Gremiales
La CGT en la OIT: fuerte crítica a Milei por el ajuste y los salarios congelados
Desde la OIT en Ginebra, la CGT acusó al gobierno de Milei de desfinanciar salud, congelar salarios y empobrecer a la clase media.
Lo que tenés que saber
- Gerardo Martínez pidió “levantar el cepo al salario” ante la OIT
- La CGT rechazó los techos salariales y defendió la negociación paritaria
- Denunciaron desfinanciamiento en salud, educación y protección social
- Martínez propuso diálogo social y criticó la transferencia de funciones al mercado
- Señaló riesgos de la inteligencia artificial y llamó a un nuevo contrato social
Gerardo Martínez llevó la crítica de la CGT al foro internacional de la OIT
Desde Ginebra, en la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez, cuestionó con dureza el rumbo económico del Gobierno argentino. En representación de la central obrera, el dirigente de la UOCRA reclamó: “Levantemos el cepo al salario”, en referencia a la política salarial actual.
“La clase trabajadora paga el costo del ajuste”
Martínez denunció que el modelo económico impulsado por la administración de Javier Milei descarga el peso del ajuste sobre los sectores más vulnerables. “La clase trabajadora, la clase media y los sectores más golpeados” son los principales perjudicados, aseguró durante su intervención. También rechazó cualquier forma de limitación a las paritarias, subrayando el derecho al libre ejercicio de la negociación colectiva.
La CGT pidió diálogo y defendió el rol estatal
El dirigente propuso la apertura inmediata de una mesa de diálogo entre los actores sociales para construir un acuerdo entre producción y trabajo. “Queremos ser escuchados. Sabemos qué hacer”, afirmó, al tiempo que señaló que más del 40% de los trabajadores en Argentina se encuentran en la informalidad.
Cuestionó además los pilares del modelo libertario que promueve la transferencia de funciones del Estado al sector privado. “Sin Estado no hay Nación”, advirtió, al defender la existencia de un Estado moderno con orientación al desarrollo inclusivo.
Alerta por salud, educación y pobreza
Durante su exposición, Martínez remarcó que las políticas de ajuste “desfinancian la salud y la educación” y no ofrecen mecanismos para mejorar los ingresos ni crear empleo. “Es inaceptable que casi la mitad de la población viva en pobreza e indigencia en un país con tanta capacidad productiva”, sostuvo.
“El consenso para estabilizar la economía debe construirse con esfuerzo compartido, no con el sacrificio exclusivo de quienes menos tienen”, agregó.
Riesgos globales y el futuro del trabajo
El representante de la CGT analizó el contexto internacional, al que describió como una “policrisis” compuesta por desigualdad creciente, conflictos geopolíticos y crisis de representación. Llamó a construir un nuevo contrato social que subordine la economía y la tecnología al bienestar de las personas.
En otro pasaje de su intervención, advirtió sobre la transformación laboral vinculada a la inteligencia artificial. “La inteligencia artificial no puede generar una justicia social artificial. Debe estar al servicio de la humanidad, no destruirla”, declaró.
También condenó la persecución a dirigentes sindicales en América Latina y defendió el derecho a huelga como “una conquista histórica”.
Energía
El gremio del gas declaró alerta nacional por despidos y tercerización en plena bonanza del sector
La Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural (FETIGNRA) declaró el estado de alerta nacional y denunció que las empresas distribuidoras y transportadoras del sector están desvinculando a trabajadores con experiencia y reemplazándolos por empresas tercerizadas, en plena etapa de bonanza económica. La crisis institucional en el organismo regulador, con la renuncia sorpresiva del titular del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, agrava el cuadro.
Ganancias para las empresas, precarización para los trabajadores: la ecuación del gas bajo Milei.
★ En un contexto de rentabilidad extraordinaria para las empresas del sector gasífero, la Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural de la República Argentina (FETIGNRA) declaró el estado de alerta nacional y repudió los despidos y la profundización de la tercerización que, según denunció la organización, se registran en distribuidoras y transportadoras de gas de todo el país.
El comunicado, emitido este martes, fue suscripto bajo la conducción del secretario general Guillermo Mangone y marca un escalón en la tensión entre los gremios del sector energético y las empresas concesionarias en el marco de la política de desregulación impulsada por el gobierno de Javier Milei.
