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El gobierno reglamentó el régimen de protección a infancias con cáncer

Carla Vizzotti, encabezó hoy un encuentro en el que celebró la reciente reglamentación de la Ley de Creación del Régimen de Protección Integral del Niño, Niña y Adolescente con Cáncer, en el contexto del Día Internacional del Cáncer Infantojuvenil.

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La ministra de Salud, Carla Vizzotti, encabezó hoy un encuentro en el que celebró la reciente reglamentación de la Ley N° 27.674 de Creación del Régimen de Protección Integral del Niño, Niña y Adolescente con Cáncer, en el contexto del Día Internacional del Cáncer Infantojuvenil, se informó oficialmente.

La ministra señaló que la Ley no solamente trabaja para mejorar los aspectos médicos del diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento, sino que, además, «tiene una mirada integral para acompañar a las familias de los pacientes otorgándoles una licencia laboral, un apoyo económico, transporte y vivienda».

Vizzotti destacó el trabajo conjunto con los grupos de padres y madres de pacientes oncopediátricos, fundaciones, asociaciones civiles y sociedades científicas para garantizar la ampliación de derechos establecida por la normativa, y luego hizo hincapié en que desde el Estado «tenemos que escuchar, acompañar y generar una red con las familias para que transiten la enfermedad con las mejores condiciones posibles».

A su vez, remarcó la tarea desempeñada por el Instituto Nacional del Cáncer como autoridad de aplicación y la articulación lograda con distintos ministerios y organismos para alcanzar de forma rápida la reglamentación, que incluyó al Ministerio de Desarrollo Social; el Ministerio de Transporte; el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; el Ministerio de Educación; la Anses; la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros; el Incucai; la ANLIS-Malbrán; la Superintendencia de Servicios de Salud, y los equipos de hospitales nacionales, provinciales, municipales, públicos y privados

En ese marco, la secretaria de Acceso a la Salud, Sandra Tirado, destacó el trabajo de las áreas técnicas de los diferentes ministerios para la reglamentación de la Ley aprobada por unanimidad en junio de 2022 por el Congreso de la Nación y reglamentada por el Poder Ejecutivo el pasado viernes 10 de febrero, según un comunicado de la cartera sanitaria.

La misma busca garantizar el acceso gratuito, adecuado y oportuno de la cobertura sanitaria de las y los pacientes oncopediátricos, priorizando un abordaje integral que incluya también a sus familias.

La directora del Instituto Nacional del Cáncer, María Verónica Pesce, detalló que algunos de los principales beneficios que aporta la Ley apunta a extender la licencia laboral a los progenitores o cuidadores del paciente, mientras se prolongue el tratamiento.

«La Ley incluye la gratuidad en la utilización del transporte público terrestre para el paciente y un acompañante; y el acceso a una vivienda adaptada para aquellas familias en situación de vulnerabilidad social, que será otorgado desde el Ministerio de Desarrollo Social», informó.

Asimismo, se conformará formalmente la Red de Unidades de Hemato-Oncología Pediátrica y se creará un Centro Coordinador que dependerá del Ministerio de Salud de la Nación y funcionará en el ámbito del Hospital Garrahan.

Del encuentro participaron el consejero ejecutivo del Instituto Nacional del Cáncer, Marcelo José Scopinaro; mientras que del Hospital Garrahan estuvieron la presidenta del Consejo de Administración, Gabriela Bauer, y la directora médica ejecutiva, Patricia García Arrigoni.

En representación de la Unión Padres de Pacientes Onco Pediátricos estuvieron Laura Beatriz Juárez, Silvina Andrea Andrade y Mario Nicolás Petrone; del Grupo de Padres Impulsores de la Ley Oncopediatría Argentina fueron Florencia Jacobo, Marianela Riccardi, Jonathan Cabaña y Tania Buitrago; de la Fundación Flexer participaron Leticia García y Edith Grynszpancholc; y de parte de Glioma Difuso estuvieron Andrea Carola Patricia Rosati y Alexis Ariel Descourvieres Montalva.

Legislativo

Otro escándalo en el Gobierno: extienden el plazo para declarar bienes de funcionarios

La Oficina Anticorrupción extendió dos meses el plazo para la presentación de declaraciones juradas de funcionarios públicos. La medida se conoce en medio de denuncias por presunto enriquecimiento y bienes no declarados que involucran al jefe de Gabinete.

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Lo que tenés que saber:

  • La Oficina Anticorrupción prorrogó el plazo de las declaraciones juradas
  • El vencimiento pasó de mayo a julio
  • La decisión se oficializó mediante resolución publicada en el Boletín Oficial
  • La medida coincide con denuncias sobre el patrimonio de un alto funcionario
  • El Gobierno sostiene que el cambio busca ordenar el cronograma fiscal

Prórroga de declaraciones juradas en la administración pública

La Oficina Anticorrupción dispuso la extensión del plazo para la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos. El vencimiento, que estaba fijado para fines de mayo, fue trasladado al 31 de julio.

La medida quedó establecida mediante una resolución oficial publicada en el Boletín Oficial.

Motivos administrativos del cambio de fecha

Según el organismo, la decisión responde a la necesidad de adecuar los plazos a los vencimientos fiscales establecidos por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, que se ubican en la primera quincena de junio.

El objetivo declarado es permitir una mejor integración de la información patrimonial antes de la presentación final.

Qué incluye la declaración jurada

Las declaraciones juradas patrimoniales deben ser presentadas por los funcionarios en tres momentos: al inicio de su función, de manera anual y al finalizar el cargo.

El sistema busca registrar la evolución del patrimonio de quienes ocupan cargos públicos.

Contexto político y denuncias en curso

La decisión se conoce en medio de denuncias vinculadas al patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien enfrenta acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito y bienes no declarados.

En paralelo, una causa vinculada a un viaje oficial fue archivada por la Justicia al no encontrar irregularidades ni gastos adicionales para el Estado.

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