Conectate con El Argentino

Legislativo

A 5 años de la Ley Justina, se redujo al 10% la oposición familiar para la donación de órganos

La Ley 27.447, sancionada por unanimidad el 4 de julio de 2018, suprimió el requisito de certificación familiar de que la persona fallecida no hubiera expresado una «última voluntad» en la que se oponía a la donación.

Publicado hace

#

A cinco años de la sanción de la Ley 27.447 de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, más conocida como «Ley Justina», que se cumplen mañana, la tasa de interrupciones de procesos de donación por oposición familiar que antes se ubicaba en torno al 40% a nivel nacional se redujo al 10%, disminución considerada como unos de los «impactos más inmediatos y notables» de la normativa, aseguró el presidente del Incucai, Carlos Soratti.

La Ley 27.447, sancionada por unanimidad el 4 de julio de 2018, suprimió el requisito de certificación familiar de que la persona fallecida no hubiera expresado una «última voluntad» en la que se oponía a la donación.

A modo de balance, el presidente del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) destacó los principales logros de la ley, que permitió una reforma integral y analizó los desafíos para reducir los tiempos de espera en los procesos de trasplante.

«Suprimir el requisito de certificación familiar hizo que en Argentina se incrementara el número de donantes de manera importante y se redujeran aquellas interrupciones por oposición familiar, como se llamaba entonces», indicó el médico con especialización en Terapia Intensiva.

En este sentido, Soratti explicó que antes de que sancionara la ley, «las causas de interrupción de procesos de donación que se atribuían a la oposición de la familia estaban entre el 30 y el 40% como media nacional».

«Hoy en día casi no llegan al 10%. Hubo una disminución muy importante. Ese fue uno de los impactos más inmediatos y notables de esa modificación de la ley», remarcó el funcionario.

La norma fue elaborada por el Incucai junto con el impulso de la familia de Justina Lo Cane, la niña de 12 años fallecida en noviembre de 2017 mientras esperaba un corazón para ser trasplantada.

Entre los principales cambios, la ley hace efectivo el consentimiento presunto, lo que implica que todas las personas mayores de 18 años son consideradas donantes, salvo aquellas que manifiesten expresamente lo contrario.

Se puede manifestar la voluntad afirmativa o negativa hacia la donación a través de la app Mi Argentina, firmando un acta de expresión en el Incucai o en los organismos provinciales de ablación e implante; solicitando que quede asentado en el DNI; o enviando un telegrama gratuito a través del Correo Argentino.

La normativa también explicita los derechos de donantes y receptores tales como la intimidad, la privacidad, la confidencialidad, la integridad, la información y el trato equitativo e igualitario.

Otro de los aportes más significativos es que «por primera vez la ley habla de que la organización sanitaria para mejorar la generación de donantes pasa por el desarrollo de unidades hospitalarias de procuración de órganos», señaló Soratti.

A través de la Resolución 3685/22 del Ministerio de Salud se creó el Programa Procurar, que ofrece a las instituciones sanitarias proyectar Unidades Hospitalarias de Procuración de Órganos y Tejidos (Uhprot) para que sean los mismos establecimientos los que lleven a cabo los procesos de detección, selección y tratamiento de los potenciales donantes.

Desde la puesta en marcha del Programa en enero de este año, ocho hospitales ya firmaron un compromiso de gestión: el Hospital Julio C. Perrando (Chaco); el Hospital de Urgencias (Córdoba); el Hospital Nacional Alejandro Posadas (Buenos Aires); el Hospital Municipal Eva Perón de Merlo (Buenos Aires); el Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga (Misiones); el Hospital Dr. Avelino Castelán (Chaco); el Hospital SAMIC Nivel III Eldorado (Misiones); y el Hospital Regional Sanguinetti, de Comodoro Rivadavia (Chubut).

«Lo más importante es el cambio de modelo organizativo. Ya no es el modelo extrahospitalario de profesionales que van al hospital ante la existencia de un potencial donante, sino que es el propio hospital, con su gente, con su unidad, con su servicio, que se hace cargo del proceso de generación de donante como otro proceso asistencial más de los que es responsable», subrayó Soratti.

Respecto a las primeras etapas de implementación del Programa, el presidente del Incucai sostuvo que «ya se pueden ver resultados porque los procesos de donación aumentan».