Rentabilidad empresaria y ajuste sobre los trabajadores
Lo que torna especialmente grave la situación, según la federación, es la contradicción flagrante entre los indicadores financieros del sector y las decisiones de gestión de personal: las empresas atraviesan uno de sus mejores momentos económicos de los últimos años, con balances positivos, aumentos tarifarios autorizados y mejoras sostenidas en sus indicadores financieros, mientras reducen sistemáticamente su planta propia.
La FETIGNRA señaló que esas ganancias no se traducen en inversión en recursos humanos ni en capacitación, sino en la profundización de esquemas de tercerización que sustituyen trabajadores en relación de dependencia por contratistas externos. Según la federación, esta estrategia responde exclusivamente a una lógica de reducción de costos laborales que no tiene correlato en ninguna necesidad operativa ni económica real del sector.
Precarización en un servicio esencial
El gremio advirtió que numerosas tareas históricamente ejecutadas por personal especializado y con años de experiencia están siendo transferidas a empresas que, según la denuncia, emplean trabajadores en condiciones más inestables y, en muchos casos, sin la capacitación técnica adecuada para desempeñar funciones vinculadas a un servicio público esencial como es la distribución y el transporte de gas natural.
La preocupación no se limita al deterioro de las condiciones laborales. La FETIGNRA planteó que la reducción sistemática de personal propio pone en riesgo la calidad del servicio prestado a millones de usuarios y, especialmente, la seguridad de las instalaciones, aspecto crítico en una red cuya falla puede derivar en consecuencias graves para la población.
Control regulatorio en crisis
El alerta gremial coincide con un momento de inestabilidad en el organismo encargado de regular el sector. Néstor Marcelo Lamboglia renunció este lunes al frente del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), menos de un mes después de haber sido designado. En su lugar asumió el vicepresidente Vicente Serra.
Según informó el medio especializado Econojournal, la salida de Lamboglia se produjo en el marco de una fuerte interna con Marcelo Nachón, vocal del organismo que hasta mayo se había desempeñado como interventor del Enargas. Los conflictos abarcaron la renovación de contratos, el lugar de trabajo, las condiciones edilicias y las marcadas diferencias salariales entre el personal proveniente del ex Enargas y del ex Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE): en el primero, los sueldos más altos llegan a 32 millones de pesos brutos, mientras en el segundo no superan los 8,5 millones. La situación se tornó insostenible cuando Nachón no se presentó a una reunión de directorio convocada para aprobar las subas tarifarias de junio.
En ese contexto, la FETIGNRA cuestionó explícitamente la «pasividad de los organismos de control» ante el avance de la precarización laboral. La disfunción interna del ENRGE, en plena transición institucional, refuerza esa lectura: el regulador que debería supervisar tanto las condiciones del servicio como las obligaciones laborales de los concesionarios está paralizado por disputas internas mientras las empresas avanzan con sus planes de reducción de personal.
Las exigencias del gremio
La FETIGNRA reclamó el cese inmediato de los despidos, la preservación de los puestos de trabajo, el respeto de los derechos laborales adquiridos y la implementación de políticas de capacitación, estabilidad y desarrollo profesional para los trabajadores del sector. En el cierre de su comunicado, la federación planteó que «defender el empleo registrado, la capacitación permanente y las condiciones dignas de trabajo es también defender la seguridad, la calidad y la sustentabilidad de un servicio público esencial para todos los argentinos».
El escenario que describen los trabajadores del gas no es aislado. En los últimos meses, el sindicato petrolero alertó por posibles cesantías en yacimientos convencionales ante la reversión de áreas de YPF, y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) declaró alerta y movilización por el estado del sector. La lógica de tercerización como herramienta de ajuste laboral en servicios estratégicos se consolida como uno de los rasgos salientes del modelo energético libertario.
Puntos clave:
- La FETIGNRA declaró el estado de alerta nacional ante despidos y tercerización en distribuidoras y transportadoras de gas.
- El gremio denunció que los despidos se producen en un contexto de rentabilidad récord para las empresas del sector.
- Las tareas tercerizadas son realizadas, según el sindicato, por trabajadores sin la capacitación adecuada para un servicio esencial.
- El titular del ENRGE renunció a menos de un mes de asumir, en medio de una interna que paraliza al organismo regulador.
- La federación exigió el cese de los despidos y el respeto de los derechos laborales adquiridos.
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