Legislativo
Arranca en Diputados el proceso de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema
El oficialismo cuenta con el número necesario en la Comisión de Juicio Político para firmar el dictamen del proyecto, pero no con la mayoría de dos tercios que se precisa para aprobar el texto en el recinto de la Cámara baja.
La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados comenzará este jueves a resolver si abre el proceso de remoción a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, en función de un proyecto que es impulsado por el presidente Alberto Fernández y varios gobernadores por considerar que los magistrados del máximo tribunal incurrieron en «mal desempeño» en varios de sus fallos.
La Comisión que preside la diputada del Frente de Todos Carolina Gaillard (Entre Ríos) se reunirá a las 11 para comenzar a analizar los expedientes que plantean el juicio político a Horacio Rosatti -presidente del máximo tribunal- Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
El oficialismo cuenta con el número necesario en la comisión de juicio político para firmar el dictamen del proyecto, pero no con la mayoría de dos tercios que se precisa para aprobar el texto en el recinto de la Cámara baja.
El tema fue incluido en la convocatoria a sesiones extraordinarias impulsada por el Poder Ejecutivo desde el 23 de enero hasta el 28 de febrero.
Por su parte, la principal bancada opositora ya anticipó que no dará quorum para tratar los proyectos contemplados en la convocatoria mientras se mantenga el proceso de juicio político, ya que consideran que se trata de «un ataque a la Corte y a la institucionalidad» por parte del Gobierno.
Desde el Frente de Todos (FdT) consideran, en cambio, que «la intención de JxC es paralizar el Congreso, sea con ese o con otro argumento», y recuerdan que «en diciembre hicieron fracasar dos sesiones que incluían temas como la creación de universidades y la moratoria previsional».
En el proyecto de resolución, que elaboraron los diputados encabezados por Eduardo Valdés, se toma como base el documento impulsado por el Presidente, pero se agregaron además nuevas denuncias para ser investigadas a lo largo del proceso, entre ellas una sobre el manejo de la obra social del Poder Judicial.
En el texto, de 410 páginas, los diputados sostienen que deben ser citados como testigos «todos los directores, secretarios, funcionarios y/o empleados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que hayan tenido intervención y/o pudieran aportar datos de interés respecto de los hechos denunciados».
«El enjuiciamiento político, en el que se acusa y se intenta destituir a jueces de la Corte Suprema de Justicia, es una instancia excepcional en la que se persigue la determinación de la responsabilidad política del gobernante», añade el documento.
Agrega que «el mal desempeño de los jueces de la Corte Suprema de Justicia se pone en evidencia cuando el magistrado no aplica o decide contra el Derecho en vigor o carece de aptitudes morales o intelectuales para el cumplimiento de la tarea».
«Ese mal desempeño, además, se encuentra afianzado en una composición homogénea de resoluciones jurisdiccionales que demuestran inequívocamente una interpretación infiel y dañina para el orden jurídico del Estado, en cuya cima, la Constitución resulta espectacularmente violada», señalan los diputados en el proyecto.
La intención del oficialismo es comenzar mañana con el análisis de los expedientes y prevé realizar, al menos, dos reuniones por semana entre lo que resta de enero y fines de marzo, aproximadamente, para recabar las pruebas relacionadas con los pedidos de enjuiciamiento a los ministros de la Corte.
Judiciales ⚖️
Cuatro intentos, cuatro fracasos: el Senado volvió a tirar abajo la ley que abriría el territorio argentino a capitales extranjeros
El oficialismo pidió un nuevo cuarto intermedio hasta el 6 de agosto por las tensiones internas entre el ministro de Desregulación y la jefa del bloque en el Senado. En paralelo, la Cámara alta aprobó 36 pliegos judiciales, entre ellos el del polémico camarista Víctor Pesino, quien había fallado a favor del Gobierno un día antes de que el Ejecutivo propusiera su renovación.
El proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, acumuló este jueves su cuarta postergación consecutiva en el Senado. Por solicitud de Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, el cuerpo pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo 6 de agosto. La votación para diferir el tratamiento se aprobó con 63 votos afirmativos, tres negativos y una abstención, una holgura que contrasta con los escasos márgenes que el oficialismo reconoce tener para la aprobación del proyecto en sí.
Un proyecto con quince versiones y ninguna mayoría
La iniciativa acumula desde su lanzamiento quince versiones distintas del borrador, un signo elocuente de los problemas que enfrenta para conseguir los votos necesarios. La última modificación en circulación habilitaba a cada provincia a definir su propio régimen de venta de tierras a extranjeros; una cláusula que generó rechazo en el entorno del propio Sturzenegger, cuyos allegados sostienen que la medida «es inconstitucional» y produciría «24 interpretaciones distintas de la norma».
