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Oro sin papeles: la Justicia expone una maniobra millonaria del BCRA
Una orden judicial obligó a la autoridad monetaria a revelar irregularidades graves en operaciones con lingotes durante 2024.
Lo que tenés que saber
- El BCRA reconoció envíos de oro al exterior sin contratos ni respaldo legal
- La admisión surge tras un amparo impulsado por Sergio Palazzo
- La operatoria involucró reservas valuadas en casi USD 5.000 millones
- La Cámara cuestionó la falta de transparencia y trazabilidad
- Las autoridades podrían enfrentar responsabilidades penales
La orden judicial que forzó la admisión
La controversia por el traslado de reservas de oro del Banco Central de la República Argentina al exterior sumó un nuevo capítulo tras una resolución de la Cámara Contencioso Administrativa Federal. Por orden judicial, la entidad monetaria debió informar sobre las operaciones realizadas durante 2024 y reconoció la inexistencia de contratos o documentación legal que respalden el envío de lingotes fuera del país.
El 24 de diciembre, el tribunal hizo lugar a un amparo presentado por el diputado y dirigente bancario Sergio Palazzo. La resolución revocó una decisión previa que avalaba la reserva de la información y sostuvo que los argumentos de confidencialidad resultaban insuficientes para ocultar datos vinculados a bienes públicos.
Qué respondió el Banco Central
En una nota oficial dirigida a la Auditoría General de la Nación, el propio Banco Central admitió que no existen contratos de colocación de lingotes de oro con el Banco de Pagos Internacionales ni con otros depositarios del exterior, ni durante 2024 ni al cierre del año anterior.
«Los contratos de colocación de lingotes de oro con el BIS y/o cualquier otro depositario del exterior no existen«, respondió formalmente la entidad presidida por Santiago Bausili. Esa admisión dejó constancia de que la operatoria careció de respaldo contractual, informes jurídicos y mecanismos de auditoría posteriores.
El traslado de las reservas y su justificación oficial
Según información que circuló en el expediente, el envío de oro alcanzó montos cercanos a los USD 450 millones y tuvo como destino Londres, dentro de una operatoria total valuada en casi USD 5.000 millones. El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió públicamente la decisión y la presentó como una estrategia financiera.
“Hoy tenemos oro que es como si fuera un inmueble; no se puede usar para nada. En cambio, si ese oro está afuera, se le puede sacar un retorno”, expresó Caputo al argumentar que la custodia en el exterior permitiría generar rentabilidad sobre las reservas.
De acuerdo con la información disponible, el traslado se realizó en un operativo nocturno mediante un avión comercial, sin registros documentales verificables.
Cuestionamientos judiciales y posibles delitos
La Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, integrada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, señaló que Bausili no justificó su negativa a informar sobre el destino del oro y advirtió que esa conducta vulneró los principios de transparencia en la administración de bienes del Estado.
La inexistencia de contratos abrió un escenario más complejo. Al tratarse de reservas estratégicas, la falta de trazabilidad documental expone a las autoridades del Banco Central a eventuales responsabilidades penales, al exceder el plano administrativo.
Auditoría, contexto internacional y presión judicial
En paralelo, la Auditoría General de la Nación quedó habilitada para evaluar acciones legales por entorpecimiento de auditoría, una vez completada la jura de nuevos auditores. El contexto internacional añade presión adicional: el precio del oro se ubica en valores récord, cercanos a los USD 4.400 la onza, lo que impacta de manera directa en los balances del organismo.
Con el expediente ya en sede judicial y una orden expresa de entregar información detallada, el margen de discrecionalidad del Banco Central se reduce. El foco del debate se trasladó al terreno judicial, donde se analizará si el envío de oro sin contratos ni respaldo legal configura una irregularidad penal.
Análisis
Blanqueo infinito: el beneficio eterno para los que nunca pagan
Mientras trabajadores y consumidores no pueden eludir impuestos, la nueva ley flexibiliza controles para patrimonios altos y operaciones complejas. El IPyPP alerta que el proyecto institucionaliza la desigualdad fiscal y coloca a la Argentina en el límite de los acuerdos internacionales contra el lavado.
El proyecto de “Inocencia Fiscal”, aprobado en Diputados y presentado por el oficialismo bajo el argumento de “reconstruir la confianza entre el fisco y los contribuyentes”, implica, según el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), un rediseño estructural del sistema tributario argentino que favorece la evasión de gran escala y limita la capacidad estatal de control y sanción.
