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Legislativo

Informe sobre fentanilo mortal expone fallas en entes de control y propone cambios estructurales

El informe final de 1537 fojas fue elaborado por la comisión especial de Diputados e incluye medidas para fortalecer los controles estatales sobre la producción y trazabilidad de medicamentos. La crisis dejó al descubierto graves fallas en los organismos reguladores y la asistencia a víctimas.

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★ La Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre Fentanilo Contaminado presentó hoy el informe final con una batería de 20 recomendaciones destinadas a prevenir crisis sanitarias como la acontecida y fortalecer los controles estatales sobre la producción y comercialización de medicamentos derivados de opioides.

El documento de 1537 fojas fue presentado por la titular de la comisión, la diputada santafesina Mónica Fein (Encuentro Federal), acompañada por la vicepresidenta Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) y Silvana Giudici (La Libertad Avanza). Fein explicó que las 20 recomendaciones «tienen relación con lo detectado en la investigación como medidas que buscan prevenir futuros casos».

Controles más estrictos sobre laboratorios y producción

Entre las principales sugerencias se encuentra «establecer criterios de idoneidad y antecedentes para los titulares y responsables técnicos de los laboratorios de producción de derivados de opioides y/o fentanilo», así como «la declaración del origen de los fondos o aportes patrimoniales destinados a la inversión, constitución o ampliación del establecimiento».

El informe también recomienda «implementar un esquema de auditorías en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)» e «instaurar un sistema de monitoreo digital que obligue a los laboratorios la carga en tiempo real de los registros de lote con carácter previo a la producción de derivados del fentanilo».

Trazabilidad inalterable desde la producción hasta el paciente

Uno de los ejes centrales del documento es la creación de sistemas de trazabilidad robustos. La comisión insta a «crear un sistema de trazabilidad inalterable que contemple las etapas desde la adquisición de opioides / estupefacientes / medicamentos críticos con trazabilidad regulada para la elaboración de fármacos y la entrega a droguerías y efectores».

Asimismo, se sugiere «implementar un sistema nacional de trazabilidad para inyectables y opioides / estupefacientes / medicamentos críticos con trazabilidad regulada asegurando su registro desde el ingreso al establecimiento de salud, su dispensación en farmacia hospitalaria, la cadena de custodia y su administración final al paciente».

Fortalecer los mecanismos de fiscalización y sanción

El informe plantea «disponer la actualización y fortalecimiento de los mecanismos de control, fiscalización y sanción para los efectores de salud —tanto públicos como privados— que omitan o incumplan la obligación de notificación en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA)».

En tanto, se sugiere «requerir a la ANMAT realice las modificaciones necesarias del Manual de Buenas Prácticas de Fiscalización que determine plazos específicos y acotados, y medidas que deban tomarse en función de la gravedad y el riesgo de los incumplimientos constatados».

Mejoras en alertas sanitarias y recupero de productos

La comisión recomienda «mejorar los mecanismos de alerta sanitaria» y de los «Procedimientos para el Retiro de Productos Farmacéutico», estableciendo que «ante el incumplimiento en la obligación de recupero de productos (recall) por parte de la empresa (laboratorio y/o droguerías), lo realizará la autoridad de aplicación con cargo a la empresa quien deberá solventar las erogaciones».

También se plantea «homologar y fortalecer el control de los sistemas de comercialización de medicamentos y la distribución que dispensan las provincias al sector público».

Asistencia integral a las víctimas

Por último, el documento pide «garantizar el cumplimiento efectivo de la Ley N° 27.372 y de todos los derechos de las personas víctimas de delitos, en particular la asistencia integral física, psicológica y social, dotando al Centro de Asistencia a las Víctimas (CENAVID) de todas las herramientas y recursos a esos fines».

Luego de presentar las 20 sugerencias, Fein reclamó que «haya un antes y un después, que cambie el sistema de producción de medicamentos, de control sobre los medicamentos y la fabricación, el control sobre la calidad de las clínicas y sanatorios, el acompañamiento a las víctimas, el rol del Estado para evitar esto».

