Lo que tenés que saber:

• Un funcionario de ANSES, Noe Marcelo Alejandro Molina, está en el centro de una polémica por un caso de abuso sexual contra una adolescente de 16 años y por falsificación de certificados de discapacidad.
• Molina, delegado en la oficina de ANSES en la Banda del Río Salí, se enfrenta a acusaciones graves que incluyen forzar a una menor a tener relaciones sexuales a cambio de una beca progresar.
• Además de las denuncias de abuso, Molina es investigado por presuntas irregularidades en la obtención de pensiones y su certificado de discapacidad, que coinciden con el período de su nombramiento como director de ANSES.
• Se cuestiona la validez de su examen en el concurso para el Ministerio Público Fiscal de la Nación, donde obtuvo «calificaciones destacadas».
• El abogado Astolfo Montenegro presentó una denuncia penal por fraude a la seguridad social, señalando irregularidades en la percepción de beneficios y la declaración de independencia económica de Molina.

La polémica con el funcionario de ANSES

Noe Marcelo Alejandro Molina, funcionario de ANSES en la Banda del Río Salí, enfrenta serias acusaciones en Santiago del Estero. Se le acusa de obligar a una adolescente de 16 años a mantener relaciones sexuales bajo la amenaza de no recibir una beca progresar, aprovechando su posición de poder.

Las investigaciones revelan además que Molina podría estar involucrado en un esquema de falsificación de certificados de discapacidad. Según informes, Molina posee un Certificado Único de Discapacidad (CUD) que cubre un supuesto retraso mental leve y epilepsia, el cual está vigente hasta febrero del próximo año. Este periodo coincide con su nombramiento como director de ANSES, lo que genera sospechas sobre la legitimidad de su situación.

Irregularidades en el examen de acceso al Ministerio Público Fiscal

Otro aspecto cuestionado es la validez del examen de Molina para el Ministerio Público Fiscal de la Nación. Obtuvo calificaciones destacadas en el Concurso N° 197, generando dudas sobre la transparencia del proceso de selección.

El abogado Astolfo Montenegro ha llevado el caso a la fiscalía federal, acusando a Molina de fraude a la seguridad social. En su denuncia, Montenegro menciona que Molina no actualizó los datos de su grupo familiar ni reportó adecuadamente su situación económica. Esto habría permitido la percepción indebida de beneficios sociales a pesar de su independencia económica como abogado.

Montenegro argumenta que Molina, como abogado independiente, no debería recibir una asignación por hijo con discapacidad. Según el escrito, Molina ha ocultado información clave sobre su situación económica y familiar, lo que va en contra de los requisitos para recibir asistencia estatal.

Acusaciones de fraude y perjuicio económico

Montenegro acusa a Molina de causar un perjuicio económico a la administración pública mediante la obtención indebida de beneficios. También señala una conducta dolosa, es decir, que Molina actuó con la intención de obtener un beneficio indebido y causar daño a la administración.

Las denuncias y la investigación en curso generan una gran preocupación en torno a la gestión de Molina y la transparencia en la administración de recursos públicos.