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Desregulación

Sturzenegger desregula el mercado inmobiliario y enfrenta el rechazo del sector

El ministerio de Desregulación prepara un proyecto de ley que eliminaría la matrícula profesional obligatoria para ejercer el corretaje inmobiliario y habilitaría a cualquier mayor de edad con secundario completo a intermediar en operaciones de compra, venta y alquiler de inmuebles. La Cámara Inmobiliaria Argentina, el Colegio de Abogados de la Capital Federal y el de la Provincia de Buenos Aires ya advirtieron sobre los riesgos de la medida para la prevención del lavado de activos.

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El-Argentino-Federico Sturzenegger.
Sturzenegger quiere que cualquier persona con secundario pueda vender propiedades: el sector inmobiliario rechaza la reforma.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, prepara el envío al Congreso de un nuevo paquete de proyectos de ley con el que busca desregular diferentes sectores de la economía. Uno de los ejes centrales es una reforma integral del mercado inmobiliario que, según fuentes cercanas al Gobierno, redefiniría de raíz las reglas del corretaje, la actividad mediante la cual se intermedian operaciones de compra, venta y alquiler de inmuebles en todo el país.

La iniciativa, que aún no ingresó formalmente al Congreso, ya desató la resistencia de los principales actores del sector: la Cámara Argentina de Inmobiliarias, el Colegio de Abogados de la Capital Federal y el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires se manifestaron en contra, alertando sobre el impacto que tendría la medida sobre la regulación profesional y los mecanismos de control vigentes.

Secundario alcanza: los nuevos requisitos para ser corredor

En su redacción actual, el proyecto establece que para ejercer el corretaje solo se requerirá ser mayor de edad y contar con un título secundario expedido o revalidado en Argentina. El texto eliminaría del Código Civil cualquier otra exigencia específica para acceder a la actividad, incluyendo la obligatoriedad de matrícula en un colegio profesional y las restricciones geográficas que hoy impiden operar en diferentes jurisdicciones sin habilitación local.

La propuesta también modificaría el artículo 1346 del Código Civil y Comercial para permitir expresamente que actúen como corredores tanto personas físicas como sociedades comerciales y otras personas jurídicas, algo que la normativa vigente no contempla de manera explícita. A esto se suma la habilitación del corretaje mediante plataformas digitales o entornos virtuales, con la posibilidad de que los corredores se organicen bajo cualquier forma societaria y presten servicios en colaboración con terceros.

El sistema antilavado, en riesgo

El punto más sensible del proyecto es su impacto sobre el sistema de prevención del lavado de activos. Desde la Cámara Inmobiliaria Argentina advirtieron que los corredores inmobiliarios matriculados son Sujetos Obligados ante la Unidad de Información Financiera (UIF), en virtud de la Ley 25.246 y las resoluciones del organismo. Esa condición los obliga a identificar clientes, verificar el origen de los fondos y reportar operaciones sospechosas, en un mercado donde históricamente circularon grandes volúmenes de dinero en efectivo y se registraron maniobras de lavado a través de operaciones inmobiliarias.

«La actividad inmobiliaria no puede transformarse en una actividad informal donde cualquier persona intermedie operaciones millonarias sin capacitación, sin matrícula y sin responsabilidad legal frente al Estado», advirtió la Cámara Inmobiliaria Argentina. La entidad remarcó que la matriculación no es una barrera burocrática sino un mecanismo de control estatal permanente sobre un sector considerado sensible por la normativa de prevención del crimen organizado. «Capacitar no es precarizar, profesionalizar no es impedir trabajar», señaló la Cámara, poniendo en cuestión el argumento libertario de que la reforma generaría empleo y facilitaría el acceso a la vivienda.

Comisiones sin solidaridad y libertad de precios

El proyecto también reformula las reglas de cobro de honorarios. Según la propuesta, cuando intervenga un único corredor, todas las partes de la operación deberán abonarle comisión, salvo pacto en contrario o manifestación expresa de alguna de ellas al inicio de la gestión. Al mismo tiempo, elimina la responsabilidad solidaria entre las partes frente al corredor, modificando sustancialmente la distribución de riesgos económicos en las transacciones. La lógica de fondo es la misma que ya se aplicó a otros sectores regulados: la desaparición de los aranceles fijos y la liberalización total de los precios de los servicios de intermediación.

Un patrón que se repite

La reforma inmobiliaria se inscribe en la política sistemática de desregulación y reducción del Estado que Sturzenegger lleva adelante desde diciembre de 2023. En mayo de 2026, el oficialismo impulsó la Ley Hojarasca, que derogó más de 70 normas calificadas como «obsoletas», con el voto de 138 diputados de La Libertad Avanza y sus aliados. En junio, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció que el mismo ministerio avanzaba con una nueva ola de despidos en Capital Humano mediante el decreto 378/2026, afectando áreas de gestión en las secretarías de Trabajo, Educación y Niñez. El proyecto que ahora apunta al mercado inmobiliario sigue el mismo patrón: desmantelar regulaciones sin evaluar los costos sociales, institucionales ni los riesgos para el sistema de prevención del crimen organizado.

El paquete de proyectos que Sturzenegger tiene previsto enviar al Congreso incluye, además de la reforma inmobiliaria, cambios al Código Civil y Comercial, al Código Aduanero y al régimen de cabotaje marítimo. Todos deberán ser debatidos y aprobados por el Poder Legislativo antes de entrar en vigencia.

