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Gremiales

ATE ratifica paro de 36 horas y marcha al Ministerio de Sturzenegger

El paro incluye movilizaciones el 29 y 30 de octubre y concentraciones en el Obelisco y el Ministerio de Desregulación. Aguiar criticó la “resignación” de algunos sectores sindicales.

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El Argentino Diario-Aguiar-ATE.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), liderada por el secretario general Rodolfo Aguiar, ratificó la convocatoria a un paro de 36 horas a partir del martes 29 de octubre. La medida incluirá una movilización desde el Obelisco hasta el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, bajo la dirección de Federico Sturzenegger, ubicado en Avenida Roque Sáenz Peña 788.

ATE anunció que la huelga comenzará a las 12 del martes y se extenderá hasta el miércoles 30 de octubre a las 23:59. Según el comunicado de ATE, el paro nacional contará con paros, asambleas y otras actividades de protesta en la Administración Pública Nacional, así como en las provincias y municipios de todo el país.

La protesta sindical de ATE coincide con un paro de transporte programado para el 30 de octubre, lo que anticipa una jornada de paralización masiva en varios sectores del país.

“En el Estado hay sindicalistas que militan la resignación”

En una publicación reciente en su cuenta de X, Aguiar expresó su preocupación por la situación del Estado y las políticas implementadas por el Gobierno de Javier Milei. “En el Estado hay sindicalistas que militan la resignación y el miedo en los sectores de trabajo. Destruyen nuestros salarios, nos echan como perros, quieren vender todos los inmuebles del Estado”, afirmó el dirigente sindical. Aguiar cuestionó la inacción de otros sectores y argumentó que “la única manera de evitar que el Estado termine de ser usurpado por los grandes grupos empresarios es estando en la calle”.

Además, Aguiar señaló lo que considera una “estafa” al pueblo. “Le mintieron, no había ñoquis ni un Estado sobredimensionado”, sostuvo, y acusó al Gobierno de “proteger y abrazarse a la casta”.

Reclamos de ATE: reapertura de paritarias y rechazo a las privatizaciones

Los trabajadores estatales exigen una serie de medidas al Gobierno, entre las cuales destacan:

  • Inmediata reapertura de paritarias.
  • Aumento de salarios y jubilaciones por encima de la inflación.
  • Reincorporación de todos los cesanteados y cese de despidos.
  • Regularización de los contratos y pase a Planta Permanente.
  • Defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y de los derechos de los jubilados.
  • Rechazo a cualquier intento de privatización de empresas públicas.
  • Defensa de la Salud Pública, especialmente en el contexto de los cierres de hospitales nacionales.
  • Rechazo al ajuste presupuestario en la educación y a la desfinanciación de las universidades.
  • Anulación del Protocolo Anti-Movilizaciones y del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23.

“Este Gobierno se abraza a la casta”: crítica a las políticas de ajuste

La conducción de ATE condenó las políticas de ajuste aplicadas por el Gobierno de Milei, apuntando a sus efectos sobre los sectores más vulnerables de la sociedad. El sindicato sostiene que la administración actual aceleró el desmantelamiento de la estructura estatal y las políticas públicas en beneficio de grupos empresarios. Con la consigna de “Defender el Estado y a sus trabajadores”, ATE busca visibilizar su oposición a la privatización de servicios y organismos que consideran estratégicos.

Gremiales

El PAMI en llamas: médicos, jubilados y trabajadores se rebelaron contra el vaciamiento

El cierre del paro de 72 horas de médicos de cabecera coincidió este miércoles con una masiva concentración de jubilados y trabajadores frente a la sede central del organismo, en rechazo a los recortes que impulsa el gobierno de Javier Milei. La columna se desplazó luego hacia el Congreso en la marcha semanal del sector.

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Paro y movilización en el PAMI: médicos y jubilados contra el ajuste de Milei

Los médicos y médicas de cabecera del PAMI, nucleados en la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA), con el respaldo de la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA), completaron este miércoles un paro nacional de 72 horas que se extendió desde el lunes. La medida de fuerza generó la suspensión de consultas programadas, la interrupción de la emisión de recetas electrónicas y la falta de órdenes médicas. Solo se mantuvieron sin alteraciones los servicios de guardia y urgencias.

El eje del conflicto es la Resolución 2026-1107-INSSJP-DE, dictada el 9 de abril por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI) bajo la gestión del gobierno de Milei. La normativa modificó el esquema de pagos a los médicos de cabecera: eliminó los honorarios por consulta presencial como fuente de ingreso y estableció como único pago una cápita fija de $2.100 por paciente por mes, reemplazando así el sistema mixto anterior que combinaba pago por cápita y por prestaciones realizadas.

Lejos de presentarse como un recorte, el gobierno del presidente Javier Milei definió la medida como un «ordenamiento» del sistema. Los médicos rechazaron de plano esa caracterización. Desde APPAMIA advirtieron que el cambio implica una reducción de sus ingresos de entre el 50% y el 52,5%, con estimaciones que indican que un médico que cobraba alrededor de $1.600.000 o $2.100.000 mensuales pasaría a percibir entre $800.000 y $1.400.000. «No es un aumento, es un recorte encubierto al trabajo médico», señalaron desde el gremio, según consignó MendoVoz.

El portal InfoGremiales detalló además que los médicos de cabecera se desempeñan sin relación de dependencia, con una carga horaria obligatoria de entre 25 y 28 horas semanales, sujetos a auditorías y asumiendo de su propio bolsillo todos los costos de funcionamiento de sus consultorios. La resolución fue dictada sin renegociación contractual previa, lo que abre la posibilidad de conflictos legales, según señalaron fuentes del sector consultadas por medios especializados.

