Acuerdo entre el Gobierno de la Ciudad y el Ministerio del Interior
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio del Interior firmaron un polémico acuerdo que busca acelerar la expulsión de extranjeros que cometan delitos en la Capital Federal. Este convenio, firmado con el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, otorga a la Ciudad acceso a los registros informáticos de la Dirección Nacional de Migraciones, permitiendo consultar las restricciones para el ingreso y permanencia de extranjeros en el país.

El objetivo principal de este acuerdo es retomar los mecanismos establecidos por el decreto 70/2017, firmado por el ex presidente Mauricio Macri. Esta norma, derogada en 2021, permitía la expulsión rápida de ciudadanos extranjeros con antecedentes penales. “Esta norma fue derogada por el gobierno de Alberto Fernández en 2021 y permitía bloquear el ingreso al país de los ciudadanos extranjeros que tuvieran u omitieran información sobre sus antecedentes penales y expulsarlos, mediante un procedimiento breve y veloz”, explicaron fuentes gubernamentales.

Una medida que promueve la discriminación
El discurso de las autoridades porteñas se centró en justificar la medida como un mecanismo de seguridad para «proteger» a la población local. Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, afirmó: “Los vamos a expulsar de manera rápida, ya que no tenemos por qué hacernos cargo de cuidarlos, protegerlos y de tenerlos detenidos”.

Sin embargo, este tipo de declaraciones refuerzan la criminalización de los migrantes, vinculándolos automáticamente con el delito, sin considerar los procesos judiciales correspondientes ni las garantías constitucionales que cualquier persona debe tener, independientemente de su origen.

La medida no solo genera un clima de discriminación, sino que también pasa por alto el impacto que estos discursos y políticas tienen en la población migrante que reside legalmente en el país. En lugar de adoptar una postura inclusiva que fomente la integración y el respeto a los derechos humanos, se busca establecer mecanismos que los asocian directamente con la criminalidad, sin considerar los contextos ni las circunstancias particulares de cada caso.

Un regreso al decreto de Macri

El acuerdo remite al decreto 70/2017, una norma ampliamente criticada durante el gobierno de Mauricio Macri por organismos de derechos humanos, ya que ampliaba los mecanismos de deportación sin un proceso judicial robusto.

Organizaciones como Amnistía Internacional y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtieron en su momento que esta normativa violaba derechos básicos y fomentaba la discriminación racial y xenofobia. Bajo el pretexto de «proteger a los ciudadanos», se estableció un marco que permitía la expulsión exprés de migrantes con antecedentes, sin garantizarles un debido proceso ni ofrecerles el derecho a la defensa.

Ahora, con el respaldo de Guillermo Francos y Jorge Macri, este esquema de deportaciones rápidas regresa, poniendo nuevamente en riesgo los derechos de miles de personas que viven en situación de vulnerabilidad.

El peligro de los estigmas

El mensaje de las autoridades de la Ciudad contribuye a alimentar un discurso xenófobo que asocia a la migración con la delincuencia. Al afirmar que “no vamos a tolerar que vengan a delinquir”, se sugiere que los migrantes que llegan al país lo hacen con la intención de cometer delitos, invisibilizando a quienes llegan buscando un mejor futuro y contribuyen a la sociedad argentina. Esta generalización puede tener consecuencias graves para la cohesión social y fomenta la violencia contra las personas migrantes.

Además, es importante recordar que los delitos cometidos por extranjeros representan una mínima parte del total de los delitos registrados en el país, y que los mismos principios de justicia que se aplican a los ciudadanos argentinos deberían aplicarse a los migrantes.