Legislativo
El Senado busca un Consejo de la Magistratura con mayor federalismo
Una de los puntos del proyecto es que el Consejo sesione al menos una vez por trimestre en el ámbito de las distintas Cámaras Federales del interior del país, «a efectos de interiorizarse y abordar las problemáticas y necesidades de todas las jurisdicciones».
Por María Clelia Sívori
El Senado debatirá esta semana el proyecto de ley que busca modificar el funcionamiento y la integración del Consejo de la Magistratura, luego del acuerdo al que arribaron el oficialismo y bloques provinciales para dar mayor federalismo al organismo y otorgar mayor igualdad de género.
La presidenta de la comisión de Acuerdos, Anabel Fernández Sagasti, explicó que el Frente de Todos (FdT) aceptó los cambios propuestos por los bloques provinciales porque consideraron que «claramente enriquecía el proyecto y lo hacia más federal».
«Esta casa que representa a las provincias siempre tiene el visto del federalismo así que (las modificaciones) nos parecieron muy oportunas», sostuvo la senadora en declaraciones a la prensa.
Sagasti precisó que la senadora de Concordia Solari Quintana propuso «seguir profundizando en el tema de la igualdad de género en el ámbito del Poder Judicial y que el representante del Poder Ejecutivo varíe una vez una mujer y una vez un varón, y siempre han sido varones, así que es un cambio muy importante».
La senadora del FdT por Mendoza explicó que la posición del oficialismo tiene que ver con separar a la Corte Suprema de la conducción del Consejo de la Magistratura porque «los jueces tienen que dedicarse a impartir justicia y el consejo debe administrar la Justicia y la disciplina».
«La semana que viene vamos a sesionar y espero que luego la Cámara de Diputados pueda hacerlo más rápidamente» para la aprobación de la norma antes del plazo fijado por la Corte, añadió.
La senadora cuestionó no obstante al máximo tribunal por su fallo que -dijo- «intenta poner en vigencia una ley que no está en vigencia desde hace 16 años», y consideró que «el conflicto es con el Congreso, no con el Poder Ejecutivo». Para Sagasti, «es inaudito el conflicto de poderes que ha planteado la Corte en ese fallo».
Un plenario de comisiones emitió dictamen favorable a una iniciativa unificada entre el FdT y los senadores de Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilnek, y del Frente de la Concordia, Magdalena Solari Quintana.
Al entendimiento se arribó luego de que el oficialismo debiera suspender la sesión prevista para la semana pasada porque no tenía los votos suficientes para aprobar el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo en diciembre del año pasado.
La administración de Alberto Fernández busca aprobar la ley antes del plazo del 16 de abril puesto por el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional a la actual composición del Consejo de la Magistratura y pidió una nueva norma antes de esa fecha.
El dictamen de mayoría fue firmado por el oficialismo y sus aliados, mientras que que Juntos por el Cambio (JxC) presentó su propio despacho, en el que propone que sea el presidente de la Corte quien conduzca el Consejo de la Magistratura.
Weretilnek aceptó dejar de lado a la Corte, que figuraba en el artículo 1 de su iniciativa, en coincidencia con el FdT, a cambio de que se introduzcan los cambios que le otorgan mayor federalismo a la integración del Consejo.
Un Consejo «más federal»
En esa estructura más federal del Consejo de la Magistratura, se mantiene -en caso de aprobarse la norma esta semana- al representante del Poder Ejecutivo, que será designado alternativamente entre un varón y una mujer, por el período de un año en cada caso.
Para la elección de consejeros de la Magistratura representantes de los jueces y de los abogados, las listas deberán conformarse con un integrante de cada región y su respectivo suplente. Al efecto se establecen las regiones federales AMBA, Norte, Centro y Sur. Esas regiones estarán compuestas por las jurisdicciones que abarcan las cámaras federales respectivas.
Las precandidaturas y, en su caso, candidaturas, a consejeros de la Magistratura integrarán una única lista con dos representantes titulares y dos suplentes de los académicos, cuatro representantes titulares y cuatro suplentes de los jueces y cuatro representantes titulares y cuatro suplentes de los abogados.
