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Desregulación

Sturzenegger desregula el mercado inmobiliario y enfrenta el rechazo del sector

El ministerio de Desregulación prepara un proyecto de ley que eliminaría la matrícula profesional obligatoria para ejercer el corretaje inmobiliario y habilitaría a cualquier mayor de edad con secundario completo a intermediar en operaciones de compra, venta y alquiler de inmuebles. La Cámara Inmobiliaria Argentina, el Colegio de Abogados de la Capital Federal y el de la Provincia de Buenos Aires ya advirtieron sobre los riesgos de la medida para la prevención del lavado de activos.

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El-Argentino-Federico Sturzenegger.
Sturzenegger quiere que cualquier persona con secundario pueda vender propiedades: el sector inmobiliario rechaza la reforma.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, prepara el envío al Congreso de un nuevo paquete de proyectos de ley con el que busca desregular diferentes sectores de la economía. Uno de los ejes centrales es una reforma integral del mercado inmobiliario que, según fuentes cercanas al Gobierno, redefiniría de raíz las reglas del corretaje, la actividad mediante la cual se intermedian operaciones de compra, venta y alquiler de inmuebles en todo el país.

La iniciativa, que aún no ingresó formalmente al Congreso, ya desató la resistencia de los principales actores del sector: la Cámara Argentina de Inmobiliarias, el Colegio de Abogados de la Capital Federal y el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires se manifestaron en contra, alertando sobre el impacto que tendría la medida sobre la regulación profesional y los mecanismos de control vigentes.

Secundario alcanza: los nuevos requisitos para ser corredor

En su redacción actual, el proyecto establece que para ejercer el corretaje solo se requerirá ser mayor de edad y contar con un título secundario expedido o revalidado en Argentina. El texto eliminaría del Código Civil cualquier otra exigencia específica para acceder a la actividad, incluyendo la obligatoriedad de matrícula en un colegio profesional y las restricciones geográficas que hoy impiden operar en diferentes jurisdicciones sin habilitación local.

La propuesta también modificaría el artículo 1346 del Código Civil y Comercial para permitir expresamente que actúen como corredores tanto personas físicas como sociedades comerciales y otras personas jurídicas, algo que la normativa vigente no contempla de manera explícita. A esto se suma la habilitación del corretaje mediante plataformas digitales o entornos virtuales, con la posibilidad de que los corredores se organicen bajo cualquier forma societaria y presten servicios en colaboración con terceros.

El sistema antilavado, en riesgo

El punto más sensible del proyecto es su impacto sobre el sistema de prevención del lavado de activos. Desde la Cámara Inmobiliaria Argentina advirtieron que los corredores inmobiliarios matriculados son Sujetos Obligados ante la Unidad de Información Financiera (UIF), en virtud de la Ley 25.246 y las resoluciones del organismo. Esa condición los obliga a identificar clientes, verificar el origen de los fondos y reportar operaciones sospechosas, en un mercado donde históricamente circularon grandes volúmenes de dinero en efectivo y se registraron maniobras de lavado a través de operaciones inmobiliarias.

«La actividad inmobiliaria no puede transformarse en una actividad informal donde cualquier persona intermedie operaciones millonarias sin capacitación, sin matrícula y sin responsabilidad legal frente al Estado», advirtió la Cámara Inmobiliaria Argentina. La entidad remarcó que la matriculación no es una barrera burocrática sino un mecanismo de control estatal permanente sobre un sector considerado sensible por la normativa de prevención del crimen organizado. «Capacitar no es precarizar, profesionalizar no es impedir trabajar», señaló la Cámara, poniendo en cuestión el argumento libertario de que la reforma generaría empleo y facilitaría el acceso a la vivienda.

Comisiones sin solidaridad y libertad de precios

El proyecto también reformula las reglas de cobro de honorarios. Según la propuesta, cuando intervenga un único corredor, todas las partes de la operación deberán abonarle comisión, salvo pacto en contrario o manifestación expresa de alguna de ellas al inicio de la gestión. Al mismo tiempo, elimina la responsabilidad solidaria entre las partes frente al corredor, modificando sustancialmente la distribución de riesgos económicos en las transacciones. La lógica de fondo es la misma que ya se aplicó a otros sectores regulados: la desaparición de los aranceles fijos y la liberalización total de los precios de los servicios de intermediación.

