Veinte años atrás, la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner exhortó a la cámara alta a entender que los derechos humanos “son una cuestión de humanidad en el mundo globalizado” y no “un tema de derecha o izquierda” y consideró como “un acto de reconstrucción institucional y moral de la Argentina” sancionar la nulidad de las llamadas “leyes de impunidad”.
Cristina cerró así un extenso e histórico debate en el Senado, que finalizó con la sanción de una norma que anuló las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, impulsadas por el Gobierno de Raúl Alfonsín.
“Cuando digo institucional -afirmó, según la versión taquigráfica de la sesión- me refiero a que no puede ser que los ciudadanos argentinos sigan viendo a sus instituciones como las que atentan contra los más elementales principios de convivencia y pacto social que nos debe animar a todos. Y es moral porque no es cierto que el futuro se pueda construir barriendo la suciedad y poniéndola debajo de la alfombra”, dijo.
En el discurso de cierre de la sesión que había comenzado la tarde del 20 de agosto de 2003 y finalizó en la madrugada del día siguiente, la expresidenta y actual vicepresidenta planteó que la anulación de las normas de la década del 80 era algo “necesario” para que, “de una vez por todas”, en el país pudiera “saberse que aquellos que violan la ley y los principios básicos de la convivencia de la sociedad civilizada” son “castigados”.
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También, Fernández de Kirchner, presidenta entonces de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, consideró “necesario que de una buena vez por todas algunos mediocres e interesados terminen de establecer esto de los derechos humanos como una cuestión perteneciente a la agenda de la izquierda argentina”.
“Esta sólo puede ser una afirmación de mediocres; los argentinos tenemos que notificarnos que en el mundo globalizado los derechos humanos no constituyen un tema de derecha o de izquierda, sino que son una cuestión de humanidad”, argumentó.
Recordó que en 1998, cuando se desempeñaba como diputada, ya había participado de un debate tras la presentación de un proyecto para derogar las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
“En aquella oportunidad voté, como lo voy a hacer ahora, con absoluto convencimiento sobre la nulidad de las leyes de la impunidad”, rememoró.
Además, mencionó su oposición a la decisión del expresidente Carlos Menem de indultar, entre fines de 1989 y principios de 1990, a los principales jefes militares de la última dictadura.
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“Nunca he creído que defender una idea o una bandera partidaria pueda ser compatible con la defensa o, por lo menos, con la cobertura de la impunidad de aquellos que han violado derechos sagrados”, mencionó.
Durante el debate legislativo, la actual vicepresidenta criticó a los legisladores que se oponían a la nulidad de las leyes con el argumento de que se alteraba la división republicana de poderes porque, a su criterio, se trataba de una medida que debía ser potestad de la Justicia.
“Desde el Parlamento argentino se ordenó a los jueces -en referencia a las leyes de Obediencia Debida y Punto Final- que no podían juzgar ni condenar a quienes habían torturado, violado y secuestrado ciudadanos argentinos. Curiosamente, hoy se nos dice que estamos violando esa división republicana de poderes al decretar la nulidad de esa ley que dio instrucciones a los jueces de la República sobre cómo tenían que actuar en juicios”, respondió.
Para explicar la superioridad de las leyes naturales y divinas por sobre las de los hombres, Fernández de Kirchner citó en su alocución el relato de un personaje de la mitología griega, Antígona, que -dijo- había sido parte de su “primera clase” como estudiante de Derecho en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
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La entonces senadora narró que Antígona quería sepultar a su hermano, pero la ley que regía en la ciudad de Tebas lo impedía. “Antígona cruza la frontera de la ciudad, viola la ley del tirano, la ley positiva y va y entierra a su hermano. Mujer tenía que ser después de todo; creo que no debe ser casualidad”, afirmó y recibió aplausos del público que presenciaba la sesión.
Resaltó que la heroína griega “va y entierra a su hermano porque existe una ley natural que está por encima de la de los hombres, que dice que los cuerpos deben recibir sepultura”.
“En nombre de ese Derecho, que es superior a cualquier otra cuestión, hoy nos encontramos reunidos aquí; nunca admití que en nombre de las razones de Estado se fundamentara la violencia que implica la violación del cuerpo humano”, cerró Fernández de Kirchner.
El Tribunal Oral Federal (TOF) de General Roca escuchará esta semana tres testimonios claves en el marco del juicio oral por el asesinato de Rafael Nahuel, ocurrido el 25 de noviembre de 2017, y en el cual están procesados cinco integrantes de la Agrupación Albatros de la Prefectura Naval Argentina.
Los dos jóvenes mapuches que bajaron el cuerpo de Nahuel desde la montaña hasta la ruta 40 en busca de ayuda médica, Fausto Jones Huala y Lautaro González Curruhuinca, declararán citados por las querellas del juicio. Ambos estaban junto a la víctima en el momento en que recibió el disparo.
Quinta semana del juicio por la muerte de Rafael Nahuel. Declararon Martín Spotorno y Agustina Oberti, peritos balísticos: "El arma que disparó el proyectil que causó la muerte de Rafael Nahuel Salvo pertenecía a la pistola reglamentaria calibre 9 mm del prefecto Guillermo Cavia” pic.twitter.com/HIe77ts40j— Revista Cítrica (@revistacitrica) September 15, 2023
También está previsto que dé su testimonio Johana Colhuan, integrante de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, que intentó ser desalojada de las tierras en la que se habían establecido en la zona de Villa Mascardi, y que el 25 de noviembre de 2017 también recibió un disparo por la espalda que la hirió en el hombro.
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Se trata de tres testigos clave para los abogados de la familia de Nahuel, la secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh) de Bariloche, los tres querellantes de la causa. Se sumará además el testimonio de María Nahuel, tía de Rafael, quien forma parte de la comunidad y arribó al lugar minutos después que el cuerpo de su sobrino fuera dejado a la vera de la ruta 40.