Cerca de Bullrich, en cambio, consideran que se trata de «una discusión sin sentido» porque las provincias «lo pueden hacer igual». La grieta interna dentro del bloque gobernante se convirtió así en el principal obstáculo de una ley que, en apariencia, debería ser el corazón del proyecto desregulador de la gestión.
A los problemas de redacción se sumaron dos ausencias clave en la sesión: Carlos «Camau» Espínola y la senadora Andrea Marcela Cristina (PRO), esta última de licencia por maternidad hasta después del receso invernal. «Nos cambió el número y, si bien ganábamos por un voto, con este tipo de proyectos y muchas horas de debate hay que tener un margen un poco más amplio», reconocieron fuentes del oficialismo.
Cuatro intentos, ningún resultado: la cronología de los fracasos
El historial de frustraciones del proyecto es revelador. El primer intento de tratamiento se cayó en junio, cuando el oficialismo empantanó la sesión en torno al pliego de Verónica Michelli, cuya aprobación bloqueó alegando que era familiar de un periodista. Ante el escándalo, La Libertad Avanza anunció el retiro del proyecto, que además no tenía los votos asegurados. Prometió relanzarlo la semana siguiente, promesa que nunca cumplió. El tercer intento naufragó cuando se cayó la sesión convocada para interpelar al entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Este jueves fue el cuarto fracaso.
La nueva fecha fijada es el 6 de agosto, cuando el oficialismo pretende tratar la ley de inviolabilidad junto con los proyectos de Ley Hojarasca y Falsas Denuncias. Será el quinto intento.
Lo que está en juego: soberanía territorial y recursos estratégicos
El proyecto busca derogar los límites que hoy establece la Ley N.º 26.737, que fija un tope del 15% de la superficie rural nacional y un límite de 1.000 hectáreas en la zona núcleo para la compra de inmuebles rurales por extranjeros. La reforma permitiría operaciones sin esas restricciones, incluso en zonas consideradas estratégicas por su valor productivo, hídrico o fronterizo. Para sus críticos, la medida equivale a un proceso de extranjerización del territorio que debilita la capacidad del Estado para resguardar áreas de interés nacional.
El paquete legislativo también modifica el régimen de expropiaciones al restringir el concepto de utilidad pública y elevar las compensaciones económicas, lo que dificultaría futuras recuperaciones estatales de activos estratégicos. Además, incorpora un mecanismo de restitución anticipada de inmuebles que agiliza los desalojos antes de que exista sentencia definitiva, y reforma la Ley de Manejo del Fuego para eliminar restricciones que hoy impiden cambiar el destino de tierras afectadas por incendios, lo que sectores ambientales y agropecuarios advierten podría favorecer desarrollos inmobiliarios sobre superficies quemadas. Desde Unión por la Patria anticiparon que buscará frenar el avance de la iniciativa al considerar que compromete la soberanía sobre los recursos naturales.
Bullrich le dejó un mensaje a Villarruel
Tras la nueva postergación, Patricia Bullrich hizo un balance con destinataria evidente. «Hoy mostramos que teníamos el quórum que ayer nos lo quisieron desarmar con mensajes subidos de tono», declaró la senadora, en una referencia directa a los tensos intercambios que tuvo con la vicepresidenta Victoria Villarruel luego del partido entre Argentina e Inglaterra por la semifinal del Mundial. Los mensajes entre ambas ya circulaban en medios y revelaron una relación deteriorada en el corazón del espacio gobernante.
Qué paso este miércoles en el Congreso
- La ley de inviolabilidad de la propiedad privada fue postergada por cuarta vez; el nuevo intento está previsto para el 6 de agosto.
- Las tensiones entre Sturzenegger y Bullrich por la cláusula de autonomía provincial y las ausencias de dos senadores oficialistas destraban el proyecto.
- El proyecto busca eliminar el tope del 15% para venta de tierras a extranjeros establecido en la Ley 26.737, con impacto en soberanía territorial y recursos estratégicos.
- El camarista Víctor Pesino fue confirmado con cinco votos de diferencia pese a las denuncias de la oposición sobre su fallo favorable al Gobierno y su reunión previa con el ministro Mahiques.
- Patricia Bullrich aprovechó la sesión para lanzar un mensaje velado contra Victoria Villarruel por sus intentos de desestabilizar el quórum oficialista.
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