Deuda externa
Escándalo en EEUU: advierten a JPMorgan por el rescate financiero a Milei
Legisladores republicanos también expresaron reparos por la ayuda y las compras de carne.
Lo que tenés que saber:
- Warren envió una carta a JPMorgan y otros bancos sobre el financiamiento a la Argentina.
- Pidió garantizar que los contribuyentes estadounidenses no paguen por el rescate.
- Dimon viajó a Buenos Aires y se reunió con Milei y su equipo económico.
- El Tesoro de EE.UU. respalda el apoyo a Argentina como parte de su política de seguridad.
- Legisladores republicanos también expresaron reparos por la ayuda y las compras de carne.
Elizabeth Warren sube la apuesta contra JPMorgan por el rescate a la Argentina
La munición verbal sigue escalando en Estados Unidos por la decisión de auxiliar financieramente a la Argentina, a la que la administración de Donald Trump decidió respaldar con un apoyo de USD 20.000 millones mediante un swap de monedas.
La senadora demócrata Elizabeth Warren, una de las principales críticas del gobierno republicano, advirtió al banco JPMorgan Chase que cualquier auxilio a la Argentina no debería costarle “ni un centavo a los contribuyentes americanos”.
La advertencia surgió durante la visita del CEO del banco, Jamie Dimon, a la Argentina, donde mantuvo encuentros con el presidente Javier Milei y el equipo económico. La entidad lidera negociaciones para auxiliar al país con un préstamo de alrededor de USD 20.000 millones.
La carta de Warren a los bancos involucrados
Warren envió una carta a Dimon y a los líderes de otros cinco bancos privados que participan en el intento de respaldo financiero a la Argentina. En ella, pidió el compromiso de que no se beneficiarán de garantías del Tesoro que puedan afectar a los contribuyentes estadounidenses.
“Estimado Sr. Dimon: le escribo para solicitar información sobre el papel de JPMorgan Chase en el actual rescate de los mercados financieros de Argentina por parte del presidente Trump y para buscar un compromiso de que JPMorgan Chase no se beneficiará de ninguna garantía financiada por los contribuyentes ofrecida por el Departamento del Tesoro relacionada con un vehículo de inversión privado de $20 mil millones que supuestamente está en proceso para apuntalar aún más los mercados de Argentina”, escribió Warren.
Dimon en Buenos Aires y los contactos con el gobierno argentino
Dimon viajó al país junto a figuras como Tony Blair y Condoleezza Rice, miembros del directorio del banco, para participar en la reunión anual del Consejo Internacional de JPMorgan. En Buenos Aires, se reunió con empresarios y recibió a Javier Milei y su equipo económico, integrado por varios exdirectivos del banco, entre ellos Luis Caputo, José Luis Daza y Pablo Quirno.
Warren también envió cartas a Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citi, Bank of America, Wells Fargo y Santander, las otras entidades involucradas en el respaldo financiero por USD 20.000 millones, adicionales al swap.
Las preocupaciones del Congreso estadounidense
El pedido de Warren está vinculado a que los bancos pretenden garantías del Tesoro en caso de que Argentina no cumpla con los pagos, como ocurrió en anteriores ocasiones. La senadora remarcó su exigencia de que los bancos no se beneficien de ningún respaldo financiado con fondos públicos.
“Dada la importancia pública de este rescate, incluidas las serias implicaciones para la política exterior e interna de Estados Unidos, JPMorgan Chase le debe al público estadounidense una explicación clara de su papel”, señaló Warren.
«Supongo que su banco no se beneficiaría de una garantía financiada por los contribuyentes, dada la amplia preocupación pública con respecto a los aparentes beneficiarios del rescate de Wall Street, en un momento en que los estadounidenses luchan por pagar el alquiler, los comestibles y la atención médica aquí en casa», disparó la legisladora.
«Plantearía serias preocupaciones de seguridad y solidez si su banco elige participar en este vehículo de inversión de $20 mil millones, dada la inestable solvencia de Argentina y su aparente falta de garantías valiosas contra las cuales garantizar un préstamo”, advirtió Warren.
Respuesta del Tesoro y repercusiones políticas
Senadora por Massachusetts y miembro de alto rango del Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos, Warren encabeza la ofensiva demócrata contra la ayuda a la Argentina. Envió cartas al secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien respondió que la asistencia al país sudamericano es una “acción crucial” para la seguridad nacional de Estados Unidos y la estabilidad financiera global.
En redes sociales, Bessent ironizó sobre la postura de la senadora al publicar una imagen generada con inteligencia artificial en la que se la ve como Eva Perón, acompañada del texto “Peronista estadounidense”.
Cuestionamientos desde el bloque republicano
En el Congreso estadounidense también surgieron reparos entre legisladores republicanos, sobre todo después de que Trump anunciara un incremento en las compras de carne argentina.
El congresista Derrick Van Orden, republicano por Wisconsin, expresó: “Los agricultores y ganaderos de Wisconsin crían algunas de las mejores carnes del mundo. Inundar nuestros mercados con carne extranjera de Argentina socavaría a los hombres y mujeres trabajadores que ponen comida en las mesas de Estados Unidos”.
“Entiendo la importancia de mantener a Argentina fuera de la esfera de influencia de China, pero no podemos hacerlo a expensas de nuestros propios productores. La seguridad alimentaria estadounidense es seguridad nacional. El enfoque debe estar en invertir en esfuerzos para fortalecer y expandir la producción nacional de carne de res, ese es el enfoque correcto tanto para los agricultores como para los consumidores de Estados Unidos”, alertó Van Orden.
