Investigación 🔎
Mapa del CONICET y la UBA revela que 13 millones de hectáreas argentinas están en manos extranjeras
Los investigadores presentaron un mapa interactivo que evidencia la entrega sistemática de tierras estratégicas a capitales extranjeros. Existen 36 departamentos que ya exceden el límite fijado por la Ley de Tierras, única normativa que pone freno al proceso y que el Gobierno de Milei quiere derogar. Estados Unidos encabeza el ranking con 2,7 millones de hectáreas, equivalente a la superficie de Tucumán.
— 🎙️ Resumen de audio generado por IA.
★ El Observatorio de Tierras, integrado por investigadores de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) y el CONICET, presentó un mapa interactivo que revela la dimensión real de la extranjerización de tierras en Argentina: 13 millones de hectáreas, cerca del 5% del territorio nacional, están en manos de firmas o estados extranjeros. El equivalente a la extensión de Inglaterra.
La herramienta cartográfica fue desarrollada por la socióloga Julieta Caggiano y el historiador Matías Oberlin, ambos becarios del CONICET e integrantes del Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y del Mirador Interdisciplinario Latinoamericano de Políticas Agrarias (MILPA). El mapa se construyó a partir de pedidos de acceso a la información pública al Registro Nacional de Tierras Rurales, con datos actualizados a agosto de 2024.
El trabajo adquiere particular relevancia en el contexto de la intención declarada del gobierno de Javier Milei de derogar la Ley 26.737, única normativa que establece límites a la compra de tierras por parte de privados extranjeros. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que el proyecto será enviado al Congreso en el marco de las propuestas del Consejo de Mayo.
La ley se cumple «a medias»: 36 departamentos exceden el límite
«No es un proceso de ahora, viene de lejos, pero la ley lo frena. En el momento en que levanten ese freno, se pinta de rojo el mapa», alertó Matías Oberlin en declaraciones a medios nacionales. «Este gobierno ha demostrado que lo tiene en el tintero desde el día uno, con el DNU 70, y vuelven al ataque ahora».
Según la Ley 26.737 sancionada en 2011, ninguna provincia puede superar el 15% de tierras bajo propiedad extranjera. La versión oficial indica que esto se cumple a nivel provincial, pero el mapa del Observatorio revela que al analizar por departamentos o localidades, la conclusión cambia radicalmente.
«Lo llamativo es que, cuando uno lo pone en un mapa, la narrativa de que la ley se cumple en todas las provincias se ve como una verdad a medias: en las provincias no se supera el límite, pero hay unidades en las que sí», explicó Oberlin.
El informe elaborado por Caggiano y Oberlin remarca que existen 36 departamentos que ya exceden el límite fijado por la ley. Hay cuatro casos donde la extranjerización supera el 50% del territorio: Lácar en Neuquén, General Lamadrid en La Rioja, y Molinos y San Carlos en Salta. Todos ellos concentran bienes estratégicos como agua dulce o recursos minerales.
Los puntos rojos: agua, minerales y zonas de conflicto
Los departamentos señalados en rojo en el mapa no resultan casuales. Son sitios estratégicos, en zonas de frontera y cargados de recursos valiosos.
«Los municipios pintados de rojo son localidades con bienes escasos: acuíferos, minerales críticos, litio, tierras raras y lugares con conflictos sociales muy grandes, como Cushamen», señaló Oberlin. El departamento de Cushamen en Chubut, donde se encuentra Puerto Patriada, corazón de la Reserva Forestal de Uso Múltiple Lago Epuyén, zona golpeada por los incendios de los últimos días, tiene el 23% de su territorio, 377.875 hectáreas sobre un total de 1.649.975, en manos extranjeras.
«Está bueno recorrer los puntos rojos: Malargüe, en Mendoza, incumple apenas la ley. Tiene poco más de 4 millones de hectáreas y más de 600 mil extranjerizadas, pero el gobernador Alfredo Cornejo ya anunció varias inversiones mineras. Hay una vinculación casi mecánica entre conflictividad social y acceso a determinados recursos clave, y esto se profundiza más con el corolario Trump de la doctrina Monroe», apuntó el investigador en referencia al contexto geopolítico global.
El caso de Malargüe resulta paradigmático: la extranjerización del 15% del territorio coincide con el impulso de 18 nuevos proyectos mineros. «Si uno empieza a cruzar estos datos con las inversiones de mineras extranjeras, empieza a aparecer el problema de la conflictividad social. Por eso creemos que el mapa es útil», explicó Oberlin.
