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Presidencia

Funcionario libertario investigado por corrupción y abuso sexual

Se llama Marcelo Molina. Es abogado. Dirige la ANSES y el propio organismo le emitió su Certificado Único de Discapacidad (CUD) en el cual se certifica un retraso mental leve. Lo acusan de abuso sexual y por recibir asignaciones por una supuesta discapacidad.

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Lo que tenés que saber:

  • Un funcionario de ANSES, Noe Marcelo Alejandro Molina, está en el centro de una polémica por un caso de abuso sexual contra una adolescente de 16 años y por falsificación de certificados de discapacidad.
  • Molina, delegado en la oficina de ANSES en la Banda del Río Salí, se enfrenta a acusaciones graves que incluyen forzar a una menor a tener relaciones sexuales a cambio de una beca progresar.
  • Además de las denuncias de abuso, Molina es investigado por presuntas irregularidades en la obtención de pensiones y su certificado de discapacidad, que coinciden con el período de su nombramiento como director de ANSES.
  • Se cuestiona la validez de su examen en el concurso para el Ministerio Público Fiscal de la Nación, donde obtuvo «calificaciones destacadas».
  • El abogado Astolfo Montenegro presentó una denuncia penal por fraude a la seguridad social, señalando irregularidades en la percepción de beneficios y la declaración de independencia económica de Molina.

La polémica con el funcionario de ANSES

Noe Marcelo Alejandro Molina, funcionario de ANSES en la Banda del Río Salí, enfrenta serias acusaciones en Santiago del Estero. Se le acusa de obligar a una adolescente de 16 años a mantener relaciones sexuales bajo la amenaza de no recibir una beca progresar, aprovechando su posición de poder.

Las investigaciones revelan además que Molina podría estar involucrado en un esquema de falsificación de certificados de discapacidad. Según informes, Molina posee un Certificado Único de Discapacidad (CUD) que cubre un supuesto retraso mental leve y epilepsia, el cual está vigente hasta febrero del próximo año. Este periodo coincide con su nombramiento como director de ANSES, lo que genera sospechas sobre la legitimidad de su situación.

Irregularidades en el examen de acceso al Ministerio Público Fiscal

Otro aspecto cuestionado es la validez del examen de Molina para el Ministerio Público Fiscal de la Nación. Obtuvo calificaciones destacadas en el Concurso N° 197, generando dudas sobre la transparencia del proceso de selección.

El abogado Astolfo Montenegro ha llevado el caso a la fiscalía federal, acusando a Molina de fraude a la seguridad social. En su denuncia, Montenegro menciona que Molina no actualizó los datos de su grupo familiar ni reportó adecuadamente su situación económica. Esto habría permitido la percepción indebida de beneficios sociales a pesar de su independencia económica como abogado.

Montenegro argumenta que Molina, como abogado independiente, no debería recibir una asignación por hijo con discapacidad. Según el escrito, Molina ha ocultado información clave sobre su situación económica y familiar, lo que va en contra de los requisitos para recibir asistencia estatal.

Acusaciones de fraude y perjuicio económico

Montenegro acusa a Molina de causar un perjuicio económico a la administración pública mediante la obtención indebida de beneficios. También señala una conducta dolosa, es decir, que Molina actuó con la intención de obtener un beneficio indebido y causar daño a la administración.

Las denuncias y la investigación en curso generan una gran preocupación en torno a la gestión de Molina y la transparencia en la administración de recursos públicos.

Coparticipación

El ajuste de Milei deja a La Rioja sin Juegos Evita: sin fondos, sin deportistas

La Rioja no podrá enviar delegación a la final de los Juegos Nacionales Evita 2026 en Mar del Plata. El gobierno de Quintela reconoció la imposibilidad económica mientras la Nación acumula una deuda de más de 1.300 millones de dólares con la provincia y la Corte Suprema ya intervino para intentar conciliar el conflicto.

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El Argentino Diario-Ricardo Quintela-Javier Milei.
El ajuste de Milei cancela el sueño deportivo: La Rioja fuera de los Juegos Evita por la deuda que Nación no paga.

Mientras el gobierno de Javier Milei recortó los fondos extracoparticipables a las provincias opositoras desde su primer día de gestión, La Rioja paga el costo con la exclusión de sus deportistas de los Juegos Nacionales Evita 2026, cuya final se disputará en Mar del Plata entre el 2 y el 7 de noviembre. El anuncio, formalizado el 1 de octubre por el secretario de Deportes, Recreación e Inclusión provincial, Jorge Córdoba, sorprendió a entrenadores que todavía analizaban cómo conformar sus equipos.

El secretario Córdoba reconoció la imposibilidad económica de afrontar los costos de traslado y manutención de la delegación. Lo que el contexto provincial vuelve inevitable es que esa imposibilidad tiene nombre y apellido: la sistemática retención de fondos coparticipables y transferencias no automáticas que el gobierno nacional lleva adelante hacia las provincias gobernadas por la oposición. La Rioja es, según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la provincia donde más cayeron las transferencias no automáticas desde Nación, con una reducción interanual del 96% acumulada en el primer semestre de 2024.

