CABA
Vuelve el decreto de expulsión exprés de migrantes: ¿Seguridad o discriminación?
Con el respaldo de Guillermo Francos y Jorge Macri, este esquema macrista de deportaciones rápidas regresa, poniendo nuevamente en riesgo los derechos de miles de personas que viven en situación de vulnerabilidad.
Acuerdo entre el Gobierno de la Ciudad y el Ministerio del Interior
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio del Interior firmaron un polémico acuerdo que busca acelerar la expulsión de extranjeros que cometan delitos en la Capital Federal. Este convenio, firmado con el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, otorga a la Ciudad acceso a los registros informáticos de la Dirección Nacional de Migraciones, permitiendo consultar las restricciones para el ingreso y permanencia de extranjeros en el país.
El objetivo principal de este acuerdo es retomar los mecanismos establecidos por el decreto 70/2017, firmado por el ex presidente Mauricio Macri. Esta norma, derogada en 2021, permitía la expulsión rápida de ciudadanos extranjeros con antecedentes penales. “Esta norma fue derogada por el gobierno de Alberto Fernández en 2021 y permitía bloquear el ingreso al país de los ciudadanos extranjeros que tuvieran u omitieran información sobre sus antecedentes penales y expulsarlos, mediante un procedimiento breve y veloz”, explicaron fuentes gubernamentales.
Una medida que promueve la discriminación
El discurso de las autoridades porteñas se centró en justificar la medida como un mecanismo de seguridad para «proteger» a la población local. Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, afirmó: “Los vamos a expulsar de manera rápida, ya que no tenemos por qué hacernos cargo de cuidarlos, protegerlos y de tenerlos detenidos”.
Sin embargo, este tipo de declaraciones refuerzan la criminalización de los migrantes, vinculándolos automáticamente con el delito, sin considerar los procesos judiciales correspondientes ni las garantías constitucionales que cualquier persona debe tener, independientemente de su origen.
La medida no solo genera un clima de discriminación, sino que también pasa por alto el impacto que estos discursos y políticas tienen en la población migrante que reside legalmente en el país. En lugar de adoptar una postura inclusiva que fomente la integración y el respeto a los derechos humanos, se busca establecer mecanismos que los asocian directamente con la criminalidad, sin considerar los contextos ni las circunstancias particulares de cada caso.
Un regreso al decreto de Macri
El acuerdo remite al decreto 70/2017, una norma ampliamente criticada durante el gobierno de Mauricio Macri por organismos de derechos humanos, ya que ampliaba los mecanismos de deportación sin un proceso judicial robusto.
Organizaciones como Amnistía Internacional y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtieron en su momento que esta normativa violaba derechos básicos y fomentaba la discriminación racial y xenofobia. Bajo el pretexto de «proteger a los ciudadanos», se estableció un marco que permitía la expulsión exprés de migrantes con antecedentes, sin garantizarles un debido proceso ni ofrecerles el derecho a la defensa.
Ahora, con el respaldo de Guillermo Francos y Jorge Macri, este esquema de deportaciones rápidas regresa, poniendo nuevamente en riesgo los derechos de miles de personas que viven en situación de vulnerabilidad.
El peligro de los estigmas
El mensaje de las autoridades de la Ciudad contribuye a alimentar un discurso xenófobo que asocia a la migración con la delincuencia. Al afirmar que “no vamos a tolerar que vengan a delinquir”, se sugiere que los migrantes que llegan al país lo hacen con la intención de cometer delitos, invisibilizando a quienes llegan buscando un mejor futuro y contribuyen a la sociedad argentina. Esta generalización puede tener consecuencias graves para la cohesión social y fomenta la violencia contra las personas migrantes.
Además, es importante recordar que los delitos cometidos por extranjeros representan una mínima parte del total de los delitos registrados en el país, y que los mismos principios de justicia que se aplican a los ciudadanos argentinos deberían aplicarse a los migrantes.
CABA
Vivir en CABA: el 40% de las familias más pobres deja más de la mitad del sueldo en el alquiler
Un informe del Consejo Económico y Social de la Ciudad (CESBA) y la fundación Fundar confirmó que el 40% de los hogares de menores ingresos en la Ciudad de Buenos Aires destina más de la mitad de sus recursos al alquiler de un departamento de dos ambientes. Entre 2013 y 2026, los precios relativos de vivienda y servicios treparon casi 25 puntos y la proporción de hogares inquilinos pasó del 22% al 36,9%.