Recursos hídricos y logísticos en la mira
El análisis también revela situaciones críticas en zonas con acceso a recursos hídricos y corredores estratégicos. Localidades ubicadas a la vera del río Paraná —la principal vía fluvial navegable del país— presentan niveles alarmantes de extranjerización.
Iguazú en Misiones alcanza el 40% de tierras en manos foráneas. Ituzaingó y Berón de Astrada en Corrientes, y Campana en Buenos Aires superan ampliamente el 30% de extranjerización.
«No es una cuestión ideológica, sino de defensa de las capacidades del Estado. El patrón es claro: las situaciones más críticas se dan en zonas fronterizas y territorios con recursos hídricos o minerales», explicó Julieta Caggiano.
Estados Unidos a la cabeza: más tierras que toda la provincia de Tucumán
El mapa permite identificar además las nacionalidades que concentran la mayor cantidad de territorio argentino. Estados Unidos encabeza ampliamente el ranking con 2,7 millones de hectáreas en manos de ciudadanos o empresas de ese país. Le siguen Italia y España.
«Solo estas tres nacionalidades concentran la mitad de toda la tierra extranjerizada. Para dimensionarlo: los estadounidenses poseen una superficie mayor que la provincia de Tucumán», señala el informe del Observatorio.
«Si uno mira en manos de quién están, lo principal es ciudadanos o empresas estadounidenses. En la zona de Cushamen, que es uno de los puntos neurálgicos desde hace un montón de años, está Benetton. Tierras israelíes casi no hay. Estadounidenses, italianos y españoles son mayoría. Benetton como caso paradigmático», detalló Oberlin.
Luciano Benetton posee cerca de un millón de hectáreas en la Patagonia argentina, concentradas principalmente en las provincias de Chubut, Río Negro y Santa Cruz. El caso emblemático de Joe Lewis en Lago Escondido, Río Negro, también forma parte de esta cartografía de la apropiación territorial.
Más puntos rojos en el Norte que en el Sur
Un dato llamativo que surge del mapa es que se visualizan más puntos rojos, donde se supera el 15% de extranjerización, en el Norte que en el Sur del país.
«Son tierras de fronteras, que por lo general permiten traficar mercadería de un lado al otro sin pasar por Aduana. Todo eso habría que investigar más a fondo», propuso Oberlin. De hecho, uno de los objetivos de la creación del Observatorio y el Mapa es que permita convocar a más investigadores para profundizar sobre estos aspectos.
En Entre Ríos, los departamentos de Gualeguay, Concordia y La Paz están por encima del promedio nacional de extranjerización, según detalla el relevamiento.
Los años 90: el punto de quiebre de la extranjerización
El informe hace memoria sobre el proceso histórico que llevó a esta situación. «Un punto de quiebre en el proceso contemporáneo de extranjerización de tierras se produjo a fines de los años noventa», señala el documento.
«En 1996, el Gobierno de Carlos Menem creó la Secretaría de Seguridad Interior (SSI), que asumió funciones que pertenecían a la Superintendencia Nacional de Fronteras. En sus primeros años, la SSI autorizó la venta de más de 8 millones de hectáreas en zonas de seguridad fronteriza», explica el estudio.
Esas áreas históricamente estaban protegidas por el decreto 15.385 de 1944, que establecía su venta exclusivamente a ciudadanos argentinos. Pero esa normativa «fue ampliamente vulnerada en la década de los noventa con ventas irregulares y triangulaciones», repasa el informe del Observatorio.
La Ley 26.737 sancionada en 2011 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner buscó frenar este proceso de especulación y proteger los bienes comunes, estableciendo límites claros a la extranjerización.
El contexto Trump y la doctrina Monroe
Los investigadores no son ajenos al contexto geopolítico en el que se enmarca este debate. El cambio en la estrategia estadounidense a nivel regional, con el retorno de Donald Trump a la presidencia, se lee como una redefinición de quién controla territorios clave en América Latina.
«Hay una vinculación casi mecánica entre conflictividad social y acceso a determinados recursos clave, y esto se profundiza más con el corolario Trump de la doctrina Monroe», señaló Oberlin.
Trump amenazó directamente a Venezuela por su petróleo, a Groenlandia por sus minerales, y dejó en claro que ve a la región como territorio de apropiación. El caso reciente de Venezuela, con la toma de posesión del petróleo por parte de empresas estadounidenses, resulta elocuente en este contexto.
Los investigadores destacaron la importancia del mapa en el marco de esta avanzada de la administración Trump sobre los recursos naturales de América Latina. «Desarmar las protecciones existentes reconfigura quién decide, quién accede y quién queda afuera en algunos de los espacios más sensibles del país», concluyeron.