En tercer lugar, se establecerá que el Consejo de la Magistratura sesionará al menos una vez por trimestre en el ámbito de las distintas Cámaras Federales del interior del país, «a efectos de interiorizarse y abordar las problemáticas y necesidades de todas las jurisdicciones del país».
Finalmente, a las cuatro comisiones que integran el Consejo actualmente (de Selección, de Disciplina, de Administración y de Reglamentación) se le sumará una quinta: de Asuntos Federales.
Esa comisión estará integrada por Consejeros Ad Hoc y Ad honorem en representación de la Cámara de Senadores de la Nación. La Comisión de Asuntos Federales estará dividida en cuatro Regiones Federales integrada por cuatro representantes de cada una.
El presidente del Senado designará, por cada región, y a propuesta de los bloques legislativos, dos senadores correspondientes al bloque con mayor representación legislativa, uno a la primera minoría y uno a la segunda minoría. Al menos la mitad deben ser mujeres.
Estos representantes podrán participar de las reuniones del Consejo, pero no podrán tomar parte de los procesos disciplinarios ni de elección de magistrados.
Legislativo
Duro debate en el Senado por ley de tierras para extranjeros y desalojo de barrios populares
El Senado de la Nación volvió a debatir este miércoles el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional, en una jornada que expuso las profundas contradicciones de una iniciativa que, bajo el rótulo de proteger la propiedad, habilita la venta de tierras argentinas a capitales extranjeros, acelera desalojos y amenaza con dejar a más de un millón de familias de barrios populares sin garantías habitacionales.
Tierra a la venta: LLA busca habilitar a extranjeros a comprar suelo argentino sin límites
★ El plenario conjunto de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, presididas por los senadores libertarios Agustín Coto y Nadia Márquez, fue escenario de un fuerte cruce entre la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, y la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich. Mientras el oficialismo apura los tiempos y busca emitir dictamen la semana próxima, la oposición y las organizaciones sociales advirtieron que el proyecto es un retroceso histórico en materia de soberanía territorial, derecho a la vivienda y protección ambiental.
Un proyecto con cinco bombas de tiempo
Presentado formalmente en el Congreso el 27 de marzo de 2026 bajo el expediente PE-13/2026, el proyecto fue defendido en una primera ronda de debates por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien lo enmarcó en los dos pilares que define el gobierno de Javier Milei: equilibrio fiscal y libertad económica.
Sin embargo, los cinco ejes centrales de la iniciativa despertaron alarmas incluso entre algunos aliados del Gobierno. El primero establece un mecanismo «sumarísimo» para la restitución de inmuebles, con desalojos exprés que, según sus críticos, reducen garantías procesales a los ocupantes. El segundo, y quizás el más polémico, elimina los límites vigentes desde 2011 para que extranjeros puedan adquirir tierras rurales en Argentina, una restricción sancionada durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner precisamente para preservar la soberanía territorial.
El tercer eje apunta a la reforma de la Ley de Manejo del Fuego, derogando artículos impulsados en 2020 por el diputado Máximo Kirchner que impedían vender bosques nativos, humedales y áreas protegidas durante 60 años tras un incendio, y cambiaban el uso de suelos agrícolas incendiados por 30 años. El cuarto modifica la Ley 27.453 de Integración Socio Urbana (conocida como ley de barrios populares), sancionada en forma unánime en 2018, que garantiza suspensión de desalojos y regularización dominial para los sectores más vulnerables. El quinto punto reforma el sistema registral inmobiliario.
Un millón de familias en riesgo
Las organizaciones TECHO, Cáritas, UTEP, CELS, La Garganta Poderosa y Hábitat para la Humanidad Argentina advirtieron en conjunto que el proyecto «representa un retroceso profundo sobre la Ley 27.453 de Integración Socio Urbana y pone en riesgo el acceso progresivo a la propiedad, la vivienda y los servicios básicos de más de un millón de familias que viven en barrios populares en todo el país». Desde TECHO precisaron que la iniciativa, tal como fue redactada, «podría dejar a 2 millones de niños en situación de calle».