El juicio que se desarrolla en la ciudad rionegrina de General Roca se estructura en dos audiencias semanales, los días martes y miércoles. Para esta semana está previsto que dos de los imputados amplíen su declaración indagatoria: son los agentes de la Prefectura Juan Ramón Obregón y Sergio García, ambos imputados como “partícipes necesarios” del delito de “homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa”.
Ambos darán su versión de lo sucedido. En las declaraciones que hicieron durante la instrucción del expediente sostuvieron la hipótesis de la “emboscada” por parte de los integrantes de la comunidad mapuche, versión que no se condice con el aporte probatorio y testimonios recogidos hasta el momento en el juicio oral. En relación a Jones Huala y González Curruhuinca, testigos directos de la muerte de Nahuel, esta semana darán su testimonio ante los jueces del TOF de General Roca.
Yessica Bonnefoi fue condenada por el juez Hugo Greca, a seis meses de prisión en suspenso, por rasguñar a un policía en una represión previa al asesinato de Rafael Nahuel en la Lof Lafken Winkul Mapu. La condenaron por mapuche. pic.twitter.com/zvWuq61SoX— Revista Cítrica (@revistacitrica) September 22, 2023
El 25 de noviembre de 2017, los dos fueron apresados por efectivos del grupo Albatros de la Prefectura minutos después de que los propios prefectos dispararan montaña arriba entre 114 y 129 veces con munición de plomo -según consta en las pericias-, lo que provocó la muerte del joven mapuche.
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Jones Huala y González Curruhuinca, en sus respectivas declaraciones indagatorias -a las que accedió Télam-, relataron cómo cayó herido Nahuel y por qué decidieron bajar su cuerpo desde la montaña, incluso exponiéndose a ser reprimidos o detenidos.
En su indagatoria del 28 de noviembre de 2017, Fausto Jones Huala dijo: “En un momento miro y veo que cae Rafael. Ahí empecé a gritar que dejen de disparar, pero siguieron disparando. De repente, no se escuchó más nada. Estaba Rafael en el suelo, me acerqué a verlo y vi que tenía un disparo del lado izquierdo”.
“Le preguntaba cómo estaba y no podía hablar. Decidimos no dejarlo solo porque nosotros tuvimos otro suceso parecido en la comunidad de Cushamen”, agregó en su declaración. Jones Huala se refirió así a Santiago Maldonado, quien desapareció el 1º de agosto de 2017 en la costa del río Chubut en el marco de un operativo de Gendarmería que, según la orden judicial, debía desalojar la ruta 40 pero que terminó incluyendo una persecución a los miembros de la comunidad de Cushamen por las tierras que ocupaban.
Maldonado estuvo 78 días desaparecido y su cuerpo fue encontrado el 17 de octubre del mismo año, en una zona del río que ya había sido rastrillada por lo menos en dos oportunidades. En el caso de González Curruhuinca, en la indagatoria declaró cómo vio morir a Rafael Nahuel delante suyo.
“Cuando Rafael recibe el disparo, nosotros les avisamos a los efectivos de Prefectura que había un herido. Yo me entregué debido a que Rafael necesitaba atención médica, pero no se pudo dar. (…) Nosotros vimos morir a Rafael en nuestras manos, pero yo me entregué para llevar el cuerpo de Rafael”, reconstruyó González Curruhuinca en su declaración.
En tanto, durante la audiencias de pasado miércoles 20 declararon los dos profesionales médicos que llegaron a la zona de Villa Mascardi. Uno de ellos, el médico Víctor Parodi, fue quien certificó el fallecimiento de Nahuel. Parodi relató que en el hospital zonal Ramón Carrillo de Bariloche recibieron un llamado en el que “pedían ambulancia por dos o tres heridos”, y que se trasladó hasta el lugar.
Al llegar observó cómo dos personas bajaban un cuerpo en una camilla improvisada. Se acercó y constató que Nahuel ya no tenía signos vitales. No intentó realizar maniobras de reanimación, ya que había certificado su fallecimiento. En tanto, la médica Carolina Zombory arribó al lugar unos minutos después, en una segunda ambulancia, y, según dijo al Tribunal, permaneció alejada hasta que el primer grupo de asistencia médica se retiro del lugar.
Fue convocada hasta la vera de la ruta como testigo de los procedimientos que realizó sobre el cuerpo el área de Criminalística de la Policía de Río Negro.
“Lo movieron bastante”, dijo sobre el cuerpo de Nahuel, y se mostró sorprendida porque los policías de la provincia “lo dieron vuelta una y otra vez”. “Fue bastante manoseado”, agregó, y también señaló que le llamó la atención la demora en la colocación de las bolsas de papel en las manos de la víctima, para el resguardo de las huellas.
Zombory aseguró que en el lugar se vivieron “momentos de mucha tensión” y en su declaración incurrió en una contradicción que fue marcada por los abogados de la querella de la secretaría de Derechos Humanos. El miércoles, la profesional de la salud dijo ante los jueces que mientras estaba en el lugar “escuchó disparos” provenientes de la montaña.
El abogado Mariano Przybylski le recordó que durante la instrucción y ante una pregunta puntual sobre esa cuestión de la fiscal Sylvia Little había respondido que no escuchó detonaciones de ningún tipo durante su estadía en Villa Mascardi. “Yo tengo el recuerdo de haber escuchado dos o tres ruidos distintos que me sonaban a disparos”, insistió entonces la médica. En el expediente judicial no existe ningún testimonio que dé cuenta de disparos de armas de fuego con posterioridad al descenso del cuerpo de Nahuel.