El mapa: una herramienta para el debate con datos precisos
El Observatorio de Tierras creó este mapa sin financiamiento extra, a fuerza de compromiso de los investigadores, para que sirva como herramienta de conocimiento sobre la situación actual de los suelos en Argentina y, sobre todo, lo que podría pasar si se derogara la Ley de Tierras que frena la extranjerización.
«El mapa excede los temas específicos sobre los que investigan y fue creado para que sirva como herramienta para conocer la situación actual de los suelos en Argentina», explicaron desde el Observatorio.
Los investigadores analizaron y expusieron la información en un mapa interactivo para que esté al alcance de la ciudadanía y se dé el debate sobre datos precisos, no sobre especulaciones o versiones.
Lo que está en juego con la derogación de la Ley de Tierras
Para los especialistas del CONICET, la derogación de la ley de Tierras no busca atraer inversiones productivas, sino facilitar la captura de bienes comunes no reproducibles.
El Observatorio advirtió que «la derogación apunta a habilitar compras en zonas con un valor natural y estratégico excepcional. Lagos patagónicos de agua dulce, bosques nativos, cordillera con minerales críticos, áreas fronterizas sensibles, regiones a la vera de los grandes ríos o asentadas sobre acuíferos que abastecen a millones de personas».
«En un contexto global marcado por tensiones en torno al agua y la energía, permitir la expansión extranjera sobre estas áreas supone que el Estado argentino reduzca su capacidad de responder a las necesidades de su población de manera soberana», alertaron los investigadores.
En un mundo donde el agua dulce y la energía son los nuevos ejes del conflicto internacional, permitir la expansión extranjera sin límites sobre acuíferos que abastecen a millones de personas o sobre la cordillera con minerales críticos reduce drásticamente la capacidad del Estado argentino de decidir sobre sus propios recursos.
Soberanía o mercancía
«Definir qué se puede vender y qué no, y bajo qué reglas, no es una cuestión de carácter administrativo: ordena el acceso a recursos que son centrales para la vida cotidiana y para cualquier proyecto de desarrollo», sostiene el informe del Observatorio.
«Por eso, en un momento de presión creciente sobre estos territorios, desarmar las protecciones existentes, que se sostuvieron durante décadas sobre la base de una visión a largo plazo del territorio y sus recursos, no es neutral: reconfigura quién decide, quién accede y quién queda afuera en algunos de los espacios más sensibles del país», concluye el documento.
El mapa interactivo está disponible públicamente y permite visualizar con claridad meridiana qué sectores del país están siendo apropiados por capitales foráneos. La herramienta evidencia que el debate sobre la tierra no es abstracto: tiene nombres, apellidos, nacionalidades y coordenadas geográficas precisas.
Puntos clave
• Investigadores del CONICET y la UBA crearon un mapa interactivo que revela que 13 millones de hectáreas (5% del territorio nacional) están en manos extranjeras, el equivalente a la superficie de Inglaterra
• Existen 36 departamentos que exceden el límite del 15% fijado por la Ley 26.737, con cuatro casos que superan el 50%: Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja), Molinos y San Carlos (Salta)
• Estados Unidos encabeza el ranking con 2,7 millones de hectáreas, seguido por Italia y España, concentrando entre los tres la mitad de toda la tierra extranjerizada
• Los puntos rojos del mapa coinciden con zonas estratégicas: agua dulce, minerales críticos, litio, corredores logísticos sobre el río Paraná y áreas de frontera
• El Gobierno de Milei busca derogar la Ley de Tierras que frena este proceso, en un contexto de avanzada de Estados Unidos sobre recursos naturales de América Latina
Denuncia
Dalbón pide detener a Caputo y Bausili: pérdida de más de mil millones de dólares en derivados de oro del BCRA
El abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención del ministro de Economía, del presidente del Banco Central y del director de la entidad por las operaciones con derivados sobre las reservas de oro que registraron un resultado negativo de más de 1.023 millones de dólares, según consignó la Auditoría General de la Nación. La causa también alcanza al entorno de la diputada Marcela Pagano, quien presentó una denuncia penal en agosto.
Las operaciones con derivados sobre el oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) dejaron un resultado negativo de 1.023 millones de dólares, según surge de la Auditoría General de la Nación (AGN). Ese número, que ningún funcionario del gobierno de Javier Milei explicó con documentación pública suficiente, es hoy el eje de un pedido de detención contra los máximos responsables de la política económica y monetaria del país.
El abogado Gregorio Dalbón presentó ante la justicia federal la solicitud de detención del ministro de Economía, Luis Caputo, del presidente del BCRA, Santiago Bausili, y del director y superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Curutchet. Les atribuye los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.