Puntos clave

  • Sturzenegger prepara un proyecto que eliminaría la matrícula obligatoria para ejercer el corretaje inmobiliario, exigiendo solo mayoría de edad y título secundario.
  • La reforma habilitaría a sociedades comerciales y plataformas digitales a actuar como corredores y operar sin restricciones geográficas.
  • La Cámara Inmobiliaria Argentina advirtió que los corredores matriculados son Sujetos Obligados ante la UIF y que la desregulación pondría en riesgo el sistema antilavado.
  • El Colegio de Abogados de la Capital Federal y el de la Provincia de Buenos Aires también rechazaron la iniciativa.
  • El proyecto aún no ingresó al Congreso y deberá ser debatido por ambas cámaras antes de su eventual aprobación.

Desregulación

AySA: el 13 de noviembre el consorcio comprador se sienta en el directorio

La empresa convocó a tres asambleas para el mismo día en que vence el plazo para firmar la venta del 90%. Se tratará la renuncia de los directores estatales, el nombramiento de sus reemplazantes y una reforma de 11 artículos del estatuto.

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El Argentino Diario-AySA.

El mismo día en que vence el plazo para firmar la venta del 90% de AySA, la empresa convocó a tres asambleas para tratar la renuncia de los directores designados por el Estado y el nombramiento de sus reemplazantes, que definirá el consorcio comprador.

La convocatoria, publicada el 27 de octubre en el Boletín Oficial, fija las asambleas Ordinaria, Extraordinaria y Especial de Accionistas Clase A para el 13 de noviembre en Tucumán 752, Ciudad de Buenos Aires, a las 10, 11 y 12; si no hay quórum, los segundos llamados serán a las 13, 14 y 15. La fecha coincide con el plazo que la Resolución 1818/2026 del Ministerio de Economía, firmada por Luis Caputo, estableció para suscribir el contrato de compraventa de acciones.

Qué se vota

La Asamblea Especial Clase A, que agrupa las 135.000 acciones del Estado nacional equivalentes al 90% del capital y de los votos, tratará la renuncia de los directores y síndicos designados por esa clase y el nombramiento de sus reemplazantes, cuyos nombres todavía no son públicos. El directorio que responde al Gobierno de Javier Milei está encabezado por Alejo Maxit, como presidente, y Oscar Pedro Ernesto Ferrari, como vicepresidente. José Luis Lingeri integra el directorio en representación del 10% de los trabajadores, que no forma parte de la venta.

La Asamblea Extraordinaria considerará la reforma de los artículos 1, 4, 8, 11, 15, 25, 26, 27, 28, 32 y 33 del estatuto para incorporar las disposiciones que exige el Pliego Único de Bases y Condiciones, aprobado por la Resolución 704/2026 de Economía. La Ordinaria analizará la gestión de los directores y síndicos designados por la Clase A durante 2026, sus honorarios y la designación de presidente y vicepresidente.

Quién compra

La Resolución 1818/2026, publicada el 22 de octubre en el Boletín Oficial, adjudicó el 90% de AySA por USD 340,2 millones, sin IVA, al consorcio integrado por Rowing SA, Arcos Saneamento e Participações SA, PHX AQUA AR BV y Transclor SA. En segundo lugar quedó el grupo integrado por Roggio Roas, Hidrosan Capital, Aguas del Plata Participaciones, Benito Roggio e Hijos y Central Buen Ayre, que ofertó USD 285 millones, es decir USD 55,2 millones menos. La resolución consigna que el dictamen de evaluación no recibió impugnaciones y que las ofertas resultan razonables respecto de la tasación del BICE.

La resolución de adjudicación no detalla cómo se reparten las acciones entre los socios ni identifica a los beneficiarios finales de PHX Aqua. Según trascendió, PHX Aqua tendría el 55% del consorcio, Rowing el 20%, Arcos Saneamento el 15% y Transclor el 10%. La prensa local señaló que Rowing está vinculada con el empresario Walter Román y que Transclor, una compañía del negocio químico que abastece productos usados en el tratamiento de agua, es controlada por Mauricio Filiberti, conocido como el “Rey del Cloro”. PHX Aqua AR BV, en tanto, es un vehículo financiero creado este año en Londres.

Qué cambia con el nuevo dueño

El Plan de Acción de la Concesionaria 2027 a 2031, aprobado por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) mediante la Resolución 30/2026, prevé inversiones por $2.892.111 millones sin IVA, a valores de diciembre de 2025. El contrato de concesión establece que durante ese primer ciclo tarifario no habrá Revisión Tarifaria Ordinaria, y el ERAS fijó la tasa de costo de capital en 8,90% real y 11,36% nominal. La resolución también consigna que AySA no tiene endeudamiento proyectado para 2027 a 2031 y que su salida al mercado de deuda será progresiva, con una meta de 50% de deuda en el último año del ciclo.

El propio ERAS admitió que la ausencia de los auditores independientes técnico y contable impidió contar con certificaciones independientes durante la evaluación del plan. El sistema de agua y saneamiento alcanza a la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense.

Leé también: AySA: Michel pidió a la AGN auditar la privatización antes de marzo de 2027

Lo que tenés que saber:

  • AySA convocó a tres asambleas para el 13 de noviembre, en Tucumán 752.
  • Se tratará la renuncia de los directores y síndicos estatales y el nombramiento de sus reemplazantes.
  • La Asamblea Extraordinaria reformará 11 artículos del estatuto para adecuarlo al pliego aprobado por la Resolución 704/2026.
  • Ese día vence el plazo para firmar la venta del 90% por USD 340,2 millones, fijado por la Resolución 1818/2026.
  • Según el contrato de concesión, no habrá Revisión Tarifaria Ordinaria entre 2027 y 2031.

Analítico: AySA: asambleas, estatuto y directorio, el mapa del traspaso del agua al consorcio privado

De Impacto: AySA: el 13 de noviembre, tres asambleas para que el Estado deje el mando

De Impacto Crítico: AySA se entrega por USD 340 millones y la resolución no dice quiénes están detrás de PHX Aqua

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