El Gobierno avanza en la elaboración de un proyecto de ley para compensar al Tesoro por los fondos extras que puede reclamar la Ciudad de Buenos Aires tras el fallo de la Corte Suprema que ordenó al Estado nacional implementar un aumento en la masa coparticipable del distrito, estimado en alrededor de $200.000 millones.

El objetivo es que la iniciativa sea tratada junto a otros proyectos pendientes de tratamiento, como el blanqueo de capitales, la ley de agroindustria, el marco normativo para dar estabilidad a las inversiones de Gas Natural Licuado e hidrógeno y la creación de nuevas universidades, que no pudo ser tratada en la última sesión del año debido a que no se alcanzó el quórum.

En el Palacio de Hacienda estiman que la recaudación extra que se necesita para cubrir esos fondos extras, que no están contemplados en el Presupuesto 2023, rondaría los $200.000 millones.

Lo que resta definir son las herramientas que se utilizarán para obtener esos fondos, que serán de carácter impositivo.

Ayer, tras el rechazo inicial formulado por el Gobierno a la decisión de la Corte, se oficializó la decisión de transferir bonos TX31 a la Ciudad de Buenos Aires, a través de la decisión administrativa 1282/2022 de la Jefatura de Gabinete.

«En atención a la medida cautelar dictada en el Expediente Judicial citado en el Visto, el Estado Nacional ha decidido buscar el remedio posible en las circunstancias actuales, mientras se resuelve la cuestión de fondo o el Honorable Congreso de la Nación dicta una ley para prever en el presupuesto la atención de la medida judicial dispuesta«, sostiene la decisión administrativa en los considerandos.

En la víspera también, en dos escritos que llevan la firma del Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, el Gobierno interpuso una revocatoria «in extremis» para que la Corte deje sin efecto la medida cautelar dictada el 21 de diciembre y reclamó que los integrantes del máximo tribunal se excusen de intervenir para que la presentación pueda ser analizada por jueces que no hubieran participado de la decisión cuestionada.

Por su parte, el Gobierno porteño rechazó el mecanismo de pago propuesto a través de bonos y presentó además, una denuncia penal en los tribunales federales de Comodoro Py contra funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional a los que acusó de no cumplir el fallo de la Corte.

En el Palacio de Hacienda califican como «muy rara» a la decisión de la Corte de ordenar al Gobierno nacional implementar un incremento en la masa coparticipable del distrito.

A modo de ejemplo señalaron que las 23 provincias para modificar la coparticipación necesitan de un acuerdo federal, un entendimiento entre todas las partes.

Mientras que a la Ciudad de Buenos Aires en su momento le modificaron la coparticipación sin la intervención del resto de las provincias.

«Si es una jurisdicción que ingresa en la masa coparticipable está en el conjunto del resto de las jurisdicciones. Esto no está previsto en el fallo y es un enorme problema para adelante, porque podemos pasarnos los próximos 20 años con un Presidente que la sube o la baja sin consultar a otras jurisdicciones«, opinan.

Al respecto, añaden que es raro que la Corte Suprema emita una cautelar sin resolver la cuestión de fondo, sin mirar cómo opina el resto de las provincias.