La voz de los integrantes de la comisión

Tolosa Paz valoró la participación y exposición del juez federal Ernesto Kreplak, interviniente en la causa judicial, cuyas consideraciones «fueron tomadas para sumar a las recomendaciones finales del informe».

Por su parte, Giudici advirtió que «los mecanismos de control de organismos reguladores y los procedimientos de distribución y comercialización en todo el país y los mecanismos de asistencia a la víctima fallaron todos».

Puntos clave:

• La Comisión Especial presentó un informe final de 1537 fojas con 20 recomendaciones para prevenir crisis sanitarias similares
• Se propone establecer criterios de idoneidad y declaración de origen de fondos para responsables de laboratorios que producen derivados de opioides
• El documento recomienda crear sistemas de trazabilidad inalterable desde la producción hasta la administración al paciente
• Se insta a fortalecer los mecanismos de fiscalización de la ANMAT con plazos específicos según la gravedad de los incumplimientos
• El informe exige garantizar la asistencia integral a las víctimas dotando al CENAVID de todos los recursos necesarios

Legislativo

Tarifazo al frío: Milei les quita el subsidio de gas a 1,6 millones de familias en las puertas del invierno

Con el respaldo de sus aliados legislativos y una maniobra reglamentaria para neutralizar una sesión opositora centrada en los escándalos judiciales del jefe de Gabinete, el oficialismo se anotó en la madrugada del miércoles un triunfo clave en su agenda de desmantelamiento del Estado de bienestar.

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Diputados aprobó el recorte al régimen de zona fría: 1,6 millones de hogares perderán el subsidio de gas

★La Cámara de Diputados aprobó en la noche del miércoles, con 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones, el proyecto de ley del gobierno de Javier Milei que recorta el alcance geográfico del régimen de zona fría y elimina el subsidio al consumo de gas para 1.600.000 usuarios. La iniciativa fue girada al Senado, donde el Gobierno aguarda su sanción definitiva. La jornada parlamentaria insumió más de once horas y estuvo marcada por una disputa reglamentaria que el oficialismo utilizó como herramienta para evitar el debate sobre los escándalos patrimoniales de Manuel Adorni.

La maniobra: tapar a Adorni con el tarifazo

El miércoles convivieron en Diputados dos convocatorias a sesión. La oposición había solicitado una sesión con un temario centrado en la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien enfrenta una investigación federal por enriquecimiento ilícito con un patrimonio bajo sospecha que supera los 840.000 dólares, según consta en la causa que instruye el juez Ariel Lijo. El oficialismo respondió con una contraconvocatoria propia para tratar la ley de zona fría, consiguió el quórum de manera ajustada y, al instalarse primero, dejó sin efecto la sesión opositora. La superposición de convocatorias generó un debate reglamentario que demoró el inicio del tratamiento sustantivo en más de hora y media.

Qué cambia con la nueva ley

El nuevo régimen acota el beneficio a hogares ubicados en la Patagonia, Malargüe y la Puna, zonas consideradas de frío extremo. Con el esquema anterior, vigente desde la ley impulsada en 2021 por Máximo Kirchner, el subsidio alcanzaba a usuarios de buena parte del país con rebajas de entre el 30 y el 50 por ciento.

La secretaria de Energía, Carmen Tettamanti, precisó la semana pasada que 1.600.000 usuarios perderán el subsidio, mientras que 1.800.000 lo conservarán con un descuento superior al 75% sobre el consumo de los meses de invierno, bajo la órbita del programa de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). El beneficio quedará restringido a hogares con ingresos de hasta tres canastas básicas (actualmente 4,3 millones de pesos por familia tipo), personas con Certificado Único por Discapacidad, veteranos de guerra y habitantes de barrios populares.