En la Ciudad de Buenos Aires, cuatro de cada diez hogares de menores ingresos destina más de la mitad de sus recursos al alquiler de un departamento de dos ambientes. El dato surge de un informe elaborado en conjunto por el Consejo Económico y Social de la Ciudad (CESBA) y la fundación Fundar, que analizó la evolución de las condiciones económicas y habitacionales de los porteños a lo largo de los últimos 13 años. El resultado retrata una ciudad donde el derecho a la vivienda se convirtió en lujo para los que menos tienen.
El estudio, que abarca el período comprendido entre agosto de 2013 y agosto de 2026, identificó un corrimiento estructural en la composición del gasto familiar. Los precios relativos de la vivienda y los servicios aumentaron casi 25 puntos porcentuales en ese lapso, desplazando el peso de otros rubros como alimentación, indumentaria, educación, salud y esparcimiento. El presupuesto familiar quedó cada vez más dominado por gastos fijos, dejando márgenes cada vez más estrechos para el resto de la vida.
El alquiler ya no es una etapa: es una condición permanente
El informe registró además una transformación profunda en la estructura habitacional de la Ciudad. Los hogares inquilinos pasaron de representar alrededor del 22% en 2001 al 36,9% en 2022, un salto que convirtió al alquiler en una condición habitacional extendida y no ya en una etapa transitoria. La tendencia se profundiza especialmente entre los jóvenes, que acceden cada vez menos a la propiedad y quedan atrapados en un mercado de alquileres que sube sin pausa.
El contraste entre los distintos tipos de hogar revela la dimensión del problema. Según el informe, la canasta de consumo de una persona sola propietaria aumentó un 25,2% en dólares entre 2013 y 2026, mientras que la de una pareja joven propietaria subió un 21,5%. La familia propietaria con dos hijos registró un incremento del 19,4%. En cambio, para una pareja joven que alquila, el aumento fue del 11,4%. Las diferencias ilustran cómo la situación habitacional no es un dato accesorio, sino un factor determinante de la estructura de gastos y de la capacidad de proyección económica de cada hogar.
Los gastos fijos que asfixian el presupuesto
El peso creciente del alquiler dentro del presupuesto familiar no opera de manera aislada. Se combina con el incremento sostenido de las expensas y los servicios públicos, que desde diciembre de 2023 acumularon subas superiores al 500% en rubros como transporte, gas, agua y electricidad, según datos del IIEP (UBA-CONICET). La presión sobre los ingresos es simultánea desde múltiples frentes: el alquiler sube, los servicios suben, y la capacidad de ahorro se contrae.
Para los sectores de menores ingresos, el impacto es de una magnitud que excede cualquier ajuste racional del presupuesto. Cuando el alquiler de un dos ambientes absorbe más de la mitad de los ingresos disponibles, el margen para mudarse, planificar, ahorrar o aspirar a una vivienda propia se vuelve prácticamente inexistente. Lo que el informe describe en términos estadísticos es, en la vida cotidiana de miles de familias porteñas, la imposibilidad de construir un horizonte.
Un mercado sin regulación y un Estado que se retiró
El deterioro del acceso a la vivienda tiene contexto político y regulatorio. La derogación de la Ley de Alquileres en 2023, impulsada como parte del programa de desregulación del gobierno libertario, eliminó los marcos de previsibilidad contractual que, con sus limitaciones, fijaban pisos para la negociación. En un mercado librado a la lógica de la oferta y la demanda, los alquileres se actualizan mensualmente y la incertidumbre sobre el costo de renovación opera como factor de expulsión para los inquilinos más vulnerables.
El informe del CESBA y Fundar llega en un momento en que el gobierno nacional reivindica el equilibrio fiscal y la desaceleración de la inflación como señales de recuperación económica. Pero los datos sobre el acceso a la vivienda revelan una recuperación que no llega a los hogares que más la necesitan: aquellos que alquilan, que tienen bajos ingresos, y que enfrentan cada mes la disyuntiva entre pagar el alquiler o cubrir el resto de las necesidades básicas.
Lo que tenés que saber:
- El 40% de los hogares de menores ingresos de CABA destina más de la mitad de sus ingresos al alquiler de un departamento de dos ambientes.
- Entre 2013 y 2026, los precios relativos de vivienda y servicios aumentaron casi 25 puntos porcentuales, según el informe del CESBA y Fundar.
- Los hogares inquilinos pasaron del 22% en 2001 al 36,9% en 2022, consolidando el alquiler como condición habitacional estructural y no transitoria.
- La canasta de consumo de una persona sola propietaria subió 25,2% en dólares en ese período; la de una pareja joven que alquila aumentó solo el 11,4%.
- El aumento de los gastos fijos, alquiler, expensas y servicios, reduce el margen para ahorrar, mudarse o proyectar el acceso a una vivienda propia.
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