Para Claudio Lozano, el texto legislativo instala un régimen de blanqueo permanente y consolida la impunidad fiscal de los sectores más concentrados, habilitando que patrimonios ocultos, dólares no declarados y beneficios indebidos ingresen al circuito formal con mínimos riesgos penales. “Es un puntapié para convertir a la Argentina en un paraíso para el lavado de dinero”, advirtió.
Un sistema hecho a medida del contribuyente poderoso
El informe del IPyPP detalla que el proyecto:
multiplica entre 35 y 100 veces los montos mínimos para iniciar acciones penales por evasión, lo que deja fuera del radar judicial a gran parte de las maniobras hoy punibles
crea mecanismos de extinción de la acción penal por simple pago de deuda + intereses + 50%, incluso después de iniciada la causa amplía los casos en que directamente no corresponde denunciar penalmente acorta plazos de prescripción, reduciendo de 5 a 3 años el margen estatal de fiscalización instala una presunción de exactitud “sin admitir prueba en contrario” para Ganancias e IVA impide usar el incremento patrimonial no justificado como evidencia para disparar controles crea un régimen simplificado que “cierra” períodos fiscales con efecto liberatorio
En palabras del IPyPP, la reforma traslada el centro de gravedad del sistema desde la persecución penal hacia la regularización voluntaria, debilitando las capacidades investigativas del organismo recaudador.
📊 Evasión en Argentina
📈 IVA: más del 50% Ganancias: casi 45% Pérdida fiscal estimada: 8,3 puntos del PBI
➡ Impacto: menos recursos para salud, educación, jubilaciones y política social.
En ese marco, la iniciativa no fortalece el sistema, sino que, según el IPyPP, institucionaliza la tolerancia a la evasión de alto vuelo, reforzando la desigualdad estructural de la matriz tributaria y beneficiando a quienes ya operan con estructuras offshore y sofisticación contable.
Más discrecionalidad, menos justicia fiscal
Uno de los puntos críticos señalados es que el proyecto:
reduce la persecución penal
aumenta significativamente las multas administrativas pero sin mecanismos de graduación por capacidad contributiva
Resultado:
para un pequeño contribuyente, una multa millonaria puede ser terminal;
para un gran grupo económico, apenas un costo operativo.
El riesgo institucional: paraíso para el lavado
El IPyPP alerta que la norma:
✔ flexibiliza controles
✔ reduce riesgos penales
✔ y desarma los mecanismos probatorios
Esto colisiona con acuerdos internacionales contra el lavado y el crimen económico global, aislando a la Argentina del estándar regulatorio vigente.
Claves políticas
Es una ley estructural, no un parche instala un blanqueo permanente desarma la cultura tributaria recorta la capacidad del Estado protege a la evasión corporativa
Y lo hace en nombre de la “confianza fiscal”.
Lozano lo sintetiza sin anestesia
“Este proyecto institucionaliza y blinda a los sectores más concentrados del capital que cotidianamente eluden y evaden. No simplifica: habilita la impunidad estructural”.
En un país atravesado por crisis recurrentes, ajuste social y caída del ingreso real, el “Principio de Inocencia Fiscal” aparece, más que como una reforma técnica, como una redefinición política del rol del Estado frente al poder económico.
Mientras la mayoría paga IVA en cada compra y su salario se descuenta en origen, los grandes contribuyentes obtienen una garantía jurídica adicional: la de operar con riesgo penal casi nulo.
El régimen, lejos de promover transparencia, abre una autopista legal para la evasión sofisticada. Y lo hace para quedarse.
⚖️ Qué cambia con la “Inocencia Fiscal”
🔺 Se multiplican entre 35 y 100 veces los montos mínimos para que exista delito penal
🕒 Se acortan plazos de prescripción (hasta 3 años en algunos casos)
💸 Se puede cerrar la causa penal pagando deuda + intereses + 50%
🧾 Se crea una declaración simplificada con efecto liberatorio
🚫 Se prohíbe usar el incremento patrimonial no justificado para disparar controles
🧍♂️ El sistema pasa de fiscalizar a “confiar”
🏦 Quiénes ganan
✔ grandes contribuyentes
✔ estructuras offshore
✔ actores con planificación fiscal sofisticada
👥 Quiénes no
✘ trabajadores en relación de dependencia
✘ monotributistas
✘ pymes sin capacidad de ingeniería fiscal
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