«Se están muriendo los viejos»: jubilados en la calle

Mientras se desarrollaba el cierre del paro, el Plenario de Trabajadores Jubilados encabezó este miércoles una jornada de protesta frente a la sede central del PAMI en Avenida Corrientes 655, en la Ciudad de Buenos Aires. Desde las 11 de la mañana, bajo la lluvia y con el lema «Sin retribuciones dignas y suficientes no hay posibilidad de brindar salud de calidad», los manifestantes instalaron una olla popular y dieron una conferencia de prensa para denunciar el vaciamiento del organismo.

En su comunicado, las organizaciones de jubilados fueron contundentes: «Milei, basta de robar en PAMI. ¡Se están muriendo los viejos! No puede haber un jubilado más sin sus medicamentos, sin su atención en Salud ni sin sus insumos. Rechazamos el vaciamiento del organismo, los despidos masivos y los cierres de las clínicas y exigimos el aumento de haberes», según difundió Ambito Financiero. Además, reclamaron la renuncia del ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y exigieron que la conducción del PAMI sea electa, con una auditoría a cargo de trabajadores y beneficiarios.

A las 15 horas, la columna se trasladó hacia el Congreso de la Nación, en la movilización semanal que el sector realiza todos los miércoles, para reiterar el reclamo por un aumento de emergencia en todas las escalas de las jubilaciones y la restitución del 100% de cobertura en medicamentos crónicos.

El programa Remediar y una deuda que supera los 500.000 millones

El conflicto en el PAMI no se redujo al esquema de pagos a médicos. El portal El Ágora Digital y la agencia Télam informaron que el reclamo de los jubilados se enmarcar en una serie de recortes que impactan directamente sobre sus prestaciones. El más reciente fue la suspensión del programa Remediar, confirmada por el gobierno de Milei la semana pasada. Ese programa, creado hace 24 años, llegó a cubrir el 90% de las patologías frecuentes y crónicas, entre ellas diabetes, hipertensión y enfermedades respiratorias. Finalizó el 1° de abril, con una prórroga de dos meses, y será reemplazado por una cobertura de menor alcance, según informó la Dirección Nacional de Medicamentos en la última reunión del Consejo Federal de Salud (CoFeSa).

Según reportó el portal Tiempo Argentino, la deuda del PAMI con prestadores supera los 500.000 millones de pesos, lo que derivó en restricciones en clínicas y sanatorios, cupos para estudios diagnósticos y demoras de hasta cuatro meses para la asignación de turnos. En la provincia de Misiones, trabajadores denunciaron demoras en la provisión de medicamentos gratuitos y en servicios de oftalmología; ópticas de la provincia suspendieron prestaciones reclamando el pago de deudas acumuladas.

Frente a la escalada del conflicto, el Gobierno nacional anunció en las últimas horas la transferencia de 150.000 millones de pesos para regularizar pagos a prestadores. Sin embargo, el monto fue considerado insuficiente por organizaciones del sector, que advierten que la crisis estructural requiere medidas de fondo y no parches coyunturales.

El Congreso presiona al Ejecutivo

La tensión también llegó al ámbito legislativo. La senadora nacional por Córdoba Alejandra Vigo presentó en el Senado un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo explique de manera urgente la situación del PAMI, en particular frente al corte de prestaciones médicas que afecta a afiliados en todo el país. En paralelo, impulsó un proyecto de declaración para expresar la preocupación del Congreso por los recortes y la falta de pago de prestaciones que, según advirtió, están dejando sin cobertura a miles de adultos mayores, con impacto especial en la provincia de Córdoba, según informó Parlamentario.

Legisladores nacionales también solicitaron que las autoridades del organismo concurran al Congreso para dar explicaciones sobre los cambios en el sistema de atención.

El ajuste sobre los jubilados, en números

El escenario que expone el conflicto en el PAMI es una radiografía del ajuste estructural impulsado por el ministro de Economía Luis Caputo y respaldado por el presidente Javier Milei. El portal El Ciudadano de Rosario sintetizó el diagnóstico: con menos recursos, el sistema se debilita, crecen los problemas y el impacto vuelve a caer sobre los jubilados, quienes cada vez tienen más dificultades para acceder a la atención.

Desde APPAMIA, el plan de lucha no descarta avanzar hacia un paro por tiempo indeterminado si el gobierno no deroga la Resolución 1107/2026, incrementa las retribuciones y reincorpora a los profesionales cesanteados.

Puntos clave

  • Los médicos de cabecera del PAMI completaron un paro nacional de 72 horas contra la Resolución 2026-1107-INSSJP-DE, que según APPAMIA recorta sus ingresos entre un 50% y 52,5%.
  • Jubilados y trabajadores movilizaron este miércoles frente a la sede central del PAMI en Avenida Corrientes 655, con olla popular y conferencia de prensa, y luego marcharon al Congreso.
  • El programa Remediar, que cubría el 90% de patologías crónicas frecuentes, fue suspendido por el gobierno de Milei a partir del 1° de abril.
  • La deuda del PAMI con prestadores supera los 500.000 millones de pesos, según Tiempo Argentino, con restricciones en clínicas, cupos para estudios y demoras de hasta cuatro meses.
  • La senadora Alejandra Vigo presentó un pedido de informes en el Senado y un proyecto de declaración ante la gravedad del recorte en prestaciones para adultos mayores.

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