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Investigación 🔎

Mapa del CONICET y la UBA revela que 13 millones de hectáreas argentinas están en manos extranjeras

Los investigadores presentaron un mapa interactivo que evidencia la entrega sistemática de tierras estratégicas a capitales extranjeros. Existen 36 departamentos que ya exceden el límite fijado por la Ley de Tierras, única normativa que pone freno al proceso y que el Gobierno de Milei quiere derogar. Estados Unidos encabeza el ranking con 2,7 millones de hectáreas, equivalente a la superficie de Tucumán.

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El Argentino Diario-Benetton-Milei -Lewis.

— 🎙️ Resumen de audio generado por IA.

★ El Observatorio de Tierras, integrado por investigadores de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) y el CONICET, presentó un mapa interactivo que revela la dimensión real de la extranjerización de tierras en Argentina: 13 millones de hectáreas, cerca del 5% del territorio nacional, están en manos de firmas o estados extranjeros. El equivalente a la extensión de Inglaterra.

La herramienta cartográfica fue desarrollada por la socióloga Julieta Caggiano y el historiador Matías Oberlin, ambos becarios del CONICET e integrantes del Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y del Mirador Interdisciplinario Latinoamericano de Políticas Agrarias (MILPA). El mapa se construyó a partir de pedidos de acceso a la información pública al Registro Nacional de Tierras Rurales, con datos actualizados a agosto de 2024.

El trabajo adquiere particular relevancia en el contexto de la intención declarada del gobierno de Javier Milei de derogar la Ley 26.737, única normativa que establece límites a la compra de tierras por parte de privados extranjeros. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que el proyecto será enviado al Congreso en el marco de las propuestas del Consejo de Mayo.

La ley se cumple «a medias»: 36 departamentos exceden el límite

«No es un proceso de ahora, viene de lejos, pero la ley lo frena. En el momento en que levanten ese freno, se pinta de rojo el mapa», alertó Matías Oberlin en declaraciones a medios nacionales. «Este gobierno ha demostrado que lo tiene en el tintero desde el día uno, con el DNU 70, y vuelven al ataque ahora».

Según la Ley 26.737 sancionada en 2011, ninguna provincia puede superar el 15% de tierras bajo propiedad extranjera. La versión oficial indica que esto se cumple a nivel provincial, pero el mapa del Observatorio revela que al analizar por departamentos o localidades, la conclusión cambia radicalmente.

«Lo llamativo es que, cuando uno lo pone en un mapa, la narrativa de que la ley se cumple en todas las provincias se ve como una verdad a medias: en las provincias no se supera el límite, pero hay unidades en las que sí», explicó Oberlin.

El informe elaborado por Caggiano y Oberlin remarca que existen 36 departamentos que ya exceden el límite fijado por la ley. Hay cuatro casos donde la extranjerización supera el 50% del territorio: Lácar en Neuquén, General Lamadrid en La Rioja, y Molinos y San Carlos en Salta. Todos ellos concentran bienes estratégicos como agua dulce o recursos minerales.

Los puntos rojos: agua, minerales y zonas de conflicto

Los departamentos señalados en rojo en el mapa no resultan casuales. Son sitios estratégicos, en zonas de frontera y cargados de recursos valiosos.

«Los municipios pintados de rojo son localidades con bienes escasos: acuíferos, minerales críticos, litio, tierras raras y lugares con conflictos sociales muy grandes, como Cushamen», señaló Oberlin. El departamento de Cushamen en Chubut, donde se encuentra Puerto Patriada, corazón de la Reserva Forestal de Uso Múltiple Lago Epuyén, zona golpeada por los incendios de los últimos días, tiene el 23% de su territorio, 377.875 hectáreas sobre un total de 1.649.975, en manos extranjeras.

«Está bueno recorrer los puntos rojos: Malargüe, en Mendoza, incumple apenas la ley. Tiene poco más de 4 millones de hectáreas y más de 600 mil extranjerizadas, pero el gobernador Alfredo Cornejo ya anunció varias inversiones mineras. Hay una vinculación casi mecánica entre conflictividad social y acceso a determinados recursos clave, y esto se profundiza más con el corolario Trump de la doctrina Monroe», apuntó el investigador en referencia al contexto geopolítico global.

El caso de Malargüe resulta paradigmático: la extranjerización del 15% del territorio coincide con el impulso de 18 nuevos proyectos mineros. «Si uno empieza a cruzar estos datos con las inversiones de mineras extranjeras, empieza a aparecer el problema de la conflictividad social. Por eso creemos que el mapa es útil», explicó Oberlin.

Recursos hídricos y logísticos en la mira

El análisis también revela situaciones críticas en zonas con acceso a recursos hídricos y corredores estratégicos. Localidades ubicadas a la vera del río Paraná —la principal vía fluvial navegable del país— presentan niveles alarmantes de extranjerización.