Una deuda que la Corte tuvo que intervenir para visibilizar

El reclamo de la provincia no es nuevo ni menor. El gobernador Ricardo Quintela lleva años denunciando que la Nación acumula una deuda histórica con La Rioja por un punto de coparticipación del que fue despojada en 1988. Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, ese porcentaje equivale a 621.000 millones de pesos que no fueron contemplados en el Presupuesto 2026. El total de la deuda acumulada, según el gobierno riojano, supera los 1.300 millones de dólares.

La disputa escaló a la justicia: la Corte Suprema convocó a una audiencia de conciliación entre representantes del gobierno de Quintela y del gobierno de Milei para abordar el litigio. El abogado de La Rioja ante el máximo tribunal es el exsenador Jorge Yoma, quien también se reunió en Casa Rosada con el jefe de Gabinete Guillermo Francos para discutir los 320 millones de dólares que la Nación reconoció como deuda con la provincia.

La situación llegó a su punto más crítico cuando La Rioja no pudo afrontar vencimientos de su deuda en dólares por 26,2 millones, una obligación que su propio ministerio de Hacienda atribuyó a las limitaciones generadas por la contracción de la economía argentina, la alta inflación, la devaluación de diciembre de 2023 y, fundamentalmente, el ajuste fiscal que cortó las transferencias desde Nación. Quintela fue explícito al señalar que Milei tomó a La Rioja y a la provincia de Buenos Aires como enemigos, en un escenario donde la paralización de la obra pública resultó fenomenal.

Los deportistas: el daño colateral del ajuste político

En ese marco de asfixia presupuestaria, la baja de La Rioja de los Juegos Evita 2026 no es un hecho aislado ni una falla de gestión provincial. Es la consecuencia directa y previsible de una política de castigo económico a las provincias opositoras que el gobierno libertario viene aplicando desde diciembre de 2023. El secretario Córdoba reconoció que los entrenadores de futsal masculino y femenino todavía no habían sido informados cuando él ya sabía que la provincia no iba a participar, una situación que da cuenta del golpe abrupto que significó la decisión.

La exclusión de La Rioja se suma a una tendencia más amplia. En la edición 2025 de los Juegos Evita, siete provincias, entre ellas Buenos Aires y varias patagónicas, amenazaron con no participar porque el gobierno nacional ofreció cubrir solo el 20% de los gastos de traslado, alojamiento y comida, cuando la ley 26.462 garantizaba históricamente el financiamiento pleno de las delegaciones provinciales. El diputado provincial Gustavo Pulti calculó que, para sostener los juegos con la misma inversión que en 2023 actualizada por inflación, la Nación debería destinar 779 millones de pesos, una cifra que el gobierno de Milei simplemente decidió no garantizar.

Mientras tanto, provincias aliadas al gobierno nacional, como Santa Fe, que se consagró bicampeona en los Juegos Evita 2025 con 327 deportistas, pudieron mantener sus delegaciones sin las restricciones que enfrentan los distritos opositores. La brecha entre las provincias que reciben el respaldo de Nación y las que son tratadas como adversarios políticos se traduce, en el deporte, en chicos y chicas que no pueden competir.

Atacalar suspendido: el ajuste regional también golpea

La baja de los Juegos Evita no fue el único golpe deportivo de la semana para La Rioja. El secretario Córdoba también informó la suspensión de los Juegos Atacalar, el certamen regional que reúne a representaciones de La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero y la provincia chilena de Atacama. La organización estaba a cargo de Catamarca, y desde ese distrito llegó la comunicación de la cancelación por razones económicas. El cuadro es el mismo en toda la región: el ajuste de la administración libertaria no reconoce fronteras provinciales cuando los fondos dejan de llegar.

La provincia procura mantener la participación en los Juegos Urbanos Argentinos y en los Juegos HAGAR Junior, señalados como alternativas para deportistas en proyección. Pero la escala y el alcance de los Juegos Evita no tienen equivalente: la edición 2025 reunió a más de 8.600 participantes de todo el país en 40 disciplinas. Para los jóvenes deportistas riojanos que venían preparándose, la baja no es un trámite administrativo; es la clausura de una oportunidad que no se repite.

Quintela, marginado de las reuniones que la Casa Rosada extendió a los gobernadores más alineados con el gobierno nacional, sigue la misma estrategia que Axel Kicillof en Buenos Aires: denunciar la discriminación presupuestaria y pelear en los tribunales lo que no se obtiene en la mesa de negociación. Pero mientras los pleitos judiciales avanzan a ritmo de expediente, son los deportistas los que pierden su lugar en la largada.

Lo que tenés que saber:

  • La Rioja no participará de los Juegos Nacionales Evita 2026 por falta de recursos para costear el traslado y la manutención de la delegación.
  • La Nación acumula una deuda con La Rioja que el gobierno de Quintela estima en más de 1.300 millones de dólares, incluyendo fondos de coparticipación retenidos desde 1988.
  • La Corte Suprema convocó a una audiencia de conciliación entre la provincia y el Estado nacional por el litigio del punto de coparticipación despojado en 1988.
  • Los Juegos Atacalar, certamen regional del Norte Grande, también fueron suspendidos por problemas económicos.
  • En 2025, siete provincias opositoras amenazaron con no participar en los Juegos Evita porque el gobierno nacional solo ofreció cubrir el 20% de los gastos de las delegaciones.
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