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Legislativo

Vuelve a debatirse el proyecto de ampliación de licencias parentales

El proyecto busca llevar las licencias maternales de 90 a 126 días, las paternales de 2 a 45 días, y las de adopción a 90 días.

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Después de algunas semanas en que el debate estuvo frenado por el receso invernal, la Cámara de Diputados reanudará este miércoles la discusión del proyecto de ampliación de licencias maternales, paternales y parentales, con la misión de sacar al país del atraso normativo en el que se encuentra en esta materia.

Por ejemplo, la legislación actual concede apenas dos días de licencia por paternidad, y la idea es extenderla a una duración de 45 días. En el caso de las licencias por maternidad, se propone llevarlas a 126 días, y las de adopción a 90 días.

Un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo, y Mujeres, Géneros y Diversidad llevará adelante una nueva reunión informativa este miércoles a las 14 horas, a la que fueron citados representantes gremiales y especialistas en la materia, supo de fuentes cercanas a Vanesa Siley, presidenta de la comisión cabecera de Legislación del Trabajo.

En un próximo plenario conjunto podría avanzarse en la firma del dictamen (o de los dictámenes en caso de que no haya consenso). La última reunión informativa del plenario de comisiones había sido el 4 de julio pasado, cuando se escucharon voces de distintos sectores con miradas contrapuestas sobre el tema.

Una de las oradoras había sido la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, quien además es secretaria de Igualdad de Género y Oportunidades de la CTA de los Trabajadores.

La funcionaria de Axel Kicillof había advertido sobre las excusas que muchos sectores oponen para entorpecer el desenvolvimiento de este debate sobre los derechos laborales.

«Siempre se plantea que no es el tiempo. Siempre parece que puede haber alguna otra prioridad frente al debate de la ampliación de derechos fundamentales, como son los derechos al cuidado y a cuidar, que no es solo para trabajadores y trabajadoras, sino un derecho de los hijos e hijas, para toda persona dependiente que tiene que tener la posibilidad de que la persona responsable tenga el tiempo para el cuidado y que sea de calidad», planteaba en aquella reunión.

Otro de los invitados en aquella jornada había sido el presidente del Área de Política Social de la Unión Industrial Argentina (UIA), Juan José Etala, quien se manifestó contrario a las modificaciones propuestas para otorgar derechos laborales, advirtiendo que el costo de financiamiento recaerá en los empleadores.

«Es muy fácil hacer más licencias mientras las pague otro, y acá la pagarían los empresarios», se quejaba el directivo de la UIA. Por su parte, la secretaria General Adjunta de las 62 Organizaciones Peronistas y secretaria de Género de Camioneros, Karina Moyano, presente en aquella audiencia en Diputados, calificó el proyecto de «fantástico».

En cambio, el Presidente del Movimiento Nacional Pyme, Alejandro Bestani, cuestionó duramente el proyecto al explicar que el sector que representa, en el contexto actual de la Argentina, no puede «dar más trabajo» para reemplazar a las personas que estén de licencia ni «pagar más costos».

«Este universo que genera el 60% de la riqueza en la Argentina tiene apenas el 2% de financiamiento del PBI. Es imposible soportar más costos y sobre todo financiarlos», insistió en dicha oportunidad.

Las claves del proyecto

  • Licencias maternales o de personas gestantes: 45 días antes del nacimiento y hasta 81 días después del parto (con autorización médica, hasta 126 días).
  • Licencias paternales o de personas no gestantes: 45 días totales, con dos opciones. 15 días corridos desde el nacimiento, y luego 30 días que se pueden usar inmediatamente o dentro de los 180 días de año calendario. O bien 15 días antes del parto probable y luego el resto.
  • Reconoce el derecho de monotributistas, monotributistas sociales y trabajadores autónomos, que percibirán una asignación que consistirá en el pago mensual del Salario Mínimo Vital y Móvil.
  • Deben haber pagado las imposiciones de seguridad y tener una antigüedad en ese régimen de al menos 18 meses.
  • Establece el mismo régimen para personal de casas particulares, personal temporario de trabajo agrario y para toda la Administración Pública Nacional.
  • Se crea la licencia por adopción: para personas que tengan pautadas audiencias para conocer a niños o adolescentes es de 2 días corridos y hasta 12 días por año.
  • Licencia de 90 días corridos para adoptantes desde la fecha en que se otorga la guarda de un niño, una niña o adolescente por resolución judicial.
  • También se puede dividir esta licencia en 15 días desde el otorgamiento judicial de la guarda y luego usar los restantes 75 días dentro de un plazo de 180 días contados desde la misma fecha.
  • Licencias por matrimonio se extienden de 10 a 12 días y se incorpora la unión convivencial
  • Se amplía la licencia por fallecimiento de cónyuge o conviviente, y por hijo: pasa de 3 a 10 días.
  • Se amplía la licencia por fallecimiento de padre, madre, hermano, nieto de 1 a 3 días.
  • Se crea la licencia especial para cuidado por enfermedad de persona a cargo, conviviente o cónyuge: pasa de 2 días a un máximo de 20 días por año, aunque podrá extenderse hasta 60 días sin goce de haberes.
  • Para cuidado de personas a cargo con discapacidad, ya sea por razones congénitas o sobrevinientes, la licencia es de 3 días corridos y un máximo anual de 20 días.
  • Se crea la licencia por violencia de género, que será de 15 días laborables corridos por año calendario, prorrogables por una única vez por otro período igual.
  • Se crea licencia por interrupción del embarazo de 10 días corridos contados a partir del día en que se solicita la licencia, tanto para la persona gestante como para la persona no gestante con la cual hubiera compartido la responsabilidad parental.
  • Se crea la licencia por técnicas de reproducción asistida de hasta 15 días corridos o discontinuos por año calendario para personas gestantes u ovodonantes, o con voluntad de procrear.
  • Por controles preventivos de cáncer de mama, cérvico uterino o prostático, un día por año calendario.
  • Para rendir examen en cualquier nivel educativo formal será de dos días corridos por examen y un máximo de 10 días por año calendario.
  • Por adaptación escolar de hijo/a en los niveles de jardín maternal, preescolar y primer grado, 4 horas diarias durante 5 días en el año calendario; y por reuniones organizadas por el establecimiento educativo, hasta 15 horas por año calendario. En estos casos los permisos se ampliarán proporcionalmente a la cantidad de hijos/as.

