Legislativo
Vuelve a debatirse el proyecto de ampliación de licencias parentales
El proyecto busca llevar las licencias maternales de 90 a 126 días, las paternales de 2 a 45 días, y las de adopción a 90 días.
Después de algunas semanas en que el debate estuvo frenado por el receso invernal, la Cámara de Diputados reanudará este miércoles la discusión del proyecto de ampliación de licencias maternales, paternales y parentales, con la misión de sacar al país del atraso normativo en el que se encuentra en esta materia.
Por ejemplo, la legislación actual concede apenas dos días de licencia por paternidad, y la idea es extenderla a una duración de 45 días. En el caso de las licencias por maternidad, se propone llevarlas a 126 días, y las de adopción a 90 días.
Un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo, y Mujeres, Géneros y Diversidad llevará adelante una nueva reunión informativa este miércoles a las 14 horas, a la que fueron citados representantes gremiales y especialistas en la materia, supo de fuentes cercanas a Vanesa Siley, presidenta de la comisión cabecera de Legislación del Trabajo.
En un próximo plenario conjunto podría avanzarse en la firma del dictamen (o de los dictámenes en caso de que no haya consenso). La última reunión informativa del plenario de comisiones había sido el 4 de julio pasado, cuando se escucharon voces de distintos sectores con miradas contrapuestas sobre el tema.
Una de las oradoras había sido la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, quien además es secretaria de Igualdad de Género y Oportunidades de la CTA de los Trabajadores.
La funcionaria de Axel Kicillof había advertido sobre las excusas que muchos sectores oponen para entorpecer el desenvolvimiento de este debate sobre los derechos laborales.
«Siempre se plantea que no es el tiempo. Siempre parece que puede haber alguna otra prioridad frente al debate de la ampliación de derechos fundamentales, como son los derechos al cuidado y a cuidar, que no es solo para trabajadores y trabajadoras, sino un derecho de los hijos e hijas, para toda persona dependiente que tiene que tener la posibilidad de que la persona responsable tenga el tiempo para el cuidado y que sea de calidad», planteaba en aquella reunión.
Otro de los invitados en aquella jornada había sido el presidente del Área de Política Social de la Unión Industrial Argentina (UIA), Juan José Etala, quien se manifestó contrario a las modificaciones propuestas para otorgar derechos laborales, advirtiendo que el costo de financiamiento recaerá en los empleadores.
«Es muy fácil hacer más licencias mientras las pague otro, y acá la pagarían los empresarios», se quejaba el directivo de la UIA. Por su parte, la secretaria General Adjunta de las 62 Organizaciones Peronistas y secretaria de Género de Camioneros, Karina Moyano, presente en aquella audiencia en Diputados, calificó el proyecto de «fantástico».
En cambio, el Presidente del Movimiento Nacional Pyme, Alejandro Bestani, cuestionó duramente el proyecto al explicar que el sector que representa, en el contexto actual de la Argentina, no puede «dar más trabajo» para reemplazar a las personas que estén de licencia ni «pagar más costos».
«Este universo que genera el 60% de la riqueza en la Argentina tiene apenas el 2% de financiamiento del PBI. Es imposible soportar más costos y sobre todo financiarlos», insistió en dicha oportunidad.
Las claves del proyecto
- Licencias maternales o de personas gestantes: 45 días antes del nacimiento y hasta 81 días después del parto (con autorización médica, hasta 126 días).
- Licencias paternales o de personas no gestantes: 45 días totales, con dos opciones. 15 días corridos desde el nacimiento, y luego 30 días que se pueden usar inmediatamente o dentro de los 180 días de año calendario. O bien 15 días antes del parto probable y luego el resto.
- Reconoce el derecho de monotributistas, monotributistas sociales y trabajadores autónomos, que percibirán una asignación que consistirá en el pago mensual del Salario Mínimo Vital y Móvil.
- Deben haber pagado las imposiciones de seguridad y tener una antigüedad en ese régimen de al menos 18 meses.
- Establece el mismo régimen para personal de casas particulares, personal temporario de trabajo agrario y para toda la Administración Pública Nacional.
- Se crea la licencia por adopción: para personas que tengan pautadas audiencias para conocer a niños o adolescentes es de 2 días corridos y hasta 12 días por año.
- Licencia de 90 días corridos para adoptantes desde la fecha en que se otorga la guarda de un niño, una niña o adolescente por resolución judicial.
- También se puede dividir esta licencia en 15 días desde el otorgamiento judicial de la guarda y luego usar los restantes 75 días dentro de un plazo de 180 días contados desde la misma fecha.
