Legislativo
A 5 años de la Ley Justina, se redujo al 10% la oposición familiar para la donación de órganos
La Ley 27.447, sancionada por unanimidad el 4 de julio de 2018, suprimió el requisito de certificación familiar de que la persona fallecida no hubiera expresado una «última voluntad» en la que se oponía a la donación.
A cinco años de la sanción de la Ley 27.447 de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, más conocida como «Ley Justina», que se cumplen mañana, la tasa de interrupciones de procesos de donación por oposición familiar que antes se ubicaba en torno al 40% a nivel nacional se redujo al 10%, disminución considerada como unos de los «impactos más inmediatos y notables» de la normativa, aseguró el presidente del Incucai, Carlos Soratti.
La Ley 27.447, sancionada por unanimidad el 4 de julio de 2018, suprimió el requisito de certificación familiar de que la persona fallecida no hubiera expresado una «última voluntad» en la que se oponía a la donación.
A modo de balance, el presidente del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) destacó los principales logros de la ley, que permitió una reforma integral y analizó los desafíos para reducir los tiempos de espera en los procesos de trasplante.
«Suprimir el requisito de certificación familiar hizo que en Argentina se incrementara el número de donantes de manera importante y se redujeran aquellas interrupciones por oposición familiar, como se llamaba entonces», indicó el médico con especialización en Terapia Intensiva.
En este sentido, Soratti explicó que antes de que sancionara la ley, «las causas de interrupción de procesos de donación que se atribuían a la oposición de la familia estaban entre el 30 y el 40% como media nacional».
«Hoy en día casi no llegan al 10%. Hubo una disminución muy importante. Ese fue uno de los impactos más inmediatos y notables de esa modificación de la ley», remarcó el funcionario.
La norma fue elaborada por el Incucai junto con el impulso de la familia de Justina Lo Cane, la niña de 12 años fallecida en noviembre de 2017 mientras esperaba un corazón para ser trasplantada.
Entre los principales cambios, la ley hace efectivo el consentimiento presunto, lo que implica que todas las personas mayores de 18 años son consideradas donantes, salvo aquellas que manifiesten expresamente lo contrario.
Se puede manifestar la voluntad afirmativa o negativa hacia la donación a través de la app Mi Argentina, firmando un acta de expresión en el Incucai o en los organismos provinciales de ablación e implante; solicitando que quede asentado en el DNI; o enviando un telegrama gratuito a través del Correo Argentino.
La normativa también explicita los derechos de donantes y receptores tales como la intimidad, la privacidad, la confidencialidad, la integridad, la información y el trato equitativo e igualitario.
Otro de los aportes más significativos es que «por primera vez la ley habla de que la organización sanitaria para mejorar la generación de donantes pasa por el desarrollo de unidades hospitalarias de procuración de órganos», señaló Soratti.
A través de la Resolución 3685/22 del Ministerio de Salud se creó el Programa Procurar, que ofrece a las instituciones sanitarias proyectar Unidades Hospitalarias de Procuración de Órganos y Tejidos (Uhprot) para que sean los mismos establecimientos los que lleven a cabo los procesos de detección, selección y tratamiento de los potenciales donantes.
Desde la puesta en marcha del Programa en enero de este año, ocho hospitales ya firmaron un compromiso de gestión: el Hospital Julio C. Perrando (Chaco); el Hospital de Urgencias (Córdoba); el Hospital Nacional Alejandro Posadas (Buenos Aires); el Hospital Municipal Eva Perón de Merlo (Buenos Aires); el Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga (Misiones); el Hospital Dr. Avelino Castelán (Chaco); el Hospital SAMIC Nivel III Eldorado (Misiones); y el Hospital Regional Sanguinetti, de Comodoro Rivadavia (Chubut).
«Lo más importante es el cambio de modelo organizativo. Ya no es el modelo extrahospitalario de profesionales que van al hospital ante la existencia de un potencial donante, sino que es el propio hospital, con su gente, con su unidad, con su servicio, que se hace cargo del proceso de generación de donante como otro proceso asistencial más de los que es responsable», subrayó Soratti.
Respecto a las primeras etapas de implementación del Programa, el presidente del Incucai sostuvo que «ya se pueden ver resultados porque los procesos de donación aumentan».
Sobre este punto, Soratti agregó que después de la sanción de la Ley 27.447, en 2019 se «lograron los mayores indicadores de actividad de donación y trasplante».
En 2019 nuestro país llegó a casi 20 donantes por millón de habitantes, más de 800 donantes de órganos y 900 donantes de tejidos, alcanzando cifras que permitieron acercar a la Argentina por primera vez al promedio anual de la Unión Europea, que tiene las tasas de donantes más altas del mundo con 22.3 por millón de habitantes.
