Judiciales ⚖️
ARA San Juan: revisarán el sobreseimiento de Macri el 30 de agosto
La decisión estará en manos de los camaristas Guillermo Yacobucci, Ángela Ledesma y Mariano Borinsky. Las querellas habían apelado el sobreseimiento del ex presidente en la causa.
La Cámara Federal de Casación Penal fijó para el próximo 30 de agosto la audiencia en la cual comenzará a revisar el sobreseimiento a favor del ex presidente Mauricio Macri en la causa en la que se investigan el supuesto espionaje ilegal a familiares de víctimas del ARA San Juan.
El máximo tribunal penal notificó hoy, apenas reanudada la actividad judicial tras la feria de invierno, la fecha de la audiencia en la que comparecerán las partes para sostenes o refutar el sobreseimiento dictado por la Cámara Federal porteña en julio de 2022.
Además de Macri, fueron sobreseídas las máximas autoridades de la AFI durante su gobierno, entre ellos Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.
La medida fue apelada por las querellas, encabezadas por la abogada Valeria Carreras y Luis Tagliapietra –quien además es padre de uno de los 44 marinos muertos en el naufragio- y tras un largo cabildeo de nombre la Casación quedó en condiciones de resolver.
La decisión estará en manos de los camaristas Guillermo Yacobucci, Ángela Ledesma y Mariano Borinsky, quienes recientemente admitieron como “amicus curiae” al CELS y al jurista Alberto Binder.
Ambos serán escuchados también en la audiencia.
La abogada Carreras anunció que hará uso de su derecho a la “oralidad” en la audiencia, es decir que expondrá sus argumentos verbalmente ante el tribunal.
El ex presidente Macri había sido procesado en primera instancia por el juez federal subrogante de Dolores Martín Bava por actividades de inteligencia ilegal sobre familiares de víctimas del submarino en reuniones, misas de recordación y manifestaciones en reclamo de justicia.
Pero la Cámara Federal porteña revocó esa medida y sobreseyó al ex jefe del Estado entendiendo que las actividades que se reputaban como ilegales eran, en realidad, medidas de seguridad propias de su investidura presidencial.
DDHH
Abstenerse frente a la violencia machista no es neutralidad: el Colegio Público de la Abogacía advierte al Gobierno de Milei
El Colegio Público de la Abogacía advirtió que la abstención en una resolución respaldada por 175 países es un retroceso y que la Argentina fue el único Estado latinoamericano que no la acompañó. Los tratados sobre derechos de las mujeres, recordó, obligan al Estado más allá del gobierno de turno.
175 países respaldaron en Naciones Unidas una resolución para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, y la Argentina decidió abstenerse. Esa decisión del Gobierno nacional abrió un nuevo cuestionamiento desde el mundo del derecho.
El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) expresó este miércoles su preocupación por la decisión del Gobierno nacional, en un pronunciamiento institucional en el que remarcó que el país fue el único Estado latinoamericano que no acompañó la iniciativa.
Un consenso al que el país le dio la espalda
La entidad que reúne a las abogadas y los abogados de la Capital Federal sostuvo que «resulta inadmisible que nuestro país se aparte de un consenso internacional tan amplio» en una materia que compromete derechos humanos fundamentales. Para el Colegio, la posición argentina representa un retroceso que merece un claro cuestionamiento.
Además, la institución advirtió que las eventuales diferencias sobre la redacción o el alcance de una resolución no pueden servir de fundamento para desentenderse del compromiso internacional de combatir esta forma de violencia.
Obligaciones que no se renegocian con cada gobierno
Los compromisos en materia de igualdad y de protección de los derechos de las mujeres obligan al Estado argentino y no pueden quedar sujetos a las posiciones ideológicas ni a las prioridades políticas de los gobiernos de turno.
El Colegio recordó que la Argentina asumió obligaciones expresas a través de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que tiene jerarquía constitucional, y de la Convención de Belém do Pará.
Según el pronunciamiento, la violencia contra las mujeres y las niñas es una grave violación de los derechos humanos que exige políticas públicas efectivas, instituciones comprometidas y una acción sostenida del Estado. No se trata de preferencias políticas, subrayó, sino de garantizar derechos reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales.
Una deuda que el feminismo ya puso sobre la mesa
La advertencia llega a una semana del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y en un país donde el movimiento feminista instaló la violencia machista como problema público desde la primera marcha de Ni Una Menos, en 2015. La Argentina cuenta además con la Ley 26.485 de protección integral a las mujeres, vigente desde 2009.
Abstenerse, en ese marco, no es una posición neutral: es correrse de un acuerdo que el resto de la región sí sostuvo. Para quienes sobreviven a la violencia y para quienes sostienen redes de acompañamiento, el mensaje que llega desde el Estado importa tanto como el texto de cualquier resolución.
Un antecedente que pesa
No es la primera vez que la diplomacia argentina queda aislada en este terreno. En noviembre de 2024, la Argentina fue el único país en votar en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU sobre la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas en el entorno digital, que se aprobó con 170 votos a favor y 13 abstenciones. En aquel momento, el PRO, la UCR y Unión por la Patria cuestionaron la decisión.
El Colegio Público de la Abogacía reafirmó su compromiso con la igualdad, la defensa de los derechos de las mujeres y la vigencia efectiva de las garantías constitucionales. «No hay lugar para la indiferencia ni para la ambigüedad», sostuvo, y agregó que el Estado argentino tiene el deber de proteger esos derechos y de sostener ese compromiso ante la comunidad internacional.
Lo que tenés que saber
- El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal expresó su preocupación por la abstención argentina en una resolución de la ONU contra la violencia hacia las mujeres y las niñas.
- La iniciativa tuvo el respaldo de 175 países y la Argentina fue el único Estado latinoamericano que no la acompañó.
- El Colegio recordó que la CEDAW, con jerarquía constitucional, y la Convención de Belém do Pará obligan al Estado argentino.
- En noviembre de 2024, la Argentina fue el único país en votar en contra de otra resolución de la ONU sobre violencia contra mujeres y niñas en el entorno digital.
- El pronunciamiento se conoció a una semana del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
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