- Licencias por matrimonio se extienden de 10 a 12 días y se incorpora la unión convivencial
- Se amplía la licencia por fallecimiento de cónyuge o conviviente, y por hijo: pasa de 3 a 10 días.
- Se amplía la licencia por fallecimiento de padre, madre, hermano, nieto de 1 a 3 días.
- Se crea la licencia especial para cuidado por enfermedad de persona a cargo, conviviente o cónyuge: pasa de 2 días a un máximo de 20 días por año, aunque podrá extenderse hasta 60 días sin goce de haberes.
- Para cuidado de personas a cargo con discapacidad, ya sea por razones congénitas o sobrevinientes, la licencia es de 3 días corridos y un máximo anual de 20 días.
- Se crea la licencia por violencia de género, que será de 15 días laborables corridos por año calendario, prorrogables por una única vez por otro período igual.
- Se crea licencia por interrupción del embarazo de 10 días corridos contados a partir del día en que se solicita la licencia, tanto para la persona gestante como para la persona no gestante con la cual hubiera compartido la responsabilidad parental.
- Se crea la licencia por técnicas de reproducción asistida de hasta 15 días corridos o discontinuos por año calendario para personas gestantes u ovodonantes, o con voluntad de procrear.
- Por controles preventivos de cáncer de mama, cérvico uterino o prostático, un día por año calendario.
- Para rendir examen en cualquier nivel educativo formal será de dos días corridos por examen y un máximo de 10 días por año calendario.
- Por adaptación escolar de hijo/a en los niveles de jardín maternal, preescolar y primer grado, 4 horas diarias durante 5 días en el año calendario; y por reuniones organizadas por el establecimiento educativo, hasta 15 horas por año calendario. En estos casos los permisos se ampliarán proporcionalmente a la cantidad de hijos/as.
Legislativo
Duro debate en el Senado por ley de tierras para extranjeros y desalojo de barrios populares
El Senado de la Nación volvió a debatir este miércoles el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional, en una jornada que expuso las profundas contradicciones de una iniciativa que, bajo el rótulo de proteger la propiedad, habilita la venta de tierras argentinas a capitales extranjeros, acelera desalojos y amenaza con dejar a más de un millón de familias de barrios populares sin garantías habitacionales.
Tierra a la venta: LLA busca habilitar a extranjeros a comprar suelo argentino sin límites
★ El plenario conjunto de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, presididas por los senadores libertarios Agustín Coto y Nadia Márquez, fue escenario de un fuerte cruce entre la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, y la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich. Mientras el oficialismo apura los tiempos y busca emitir dictamen la semana próxima, la oposición y las organizaciones sociales advirtieron que el proyecto es un retroceso histórico en materia de soberanía territorial, derecho a la vivienda y protección ambiental.
Un proyecto con cinco bombas de tiempo
Presentado formalmente en el Congreso el 27 de marzo de 2026 bajo el expediente PE-13/2026, el proyecto fue defendido en una primera ronda de debates por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien lo enmarcó en los dos pilares que define el gobierno de Javier Milei: equilibrio fiscal y libertad económica.
Sin embargo, los cinco ejes centrales de la iniciativa despertaron alarmas incluso entre algunos aliados del Gobierno. El primero establece un mecanismo «sumarísimo» para la restitución de inmuebles, con desalojos exprés que, según sus críticos, reducen garantías procesales a los ocupantes. El segundo, y quizás el más polémico, elimina los límites vigentes desde 2011 para que extranjeros puedan adquirir tierras rurales en Argentina, una restricción sancionada durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner precisamente para preservar la soberanía territorial.
El tercer eje apunta a la reforma de la Ley de Manejo del Fuego, derogando artículos impulsados en 2020 por el diputado Máximo Kirchner que impedían vender bosques nativos, humedales y áreas protegidas durante 60 años tras un incendio, y cambiaban el uso de suelos agrícolas incendiados por 30 años. El cuarto modifica la Ley 27.453 de Integración Socio Urbana (conocida como ley de barrios populares), sancionada en forma unánime en 2018, que garantiza suspensión de desalojos y regularización dominial para los sectores más vulnerables. El quinto punto reforma el sistema registral inmobiliario.
