Análisis
ATE en pie de lucha: “Defender la democracia es impedir la proscripción”
Denuncian un nuevo capítulo del lawfare desde Comodoro Py.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Capital declaró el estado de alerta y movilización en defensa de la democracia, en respuesta a maniobras judiciales que podrían derivar en la proscripción política de Cristina Fernández de Kirchner.
A través de sus redes sociales, la organización gremial advirtió que no se trata de un hecho aislado, sino de un nuevo capítulo del lawfare impulsado desde los tribunales federales de Comodoro Py.
“Nos quieren proscribir como en 1955, como en 1976. No lo vamos a permitir”, expresó ATE Capital en su publicación.
Un poder judicial al servicio de los intereses políticos
El anuncio de ATE se da en medio de fuertes especulaciones sobre un posible fallo de la Corte Suprema de Justicia que podría afectar los derechos políticos de la expresidenta.
Distintos sectores denuncian que, detrás de la pretendida neutralidad judicial, se esconde una estrategia para inhabilitarla electoralmente y despejar el camino al oficialismo de Javier Milei.
La Corte Suprema —cuestionada por su falta de imparcialidad y por intervenir selectivamente en causas de alto impacto político— acumula denuncias por encubrimientos, demoras y fallos orientados por conveniencias partidarias.
La causa conocida como “Vialidad”, en la que CFK fue condenada en primera instancia, presenta múltiples irregularidades procesales y omisiones probatorias.
Varios juristas y organismos internacionales han señalado la falta de garantías. Comodoro Py, núcleo operativo del llamado Partido Judicial, actúa como caja de resonancia de las operaciones mediático-judiciales contra dirigentes del campo nacional y popular.
Cristina Fernández de Kirchner fue condenada en diciembre de 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Sin embargo, esa condena no está firme, ya que debe ser revisada por instancias superiores. A pesar de ello, sectores del poder económico y mediático impulsan que se aplique de manera anticipada, lo cual sería abiertamente inconstitucional.
La defensa de la democracia no es simbólica
ATE Capital denunció que estas maniobras judiciales no solo buscan disciplinar a Cristina sino también a toda la dirigencia sindical y política que se atreva a cuestionar el modelo de ajuste y entrega impulsado por el gobierno nacional.
“No vamos a quedarnos quietos ante la avanzada judicial que pretende callar voces y borrar del mapa a quienes representan un proyecto político distinto”, señalaron desde el sindicato.
Una proscripción encubierta
Desde el retorno de la democracia en 1983, ningún dirigente político de envergadura fue objeto de una campaña judicial y mediática tan sistemática como la que enfrenta CFK. El uso del aparato judicial como arma política —con complicidad de ciertos medios de comunicación y del Poder Ejecutivo— revive prácticas de proscripción propias de etapas oscuras de la historia argentina.
Análisis
La hidrovía del rio Paraná: una cuestión geopolítica
El juez federal Daniel Rafecas rechazó este jueves el pedido para frenar la licitación de la hidrovia del Paraná. ¿Por qué?
Por Jesús Rivero*
Quizá, porque el congresista republicano Brian Mast, presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de EEUU y aliado de Donald Trump habia enviado una carta al Secretario de Estado Marco Rubio alertando sobre una “influencia maligna china» en la puja del contrato.
No es casualidad que esa misma semana el asesor presidencial Santiago Caputo viajó a Washington y se reunió con Mast, Michael Jensen, director senior del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional, y con el embajador argentino Alec Oxenford. La licitación explicita mas grande del ejecutivo de Javier Milei, es una cuestión de geopolítica.
La hidrovia del rio Paraná-Paraguay es la principal via navegable de exportación Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay. Por la hidrovia circula el 80% de las exportaciones agroindustriales argentinas, más de 80 millones de toneladas de granos y sus derivados por año.
El contrato que se esta licitando contempla el dragado, redragado, balizamiento y mantenimiento de la via navegable Troncal por 25 años, con inversiones estimadas en 10.000 millones de dolares y una facturación anual de entre 200 y 300 millones. Jan De Nul, la empresa belga que opera el canal desde 1995 compite contra DEME (también belga) que incorporo al fondode inversiones estadounidense KKR, a Great Lakes Dredge y Dock y a Clear Street para fortalecer su oferta con capital norteamericano. Aunque el Gobierno excluyó de la licitación a empresas estatales extranjeras, lo que dejo afuera a las chinas, no le impide la disputa e influencia del gigante asiático.