Iguazú en Misiones alcanza el 40% de tierras en manos foráneas. Ituzaingó y Berón de Astrada en Corrientes, y Campana en Buenos Aires superan ampliamente el 30% de extranjerización.

«No es una cuestión ideológica, sino de defensa de las capacidades del Estado. El patrón es claro: las situaciones más críticas se dan en zonas fronterizas y territorios con recursos hídricos o minerales», explicó Julieta Caggiano.

Estados Unidos a la cabeza: más tierras que toda la provincia de Tucumán

El mapa permite identificar además las nacionalidades que concentran la mayor cantidad de territorio argentino. Estados Unidos encabeza ampliamente el ranking con 2,7 millones de hectáreas en manos de ciudadanos o empresas de ese país. Le siguen Italia y España.

«Solo estas tres nacionalidades concentran la mitad de toda la tierra extranjerizada. Para dimensionarlo: los estadounidenses poseen una superficie mayor que la provincia de Tucumán», señala el informe del Observatorio.

«Si uno mira en manos de quién están, lo principal es ciudadanos o empresas estadounidenses. En la zona de Cushamen, que es uno de los puntos neurálgicos desde hace un montón de años, está Benetton. Tierras israelíes casi no hay. Estadounidenses, italianos y españoles son mayoría. Benetton como caso paradigmático», detalló Oberlin.

Luciano Benetton posee cerca de un millón de hectáreas en la Patagonia argentina, concentradas principalmente en las provincias de Chubut, Río Negro y Santa Cruz. El caso emblemático de Joe Lewis en Lago Escondido, Río Negro, también forma parte de esta cartografía de la apropiación territorial.

Más puntos rojos en el Norte que en el Sur

Un dato llamativo que surge del mapa es que se visualizan más puntos rojos, donde se supera el 15% de extranjerización, en el Norte que en el Sur del país.

«Son tierras de fronteras, que por lo general permiten traficar mercadería de un lado al otro sin pasar por Aduana. Todo eso habría que investigar más a fondo», propuso Oberlin. De hecho, uno de los objetivos de la creación del Observatorio y el Mapa es que permita convocar a más investigadores para profundizar sobre estos aspectos.

En Entre Ríos, los departamentos de Gualeguay, Concordia y La Paz están por encima del promedio nacional de extranjerización, según detalla el relevamiento.

Los años 90: el punto de quiebre de la extranjerización

El informe hace memoria sobre el proceso histórico que llevó a esta situación. «Un punto de quiebre en el proceso contemporáneo de extranjerización de tierras se produjo a fines de los años noventa», señala el documento.

«En 1996, el Gobierno de Carlos Menem creó la Secretaría de Seguridad Interior (SSI), que asumió funciones que pertenecían a la Superintendencia Nacional de Fronteras. En sus primeros años, la SSI autorizó la venta de más de 8 millones de hectáreas en zonas de seguridad fronteriza», explica el estudio.

Esas áreas históricamente estaban protegidas por el decreto 15.385 de 1944, que establecía su venta exclusivamente a ciudadanos argentinos. Pero esa normativa «fue ampliamente vulnerada en la década de los noventa con ventas irregulares y triangulaciones», repasa el informe del Observatorio.

La Ley 26.737 sancionada en 2011 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner buscó frenar este proceso de especulación y proteger los bienes comunes, estableciendo límites claros a la extranjerización.

El contexto Trump y la doctrina Monroe

Los investigadores no son ajenos al contexto geopolítico en el que se enmarca este debate. El cambio en la estrategia estadounidense a nivel regional, con el retorno de Donald Trump a la presidencia, se lee como una redefinición de quién controla territorios clave en América Latina.

«Hay una vinculación casi mecánica entre conflictividad social y acceso a determinados recursos clave, y esto se profundiza más con el corolario Trump de la doctrina Monroe», señaló Oberlin.

Trump amenazó directamente a Venezuela por su petróleo, a Groenlandia por sus minerales, y dejó en claro que ve a la región como territorio de apropiación. El caso reciente de Venezuela, con la toma de posesión del petróleo por parte de empresas estadounidenses, resulta elocuente en este contexto.

Los investigadores destacaron la importancia del mapa en el marco de esta avanzada de la administración Trump sobre los recursos naturales de América Latina. «Desarmar las protecciones existentes reconfigura quién decide, quién accede y quién queda afuera en algunos de los espacios más sensibles del país», concluyeron.

El mapa: una herramienta para el debate con datos precisos

El Observatorio de Tierras creó este mapa sin financiamiento extra, a fuerza de compromiso de los investigadores, para que sirva como herramienta de conocimiento sobre la situación actual de los suelos en Argentina y, sobre todo, lo que podría pasar si se derogara la Ley de Tierras que frena la extranjerización.