Luego, al igual que sucedió en todos los países, la pandemia produjo una disminución de los donantes, pero actualmente «se están recuperando esos niveles y el desafío es cómo seguir creciendo a partir de ahora», advirtió el funcionario.
Y agregó: «Si uno toma los últimos 20 años, lo que ve es una tendencia al crecimiento bastante sostenido».
«A principios de este siglo, en Argentina había alrededor de seis donantes por millón de habitantes. Entre 2003-2004 se implementó el Programa Federal de Procuración y se incorporó la figura del coordinador hospitalario, que permitió duplicar el número de donantes por millón de habitantes», sostuvo Soratti.
En este sentido, añadió que en el 2012 se alcanzaron más 15 donantes por millón de habitantes y, después, en el 2019, se llegó al récord histórico de casi 20 donantes por millón de habitantes.
Por último, el titular del Incucai aseguró que las nuevas unidades hospitalarias del Programa Procurar son una herramienta clave que «va a tener un impacto en el indicador que se utiliza internacionalmente de donantes por millón de habitantes».
«Esperamos que 2024 sea un año que supere los 20 donantes por millón de habitantes», concluyó.
Legislativo
Tierras sin límite: avanza el proyecto que pone en jaque nuestra soberanía territorial
El oficialismo impulsa la derogación de los topes a la extranjerización mientras la Patagonia sigue bajo fuego; la iniciativa genera fuertes cruces con los bloques aliados en el Congreso por el control de recursos estratégicos.
Soberanía en remate: el impacto de la reforma que libera el mercado el territorio argentino
★ El bloque de La Libertad Avanza profundizó esta semana su ofensiva legislativa para eliminar las restricciones a la venta de campos a ciudadanos de otros países; una medida que busca derogar la Ley de Tierras Rurales (26.737). La iniciativa; que apunta a borrar el límite del 15 por ciento de titularidad foránea sobre el territorio nacional; provocó una fractura expuesta con sectores de la oposición aliada que advierten sobre el riesgo de entregar el control de reservorios de agua y zonas de seguridad de fronteras.
El fin de la protección territorial
La propuesta oficialista pretende desmantelar el andamiaje legal que desde 2011 regula la concentración de tierras en manos extranjeras. Según confirmaron fuentes legislativas consultadas por este medio; el proyecto elimina no solo los topes provinciales y municipales; sino también la prohibición de que personas físicas o jurídicas de una misma nacionalidad superen el 30 por ciento del total de las hectáreas permitidas. Esta desregulación total se presenta bajo la premisa de atraer inversiones (una retórica que choca con la realidad de los recursos estratégicos en disputa).
Un escenario de cenizas y especulación
El debate parlamentario ocurre en un contexto crítico para el sur argentino. Mientras los legisladores discuten la propiedad privada; la Patagonia atraviesa una emergencia por incendios que ya afectaron más de 3.500 hectáreas en zonas como Puerto Patriada y El Hoyo. Investigaciones previas documentaron que la devaluación de las tierras quemadas facilita su adquisición por capitales concentrados; un patrón que se repite en áreas linderas a los glaciares y nacientes de ríos. La fiscalía a cargo de Carlos Díaz Mayer confirmó en peritajes recientes el hallazgo de combustibles en los focos; lo que ratifica la intencionalidad en el inicio del fuego.
El agua en el centro de la disputa
La preocupación central de las organizaciones sociales y los especialistas en soberanía territorial radica en el control del agua dulce. La derogación de la Ley 26.737 permitiría que enclaves estratégicos (como el ya paradigmático caso de Lago Escondido controlado por el magnate Joe Lewis) se multipliquen sin fiscalización estatal. Al privatizar la tierra en zonas de cordillera; se privatiza de hecho el acceso a los recursos hídricos; vitales para la supervivencia humana y el desarrollo productivo local.
Divisiones en el bloque aliado
No todo es consenso para el Poder Ejecutivo. Algunos sectores del PRO y bloques provinciales manifestaron su resistencia a una apertura irrestricta. El punto de conflicto principal es la Zona de Seguridad de Fronteras; donde la presencia de capitales extranjeros genera suspicacias en términos de seguridad nacional. Según trascendidos de las últimas reuniones de comisión; los aliados exigen mantener salvaguardas mínimas para evitar que áreas sensibles queden bajo control de potencias externas o fondos de inversión opacos.
Puntos clave:
- El oficialismo busca derogar la ley que limita la venta de tierras a extranjeros.
- La medida elimina el tope del 15 por ciento de territorio nacional en manos foráneas.
- El debate coincide con incendios intencionales en zonas estratégicas de la Patagonia.
- Hay fuertes cruces con aliados por la seguridad en zonas de frontera y recursos hídricos.
- Organizaciones sociales denuncian un modelo de saqueo y especulación inmobiliaria.
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