Legislativo
Diputados avaló cambios del Senado a la ley alquileres y se debatirá en recinto
El proyecto fue tratado en un plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto de la Cámara baja, donde el oficialismo logró 41 firmas a favor de la iniciativa proveniente de la Cámara alta.
El oficialismo de la Cámara de Diputados logró esta tarde imponer su mayoría sobre el proyecto de reforma de ley de alquileres aprobado la semana pasada por el Senado, en el que se ratifica la vigencia de un plazo de duración de 3 años de los contratos y un esquema de ajuste semestral, entre otras cuestiones.
El proyecto fue debatido en el marco de un plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo logró 41 firmas a favor del proyecto en revisión proveniente del Senado, en tanto que la postura de la oposición de insistir en la sanción inicial votada por la Cámara baja recibió el respaldo de 39 legisladores.
La reunión de las comisiones de Presupuesto -que preside Carlos Heller- y de Legislación General -a cargo de Lucas Godoy- se desarrolló en el segundo piso del Anexo C de la Cámara baja, donde los legisladores y legisladoras sólo podían aceptar las modificaciones o insistir con el texto original del proyecto, ya que se trata de una iniciativa girada a Diputados en segunda revisión, es decir que vuelve a esta cámara de origen, luego de haber sido modificada por el Senado.
De todos modos, la definición se dará en el recinto, donde fuerzas que no tienen representación en la comisión de Presupuesto, como la Izquierda, los libertarios o el socialismo y de Juntos Somos Río Negro, podrían inclinar la balanza a favor de uno u otro proyecto.
Desde el oficialismo, el diputado nacional del FDT, Itaí Hagman, sostuvo que «estamos frente a dos opciones pero el proyecto que aprobó el Senado es mejor del que salió de Diputados» y celebró «que ya no se esté hablando de derogación porque eso iba a dejar desprotegidos a los inquilinos».
En tanto, desde la oposición, el diputado del PRO, Pablo Tonelli, sostuvo que la ley puesta en marcha en 2020 «no dio los resultados esperados» y anticipó que ese espacio insistirá «con la sanción originaria de nuestra cámara».
La reforma originaria, que fue votada el 23 de agosto pasado en la Cámara baja, establece que los contratos de alquiler tengan un plazo mínimo de 2 años, contras los 3 años que rigen en la actualidad, y que los ajustes puedan hacerse cada cuatro meses y que las partes tengan la libertad de elegir entre varias fórmulas o índices el mecanismo a emplear.
Con fuertes cruces entre los diputados, como el que se produjo entre la radical Karina Banfi y la oficialista Paula Pennaca a los gritos sobre la responsabilidad del Gobierno nacional en el tema inflación, por parte de la diputada de Juntos por el Cambio, y con fuertes acusaciones a Mauricio Macri formuladas por la diputada del FdT, la comisión debatió por casi dos horas en torno al tema.
De esta forma, con números ajustados, el oficialismo decidirá en las próximas horas si convoca a una sesión especial para la semana próxima para poner a consideración los cambios incorporados por el Senado.
En su redacción original, que había sido aprobada en la Cámara baja, las partes debían convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, con contratos por dos años, y, o bien podían aplicar como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y el Índice de Salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), o bien una combinación de todos estos índices.
Pero el proyecto votado la semana pasada en la Cámara alta salió con modificaciones, entre las que se estableció en tres años el plazo mínimo legal de locación, y, por otro lado, se agregó que «los contratos de locación con destino» a vivienda deberán ser estipulados «en valor único en moneda nacional y por períodos mensuales sobre el cual podrán realizarse ajustes con periodicidad a intervalos no inferiores a seis meses».
También, el Senado modificó el mecanismo de actualización del precio de los alquileres y estableció que «los ajustes deberán efectuarse utilizando un coeficiente conformado por la menor variación que surja de comparar el promedio del 0,9 de la variación del coeficiente de variación salarial publicado por el Indec, y la variación del coeficiente de estabilización de referencia, publicado por el BCRA».