Un millón de familias en riesgo
Las organizaciones TECHO, Cáritas, UTEP, CELS, La Garganta Poderosa y Hábitat para la Humanidad Argentina advirtieron en conjunto que el proyecto «representa un retroceso profundo sobre la Ley 27.453 de Integración Socio Urbana y pone en riesgo el acceso progresivo a la propiedad, la vivienda y los servicios básicos de más de un millón de familias que viven en barrios populares en todo el país». Desde TECHO precisaron que la iniciativa, tal como fue redactada, «podría dejar a 2 millones de niños en situación de calle».
En la audiencia de este miércoles, el referente de la Mesa de Barrios Populares de Bariloche, Luciano Celsi, puso números concretos al drama habitacional que el proyecto ignora: «El 92% de las familias que vivimos en barrios populares no tenemos acceso formal al agua, el 97% no tiene acceso a la red cloacal y el 98% no tiene conexión al gas». Celsi fue contundente: «No apoyamos esta iniciativa».
El titular de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, fue más allá y denunció que el proyecto establece «el régimen de desalojo más agresivo de América Latina». Señaló además que desde la derogación de la ley de alquileres los precios acumularon un aumento superior al 400% en dos años, y que los datos del INDEC confirman que los alquileres siguen subiendo por encima de la inflación cada mes.
El constitucionalista Daniel Sabsay también cuestionó la iniciativa y señaló que «genera fuertes dudas en cuanto a la protección del medioambiente, la urbanización de barrios populares y una mirada poco contemplativa al problema habitacional en el actual contexto económico».
Soberanía, fuego y el cruce Vilar-Bullrich
El momento más tenso de la jornada llegó con el enfrentamiento entre la ministra bonaerense de Ambiente, Daniela Vilar, y la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. Vilar señaló que se «necesita tener presa» a Cristina Fernández de Kirchner para aprobar leyes que van en contra de la soberanía del país, en referencia a la presión judicial sobre la ex presidenta que coincide con el avance de reformas regresivas en el Congreso.
Bullrich respondió acusando a Vilar de utilizar la reunión de comisiones para hacer «un panfleto político» y afirmó que la ex presidenta «llegó hasta la Corte Suprema de Justicia» sin acatar su fallo. «Estamos en veredas enfrente», remató Bullrich, y aseguró que el oficialismo «defiende a los ciudadanos comunes», al mismo tiempo que atacó la gestión bonaerense señalando que la provincia de Buenos Aires tiene «más usurpaciones que en el resto del país».
Vilar, por su parte, había explicado antes del cruce que la Ley de Manejo del Fuego «no prohíbe producir ni vender ni arrendar territorios» y que «intenta desincentivar la quema y el incendio para luego hacer el cambio de uso del suelo». El combatiente de incendios del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) de Río Negro, Paulino Inalaf, planteó una pregunta que el oficialismo no respondió: si se aprueba el proyecto y se producen incendios para habilitar negocios inmobiliarios, «¿qué políticas tienen para asegurar la seguridad y la soberanía argentina?».
El peronismo señala prioridades distintas
El ex diputado peronista Santiago Igon resumió la posición opositora con claridad: «Esta ley no la estamos necesitando. Lo que sí necesitamos es que llegue el tercio que le corresponde a la provincia por impuestos al combustible para arreglar las rutas. Necesitamos una política a favor de que las economías regionales puedan resurgir».
El único expositor que respaldó el proyecto fue el abogado especializado en derecho administrativo Mariano Marcucci, quien consideró que la ley «avanza sobre el control judicial de las facultades del Estado y va a favor de las garantías de los particulares».
Según informaron fuentes parlamentarias a la Agencia NA, el oficialismo aspira a emitir dictamen la semana próxima, aunque la decisión dependerá de si consigue el apoyo de los bloques dialoguistas. La meta del Gobierno es llevar el proyecto al recinto en la última semana de abril o la primera de mayo.
Puntos clave
- El Senado debatió por segunda vez el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el gobierno de Milei, con exposición de más de veinte especialistas y referentes sociales.
- El proyecto elimina los límites para la compra de tierras por extranjeros vigentes desde 2011, modifica la ley de barrios populares y deroga protecciones ambientales post-incendio.
- Organizaciones como TECHO, Cáritas, UTEP y el CELS advierten que el texto podría dejar a más de un millón de familias sin garantías habitacionales y a 2 millones de niños en situación de calle.
- El titular de Inquilinos Agrupados denunció que el proyecto establece «el régimen de desalojo más agresivo de América Latina», en un contexto de alquileres que aumentaron más del 400% en dos años.
- El oficialismo busca emitir dictamen la semana próxima y llevar el proyecto al recinto antes de fin de abril, condicionado al apoyo de los bloques aliados.
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