Investigación 🔎
Mapa del CONICET y la UBA revela que 13 millones de hectáreas argentinas están en manos extranjeras
Los investigadores presentaron un mapa interactivo que evidencia la entrega sistemática de tierras estratégicas a capitales extranjeros. Existen 36 departamentos que ya exceden el límite fijado por la Ley de Tierras, única normativa que pone freno al proceso y que el Gobierno de Milei quiere derogar. Estados Unidos encabeza el ranking con 2,7 millones de hectáreas, equivalente a la superficie de Tucumán.
— 🎙️ Resumen de audio generado por IA.
★ El Observatorio de Tierras, integrado por investigadores de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) y el CONICET, presentó un mapa interactivo que revela la dimensión real de la extranjerización de tierras en Argentina: 13 millones de hectáreas, cerca del 5% del territorio nacional, están en manos de firmas o estados extranjeros. El equivalente a la extensión de Inglaterra.
La herramienta cartográfica fue desarrollada por la socióloga Julieta Caggiano y el historiador Matías Oberlin, ambos becarios del CONICET e integrantes del Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y del Mirador Interdisciplinario Latinoamericano de Políticas Agrarias (MILPA). El mapa se construyó a partir de pedidos de acceso a la información pública al Registro Nacional de Tierras Rurales, con datos actualizados a agosto de 2024.
El trabajo adquiere particular relevancia en el contexto de la intención declarada del gobierno de Javier Milei de derogar la Ley 26.737, única normativa que establece límites a la compra de tierras por parte de privados extranjeros. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que el proyecto será enviado al Congreso en el marco de las propuestas del Consejo de Mayo.
La ley se cumple «a medias»: 36 departamentos exceden el límite
«No es un proceso de ahora, viene de lejos, pero la ley lo frena. En el momento en que levanten ese freno, se pinta de rojo el mapa», alertó Matías Oberlin en declaraciones a medios nacionales. «Este gobierno ha demostrado que lo tiene en el tintero desde el día uno, con el DNU 70, y vuelven al ataque ahora».
Según la Ley 26.737 sancionada en 2011, ninguna provincia puede superar el 15% de tierras bajo propiedad extranjera. La versión oficial indica que esto se cumple a nivel provincial, pero el mapa del Observatorio revela que al analizar por departamentos o localidades, la conclusión cambia radicalmente.
«Lo llamativo es que, cuando uno lo pone en un mapa, la narrativa de que la ley se cumple en todas las provincias se ve como una verdad a medias: en las provincias no se supera el límite, pero hay unidades en las que sí», explicó Oberlin.
El informe elaborado por Caggiano y Oberlin remarca que existen 36 departamentos que ya exceden el límite fijado por la ley. Hay cuatro casos donde la extranjerización supera el 50% del territorio: Lácar en Neuquén, General Lamadrid en La Rioja, y Molinos y San Carlos en Salta. Todos ellos concentran bienes estratégicos como agua dulce o recursos minerales.
Los puntos rojos: agua, minerales y zonas de conflicto
Los departamentos señalados en rojo en el mapa no resultan casuales. Son sitios estratégicos, en zonas de frontera y cargados de recursos valiosos.
«Los municipios pintados de rojo son localidades con bienes escasos: acuíferos, minerales críticos, litio, tierras raras y lugares con conflictos sociales muy grandes, como Cushamen», señaló Oberlin. El departamento de Cushamen en Chubut, donde se encuentra Puerto Patriada, corazón de la Reserva Forestal de Uso Múltiple Lago Epuyén, zona golpeada por los incendios de los últimos días, tiene el 23% de su territorio, 377.875 hectáreas sobre un total de 1.649.975, en manos extranjeras.
«Está bueno recorrer los puntos rojos: Malargüe, en Mendoza, incumple apenas la ley. Tiene poco más de 4 millones de hectáreas y más de 600 mil extranjerizadas, pero el gobernador Alfredo Cornejo ya anunció varias inversiones mineras. Hay una vinculación casi mecánica entre conflictividad social y acceso a determinados recursos clave, y esto se profundiza más con el corolario Trump de la doctrina Monroe», apuntó el investigador en referencia al contexto geopolítico global.
El caso de Malargüe resulta paradigmático: la extranjerización del 15% del territorio coincide con el impulso de 18 nuevos proyectos mineros. «Si uno empieza a cruzar estos datos con las inversiones de mineras extranjeras, empieza a aparecer el problema de la conflictividad social. Por eso creemos que el mapa es útil», explicó Oberlin.
Recursos hídricos y logísticos en la mira
El análisis también revela situaciones críticas en zonas con acceso a recursos hídricos y corredores estratégicos. Localidades ubicadas a la vera del río Paraná —la principal vía fluvial navegable del país— presentan niveles alarmantes de extranjerización.
