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El Senado aprobó en Comisión el proyecto que reasigna fondos coparticipables de la Ciudad de Buenos Aires

Tras un debate de dos horas en comisión, la iniciativa recibió dictamen favorable y la Cámara Alta lo tratará en el recinto la semana próxima.

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Tras un debate de dos horas en comisión, la iniciativa recibió dictamen favorable y la Cámara Alta lo tratará en el recinto la semana próxima.

El proyecto de ley que modifica los recursos de la Nación para a la Ciudad de Buenos Aires en materia de seguridad, devuelto en revisión por la Cámara de Diputados, recibió dictamen favorable en un plenario de comisiones del Senado, que lo tratará en una sesión que sería convocada para la semana próxima.

Tras un debate de dos horas en el que la oposición adelantó nuevamente su rechazo a la iniciativa por considerarla «inconstitucional» en perjuicio de la Ciudad, la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la senadora María de los Angeles Sacnún (Frente de Todos), anunció el apoyo del bloque oficialista y el pase a la firma del nuevo dictamen.

En el inicio de la reunión por videoconferencia, la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Angeles Sacnún, dio precisiones sobre las modificaciones aprobadas por la Cámara de Diputados.

«Se trata de la incorporación del artículo 2, de período de tiempo de 60 días para que entre la Ciudad y la Nación inicien un diálogo para acordar la emisión técnica sobre los montos requeridos, como la intervención de la Comisión Federal de Impuestos para determinar el monto anual en pesos que se transferirán a esa jurisdicción», explicó la legisladora del Frente de Todos.

La propuesta, añadió, «mantiene el monto que se había sancionado y mantiene los mismos parámetros en cuanto a la composición de ese índice relacionado al salario y al índice de precios del consumidor de la Ciudad».

En representación de la oposición, el senador Martín Lousteau reiteró que el proyecto «es inconstitucional y por esa razón la acción de la Ciudad ante el Poder Judicial» y sostuvo que «llama la atención que se abra ahora un proceso de negociación que involucra al CFI».

«La unilateralidad del Gobierno solo tuvo un freno a la hora de conseguir votos en la Cámara de Diputados que exigieron que se le diera lugar a otros actores», afirmó, y advirtió que al CFI «no le corresponde emitir opinión».

Para Lousteau, esta iniciativa perjudica a los habitantes de la Ciudad y busca «debilitar a un gobernador que no es afín» al peronismo y que «tiene alta popularidad» en alusión al jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta.

El senador del Frente de Todos, Jorge Taiana, comparó a una situación de violencia de género el vínculo entre la Ciudad y la Nación al sostener que se pretende «transformar al victimario en víctima» y consideró que la norma es «una reparación» a la actitud «manifiestamente partidaria y amiguista que realizó (Mauricio) Macri, como todas sus obras de gobierno».

Taiana calificó a las autoridades porteñas como «cómplices» que «tomaron recursos de más del Estado nacional para hacer política sabiendo que despojaban al gobierno nacional y por lo tanto, a todo el país, de recursos que eran imprescindibles en otras partes».

Los senadores Esteban Bullrich y Guadalupe Tagliaferri, de PRO, defendieron al jefe de gobierno Rodríguez Larreta y cuestionaron el ejemplo sobre la cuestión de violencia de género utilizado en su exposición por el senador Taiana.

Sacnún rechazó cuestionamientos de la oposición al señalar que las modificaciones que se analizan forman parte del trámite parlamentario y de la discusión para sancionar leyes y consideró que «pretender asimilar el estatus jurídico de la Ciudad al de las provincias es inconstitucional».

La Cámara de Diputados aprobó la semana pasada, tras un extenso debate, el proyecto de ley con modificaciones sobre la transferencia de recursos a la Ciudad. En esa sesión, la propuesta tuvo 129 votos afirmativos, 118 negativos y siete abstenciones y fue reenviada al Senado para su segunda revisión.

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Con permisos y todo: la policía de Jorge Macri hostigó a un cafetero en pleno Once

Un vendedor de café identificado como Ariel fue interceptado por efectivos porteños en la esquina de Pueyrredón y Perón a pesar de contar con documentación habilitante. El episodio, registrado en video y difundido por la flamante Unión de Vendedores Ambulantes de Once (UVAO), reaviva el debate sobre la criminalización del trabajo informal en la Ciudad gobernada por Jorge Macri.

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El modelo Macri en Once: operativos contra laburantes mientras la "Ley Beatriz" sigue cajoneada.

Criminalización del trabajo informal: la Policía de la Ciudad hostigó a un cafetero habilitado y con permisos en pleno Once

★ En el corazón del barrio de Balvanera, sobre la concurrida esquina de la avenida Pueyrredón y Perón, a metros de la Plaza Miserere, la Policía de la Ciudad interceptó el miércoles 3 de junio a Ariel, un cafetero ambulante que desarrollaba su jornada laboral habitual con todos los permisos en regla. El hecho fue registrado en video y difundido por la Unión de Vendedores Ambulantes de Once (UVAO), organización que denunció el procedimiento como un nuevo episodio de «persecución sistemática» y «violencia institucional» contra los trabajadores de la vía pública.