Un patrón que se repite

La reforma inmobiliaria se inscribe en la política sistemática de desregulación y reducción del Estado que Sturzenegger lleva adelante desde diciembre de 2023. En mayo de 2026, el oficialismo impulsó la Ley Hojarasca, que derogó más de 70 normas calificadas como «obsoletas», con el voto de 138 diputados de La Libertad Avanza y sus aliados. En junio, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció que el mismo ministerio avanzaba con una nueva ola de despidos en Capital Humano mediante el decreto 378/2026, afectando áreas de gestión en las secretarías de Trabajo, Educación y Niñez. El proyecto que ahora apunta al mercado inmobiliario sigue el mismo patrón: desmantelar regulaciones sin evaluar los costos sociales, institucionales ni los riesgos para el sistema de prevención del crimen organizado.

El paquete de proyectos que Sturzenegger tiene previsto enviar al Congreso incluye, además de la reforma inmobiliaria, cambios al Código Civil y Comercial, al Código Aduanero y al régimen de cabotaje marítimo. Todos deberán ser debatidos y aprobados por el Poder Legislativo antes de entrar en vigencia.

Puntos clave

  • Sturzenegger prepara un proyecto que eliminaría la matrícula obligatoria para ejercer el corretaje inmobiliario, exigiendo solo mayoría de edad y título secundario.
  • La reforma habilitaría a sociedades comerciales y plataformas digitales a actuar como corredores y operar sin restricciones geográficas.
  • La Cámara Inmobiliaria Argentina advirtió que los corredores matriculados son Sujetos Obligados ante la UIF y que la desregulación pondría en riesgo el sistema antilavado.
  • El Colegio de Abogados de la Capital Federal y el de la Provincia de Buenos Aires también rechazaron la iniciativa.
  • El proyecto aún no ingresó al Congreso y deberá ser debatido por ambas cámaras antes de su eventual aprobación.

Desregulación

La motosierra dejó 68.561 estatales en la calle y hoy llegó a la CNEA

En dos años y medio, el Gobierno de Javier Milei eliminó 68.561 puestos de trabajo en el Sector Público Nacional, una caída del 20%, según el último informe del CEPA. El dato se conoce horas después de que ATE ocupara la sede de la CNEA por la no renovación de contratos a cerca de un centenar de trabajadores.

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ATE ocupó la sede central de la CNEA tras la no renovación de contratos a cerca de un centenar de trabajadores.

En dos años y medio de gestión, el Gobierno de Javier Milei eliminó 68.561 puestos de trabajo en el Sector Público Nacional, una caída del 20%, según el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en base a datos del INDEC. El dato se conoció horas después de que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ocupara la sede central de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), en rechazo a la no renovación de contratos a cerca de un centenar de trabajadores.

Según el informe titulado “La dotación de personal del Sector Público Nacional”, correspondiente a abril de 2026 y publicado el 31 de mayo por el CEPA en base a estadísticas oficiales del INDEC, la planta total de la Administración Pública Nacional (APN) y de las empresas y sociedades del Estado se redujo en 68.561 puestos entre diciembre de 2023 y abril de 2026; es decir, 75 personas despedidas o no renovadas por día desde que el actual Presidente asumió el cargo. La dotación total se ubicó, según el propio INDEC, en 274.793 personas.

El derrumbe, sector por sector

El recorte no impactó de manera pareja en toda la estructura estatal. En términos absolutos, la administración descentralizada (organismos con autonomía técnica, administrativa y financiera) concentró la mayor pérdida de puestos, con 23.511 empleos menos (caída del 17,19%). Le siguieron las empresas y sociedades del Estado, con 22.237 bajas (20,17%), y la administración centralizada, que perdió 17.176 cargos (30,75%), el porcentaje más alto de toda la administración pública. La administración desconcentrada restó 3.914 puestos (15,70%) y los “otros entes” perdieron 1.722 (11,08%).