Iguazú en Misiones alcanza el 40% de tierras en manos foráneas. Ituzaingó y Berón de Astrada en Corrientes, y Campana en Buenos Aires superan ampliamente el 30% de extranjerización.
«No es una cuestión ideológica, sino de defensa de las capacidades del Estado. El patrón es claro: las situaciones más críticas se dan en zonas fronterizas y territorios con recursos hídricos o minerales», explicó Julieta Caggiano.
Estados Unidos a la cabeza: más tierras que toda la provincia de Tucumán
El mapa permite identificar además las nacionalidades que concentran la mayor cantidad de territorio argentino. Estados Unidos encabeza ampliamente el ranking con 2,7 millones de hectáreas en manos de ciudadanos o empresas de ese país. Le siguen Italia y España.
«Solo estas tres nacionalidades concentran la mitad de toda la tierra extranjerizada. Para dimensionarlo: los estadounidenses poseen una superficie mayor que la provincia de Tucumán», señala el informe del Observatorio.
«Si uno mira en manos de quién están, lo principal es ciudadanos o empresas estadounidenses. En la zona de Cushamen, que es uno de los puntos neurálgicos desde hace un montón de años, está Benetton. Tierras israelíes casi no hay. Estadounidenses, italianos y españoles son mayoría. Benetton como caso paradigmático», detalló Oberlin.
Luciano Benetton posee cerca de un millón de hectáreas en la Patagonia argentina, concentradas principalmente en las provincias de Chubut, Río Negro y Santa Cruz. El caso emblemático de Joe Lewis en Lago Escondido, Río Negro, también forma parte de esta cartografía de la apropiación territorial.
Más puntos rojos en el Norte que en el Sur
Un dato llamativo que surge del mapa es que se visualizan más puntos rojos, donde se supera el 15% de extranjerización, en el Norte que en el Sur del país.
«Son tierras de fronteras, que por lo general permiten traficar mercadería de un lado al otro sin pasar por Aduana. Todo eso habría que investigar más a fondo», propuso Oberlin. De hecho, uno de los objetivos de la creación del Observatorio y el Mapa es que permita convocar a más investigadores para profundizar sobre estos aspectos.
En Entre Ríos, los departamentos de Gualeguay, Concordia y La Paz están por encima del promedio nacional de extranjerización, según detalla el relevamiento.
Los años 90: el punto de quiebre de la extranjerización
El informe hace memoria sobre el proceso histórico que llevó a esta situación. «Un punto de quiebre en el proceso contemporáneo de extranjerización de tierras se produjo a fines de los años noventa», señala el documento.
«En 1996, el Gobierno de Carlos Menem creó la Secretaría de Seguridad Interior (SSI), que asumió funciones que pertenecían a la Superintendencia Nacional de Fronteras. En sus primeros años, la SSI autorizó la venta de más de 8 millones de hectáreas en zonas de seguridad fronteriza», explica el estudio.
Esas áreas históricamente estaban protegidas por el decreto 15.385 de 1944, que establecía su venta exclusivamente a ciudadanos argentinos. Pero esa normativa «fue ampliamente vulnerada en la década de los noventa con ventas irregulares y triangulaciones», repasa el informe del Observatorio.
La Ley 26.737 sancionada en 2011 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner buscó frenar este proceso de especulación y proteger los bienes comunes, estableciendo límites claros a la extranjerización.
El contexto Trump y la doctrina Monroe
Los investigadores no son ajenos al contexto geopolítico en el que se enmarca este debate. El cambio en la estrategia estadounidense a nivel regional, con el retorno de Donald Trump a la presidencia, se lee como una redefinición de quién controla territorios clave en América Latina.
«Hay una vinculación casi mecánica entre conflictividad social y acceso a determinados recursos clave, y esto se profundiza más con el corolario Trump de la doctrina Monroe», señaló Oberlin.
Trump amenazó directamente a Venezuela por su petróleo, a Groenlandia por sus minerales, y dejó en claro que ve a la región como territorio de apropiación. El caso reciente de Venezuela, con la toma de posesión del petróleo por parte de empresas estadounidenses, resulta elocuente en este contexto.
Los investigadores destacaron la importancia del mapa en el marco de esta avanzada de la administración Trump sobre los recursos naturales de América Latina. «Desarmar las protecciones existentes reconfigura quién decide, quién accede y quién queda afuera en algunos de los espacios más sensibles del país», concluyeron.
El mapa: una herramienta para el debate con datos precisos
El Observatorio de Tierras creó este mapa sin financiamiento extra, a fuerza de compromiso de los investigadores, para que sirva como herramienta de conocimiento sobre la situación actual de los suelos en Argentina y, sobre todo, lo que podría pasar si se derogara la Ley de Tierras que frena la extranjerización.
«El mapa excede los temas específicos sobre los que investigan y fue creado para que sirva como herramienta para conocer la situación actual de los suelos en Argentina», explicaron desde el Observatorio.