«El mapa excede los temas específicos sobre los que investigan y fue creado para que sirva como herramienta para conocer la situación actual de los suelos en Argentina», explicaron desde el Observatorio.

Los investigadores analizaron y expusieron la información en un mapa interactivo para que esté al alcance de la ciudadanía y se dé el debate sobre datos precisos, no sobre especulaciones o versiones.

Lo que está en juego con la derogación de la Ley de Tierras

Para los especialistas del CONICET, la derogación de la ley de Tierras no busca atraer inversiones productivas, sino facilitar la captura de bienes comunes no reproducibles.

El Observatorio advirtió que «la derogación apunta a habilitar compras en zonas con un valor natural y estratégico excepcional. Lagos patagónicos de agua dulce, bosques nativos, cordillera con minerales críticos, áreas fronterizas sensibles, regiones a la vera de los grandes ríos o asentadas sobre acuíferos que abastecen a millones de personas».

«En un contexto global marcado por tensiones en torno al agua y la energía, permitir la expansión extranjera sobre estas áreas supone que el Estado argentino reduzca su capacidad de responder a las necesidades de su población de manera soberana», alertaron los investigadores.

En un mundo donde el agua dulce y la energía son los nuevos ejes del conflicto internacional, permitir la expansión extranjera sin límites sobre acuíferos que abastecen a millones de personas o sobre la cordillera con minerales críticos reduce drásticamente la capacidad del Estado argentino de decidir sobre sus propios recursos.

Soberanía o mercancía

«Definir qué se puede vender y qué no, y bajo qué reglas, no es una cuestión de carácter administrativo: ordena el acceso a recursos que son centrales para la vida cotidiana y para cualquier proyecto de desarrollo», sostiene el informe del Observatorio.

«Por eso, en un momento de presión creciente sobre estos territorios, desarmar las protecciones existentes, que se sostuvieron durante décadas sobre la base de una visión a largo plazo del territorio y sus recursos, no es neutral: reconfigura quién decide, quién accede y quién queda afuera en algunos de los espacios más sensibles del país», concluye el documento.

El mapa interactivo está disponible públicamente y permite visualizar con claridad meridiana qué sectores del país están siendo apropiados por capitales foráneos. La herramienta evidencia que el debate sobre la tierra no es abstracto: tiene nombres, apellidos, nacionalidades y coordenadas geográficas precisas.

Puntos clave

• Investigadores del CONICET y la UBA crearon un mapa interactivo que revela que 13 millones de hectáreas (5% del territorio nacional) están en manos extranjeras, el equivalente a la superficie de Inglaterra

• Existen 36 departamentos que exceden el límite del 15% fijado por la Ley 26.737, con cuatro casos que superan el 50%: Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja), Molinos y San Carlos (Salta)

• Estados Unidos encabeza el ranking con 2,7 millones de hectáreas, seguido por Italia y España, concentrando entre los tres la mitad de toda la tierra extranjerizada

• Los puntos rojos del mapa coinciden con zonas estratégicas: agua dulce, minerales críticos, litio, corredores logísticos sobre el río Paraná y áreas de frontera

• El Gobierno de Milei busca derogar la Ley de Tierras que frena este proceso, en un contexto de avanzada de Estados Unidos sobre recursos naturales de América Latina

Investigación 🔎

Tiroteo en San Cristóbal: un chico inimputable y un caso que revela la violencia cuando ya es tarde

Ian Cabrera tenía 13 años y llevaba apenas unos días en el secundario cuando fue asesinado por un compañero que entró al colegio con una escopeta. A casi una semana del hecho, la causa judicial avanza pero el acusado no puede ser juzgado. La nueva ley penal juvenil existe, pero no rige todavía.

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★ El lunes 30 de marzo, en el patio de la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, un adolescente de 15 años extrajo una escopeta de su mochila durante el acto de izamiento de bandera y abrió fuego contra sus compañeros. Ian Cabrera, de 13 años, que cursaba primer año desde hacía apenas unos días, murió como consecuencia de los disparos. Otros ocho estudiantes resultaron heridos, uno de ellos trasladado en código rojo a Rafaela con perdigones en cara y cuello. Un asistente escolar logró reducir al agresor y quitarle el arma antes de la llegada de la Policía.

El crimen no tiene precedentes en la historia reciente del sistema educativo argentino. Y sin embargo, llegó acompañado de una constatación que debería incomodar profundamente: las instituciones que debían proteger a Ian fallaron mucho antes de que sonara el primer disparo.

