Análisis
Blanqueo infinito: el beneficio eterno para los que nunca pagan
Mientras trabajadores y consumidores no pueden eludir impuestos, la nueva ley flexibiliza controles para patrimonios altos y operaciones complejas. El IPyPP alerta que el proyecto institucionaliza la desigualdad fiscal y coloca a la Argentina en el límite de los acuerdos internacionales contra el lavado.
El proyecto de “Inocencia Fiscal”, aprobado en Diputados y presentado por el oficialismo bajo el argumento de “reconstruir la confianza entre el fisco y los contribuyentes”, implica, según el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), un rediseño estructural del sistema tributario argentino que favorece la evasión de gran escala y limita la capacidad estatal de control y sanción.
Para Claudio Lozano, el texto legislativo instala un régimen de blanqueo permanente y consolida la impunidad fiscal de los sectores más concentrados, habilitando que patrimonios ocultos, dólares no declarados y beneficios indebidos ingresen al circuito formal con mínimos riesgos penales. “Es un puntapié para convertir a la Argentina en un paraíso para el lavado de dinero”, advirtió.
Un sistema hecho a medida del contribuyente poderoso
El informe del IPyPP detalla que el proyecto:
multiplica entre 35 y 100 veces los montos mínimos para iniciar acciones penales por evasión, lo que deja fuera del radar judicial a gran parte de las maniobras hoy punibles
crea mecanismos de extinción de la acción penal por simple pago de deuda + intereses + 50%, incluso después de iniciada la causa amplía los casos en que directamente no corresponde denunciar penalmente acorta plazos de prescripción, reduciendo de 5 a 3 años el margen estatal de fiscalización instala una presunción de exactitud “sin admitir prueba en contrario” para Ganancias e IVA impide usar el incremento patrimonial no justificado como evidencia para disparar controles crea un régimen simplificado que “cierra” períodos fiscales con efecto liberatorio
En palabras del IPyPP, la reforma traslada el centro de gravedad del sistema desde la persecución penal hacia la regularización voluntaria, debilitando las capacidades investigativas del organismo recaudador.
📊 Evasión en Argentina
📈 IVA: más del 50% Ganancias: casi 45% Pérdida fiscal estimada: 8,3 puntos del PBI
➡ Impacto: menos recursos para salud, educación, jubilaciones y política social.
En ese marco, la iniciativa no fortalece el sistema, sino que, según el IPyPP, institucionaliza la tolerancia a la evasión de alto vuelo, reforzando la desigualdad estructural de la matriz tributaria y beneficiando a quienes ya operan con estructuras offshore y sofisticación contable.
Más discrecionalidad, menos justicia fiscal
Uno de los puntos críticos señalados es que el proyecto:
reduce la persecución penal
aumenta significativamente las multas administrativas pero sin mecanismos de graduación por capacidad contributiva
Resultado:
para un pequeño contribuyente, una multa millonaria puede ser terminal;
para un gran grupo económico, apenas un costo operativo.
El riesgo institucional: paraíso para el lavado
El IPyPP alerta que la norma:
✔ flexibiliza controles
✔ reduce riesgos penales
✔ y desarma los mecanismos probatorios
Esto colisiona con acuerdos internacionales contra el lavado y el crimen económico global, aislando a la Argentina del estándar regulatorio vigente.
Claves políticas
Es una ley estructural, no un parche instala un blanqueo permanente desarma la cultura tributaria recorta la capacidad del Estado protege a la evasión corporativa
Y lo hace en nombre de la “confianza fiscal”.
Lozano lo sintetiza sin anestesia
“Este proyecto institucionaliza y blinda a los sectores más concentrados del capital que cotidianamente eluden y evaden. No simplifica: habilita la impunidad estructural”.
En un país atravesado por crisis recurrentes, ajuste social y caída del ingreso real, el “Principio de Inocencia Fiscal” aparece, más que como una reforma técnica, como una redefinición política del rol del Estado frente al poder económico.
Mientras la mayoría paga IVA en cada compra y su salario se descuenta en origen, los grandes contribuyentes obtienen una garantía jurídica adicional: la de operar con riesgo penal casi nulo.
El régimen, lejos de promover transparencia, abre una autopista legal para la evasión sofisticada. Y lo hace para quedarse.
⚖️ Qué cambia con la “Inocencia Fiscal”
🔺 Se multiplican entre 35 y 100 veces los montos mínimos para que exista delito penal
🕒 Se acortan plazos de prescripción (hasta 3 años en algunos casos)
💸 Se puede cerrar la causa penal pagando deuda + intereses + 50%
🧾 Se crea una declaración simplificada con efecto liberatorio
🚫 Se prohíbe usar el incremento patrimonial no justificado para disparar controles
🧍♂️ El sistema pasa de fiscalizar a “confiar”
🏦 Quiénes ganan
✔ grandes contribuyentes
✔ estructuras offshore
✔ actores con planificación fiscal sofisticada
👥 Quiénes no
✘ trabajadores en relación de dependencia
✘ monotributistas
✘ pymes sin capacidad de ingeniería fiscal
Análisis
La hidrovía del rio Paraná: una cuestión geopolítica
El juez federal Daniel Rafecas rechazó este jueves el pedido para frenar la licitación de la hidrovia del Paraná. ¿Por qué?
