Presidencia
Embate del Gobierno contra Intercargo: desregulación y militarización
La medida se toma tras conflictos laborales en Intercargo, donde los trabajadores realizaron una asamblea por despidos injustificados.
Lo que tenés que saber
- El Gobierno de Javier Milei anunció la desregulación del servicio de rampas en los aeropuertos, afectando a la empresa estatal Intercargo.
- La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, indicó que las fuerzas de seguridad se encargarán temporalmente de las tareas de descarga de equipajes y otros servicios aeroportuarios.
- La medida se toma tras conflictos laborales en Intercargo, donde los trabajadores realizaron una asamblea por despidos injustificados.
- El Gobierno pretende terminar con el «monopolio» de Intercargo y calificó la situación como un riesgo para los pasajeros, mencionando que se evitará que «terroristas sindicales» interfieran en los viajes.
El Gobierno busca desregular el servicio de rampas
En un giro polémico, el Gobierno de Javier Milei declaró su intención de desregular el servicio de rampas en los aeropuertos, lo que incluirá la privatización de Intercargo, la empresa estatal encargada de las operaciones en pista. El vocero presidencial, Manuel Adorni, dio a conocer la medida, destacando que la empresa dejará de tener un control exclusivo sobre estas tareas y que se eliminará lo que califican como un «monopolio».
Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, acompañó el anuncio, precisando que, en virtud de una orden directa de Javier Milei, las fuerzas de seguridad comenzarán a desempeñar funciones relacionadas con el servicio de rampa en los aeropuertos. Bullrich aseguró que esta intervención se realizará «de manera temporal y excepcional» y que los uniformados estarán a cargo de las tareas operacionales, incluyendo la descarga de equipaje y otros servicios asociados a la rampa en general.
La reacción del Gobierno ante los conflictos laborales
La decisión del Gobierno llega en medio de un conflicto laboral en Intercargo, donde los trabajadores realizaron una asamblea para protestar contra despidos que consideran injustificados. El Gobierno, en su comunicado, dejó claro que esta medida busca evitar situaciones que afecten a los pasajeros, como posibles paros o retrasos en la entrega de equipaje. Según Adorni, la intervención de las fuerzas de seguridad responde a la necesidad de que «ningún terrorista sindical tome de rehén a un pasajero y arruinarle sus vacaciones, su viaje laboral o su viaje por temas médicos, o negarse a hacer su trabajo al retener las valijas de los pasajeros».
A lo largo de la conferencia de prensa, Adorni estuvo acompañado por otras figuras del Gobierno, como el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el secretario de Transporte, Franco Mogetta. Todos ellos coincidieron en que la medida es una respuesta necesaria ante lo que consideran prácticas sindicales que afectan el normal desarrollo de las operaciones aeroportuarias.
El recorte de las posibilidades de protesta
Con esta medida, el Gobierno también refuerza su postura en contra de las formas tradicionales de protesta sindical. Al cortar las vías institucionales de negociación, y permitir la intervención de las fuerzas de seguridad en tareas operacionales, se busca evitar nuevas protestas o bloqueos en los aeropuertos. Los trabajadores de Intercargo, que habían intentado expresar su descontento por los despidos, se encuentran ahora frente a un escenario en el que sus métodos de resistencia podrían ser limitados.
Economía 💲
Mega empresa de limpieza entra en concurso preventivo tras fuerte caída en ventas
La firma Caromar, propietaria de la marca “El Coloso”, registró una caída cercana al 42% en sus ventas y declaró cesación de pagos.
Lo que tenés que saber:
- La empresa Caromar solicitó concurso preventivo por crisis financiera
- La caída en ventas impactó en su capacidad operativa y financiera
- La firma denunció competencia a pérdida y prácticas de dumping
- Hubo despidos, cierre de sucursales y reducción de actividad
- La Justicia fijó plazos para negociar con acreedores y evitar la quiebra
Caromar entra en concurso preventivo
La empresa Caromar, propietaria de la marca “El Coloso” y dedicada a productos de limpieza y supermercados mayoristas, solicitó la apertura de concurso preventivo tras atravesar una profunda crisis económica.
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 1 dio curso al pedido al constatar el estado de cesación de pagos y la magnitud de las deudas acumuladas.
Caída de ventas y deterioro financiero
El principal factor señalado por la compañía es una fuerte retracción en sus ventas, que afectó directamente su capital de trabajo.
Según la presentación judicial, la baja sostenida en la facturación se combinó con un contexto recesivo que impactó en todo el sector mayorista.
Denuncias por competencia y dumping
En su exposición ante la Justicia, la empresa atribuyó parte de la crisis a la competencia agresiva en el mercado. Señaló una “competencia feroz a pérdida” entre mayoristas y denunció prácticas de dumping por parte de la multinacional Unilever.
De acuerdo con el escrito, esta situación afectó especialmente a su unidad de producción de jabón en polvo, que debió cerrar.
Ajustes, despidos y cierre de sucursales
Como parte de las medidas adoptadas, Caromar redujo su estructura operativa. La empresa despidió personal, devolvió inmuebles alquilados y cerró sucursales, entre ellas las de San Justo y Mar del Plata.
En su etapa de mayor expansión, la firma llegó a emplear a cientos de trabajadores, cifra que se redujo significativamente en el último período.
Conflictos legales y presión financiera
El panorama se vio agravado por juicios laborales de alto monto y un embargo bancario que afectó su operatoria. También se registraron conflictos sindicales que, según la empresa, impactaron en el nivel de ventas.
Estas condiciones aceleraron la decisión de recurrir a la protección judicial para reorganizar su situación.
Plazos para evitar la quiebra
El proceso concursal establece un cronograma para la verificación de créditos por parte de acreedores y la presentación de una propuesta de pago.
La empresa dispone de plazo hasta abril de 2027 para alcanzar un acuerdo que le permita evitar la quiebra.
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