 de mayo de 2021 un pronunciamiento dictado por mayoría por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal -recurrido por la fiscalía y los querellantes- abonó el criterio de que los supuestos ilícitos están prescriptos y la jueza «cambió el criterio, y envió el tema a la Corte», recordó Iraola. Luego se produjo el fallo del Procurador pero desde noviembre pasado la causa sigue paralizada.

En tanto, Alonso recordó que «en el año 2015 fuimos a la CIDH reclamando por falta de acceso a la justicia a lo que se sumó un decreto de desclasificación total de los archivos de Malvinas firmado por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner gracias al cual aparecieron todos los documentos oficiales de las fuerzas armadas donde están constatadas las torturas. Eso también fue incorporado a la causa».

Allí, aparecen «actas de recepción, planes de inteligencia y contrainteligencia, las órdenes de los comandantes que decían que eso no tenia que trascender a la opinión pública, y lo que decían que tenían que hacer con los familiares, así como también la forma en la que se debía contar la guerra para que pareciera una epopeya».

«No fue una historia épica, fue una historia de torturas, de abusos, de terrorismo llevado a las islas», definió y añadió que «el negacionismo que se escucha hoy también se aplica a Malvinas. Hay una disputa de sentido sobre las fuerzas armadas y para muchos es complejo tener que ver condenados a militares por su accionar en las islas».

«Sin embargo, muchos genocidas que hoy cumplen condena por delitos de lesa en el terrorismo de Estado estuvieron en las islas y todos participaron de las unidades militares», recordó el excombatiente y citó a «(Alfredo) Astiz, el Tigre Acosta, Giachino, Rolón, Pernía, Locito».

«En Malvinas van a encontrar a los pilotos de la muerte, a los ejecutores de los robos de bebés, todos fueron los mismos. Por eso hay que revisar también la historia del servicio militar en nuestro país», analizó y recordó que «en dictadura desaparecieron más de 200 soldados que estaban haciendo la colimba, antes de la guerra».

La investigación por torturas en Malvinas tuvo su origen en una denuncia presentada en 2007 por el entonces subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, Pablo Vassel, quien recolectó los primeros 25 casos denunciados de tormentos a soldados.