Los investigadores analizaron y expusieron la información en un mapa interactivo para que esté al alcance de la ciudadanía y se dé el debate sobre datos precisos, no sobre especulaciones o versiones.
Lo que está en juego con la derogación de la Ley de Tierras
Para los especialistas del CONICET, la derogación de la ley de Tierras no busca atraer inversiones productivas, sino facilitar la captura de bienes comunes no reproducibles.
El Observatorio advirtió que «la derogación apunta a habilitar compras en zonas con un valor natural y estratégico excepcional. Lagos patagónicos de agua dulce, bosques nativos, cordillera con minerales críticos, áreas fronterizas sensibles, regiones a la vera de los grandes ríos o asentadas sobre acuíferos que abastecen a millones de personas».
«En un contexto global marcado por tensiones en torno al agua y la energía, permitir la expansión extranjera sobre estas áreas supone que el Estado argentino reduzca su capacidad de responder a las necesidades de su población de manera soberana», alertaron los investigadores.
En un mundo donde el agua dulce y la energía son los nuevos ejes del conflicto internacional, permitir la expansión extranjera sin límites sobre acuíferos que abastecen a millones de personas o sobre la cordillera con minerales críticos reduce drásticamente la capacidad del Estado argentino de decidir sobre sus propios recursos.
Soberanía o mercancía
«Definir qué se puede vender y qué no, y bajo qué reglas, no es una cuestión de carácter administrativo: ordena el acceso a recursos que son centrales para la vida cotidiana y para cualquier proyecto de desarrollo», sostiene el informe del Observatorio.
«Por eso, en un momento de presión creciente sobre estos territorios, desarmar las protecciones existentes, que se sostuvieron durante décadas sobre la base de una visión a largo plazo del territorio y sus recursos, no es neutral: reconfigura quién decide, quién accede y quién queda afuera en algunos de los espacios más sensibles del país», concluye el documento.
El mapa interactivo está disponible públicamente y permite visualizar con claridad meridiana qué sectores del país están siendo apropiados por capitales foráneos. La herramienta evidencia que el debate sobre la tierra no es abstracto: tiene nombres, apellidos, nacionalidades y coordenadas geográficas precisas.
Puntos clave
• Investigadores del CONICET y la UBA crearon un mapa interactivo que revela que 13 millones de hectáreas (5% del territorio nacional) están en manos extranjeras, el equivalente a la superficie de Inglaterra
• Existen 36 departamentos que exceden el límite del 15% fijado por la Ley 26.737, con cuatro casos que superan el 50%: Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja), Molinos y San Carlos (Salta)
• Estados Unidos encabeza el ranking con 2,7 millones de hectáreas, seguido por Italia y España, concentrando entre los tres la mitad de toda la tierra extranjerizada
• Los puntos rojos del mapa coinciden con zonas estratégicas: agua dulce, minerales críticos, litio, corredores logísticos sobre el río Paraná y áreas de frontera
• El Gobierno de Milei busca derogar la Ley de Tierras que frena este proceso, en un contexto de avanzada de Estados Unidos sobre recursos naturales de América Latina
Goles! ⚽
Un juez federal de EEUU frenó a Tofoni y puso en jaque las causas penales contra la AFA en Argentina
El juez federal Clay D. Land, del Distrito Medio de Georgia, rechazó la solicitud de Guillermo Tofoni para utilizar documentación bancaria obtenida en Estados Unidos en cuatro causas penales que tramitan en la Argentina. El fallo, firmado el 21 de julio, también ordenó recuperar o destruir el material que el empresario distribuyó a periodistas y presentó ante otros tribunales argentinos, en violación de una orden de protección preexistente. Las defensas de Claudio Tapia y Pablo Toviggino anunciaron que usarán el fallo para pedir la nulidad de las causas.
El empresario Guillermo Tofoni, exarquero, agente FIFA, organizador histórico de amistosos de la Selección argentina durante la gestión de Julio Grondona y principal impulsor de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) junto al Gobierno nacional, recibió un nuevo y severo revés judicial en Estados Unidos. El juez federal del Distrito Medio de Georgia, Clay D. Land, emitió una resolución de cuatro páginas firmada el 21 de julio en la que le negó a Tofoni la posibilidad de utilizar documentación bancaria de la firma TourProdEnter LLC para impulsar cuatro procesos penales en la Argentina.
El fallo no se limitó a rechazar la solicitud. El magistrado constató que Tofoni ya había distribuido parte de esa documentación a periodistas y la había presentado ante otros tribunales argentinos, pese a que existía una orden de protección que limitaba expresamente el uso de ese material. Frente a esa infracción, el juez Land le impuso a Tofoni la obligación de notificar a todas las personas y entidades que recibieron los documentos para que el material sea devuelto o destruido, con un plazo de 14 días para cumplir la medida.