El núcleo de las denuncias sobre la licitación apunta en primer lugar hacia los hermanos Juan, Patricio y Georgi Neuss, amigos de Santiago Caputo. A través de su firma Edison Energía fundada apenas un año antes de empezar a ganar licitaciones, se adjudicaron la concesión de Transener por 300 millones de dólares junto a Genneia, de Jorge Brito (h) y ganaron las concesiones de las represas Alicurá y Cerros Colorados.
Pasaron de tener una sola distribuidora eléctrica en la Patagonia a operar en toda la cadena eléctrica del pais: generación, transporte y distribución.
¿Los Neuss y Caputo, son familia?
Los Neuss financian la Fundación Faro que conducen Agustín Laje y Francisco Caputo, Hermano de Santiago Caputo. Son dueños del Yacht Club donde se organizan cenas para recaudar fondos para La Libertad Avanza. En febrero de 2025 aportaron 35 millones de pesos a la estructura partidaria para las elecciones de medio termino. Y, Servimagnus, el socio local de Jan De Nul esta vinculado al Grupo Román, que también aparece en el mapa de subcontratistas junto a los Neuss.
El otro punto de tensión es de escala geopolítica ya que alertaron a EEUU de una presunta influencia China en la oferta de Jan De Nul. El consorcio liderado por DEME que quedo en segundo lugar en la evaluación técnica traslado a funcionarios de Washington que Servimagnus el socio local de Jan De Nul tendría vinculos con empresas chinas a traves de Agrofina y esa conexión representaria “un riesgo para la seguridad nacional de Argentina y Estados Unidos”. Eso describe la carta que Mast envió a Rubio, elevando la cuestión al terreno diplomático. Y, temiendo perder el negocio geopolítico en terminos de intereses de Estados Unidos y violando el derecho internacional en relación a la soberania e intereses del Estado-Nación de Argentina.
Jan De Nul y Servimagnus no se responsabilizan de tales acusaciones en un comunicado que explicita “las referencias que buscan instalar un supuesto vinculo de JDN y Servimagnus con capitales chinos son falsas y malintencionadas». Asimismo respondieron que DEME habia integrado un Joint Venture con firmas chinas en la licitación corta de la Hidrovia de 2022 y en proyectos en Ecuador.
En lo que respecta al Gobierno, se defiende y argumenta que la licitación fue auditada por la UNCTAD y que conto con mesas participativas con exportadores, cerealeras y entidades industriales.
¿Y Rafecas, para quien juega?
Las denuncias no llegaron solo desde el frente internacional y la oposición. La semana pasada la Procuraduría de Investigaciones Administrativas emitió un dictamen formal ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 9 advirtiendo sobre “serías irregularidades en el proceso”.
El organismo señalo ausencia de estudios de impacto ambiental, incumplimiento del Acuerdo de Escazú, falta de participación de las provincias ribereñas,clausulas restrictivas en las impugnaciones, que exigen una garantía de diez millones de dólares para cuestionar decisiones administrativas y riesgos de direccionamiento del proceso. Fue el tercer informe crítico emitido sobre la licitación.
El diputado nacional Jorge Taiana tomó ese dictamen como base para presentar un nuevo proyecto de resolución en la Cámara de Diputados exigiendo la suspensión inmediata de la licitación. “El Gobierno debe suspender inmediatamente esta licitación y garantizar un procedimiento trasparente», afirmó, Taiana.
Sin embargo el juez Rafecas rechazo el pedido de suspensión cautelar el jueves 21 de mayo. Rafecas coincidio con el dictamen del fiscal Guillermo Marijuan y concluyo que no existen elementos suficientes ni un riesgo concreto que justifique detener el proceso. Con este posicionamiento que no es nuevo, esta claro para quien juega Rafecas.
Hoy, como hace decadas la hidrovia más importante de Sudamérica, responde a los intereses del lobby internacional, como Rafecas, y como Santiago Caputo que corre a dar explicaciones a los dueños de todo.
*Escritor y activista político militante de Podemos Argentina. (fundador del Frente de Liberación Socialista en Argentina)
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