Por Jesús Rivero*
Quizá, porque el congresista republicano Brian Mast, presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de EEUU y aliado de Donald Trump habia enviado una carta al Secretario de Estado Marco Rubio alertando sobre una “influencia maligna china» en la puja del contrato.
No es casualidad que esa misma semana el asesor presidencial Santiago Caputo viajó a Washington y se reunió con Mast, Michael Jensen, director senior del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional, y con el embajador argentino Alec Oxenford. La licitación explicita mas grande del ejecutivo de Javier Milei, es una cuestión de geopolítica.
La hidrovia del rio Paraná-Paraguay es la principal via navegable de exportación Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay. Por la hidrovia circula el 80% de las exportaciones agroindustriales argentinas, más de 80 millones de toneladas de granos y sus derivados por año.
El contrato que se esta licitando contempla el dragado, redragado, balizamiento y mantenimiento de la via navegable Troncal por 25 años, con inversiones estimadas en 10.000 millones de dolares y una facturación anual de entre 200 y 300 millones. Jan De Nul, la empresa belga que opera el canal desde 1995 compite contra DEME (también belga) que incorporo al fondode inversiones estadounidense KKR, a Great Lakes Dredge y Dock y a Clear Street para fortalecer su oferta con capital norteamericano. Aunque el Gobierno excluyó de la licitación a empresas estatales extranjeras, lo que dejo afuera a las chinas, no le impide la disputa e influencia del gigante asiático.
El núcleo de las denuncias sobre la licitación apunta en primer lugar hacia los hermanos Juan, Patricio y Georgi Neuss, amigos de Santiago Caputo. A través de su firma Edison Energía fundada apenas un año antes de empezar a ganar licitaciones, se adjudicaron la concesión de Transener por 300 millones de dólares junto a Genneia, de Jorge Brito (h) y ganaron las concesiones de las represas Alicurá y Cerros Colorados.
Pasaron de tener una sola distribuidora eléctrica en la Patagonia a operar en toda la cadena eléctrica del pais: generación, transporte y distribución.
¿Los Neuss y Caputo, son familia?
Los Neuss financian la Fundación Faro que conducen Agustín Laje y Francisco Caputo, Hermano de Santiago Caputo. Son dueños del Yacht Club donde se organizan cenas para recaudar fondos para La Libertad Avanza. En febrero de 2025 aportaron 35 millones de pesos a la estructura partidaria para las elecciones de medio termino. Y, Servimagnus, el socio local de Jan De Nul esta vinculado al Grupo Román, que también aparece en el mapa de subcontratistas junto a los Neuss.
El otro punto de tensión es de escala geopolítica ya que alertaron a EEUU de una presunta influencia China en la oferta de Jan De Nul. El consorcio liderado por DEME que quedo en segundo lugar en la evaluación técnica traslado a funcionarios de Washington que Servimagnus el socio local de Jan De Nul tendría vinculos con empresas chinas a traves de Agrofina y esa conexión representaria “un riesgo para la seguridad nacional de Argentina y Estados Unidos”. Eso describe la carta que Mast envió a Rubio, elevando la cuestión al terreno diplomático. Y, temiendo perder el negocio geopolítico en terminos de intereses de Estados Unidos y violando el derecho internacional en relación a la soberania e intereses del Estado-Nación de Argentina.
Jan De Nul y Servimagnus no se responsabilizan de tales acusaciones en un comunicado que explicita “las referencias que buscan instalar un supuesto vinculo de JDN y Servimagnus con capitales chinos son falsas y malintencionadas». Asimismo respondieron que DEME habia integrado un Joint Venture con firmas chinas en la licitación corta de la Hidrovia de 2022 y en proyectos en Ecuador.
En lo que respecta al Gobierno, se defiende y argumenta que la licitación fue auditada por la UNCTAD y que conto con mesas participativas con exportadores, cerealeras y entidades industriales.
¿Y Rafecas, para quien juega?
Las denuncias no llegaron solo desde el frente internacional y la oposición. La semana pasada la Procuraduría de Investigaciones Administrativas emitió un dictamen formal ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 9 advirtiendo sobre “serías irregularidades en el proceso”.
El organismo señalo ausencia de estudios de impacto ambiental, incumplimiento del Acuerdo de Escazú, falta de participación de las provincias ribereñas,clausulas restrictivas en las impugnaciones, que exigen una garantía de diez millones de dólares para cuestionar decisiones administrativas y riesgos de direccionamiento del proceso. Fue el tercer informe crítico emitido sobre la licitación.
El diputado nacional Jorge Taiana tomó ese dictamen como base para presentar un nuevo proyecto de resolución en la Cámara de Diputados exigiendo la suspensión inmediata de la licitación. “El Gobierno debe suspender inmediatamente esta licitación y garantizar un procedimiento trasparente», afirmó, Taiana.
Sin embargo el juez Rafecas rechazo el pedido de suspensión cautelar el jueves 21 de mayo. Rafecas coincidio con el dictamen del fiscal Guillermo Marijuan y concluyo que no existen elementos suficientes ni un riesgo concreto que justifique detener el proceso. Con este posicionamiento que no es nuevo, esta claro para quien juega Rafecas.
Hoy, como hace decadas la hidrovia más importante de Sudamérica, responde a los intereses del lobby internacional, como Rafecas, y como Santiago Caputo que corre a dar explicaciones a los dueños de todo.
*Escritor y activista político militante de Podemos Argentina. (fundador del Frente de Liberación Socialista en Argentina)
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