Lo que se sabe de la causa

La investigación está en manos del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe. El fiscal regional Carlos Vottero confirmó que se ordenaron múltiples diligencias: la autopsia del estudiante fallecido, la toma de testimonios de víctimas, compañeros y docentes, y pericias dentro del establecimiento para reconstruir la secuencia del ataque. Los fiscales sostienen que las pruebas indicarían una planificación previa y que el trasfondo del caso «está atravesado por una serie de relaciones y vínculos en redes sociales y familiares», según trascendidos de la investigación.

En cuanto al presunto agresor, identificado con las iniciales G.C., permanece alojado en un instituto de menores en la ciudad de Santa Fe, acompañado por su padre. Su madre, Mabel, regresó a San Cristóbal. En un mensaje enviado a la periodista Mariela López Brown, quien cubre el caso en Santa Fe, la mujer rechazó las versiones que circularon: «No tengo nada que decir. Dijeron todo por todos lados y muchas mentiras.» La frase dejó abierta la disputa por el relato en torno a la tragedia, pero no aportó datos que modifiquen el estado de la causa.

Se concretó la audiencia de atribución de cargos en los Tribunales de Santa Fe: allí el adolescente tomó conocimiento formal de la acusación en su contra por el delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego. Sin embargo, el resultado fue el que la ley vigente obligaba a dar: fue declarado no punible.

La ley nueva que todavía no rige

El Congreso Nacional aprobó la Ley 27.801, que baja la edad de imputabilidad a 14 años. La norma fue publicada en el Boletín Oficial a principios de marzo de 2026. Pero su artículo 52 establece que el nuevo régimen «entrará en vigencia a los 180 días» de esa publicación, un plazo que a la fecha del crimen no se había cumplido.

La consecuencia es concreta: bajo el régimen legal vigente al momento del ataque, el adolescente de 15 años no puede ser imputado penalmente. El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, lo confirmó en conferencia de prensa el mismo día del hecho: «No es punible por la edad. La nueva norma aún no entró en vigencia.»

Quienes aprovecharon el caso para reclamar más punición adolescente omitieron este detalle central: incluso con la nueva ley aprobada, la tragedia de San Cristóbal no hubiera tenido otro desenlace judicial. La ley que se votó no estaba en vigor y no podía aplicarse retroactivamente. El debate sobre la imputabilidad, legítimo en sus términos, llega de todas formas tarde a explicar lo que pasó en ese patio escolar.

El perfil del agresor y las alarmas que nadie vio

El ministro de Educación santafesino, José Goity, confirmó que el acusado no registraba antecedentes dentro del sistema educativo, pero que atravesaba «una problemática intrafamiliar importante». También indicó que, en principio, el hecho no respondió a un conflicto escolar directo, aunque no descartó que el adolescente pudiera haber sido víctima de situaciones de violencia o bullying.

Según trascendidos del expediente, los fiscales investigan la existencia de un intento de suicidio previo del adolescente y vínculos familiares que habrían incidido en su estado emocional. Estas líneas todavía no fueron confirmadas de manera oficial y forman parte de la investigación en curso.

La pregunta que el sistema educativo y el Estado provincial no pueden eludir es precisa: ¿cómo un chico de 15 años con señales de crisis emocional documentadas pudo ingresar a su escuela con una escopeta sin que nadie lo advirtiera?

El dolor que no se politiza

Ian Cabrera fue velado el martes 31 de marzo en la Asociación Mutual de San Cristóbal. A las 10.30, sus restos fueron trasladados al cementerio municipal. Desde la tarde del lunes, vecinos se habían acercado espontáneamente a la puerta de la escuela con velas y carteles con pedidos de justicia para el chico que había entrado al secundario hacía apenas unos días.

El Gobierno de Santa Fe dispuso la suspensión de clases en el establecimiento y la intervención de equipos territoriales de contención para estudiantes, docentes y familias. Es lo mínimo que corresponde. Lo que corresponde además, y que todavía no tiene respuesta, es dar cuenta de la cadena de omisiones que permitió que una escopeta llegara a ese patio.

La escuela pública no es el problema. Es el lugar donde se hacen visibles los problemas que el Estado no resuelve.

Puntos clave:

  • Ian Cabrera, de 13 años, fue asesinado el 30 de marzo en la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de San Cristóbal, Santa Fe, durante el acto de izamiento de bandera.
  • El acusado, G.C., de 15 años, fue declarado no punible bajo la legislación vigente; la nueva Ley 27.801 que baja la edad de imputabilidad a 14 años no había entrado en vigor al momento del hecho.
  • El fiscal regional Carlos Vottero confirmó diligencias en curso: autopsia, testimonios y pericias en el establecimiento.
  • El ministerio de Educación reconoció que el acusado atravesaba una «problemática intrafamiliar importante» y no descartó situaciones de bullying.
  • Un asistente escolar redujo al agresor y evitó una masacre mayor; el heroísmo individual no reemplaza las políticas de contención que faltaron.

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