Sobre este punto, Soratti agregó que después de la sanción de la Ley 27.447, en 2019 se «lograron los mayores indicadores de actividad de donación y trasplante».

En 2019 nuestro país llegó a casi 20 donantes por millón de habitantes, más de 800 donantes de órganos y 900 donantes de tejidos, alcanzando cifras que permitieron acercar a la Argentina por primera vez al promedio anual de la Unión Europea, que tiene las tasas de donantes más altas del mundo con 22.3 por millón de habitantes.

Luego, al igual que sucedió en todos los países, la pandemia produjo una disminución de los donantes, pero actualmente «se están recuperando esos niveles y el desafío es cómo seguir creciendo a partir de ahora», advirtió el funcionario.

Y agregó: «Si uno toma los últimos 20 años, lo que ve es una tendencia al crecimiento bastante sostenido».

«A principios de este siglo, en Argentina había alrededor de seis donantes por millón de habitantes. Entre 2003-2004 se implementó el Programa Federal de Procuración y se incorporó la figura del coordinador hospitalario, que permitió duplicar el número de donantes por millón de habitantes», sostuvo Soratti.

En este sentido, añadió que en el 2012 se alcanzaron más 15 donantes por millón de habitantes y, después, en el 2019, se llegó al récord histórico de casi 20 donantes por millón de habitantes.

Por último, el titular del Incucai aseguró que las nuevas unidades hospitalarias del Programa Procurar son una herramienta clave que «va a tener un impacto en el indicador que se utiliza internacionalmente de donantes por millón de habitantes».

«Esperamos que 2024 sea un año que supere los 20 donantes por millón de habitantes», concluyó.

Legislativo

Tarifazo al frío: Milei les quita el subsidio de gas a 1,6 millones de familias en las puertas del invierno

Con el respaldo de sus aliados legislativos y una maniobra reglamentaria para neutralizar una sesión opositora centrada en los escándalos judiciales del jefe de Gabinete, el oficialismo se anotó en la madrugada del miércoles un triunfo clave en su agenda de desmantelamiento del Estado de bienestar.

Publicado hace

#

Diputados aprobó el recorte al régimen de zona fría: 1,6 millones de hogares perderán el subsidio de gas

★La Cámara de Diputados aprobó en la noche del miércoles, con 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones, el proyecto de ley del gobierno de Javier Milei que recorta el alcance geográfico del régimen de zona fría y elimina el subsidio al consumo de gas para 1.600.000 usuarios. La iniciativa fue girada al Senado, donde el Gobierno aguarda su sanción definitiva. La jornada parlamentaria insumió más de once horas y estuvo marcada por una disputa reglamentaria que el oficialismo utilizó como herramienta para evitar el debate sobre los escándalos patrimoniales de Manuel Adorni.

La maniobra: tapar a Adorni con el tarifazo

El miércoles convivieron en Diputados dos convocatorias a sesión. La oposición había solicitado una sesión con un temario centrado en la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien enfrenta una investigación federal por enriquecimiento ilícito con un patrimonio bajo sospecha que supera los 840.000 dólares, según consta en la causa que instruye el juez Ariel Lijo. El oficialismo respondió con una contraconvocatoria propia para tratar la ley de zona fría, consiguió el quórum de manera ajustada y, al instalarse primero, dejó sin efecto la sesión opositora. La superposición de convocatorias generó un debate reglamentario que demoró el inicio del tratamiento sustantivo en más de hora y media.

Qué cambia con la nueva ley

El nuevo régimen acota el beneficio a hogares ubicados en la Patagonia, Malargüe y la Puna, zonas consideradas de frío extremo. Con el esquema anterior, vigente desde la ley impulsada en 2021 por Máximo Kirchner, el subsidio alcanzaba a usuarios de buena parte del país con rebajas de entre el 30 y el 50 por ciento.

La secretaria de Energía, Carmen Tettamanti, precisó la semana pasada que 1.600.000 usuarios perderán el subsidio, mientras que 1.800.000 lo conservarán con un descuento superior al 75% sobre el consumo de los meses de invierno, bajo la órbita del programa de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). El beneficio quedará restringido a hogares con ingresos de hasta tres canastas básicas (actualmente 4,3 millones de pesos por familia tipo), personas con Certificado Único por Discapacidad, veteranos de guerra y habitantes de barrios populares.