Cultura

Más destrucción de Milei: buscan derogar la Ley que protege a las librerías

Un anteproyecto impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado propone eliminar la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera. Libreros, editoriales y entidades del sector alertaron que la medida favorecería la concentración del mercado, pondría en riesgo a las librerías independientes y afectaría la bibliodiversidad en la Argentina.

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El Gobierno nacional impulsa un anteproyecto para derogar la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera y la iniciativa encendió las alarmas en toda la cadena del libro. Desde editoriales, librerías independientes y cámaras del sector advirtieron que la eliminación de la norma favorecería la concentración del mercado, reduciría la oferta editorial y pondría en riesgo cientos de comercios dedicados a la venta de libros en todo el país.

La iniciativa fue elaborada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, y apunta a eliminar una legislación vigente desde hace más de dos décadas que establece el precio único de venta al público para los libros.

Qué establece la Ley de Defensa de la Actividad Librera

La Ley 25.542, sancionada en 2001 y vigente desde 2002, obliga a que cada libro tenga el mismo precio de venta en cualquier librería del país, independientemente del canal comercial donde se adquiera.

La norma contempla excepciones para determinadas operaciones, como descuentos de hasta el 10% durante ferias del libro o ventas a bibliotecas e instituciones culturales, y rebajas de hasta el 50% para compras destinadas a programas públicos de distribución gratuita. También excluye a libros usados, de colección, artesanales, descatalogados o importados a precio de saldo.

El objetivo de la ley fue evitar que grandes cadenas comerciales o plataformas con mayor poder económico utilicen los libros como producto de atracción mediante descuentos imposibles de igualar para las librerías independientes.

El sector advirtió por el impacto de la derogación

La posible eliminación de la norma recibió un amplio rechazo de las principales entidades vinculadas al mundo editorial.

Desde la Cámara Argentina del Libro (CAL) sostuvieron que el precio único «es la herramienta fundamental para proteger a las librerías independientes y a las editoriales pymes frente a la concentración del mercado», además de garantizar el acceso federal a la lectura y preservar la bibliodiversidad.

En la misma línea, la Cámara Argentina de Librerías Independientes (CALI) consideró que la iniciativa constituye «un ataque contra la cultura» y remarcó que cada librería representa un espacio de encuentro, promoción de nuevos autores y desarrollo de la industria editorial.

La Fundación El Libro, organizadora de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, también expresó su preocupación y afirmó que la legislación permitió sostener durante más de veinte años una amplia red de librerías independientes en todo el territorio nacional, reconocida internacionalmente por su diversidad y alcance.

Advierten por el futuro de las librerías de barrio

Libreros de distintas provincias coincidieron en que la derogación pondría en desventaja a los comercios independientes frente a las grandes cadenas y plataformas de venta online.

María Eugenia Ajamil, responsable de Boutique del Libro de Ushuaia, sostuvo que la normativa permitió que libros de editoriales pequeñas llegaran a todos los rincones del país y alertó que, sin esa protección, «solo sobrevivirán los títulos más rentables».

En el mismo sentido, Giselle Ale, titular de Fray Mocho y Libros de la Arena, de Mar del Plata, recordó que la ley «no le cuesta un peso al Estado» y aseguró que garantiza condiciones equitativas de competencia entre librerías independientes, cadenas comerciales y plataformas digitales.

Desde el sector también remarcaron que la experiencia internacional muestra que, en los países donde se eliminó el precio único del libro, desaparecieron numerosas librerías independientes y el mercado quedó concentrado en pocos actores, con una oferta editorial más reducida y menos espacio para autores emergentes y editoriales de menor escala.

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