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El Gobierno dejó de ofrecer recompensa para hallar a represores prófugos

“El presidente Javier Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no renovaron las recompensas para quienes aporten información sobre represores y genocidas”, denunció Juan Martín Mena.

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El Argentino Diario-Javier Milei.

El ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, criticó al presidente Javier Milei porque el Ministerio de Seguridad dejó de ofrecer recompensa para dar con el paradero de los prófugos  acusados de haber cometido crímenes durante la última dictadura, que están prófugos y analizó que esa postura demuestra que la frase “el que las hace las paga” es sólo un slogan del oficialismo.  

“El presidente Javier Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no renovaron las recompensas para quienes aporten información sobre represores y genocidas”, posteó el funcionario provincial en sus redes sociales, citado por SOMOS TELAM.

Sostuvo que, al mismo tiempo, “el ministro de Defensa, Luis Petri, inició el desmantelamiento de los Equipos de Relevamiento y Análisis documental que se encarga de colaborar con la justicia en la investigación de crímenes de lesa humanidad”.

En ese marco, entendió que “estas decisiones respecto del crimen más grave que pueda existir, como es el genocidio, muestran que ‘el que las hace las paga’ es sólo un slogan y puro marketing”.

Para Mena, “no sólo buscan impunidad, sino que le mienten en la cara a todos los argentinos”, por lo que les pidió: “Sean más serios en la lucha contra el delito y el crimen organizado. Sobre todo, si queremos terminar de verdad con el flagelo del narcotráfico”.

El dirigente adjuntó a su publicación una nota del diario La Nación en la que se indica que “el Gobierno dejó caer las recompensas para quienes aportaran datos de 21 prófugos por delitos de lesa humanidad” cometidos durante la dictadura.

Según ese matutino, de los 36 acusados de esos crímenes a los que busca la Justicia, hay uno solo, Aníbal Miguel Sánchez, por el que el Poder Ejecutivo todavía ofrece dinero a quienes acerquen información certera y confidencial sobre su posible paradero.

“Mediante una resolución del 24 de marzo de 2023, que fue publicada en el Boletín Oficial, habían sido prorrogados los avisos de recompensa para encontrar a 21 de los prófugos. Esos avisos tenían un plazo de 12 meses y no fueron renovados el 24 de marzo pasado, el día que se conmemoraron los 48 años del golpe”, planteó la nota.

La noticia se conoce pocos días después de que el Gobierno de La Libertad Avanza plantea una “reconciliación” con las Fuerzas Armadas, promete poner fin a “las humillaciones” y llama a la cúpula militar a participar en el Pacto de Mayo.

La reflexión del ministro Mena fue compartida, también, por el gobernador Axel Kicillof en sus redes sociales.

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Abuelas de Plaza de Mayo alerta por la suspensión de entregas de kits de ADN en el exterior

El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.

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La política de derechos humanos volvió a quedar en discusión tras la denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo: el Gobierno habría suspendido el envío de kits de ADN a consulados argentinos en el exterior, una herramienta clave para avanzar en la identificación de hijos de desaparecidos.

La medida impacta directamente sobre personas que viven fuera del país y que sospechan haber sido apropiadas durante la última dictadura. Sin esos kits, queda interrumpida la posibilidad de realizar pruebas de filiación sin viajar a la Argentina.

Un canal de búsqueda bloqueado

Desde la Red Internacional de Abuelas en Europa señalaron que el sistema funcionaba desde hace años sin inconvenientes. A través de consulados, las muestras se tomaban bajo supervisión oficial y eran enviadas para su análisis.

El argumento oficial, según trascendió, apunta a dificultades en la custodia de las muestras. Pero desde la organización lo rechazan de plano: sostienen que el mecanismo tenía validez y respaldo institucional desde hace casi dos décadas.

Impacto en el derecho a la identidad

La decisión golpea uno de los pilares del trabajo de Abuelas: el derecho a la identidad. Se estima que alrededor de 400 bebés fueron apropiados durante el terrorismo de Estado y aún falta restituir la identidad de muchos de ellos.

Organismos advierten que la suspensión de estos dispositivos ralentiza o directamente paraliza investigaciones que dependen de la voluntad de quienes viven en el exterior para iniciar el proceso.

Denuncias de desarticulación

Referentes del espacio también apuntaron contra la falta de articulación estatal. Señalan que la CONADI y áreas vinculadas a Cancillería quedaron debilitadas, lo que repercute en la continuidad de políticas públicas construidas durante años.

Las críticas no se limitaron a lo operativo: también denunciaron un retroceso en la política de memoria, verdad y justicia, con cuestionamientos a la falta de diálogo con los organismos.

El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.

En ese terreno, la denuncia de Abuelas marca algo más profundo: no sólo un problema de gestión, sino una disputa sobre el lugar que ocupan los derechos humanos en la agenda libertaria..

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