Según el relato de la UVAO, dos efectivos de la fuerza porteña comenzaron a fotografiar a Ariel sin identificarse ni explicar el motivo. Minutos después, le exigieron detenerse y solicitaron refuerzos. Ante la exhibición de los permisos de trabajo correspondientes, la situación no se detuvo, sino que escaló, generando la indignación de transeúntes que presenciaron el procedimiento.

Una organización que nació de la resistencia

La UVAO se constituyó en abril de 2026, en respuesta directa a la intensificación de los operativos policiales en la zona comercial de Once, coordinados entre la Policía de la Ciudad y el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana del Gobierno de Jorge Macri. La agrupación surgió bajo la consigna de «respeto y diálogo» y viene documentando y denunciando decomisos de mercadería, detenciones y lo que sus integrantes describen como un despliegue estatal desproporcionado.

«Patrulleros, motos y efectivos para arrestar a un laburante como si fuera un delincuente de alta peligrosidad. No somos delincuentes; pedimos una solución justa para quienes solo buscan el sustento diario», declararon desde la entidad en sus comunicaciones públicas.

El episodio del cafetero Ariel no es un caso aislado. En julio de 2025, efectivos de la Policía de la Ciudad y del área de Espacio Público vaciaron a la alcantarilla el café de otro vendedor ambulante apostado al pie de la estación Once del tren Sarmiento, sobre la calle Mitre, en la misma zona de Balvanera. El video de ese procedimiento se viralizó en redes sociales, y los peatones que pasaban gritaron: «A los laburantes le hacen eso, vergüenza les tiene que dar».

El patrón: más fuerza, menos derechos

El caso de Once se inscribe en un fenómeno más amplio que Tiempo Argentino documentó el 27 de mayo de 2026: una política sistemática del Gobierno porteño que despliega operativos de control masivo sobre trabajadores informales en barrios populares de toda la Ciudad. El megaoperativo «Tormenta Negra», ejecutado el 14 de mayo con más de 1.500 efectivos, drones y amplia cobertura mediática, se presentó como una acción contra el narcotráfico, pero organizaciones sociales y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunciaron que el despliegue funcionó en la práctica como una avanzada sobre vecinos, comerciantes y trabajadores de la economía popular.

Silvana Olivera, integrante de la Mesa de Urbanización de la Villa 31, describió el operativo como «un desfile de ley y orden para la televisión», y alertó que en numerosos procedimientos la mercadería y las herramientas de trabajo son secuestradas sin actas ni documentación formal que permita luego recuperarlas.

Una «Ley Beatriz» que nunca llegó

El conflicto en Once tiene historia. Años atrás, una agrupación predecesora, los Vendedores Ambulantes Independientes de Once (VAIO), vinculada a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), impulsó la llamada «Ley Beatriz», un proyecto para regularizar el trabajo en el espacio público. La denominación recuerda a una vendedora que murió atropellada durante un operativo policial. La iniciativa nunca prosperó en la Legislatura porteña, y la política de «tolerancia cero» hacia la venta no autorizada se consolidó como norma, incluso cuando, como en el caso de Ariel, el trabajador cuenta con los permisos que la propia ley exige.

El contrapunto institucional existe: la agrupación Buenos Vecinos BA, con presencia en foros de seguridad del barrio, respaldó los operativos argumentando que «el espacio público es de todos» y que la venta ambulante equivale a una «usurpación de la vía pública». Esa postura refleja la tensión real que atraviesa el barrio de Once, uno de los polos comerciales más activos y populares de Buenos Aires, entre el derecho al trabajo y las políticas de ordenamiento urbano.

Pero la pregunta que se repite en los barrios de la Ciudad sigue sin respuesta institucional: cuando el Estado llega primero con patrulleros y no con políticas de inclusión, regularización y trabajo, ¿qué modelo de Ciudad se está construyendo?

Puntos clave

  • Ariel, cafetero con permisos habilitantes, fue hostigado por la Policía de la Ciudad en la esquina de Pueyrredón y Perón, en Once, el 3 de junio de 2026.
  • La UVAO, organización de trabajadores informales creada en abril de 2026, difundió el video y denunció una «persecución sistemática» y «violencia institucional».
  • El episodio se suma a un patrón documentado: en julio de 2025, la policía le volcó el café a otro vendedor ambulante frente a la estación Once.
  • El CELS y organizaciones sociales denunciaron que el megaoperativo «Tormenta Negra» (14 de mayo de 2026) afectó a trabajadores informales de barrios populares en toda la Ciudad.
  • La «Ley Beatriz», que buscaba regularizar el trabajo ambulante en el espacio público, nunca fue aprobada por la Legislatura porteña.
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