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Educación

Repudian las amenazas de Larreta: «docente que para no cobra»

El área de Políticas Educativas de la CGT repudió esos dichos en representación de la conducción de la central, que ejercen Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano.

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El consejo directivo de la CGT repudió este lunes afirmaciones del precandidato presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) Horacio Rodríguez Larreta, quien dijo que «la educación no puede parar», y aseguró que el movimiento obrero organizado y la central obrera en su conjunto lucharán «contra el capitalismo salvaje» del jefe de Gobierno porteño.

Un documento firmado por la Secretaría de Políticas Educativas de la CGT en representación de la conducción nacional, a cargo de Sergio Romero, titular de la Unión Docentes Argentinos (UDA), repudió esas declaraciones de Rodríguez Larreta, quien bajo el lema «la educación no puede parar» dijo que «docente que para no cobra».

«El precandidato presidencial no se propone invertir más dinero en educación, exacerba un sistema salvaje e impone de forma ilegítima que un docente perciba una mueca de mejor salario del bolsillo de otro trabajador en lucha por emerger de la línea de pobreza», expresó el documento de la Secretaría de Políticas Educativas de la central.

También aseguró que «el aspirante a la Casa Rosada debe ponderar de forma previa que si pretende conducir los destinos de la Argentina el trabajador no llega a fin de mes y no tiene para darle de comer a sus hijos en su propio distrito, que gobierna hace años abonando salarios muy por debajo de la actual línea de la pobreza», enfatizó.

«El movimiento obrero organizado, la CGT en su conjunto y la Secretaría de Políticas Educativas lucharán contra el capitalismo salvaje de Rodríguez Larreta, que pretende sin invertir más dinero en educación que los docentes, de manera caníbal, se coman unos a otros sus salarios por disposición de ese precandidato», concluyó.

El área de Políticas Educativas de la CGT repudió esos dichos en representación de la conducción de la central, que ejercen Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano.

Economía 💲

Fallo por universidades: Caputo debe pagar $2,5 billones y el «superávit» entra en crisis

Un fallo judicial obliga al Gobierno a transferir 2,5 billones de pesos a universidades. El vencimiento impacta en el equilibrio fiscal, supera desembolsos recientes y reabre el conflicto por fondos, salarios y funcionamiento del sistema educativo.

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Lo que tenés que saber:

  • La Justicia ordenó transferir fondos a universidades por ley vigente
  • El plazo de pago vence y tensiona el esquema fiscal del Gobierno
  • El Ejecutivo evalúa apelar mientras busca alternativas para evitar el impacto
  • Universidades y gremios anticipan medidas y posibles protestas
  • El conflicto reabre el debate sobre financiamiento educativo

Un fallo judicial que obliga a pagar

El Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, enfrenta el vencimiento de un fallo que ordena transferir fondos a las universidades nacionales en cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La decisión judicial ratifica la vigencia de la norma y obliga al Ejecutivo a ejecutar el gasto, limitando la posibilidad de postergar pagos como venía ocurriendo.

Impacto directo en el relato del equilibrio fiscal

El monto exigido representa un desafío para el esquema económico del gobierno de Javier Milei.

El pago forzado convierte esos compromisos en una erogación inmediata, con impacto en las cuentas públicas.

Estrategia oficial: apelar y ganar tiempo

Dentro del Gobierno analizan recurrir a la Corte Suprema para dilatar el cumplimiento del fallo. Sin embargo, esa vía judicial no suspende automáticamente la obligación de pago.

En paralelo, se evalúa enviar un nuevo proyecto de ley que modifique el esquema de financiamiento universitario.

Universidades en alerta y posible conflicto

Las casas de estudio y los gremios docentes mantienen la presión para que se cumpla la ley. El sistema universitario enfrenta dificultades para sostener salarios y gastos operativos.

Además, se anticipan medidas de fuerza y posibles movilizaciones similares a las registradas en años recientes.

El reclamo involucra a todo el sistema público, con decenas de instituciones afectadas por la falta de actualización presupuestaria.

Un conflicto que escala en el plano político

El fallo judicial se suma a otros frentes abiertos vinculados a transferencias y obligaciones del Estado.

La tensión se amplifica en un contexto de caída de la recaudación y creciente presión sobre el gasto público, lo que complica la estrategia económica del Gobierno.

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