Correo Argentino, a la cabeza del ranking de despidos

Entre las empresas estatales, el Correo Argentino encabeza el ranking con 5.449 despidos, según el CEPA, lo que compromete funciones como la distribución de documentos de identidad, medicamentos y materiales educativos en zonas donde no llegan los operadores privados. Le siguen el Banco Nación, con 2.368 desvinculaciones, en momentos en que el Gobierno avanza con su plan de privatización de la entidad, y Aerolíneas Argentinas, con 1.983 bajas. La Casa de Moneda perdió 715 puestos (una caída proporcional del 51% de su dotación), mientras que la Agencia de Publicidad del Estado y Belgrano Cargas y Logística sumaron 638 y 594 desvinculaciones respectivamente. En Fabricaciones Militares se desvincularon 450 trabajadores, lo que el CEPA describe como un golpe directo a la capacidad del Estado de producir material militar.

El ajuste también golpeó a la ciencia y la fiscalización

Dentro de la Administración Pública Nacional, el organismo con más bajas nominales fue ARCA (ex AFIP), con 3.398 puestos eliminados, lo que el informe vincula con un debilitamiento de la capacidad de fiscalización y recaudación del Estado. El CONICET perdió 1.953 trabajadores entre investigadores, técnicos y personal de apoyo, y el ANSES, 1.844 agentes. También sufrieron recortes significativos la Dirección Nacional de Vialidad (1.436 puestos), los Estados Mayores de la Armada (1.374), el Ejército (964) y la Fuerza Aérea (780), el ENACOM (881), el INTI (833) y el INTA (824).

La jornada de hoy: ATE ocupó la CNEA

El informe del CEPA se conoció horas después de que estallara un nuevo foco de conflicto en el sector científico y tecnológico estatal. Este martes, la CNEA notificó a través del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) que no renovaría los contratos a plazo fijo que vencían el 30 de junio, lo que afectó, según la denuncia de los gremios, a cerca de un centenar de profesionales, investigadores, técnicos y personal especializado, varios de ellos con más de diez años de antigüedad en el organismo. La comunicación llevó la firma de Alejandro Lemos, gerente de Recursos Humanos de la CNEA.

En respuesta, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) decidió ocupar pacíficamente la sede central del organismo, en la avenida del Libertador, en reclamo por la reincorporación de los despedidos. El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, calificó la medida del Gobierno como un intento de “vaciar” la CNEA y desmintió versiones que circularon en redes sociales sobre una supuesta retención del presidente del organismo, Martín Porro, a quien describió como “atrincherado por decisión propia”. Los gremios advirtieron que los despidos afectan áreas consideradas estratégicas para el desarrollo nuclear argentino, como el reactor multipropósito RA10 y el desarrollo del reactor CAREM.

Un Estado que se repliega

El informe del CEPA concluye que el proceso de ajuste no responde a una lógica de modernización administrativa, sino a una reducción cuantitativa y sostenida que, mes a mes, debilitó la capacidad operativa del Estado en áreas tan diversas como la ciencia, la fiscalización tributaria, la seguridad social, la producción de contenidos públicos y la conectividad territorial. El caso más extremo en términos proporcionales sigue siendo el de la ex Télam (hoy Agencia de Publicidad del Estado), con una caída del 78,8% de su personal, que la dejó en una situación de virtual extinción operativa.

Puntos clave

  • El Sector Público Nacional perdió 68.561 puestos de trabajo entre diciembre de 2023 y abril de 2026, una caída del 20%, según el CEPA.
  • El Correo Argentino lidera el ranking de despidos con 5.449 bajas, seguido por el Banco Nación (2.368) y Aerolíneas Argentinas (1.983).
  • ARCA, CONICET y ANSES encabezan los recortes dentro de la Administración Pública Nacional, con 3.398, 1.953 y 1.844 puestos eliminados respectivamente.
  • Este martes, ATE ocupó la sede central de la CNEA tras la no renovación de contratos a cerca de un centenar de trabajadores.
  • La ex Télam, hoy Agencia de Publicidad del Estado, registra el recorte proporcional más severo, con una caída del 78,8% de su personal.
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