Deuda externa
Caputo pone AySA a la venta para tapar los agujeros de la deuda que él mismo generó
El Gobierno de Milei planea publicar el llamado a licitación antes de fin de abril para recaudar unos 500 millones de dólares. La Ley Bases habilitó la privatización del 90% de las acciones estatales de la empresa; y el marco regulatorio permite cortar el suministro por mora en el pago.
El agua como moneda de cambio: Milei y Caputo privatizan AySA para pagar la deuda externa
★ El Gobierno libertario acelera la entrega de Agua y Saneamientos Argentinos al sector privado con el objetivo declarado de recaudar hasta 500 millones de dólares, mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, teje una red de financiamiento para cubrir vencimientos que este año superan los 9.000 millones de dólares.
La privatización que no arranca
Según fuentes con conocimiento directo del proceso, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas trabaja en los últimos detalles del contrato de concesión de AySA para publicarlo antes de fin de mes y llamar a licitación. La operación busca recaudar unos 500 millones de dólares, aunque el proceso lleva meses de demoras: originalmente estaba previsto para antes de fin de 2025, luego se postergó para el primer trimestre de 2026 y ahora se promete para los próximos días.
Una vez publicada la licitación, la adjudicación definitiva no será inmediata. La evaluación de ofertas, el análisis de capacidades técnicas y la solvencia económica de las empresas participantes insumiría al menos tres meses adicionales. Entre los grupos empresariales que el Ejecutivo mencionó como interesados figuran la brasileña Sabesp, la francesa Veolia, el grupo Roggio y un holding con operaciones en Argentina y el exterior.
Una ley para entregar el agua
La privatización de AySA fue habilitada por la Ley Bases, que permite transferir al sector privado el 90% de las acciones que el Estado tiene en la empresa; el 10% restante quedaría en manos de los trabajadores. En una primera etapa se concesionaría el 51% de las acciones estatales; en una segunda, el 39% restante se colocaría en la Bolsa mediante una oferta pública inicial.
La misma ley habilitó la privatización de otras empresas estratégicas: Belgrano Cargas, Corredores Viales, Intercargo, Energía Argentina S.A. (Enarsa), la Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE), Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y el Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).
El marco regulatorio aprobado por el Gobierno para la prestación del servicio de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires incluye una cláusula que permite a la empresa privada que se quede las acciones de AySA cortar el suministro en caso de mora en el pago. Una disposición que, en el contexto de la caída del poder adquisitivo de los sectores populares, representa una amenaza directa sobre el acceso al agua de millones de personas.
El agua como variable de ajuste
La decisión de apurar la privatización de AySA no responde a una lógica de mejora del servicio sino a una urgencia financiera concreta. Durante su participación en las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial en Washington, Caputo reconoció que espera recaudar 2.000 millones de dólares a través de privatizaciones, una cifra que contempla el conjunto de las empresas habilitadas por la Ley Bases.
El compromiso más exigente es el de julio próximo, cuando el Gobierno debe pagar 4.200 millones de dólares a los bonistas. En total, hasta fin de 2026, el Tesoro enfrenta vencimientos en moneda extranjera por cerca de 9.000 millones de dólares, según un informe de la consultora GMA Capital.
Para cubrir ese agujero, el equipo económico negoció garantías de 2.000 millones de dólares con el Banco Mundial y 550 millones con el BID, más aportes esperados de la CAF y emisiones de deuda en dólares en el mercado local. El objetivo de Caputo es reunir unos 10.000 millones de dólares por fuera del mercado internacional, al que califica como todavía «oneroso».
La soberanía del agua en juego
Esta entrega avanza en un contexto geopolítico que este medio analizó en profundidad en enero de 2026, cuando investigadores del Conicet publicaron el estudio más completo sobre las reservas de agua subterránea argentina, con acuíferos que almacenan agua de hasta un millón de años de antigüedad, las más antiguas de Latinoamérica. Aquellas aguas no se renovarán jamás a escala humana.
Ahora, mientras los científicos advierten sobre la necesidad de proteger ese patrimonio irreemplazable y proponen un programa nacional de monitoreo, el Gobierno avanza en la dirección opuesta: privatiza la empresa que gestiona el agua y las cloacas del AMBA, desregula la actividad extractiva y recorta el presupuesto de los organismos científicos que estudian y alertan sobre esos recursos estratégicos.
La lógica del ajuste se aplica con coherencia brutal: lo que el Estado construyó durante décadas para garantizar el acceso al agua como derecho, el Gobierno lo ofrece como activo financiero para cubrir las facturas de una deuda que él mismo generó.
Puntos clave
- El Gobierno planea publicar el llamado a licitación de AySA antes de fin de abril de 2026 para recaudar unos 500 millones de dólares.
- El proceso acumula meses de demoras; estaba previsto para antes de fin de 2025 y luego para el primer trimestre de 2026.
- La Ley Bases habilitó la privatización del 90% de las acciones estatales en AySA; el marco regulatorio permite cortar el suministro por mora en el pago.
- Caputo busca reunir 2.000 millones de dólares a través de privatizaciones para afrontar vencimientos de deuda que superan los 9.000 millones hasta fin de 2026.
- El avance sobre AySA contrasta con las advertencias científicas del Conicet sobre la necesidad de proteger las reservas hídricas estratégicas del país.
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