En la audiencia de este miércoles, el referente de la Mesa de Barrios Populares de Bariloche, Luciano Celsi, puso números concretos al drama habitacional que el proyecto ignora: «El 92% de las familias que vivimos en barrios populares no tenemos acceso formal al agua, el 97% no tiene acceso a la red cloacal y el 98% no tiene conexión al gas». Celsi fue contundente: «No apoyamos esta iniciativa».
El titular de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, fue más allá y denunció que el proyecto establece «el régimen de desalojo más agresivo de América Latina». Señaló además que desde la derogación de la ley de alquileres los precios acumularon un aumento superior al 400% en dos años, y que los datos del INDEC confirman que los alquileres siguen subiendo por encima de la inflación cada mes.
El constitucionalista Daniel Sabsay también cuestionó la iniciativa y señaló que «genera fuertes dudas en cuanto a la protección del medioambiente, la urbanización de barrios populares y una mirada poco contemplativa al problema habitacional en el actual contexto económico».
Soberanía, fuego y el cruce Vilar-Bullrich
El momento más tenso de la jornada llegó con el enfrentamiento entre la ministra bonaerense de Ambiente, Daniela Vilar, y la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. Vilar señaló que se «necesita tener presa» a Cristina Fernández de Kirchner para aprobar leyes que van en contra de la soberanía del país, en referencia a la presión judicial sobre la ex presidenta que coincide con el avance de reformas regresivas en el Congreso.
Bullrich respondió acusando a Vilar de utilizar la reunión de comisiones para hacer «un panfleto político» y afirmó que la ex presidenta «llegó hasta la Corte Suprema de Justicia» sin acatar su fallo. «Estamos en veredas enfrente», remató Bullrich, y aseguró que el oficialismo «defiende a los ciudadanos comunes», al mismo tiempo que atacó la gestión bonaerense señalando que la provincia de Buenos Aires tiene «más usurpaciones que en el resto del país».
Vilar, por su parte, había explicado antes del cruce que la Ley de Manejo del Fuego «no prohíbe producir ni vender ni arrendar territorios» y que «intenta desincentivar la quema y el incendio para luego hacer el cambio de uso del suelo». El combatiente de incendios del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) de Río Negro, Paulino Inalaf, planteó una pregunta que el oficialismo no respondió: si se aprueba el proyecto y se producen incendios para habilitar negocios inmobiliarios, «¿qué políticas tienen para asegurar la seguridad y la soberanía argentina?».
El peronismo señala prioridades distintas
El ex diputado peronista Santiago Igon resumió la posición opositora con claridad: «Esta ley no la estamos necesitando. Lo que sí necesitamos es que llegue el tercio que le corresponde a la provincia por impuestos al combustible para arreglar las rutas. Necesitamos una política a favor de que las economías regionales puedan resurgir».
El único expositor que respaldó el proyecto fue el abogado especializado en derecho administrativo Mariano Marcucci, quien consideró que la ley «avanza sobre el control judicial de las facultades del Estado y va a favor de las garantías de los particulares».
Según informaron fuentes parlamentarias a la Agencia NA, el oficialismo aspira a emitir dictamen la semana próxima, aunque la decisión dependerá de si consigue el apoyo de los bloques dialoguistas. La meta del Gobierno es llevar el proyecto al recinto en la última semana de abril o la primera de mayo.
Puntos clave
- El Senado debatió por segunda vez el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el gobierno de Milei, con exposición de más de veinte especialistas y referentes sociales.
- El proyecto elimina los límites para la compra de tierras por extranjeros vigentes desde 2011, modifica la ley de barrios populares y deroga protecciones ambientales post-incendio.
- Organizaciones como TECHO, Cáritas, UTEP y el CELS advierten que el texto podría dejar a más de un millón de familias sin garantías habitacionales y a 2 millones de niños en situación de calle.
- El titular de Inquilinos Agrupados denunció que el proyecto establece «el régimen de desalojo más agresivo de América Latina», en un contexto de alquileres que aumentaron más del 400% en dos años.
- El oficialismo busca emitir dictamen la semana próxima y llevar el proyecto al recinto antes de fin de abril, condicionado al apoyo de los bloques aliados.
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