Las figuras penales y el rol de Caputo
En declaraciones televisivas, Dalbón precisó los fundamentos jurídicos de la presentación. «Las operaciones con el oro del BCRA deben investigarse, bajo las figuras de defraudación en perjuicio de la administración pública (art. 174, inc. 5 del Código Penal), abuso de autoridad (art. 248) e incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 249), sin perjuicio de otras calificaciones que surjan de la prueba», señaló el letrado. Y agregó: «Por ejemplo la asociación ilícita como jefe: Luis Caputo. La Justicia deberá determinar los delitos y el rol de quiénes son los responsables».
El escrito también solicitó medidas cautelares: prohibición de salida del país, impedimento de acceso a áreas del BCRA y del Ministerio de Economía donde exista documentación relacionada con la investigación, y prohibición de comunicación con funcionarios, auditores o testigos.
El desglose de las pérdidas: opciones, primas y cobertura
Según detalla la denuncia, el resultado negativo de 1.023 millones de dólares se conforma de dos componentes. Por un lado, $1.400.793 millones (equivalentes a 960,2 millones de dólares) registrados como resultado negativo por opciones. Por otro, $68.362 millones (equivalentes a 62,8 millones de dólares) en concepto de primas de opciones abonadas. En paralelo, la tenencia de oro registró durante el ejercicio una ganancia por diferencias de cotización de $8.002.500 millones, dato que el BCRA utilizó para relativizar el impacto de la operatoria.
Dalbón también señaló que el BCRA concertó derivados liquidables en dólares con fines declarados de cobertura, y que al cierre de 2025 la entidad ya no mantenía posiciones de ese tipo. La pregunta que la justicia deberá responder es si esa cobertura fue técnicamente justificable o si constituyó una operación en perjuicio del Estado.
El juez Lijo y la obstrucción a la auditoría
Al ser consultado sobre el paradero del oro, Dalbón apeló directamente a la cadena judicial: «Yo creo que (el juez) Ariel Lijo tiene la responsabilidad junto con el fiscal Pollicita de averiguar». El abogado expresó confianza en que la ampliación del martes, que incluirá el pedido formal de detención de Bausili y Curutchet, será tomada con seriedad por el magistrado.
Sobre los motivos para solicitar la detención a pesar de que no habría peligro de fuga, Dalbón fue directo: «Está comprobado que han obstruido a la Justicia en base a lo que fue el examen que Olmos leyó en la auditoría. Está comprobado que mintieron en la auditoría». La AGN, según surge de los documentos citados en la presentación, registró el resultado negativo de las operaciones con egresos de divisas y constató que el ejercicio 2025 no había sido debidamente auditado por demoras del BCRA en enviar la información requerida.
Pagano había denunciado primero: casi cuatro billones sin destino trazable
La denuncia de Dalbón se suma a la que la diputada Marcela Pagano presentó en agosto pasado. En su cuenta de la red social X, Pagano comunicó: «DENUNCIÉ PENALMENTE A CAPUTO Y BAUSILI. Casi $4 BILLONES de fondos públicos quedaron sin destino públicamente trazable». Y citó la respuesta del presidente del BCRA ante ese cuestionamiento: «En algún lado están».
La legisladora consideró que esa contestación «no alcanza» e hizo hincapié en que «la plata de los argentinos no se pierde, no se esconde y no se administra en una caja negra». Concluyó: «Ahora van a tener que explicar ante la Justicia dónde estuvo cada peso, quién dio la orden y quién se benefició».
La causa concentra así dos denuncias penales convergentes, sumadas a la investigación en curso ante el juez Lijo y el fiscal Pollicita, que ya en septiembre tramitaba la ampliación presentada por senadores peronistas sobre las contradicciones del BCRA respecto a la ubicación de los lingotes, supuestamente depositados en el Banco de Pagos Internacionales de Suiza pero señalados por distintas fuentes como radicados en el Bank of England de Londres.
Lo que tenés que saber:
- El abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención de Luis Caputo, Santiago Bausili y Juan Curutchet por administración fraudulenta, abuso de autoridad y asociación ilícita.
- La AGN registró un resultado negativo de 1.023 millones de dólares en las operaciones con derivados de oro del BCRA durante 2025.
- Dalbón afirmó que los imputados mintieron en la auditoría y obstruyeron a la Justicia, argumento central para justificar los pedidos de detención.
- La diputada Marcela Pagano ya había denunciado penalmente a Caputo y Bausili en agosto, señalando casi $4 billones sin destino trazable.
- La causa se acumula a la investigación del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, que también tramita la ampliación de senadores peronistas sobre el paradero del oro del BCRA.
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