El proyecto aprobado por el Senado además incorporó un último párrafo sobre el artículo 9, en el que determinó que «los ingresos provenientes de locación de hasta dos inmuebles estarán exentos del pago del monotributo».
Educación
Berni directo a Caputo: «¿Dónde está el oro?»
El senador provincial Sergio Berni cruzó al gobierno de Javier Milei en TVR y cuestionó el manejo del oro del Banco Central, mientras su esposa, la diputada Agustina Propato, advirtió que el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario pone en jaque a la democracia. La quinta Marcha Federal Universitaria se realizará el jueves 15 de octubre.
El conflicto universitario en el Palacio Pizzurno es, para el oficialismo, la cortina perfecta. Eso fue lo que planteó el senador provincial de Buenos Aires Sergio Berni al señalar que el Gobierno de Javier Milei utiliza el debate sobre la toma estudiantil para esquivar las preguntas incómodas sobre la economía, y muy especialmente sobre el destino del oro del Banco Central. «Hacen actos de magia: nos dedicamos a discutir si está bien o está mal que hayan tomado el Palacio Pizzurno en vez de decirle a Caputo y a Bausili: ‘Flaco, ¿dónde está el oro que te llevaste?'», disparó el exministro de Seguridad bonaerense.
Berni participó junto a su esposa, la diputada nacional bonaerense Agustina Propato (Unión por la Patria), del programa TVR en C5N, conducido por Juan Di Natale y Carolina Papaleo.
La aparición se produjo en la previa a la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el jueves 15 de octubre, que exige al Ejecutivo el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, norma sancionada por el Congreso y sistemáticamente resistida por el gobierno libertario.
La universidad, escudo de soberanía
Para Berni, el recorte presupuestario a las casas de altos estudios no es solo una decisión fiscal: es parte de un proyecto más profundo y deliberado. «Atacar a la universidad pública equivale a golpear la columna vertebral de la soberanía nacional», sostuvo, y fue más lejos al caracterizar el proceso en curso como «un plan de desnacionalización para golpear la soberanía«. Desde su lectura, el ajuste sobre las universidades no busca el equilibrio presupuestario sino desmantelar un resorte estratégico del Estado argentino.
La denuncia de Berni se inscribe en un cuadro que el propio Gobierno confirmó con sus acciones: el Ejecutivo apeló el fallo judicial que lo obligaba a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, y cuando los estudiantes tomaron la Secretaría de Educación en el Palacio Pizzurno, amenazó con presentar una denuncia penal. «Lo que hace el Gobierno permanentemente es duplicar la apuesta», resumió el senador.
Propato: democracia en riesgo
La diputada Agustina Propato aportó la mirada institucional al debate y fue categórica sobre las consecuencias del comportamiento del Ejecutivo. «Para nosotros, la educación pública es una causa nacional, y esa marcha habla a las claras de lo que significa la conquista de la educación pública, gratuita y de calidad para los argentinos», afirmó la legisladora de Unión por la Patria.
Propato fue más allá y planteó el conflicto universitario como un síntoma de una crisis más profunda del funcionamiento republicano. El Ejecutivo «desprecia todo lo que tenga que ver con un resorte de movilidad social ascendente», señaló, y advirtió que «el no cumplimiento de las leyes aprobadas por el Congreso está poniendo en jaque el concepto mismo de lo que es la democracia».
El oro, la pregunta sin respuesta
La referencia de Berni al oro del Banco Central no es un detalle menor. El traslado de reservas en oro al exterior generó fuertes cuestionamientos desde la oposición, que calificó lo actuado como «mala praxis» y reclamó explicaciones al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y al ministro de Economía, Luis Caputo. Para el senador bonaerense, ese es el debate que el oficialismo necesita evitar a toda costa, y la toma del Pizzurno le resultó funcional para eso. La maniobra de distracción es tan evidente como el silencio del Gobierno ante las preguntas sobre el destino de las reservas.
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