Una diferencia técnica de impacto directo sobre el bolsillo: a partir de los cambios, se subsidiará el metro cúbico de gas consumido y no la totalidad de la factura, que incluye el cargo fijo. La ley también incorpora un mecanismo para condonar las deudas de distribuidoras eléctricas con CAMMESA, acumuladas durante períodos de emergencia tarifaria.

El contexto: ajuste sobre ajuste

La aprobación de esta ley no ocurre en el vacío. Desde diciembre de 2023, el presupuesto familiar destinado a servicios acumuló una suba superior al 525%, con el gas trepando un 748% y el transporte rozando el 900%, según datos del IIEP (UBA-CONICET). La eliminación del subsidio de zona fría para millones de hogares se suma a esa cadena de aumentos en un contexto donde la Canasta Básica Alimentaria registró una variación interanual del 32,8% en marzo de 2026, según el INDEC.

En ese mismo escenario, la ley avanza mientras el gobierno sostiene compromisos con el FMI por un programa de Servicio Ampliado de 20.000 millones de dólares, firmado en abril de 2025, que exige superávit fiscal y acumulación de reservas. El ajuste energético forma parte de esa ecuación.

Las voces del debate

El diputado oficialista Facundo Correa Llano (LLA), presidente de la comisión de Energía, defendió la medida al sostener que los subsidios indiscriminados «llevaron a confundir sensibilidad social con desorden» y que «focalizar no es ajustar, es garantizar que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan». La diputada oficialista Silvana Giudici (LLA) cuestionó que los subsidios anteriores beneficiaron a «countries y mansiones» y a zonas de «frío templado» que no justificaban el gasto.

Desde la oposición, la diputada kirchnerista Paula Penacca (UxP) advirtió que el régimen impulsado por Kirchner «es justo, solidario y autosustentable» y que el nuevo esquema obligará a 4 millones de usuarios a recibir facturas con aumentos de «50, 30, 60 o hasta 100%». En la misma línea, Lucía Cámpora (UxP) alertó que «los argentinos tendrán que elegir entre comprar el medicamento que ya no les cubre PAMI o pagar las nuevas tarifas de gas». La fueguina Andrea Freites (UxP) calificó la ley vigente como «soberanía y federalismo real» y advirtió que los cambios distorsionarán un beneficio de más de veinte años.

El diputado Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal), habitual aliado del oficialismo en otras votaciones, rechazó el proyecto al señalar que «las provincias de la Patagonia son las que generan el gas y el combustible» y que eso obliga a defenderlas.

La referente del Frente de Izquierda Romina del Plá advirtió que la medida prepara «un tarifazo enorme a las familias argentinas» y reivindicó «el derecho social a la energía» frente a un esquema que beneficia a empresas privadas del sector.

Los votos: cómo se armó la mayoría

El oficialismo consolidó su mayoría con el apoyo del PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Independencia y Producción y Trabajo. La excepción entre los aliados habituales fueron los tres diputados de Elijo Catamarca (que responden al gobernador Raúl Jalil), quienes se abstuvieron. Unión por la Patria y el Frente de Izquierda rechazaron el proyecto de manera unánime, junto a nueve diputados de Provincias Unidas (entre ellos cordobeses y santafesinos) y representantes de San Luis y Córdoba afectados por el recorte.

La sesión también aprobó, con 138 votos a favor, la denominada Ley Hojarasca, iniciativa del ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que deroga más de 70 normas consideradas obsoletas.

Puntos clave

  • Diputados aprobó con 132 votos el recorte al régimen de zona fría; el proyecto pasa al Senado.
  • 1.600.000 usuarios perderán el subsidio al gas en las vísperas del invierno.
  • El oficialismo bloqueó una sesión opositora sobre los escándalos judiciales de Adorni para instalar su propia agenda.
  • La medida profundiza un ciclo de aumentos tarifarios que acumula más del 525% en servicios desde diciembre de 2023.
  • El ajuste energético responde a las metas de superávit fiscal comprometidas con el FMI en el acuerdo por 20.000 millones de dólares.
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