Una diferencia técnica de impacto directo sobre el bolsillo: a partir de los cambios, se subsidiará el metro cúbico de gas consumido y no la totalidad de la factura, que incluye el cargo fijo. La ley también incorpora un mecanismo para condonar las deudas de distribuidoras eléctricas con CAMMESA, acumuladas durante períodos de emergencia tarifaria.

El contexto: ajuste sobre ajuste

La aprobación de esta ley no ocurre en el vacío. Desde diciembre de 2023, el presupuesto familiar destinado a servicios acumuló una suba superior al 525%, con el gas trepando un 748% y el transporte rozando el 900%, según datos del IIEP (UBA-CONICET). La eliminación del subsidio de zona fría para millones de hogares se suma a esa cadena de aumentos en un contexto donde la Canasta Básica Alimentaria registró una variación interanual del 32,8% en marzo de 2026, según el INDEC.

En ese mismo escenario, la ley avanza mientras el gobierno sostiene compromisos con el FMI por un programa de Servicio Ampliado de 20.000 millones de dólares, firmado en abril de 2025, que exige superávit fiscal y acumulación de reservas. El ajuste energético forma parte de esa ecuación.

Las voces del debate

El diputado oficialista Facundo Correa Llano (LLA), presidente de la comisión de Energía, defendió la medida al sostener que los subsidios indiscriminados «llevaron a confundir sensibilidad social con desorden» y que «focalizar no es ajustar, es garantizar que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan». La diputada oficialista Silvana Giudici (LLA) cuestionó que los subsidios anteriores beneficiaron a «countries y mansiones» y a zonas de «frío templado» que no justificaban el gasto.

Desde la oposición, la diputada kirchnerista Paula Penacca (UxP) advirtió que el régimen impulsado por Kirchner «es justo, solidario y autosustentable» y que el nuevo esquema obligará a 4 millones de usuarios a recibir facturas con aumentos de «50, 30, 60 o hasta 100%». En la misma línea, Lucía Cámpora (UxP) alertó que «los argentinos tendrán que elegir entre comprar el medicamento que ya no les cubre PAMI o pagar las nuevas tarifas de gas». La fueguina Andrea Freites (UxP) calificó la ley vigente como «soberanía y federalismo real» y advirtió que los cambios distorsionarán un beneficio de más de veinte años.

El diputado Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal), habitual aliado del oficialismo en otras votaciones, rechazó el proyecto al señalar que «las provincias de la Patagonia son las que generan el gas y el combustible» y que eso obliga a defenderlas.

La referente del Frente de Izquierda Romina del Plá advirtió que la medida prepara «un tarifazo enorme a las familias argentinas» y reivindicó «el derecho social a la energía» frente a un esquema que beneficia a empresas privadas del sector.

Los votos: cómo se armó la mayoría

El oficialismo consolidó su mayoría con el apoyo del PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Independencia y Producción y Trabajo. La excepción entre los aliados habituales fueron los tres diputados de Elijo Catamarca (que responden al gobernador Raúl Jalil), quienes se abstuvieron. Unión por la Patria y el Frente de Izquierda rechazaron el proyecto de manera unánime, junto a nueve diputados de Provincias Unidas (entre ellos cordobeses y santafesinos) y representantes de San Luis y Córdoba afectados por el recorte.

La sesión también aprobó, con 138 votos a favor, la denominada Ley Hojarasca, iniciativa del ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que deroga más de 70 normas consideradas obsoletas.

Puntos clave

  • Diputados aprobó con 132 votos el recorte al régimen de zona fría; el proyecto pasa al Senado.
  • 1.600.000 usuarios perderán el subsidio al gas en las vísperas del invierno.
  • El oficialismo bloqueó una sesión opositora sobre los escándalos judiciales de Adorni para instalar su propia agenda.
  • La medida profundiza un ciclo de aumentos tarifarios que acumula más del 525% en servicios desde diciembre de 2023.
  • El ajuste energético responde a las metas de superávit fiscal comprometidas con el FMI en el acuerdo por 20.000 millones de dólares.
Seguir leyendo
El Argentino

El Argentino
El Argentino
El Argentino

Las más leídas

Descubre más desde El Argentino Diario

Suscríbete ahora para seguir leyendo y obtener acceso al archivo completo.

Seguir leyendo