El Senado de la Nación cerró este jueves su última sesión del semestre sin tratar el capítulo central de la agenda del Gobierno: la reforma de la ley de tierras. La Libertad Avanza pospuso por cuarta vez consecutiva el debate del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, al no poder reunir los votos necesarios para aprobar la eliminación de las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de empresarios extranjeros. La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, pidió formalmente pasar a cuarto intermedio hasta la sesión del 6 de agosto, luego de que la cámara aprobara ascensos en la Cancillería, 29 pliegos judiciales y un proyecto sobre la provincia de Tucumán.

Cuatro intentos fallidos y una fractura que no cierra

Desde marzo pasado, el oficialismo no logra, salvo una excepción vinculada al pago a dos fondos buitre, aprobar ninguna ley que solicite con énfasis la administración central. La reforma de la ley de tierras es el caso más emblemático de esa parálisis parlamentaria. Las negociaciones produjeron 15 borradores distintos del texto, que fue reescrito una y otra vez para intentar sumar voluntades de bloques aliados que se niegan a votar la apertura irrestricta del mercado de tierras rurales a capitales privados extranjeros.

El trasfondo político de la jornada quedó en evidencia por el escándalo del cruce entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y Bullrich. «¿Cómo vamos a tener sesión después de haber casi ganado el mundial?», le reprochó Villarruel a la senadora porteña. El intercambio derivó en insultos; Villarruel la llamó «chupamedias de Karina Milei» y Bullrich le respondió: «Chau, inicio y fin de una corta vida política». La Vicepresidenta, que preside la Cámara alta, tampoco ocultó su desacuerdo con el capítulo de venta de tierras a extranjeros.

Qué eliminaría el proyecto: una ley construida para proteger la soberanía

La Ley 26.737, sancionada en diciembre de 2011 con 62 votos a favor y solo uno en contra, estableció que los extranjeros no pueden superar el 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia y de cada municipio; fijó un límite del 30% para una misma nacionalidad dentro de ese porcentaje; impuso un máximo de 1.000 hectáreas por titular en la zona núcleo; y prohibió la adquisición de campos sobre cuerpos de agua permanentes, glaciares y áreas de frontera. El proyecto que el oficialismo no logró votar hoy deroga en bloque todas esas restricciones para personas físicas y jurídicas privadas, conservando solo la prohibición para Estados extranjeros y para empresas con participación estatal extranjera.

Según datos del CONICET y la UBA, ya existen 13 millones de hectáreas en manos de titulares extranjeros y al menos 36 departamentos del país superan el tope legal vigente. La oposición, encabezada por Unión por la Patria, advirtió que la reforma comprometería la soberanía sobre los recursos naturales y habilitaría la concentración de territorios estratégicos en zonas donde la extranjerización ya supera el 40% o el 50%. El proyecto también modifica la Ley de Manejo del Fuego, eliminando las restricciones que impiden cambiar el destino de tierras afectadas por incendios, lo que abre la puerta a desarrollos inmobiliarios sobre superficies quemadas.

La región como contraste: lo que Argentina aún no animó a desarmar

El contraste con los países vecinos es significativo. Brasil mantiene un límite del 25% del territorio de cada municipio en manos extranjeras, con un techo del 10% para una misma nacionalidad, y controla esas operaciones a través del INCRA. Uruguay exige identificar a los accionistas de las sociedades propietarias de tierras y transparentar la composición de las empresas. En Paraguay, entre el 14% y el 19% del territorio ya está en manos foráneas, pero eso no es el resultado de una política de apertura irrestricta sino de procesos históricos con regulaciones específicas. De aprobarse la reforma en agosto, Argentina pasaría a tener uno de los regímenes más abiertos de Sudamérica para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

Pesino, el pliego más ajustado de la jornada

La sesión sí produjo resultados concretos en materia de designaciones judiciales. El Senado aprobó 29 pliegos judiciales y 26 ascensos diplomáticos. El caso más tenso fue el del camarista laboral Víctor Pesino, integrante de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que obtuvo el acuerdo por 35 votos a favor y 32 en contra, el margen más estrecho de la jornada. Pesino cumple 75 años el próximo 27 de julio y, sin el aval del Senado antes de esa fecha, debería jubilarse; como precaución, también había presentado un recurso de amparo para permanecer en funciones.

Bullrich defendió el pliego en el recinto y calificó la oposición al magistrado como un intento del peronismo de «sacarse de encima» a un juez por sus fallos. Pesino fue el magistrado que rechazó las cautelares sindicales que suspendían artículos de la Ley de Modernización Laboral y también dispuso la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica. También tomaron estado parlamentario, aunque fueron girados a comisión para audiencia pública, los pliegos de Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi para la Sala I de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional. Otro pliego aprobado fue el del exsecretario del juez Ariel Lijo, Juan Rodríguez Ponte, para el juzgado federal de Lomas de Zamora, tribunal que tendrá la causa del exintendente Martín Insaurralde y la modelo Jésica Cirio. Con estas designaciones, el oficialismo acumula ya 110 nombramientos judiciales sobre las 300 vacantes existentes en el Poder Judicial.

Puntos clave

• El oficialismo postergó por cuarta vez el debate sobre la reforma de la ley de tierras al no reunir los votos necesarios; el tratamiento queda para el 6 de agosto.
• Patricia Bullrich pidió el cuarto intermedio tras aprobar pliegos y ascensos diplomáticos; el capítulo sobre compra de tierras por extranjeros quedó sin votarse.
• El pliego del camarista Víctor Pesino se aprobó por 35 votos a favor y 32 en contra, el resultado más ajustado de la sesión.
• Un cruce entre la vicepresidenta Villarruel y la senadora Bullrich expuso la fractura interna del espacio libertario en torno a la ley de tierras.
• Datos del CONICET y la UBA indican que 13 millones de hectáreas ya están en manos extranjeras y 36 departamentos superan el tope legal vigente que el oficialismo busca eliminar.