Los límites del artículo 1782 y el uso no autorizado
El proceso fue iniciado por Tofoni al amparo del artículo 1782 del Código de los Estados Unidos, una norma que permite obtener pruebas en territorio estadounidense para utilizarlas en litigios extranjeros. Sin embargo, la autorización que el tribunal había otorgado oportunamente tenía un alcance específico y acotado: la documentación bancaria de TourProdEnter LLC solo podía emplearse en una demanda civil presentada por Tofoni contra la AFA en la Argentina, y no para derivaciones de índole penal ni para su circulación mediática.
El juez Land fue categórico en la resolución: señaló que, pese a la declaración expresa del tribunal de que Tofoni debía presentar una nueva solicitud conforme a la sección 1782 si quería utilizar los materiales para un fin no autorizado previamente, el empresario no presentó dicha solicitud. Además, el magistrado concluyó que ni Tofoni ni su defensa técnica lograron demostrar que la legislación argentina permitiera exigir la presentación de registros bancarios privados de una sociedad extranjera para iniciar investigaciones penales de esta naturaleza.
La AFA contraataca: nulidad de causas como estrategia
La resolución del juez de Georgia llegó como agua al molino de las defensas de Claudio «Chiqui» Tapia y Pablo Toviggino. Fuentes de la AFA confirmaron que los abogados defensores presentarán el fallo del juez Land en todas las causas en su contra para dejar constancia de que la documentación aportada por Tofoni no puede ser utilizada como prueba. Más aún: advirtieron que, en aquellas causas donde esa documentación ya fue incorporada, pedirán la nulidad de las actuaciones.
La entidad conductora del fútbol argentino también emitió un comunicado en el que calificó a Tofoni como parte de un grupo que impulsa acciones mediáticas y judiciales contra la conducción de la asociación con el objetivo de apropiarse del negocio del fútbol argentino. La AFA aclaró además que el documento difundido en las últimas horas sobre una citación del Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Florida «no constituye una citación dirigida» a sus dirigentes, sino que apunta a un tercero al que se le requiere comparecer ante un Gran Jurado.
Dos frentes judiciales paralelos en Estados Unidos
El escenario judicial estadounidense presenta dos frentes simultáneos que conviene distinguir con precisión. Por un lado, la resolución del juez Clay D. Land en Georgia, que constituye un freno al litigio civil impulsado por Tofoni y que acaba de derivar en una orden de confidencialidad estricta. Por otro, la investigación penal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre presuntos delitos de lavado de activos y fraude a través del sistema financiero norteamericano, que avanza por un carril separado y sobre la cual la AFA tiene menos control narrativo.
Esta doble arquitectura judicial generó una guerra de interpretaciones: las defensas celebran el fallo de Georgia como una victoria procesal definitiva, mientras los fiscales federales norteamericanos preparan citaciones ante el Gran Jurado en el marco de la investigación sobre los contratos comerciales de la Selección argentina y los flujos de dinero canalizados a través de TourProdEnter LLC, la firma controlada por Javier Faroni y su esposa Erica Gillette.
El trasfondo político: SAD, Milei y el control del fútbol
El contexto en el que se produce este nuevo capítulo judicial no es neutro. Tofoni es señalado públicamente como uno de los operadores del Gobierno nacional en su intento de imponer las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol argentino, un modelo que la conducción de la AFA y la mayoría de los clubes rechazan con firmeza. La ofensiva judicial contra Tapia y Toviggino se potenció precisamente durante el período más álgido de ese conflicto político e institucional.
En ese marco, el fallo del juez Land no es un dato menor. La resolución deja al descubierto que parte de la estrategia de Tofoni consistió en obtener documentación bajo una autorización judicial acotada y luego utilizarla para fines distintos de los autorizados, distribuyéndola a medios de comunicación y a tribunales argentinos. El resultado es que las pruebas con las que el empresario intentó sostener sus denuncias penales quedan ahora bajo seria cuestionamiento, con una orden explícita de destrucción o devolución emanada de un tribunal federal norteamericano.
Puntos clave
- El juez federal Clay D. Land (Distrito Medio de Georgia) rechazó que Tofoni use documentación bancaria de TourProdEnter LLC en cuatro causas penales argentinas.
- El fallo constató que Tofoni distribuyó documentación a periodistas y tribunales en violación de una orden de protección preexistente.
- El juez ordenó que toda esa documentación sea devuelta o destruida en un plazo de 14 días.
- Las defensas de Tapia y Toviggino anunciaron que presentarán el fallo en todas las causas en su contra y pedirán la nulidad donde esa documentación fue incorporada.
- El caso coexiste con una investigación penal separada del Departamento de Justicia de EE.UU. sobre los contratos de la Selección argentina y TourProdEnter LLC.
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